Caso Fuenteovejuna y Janequeo
|
Caso Fuenteovejuna y Janequeo |
El valor legal de la vida en Chile: Caso Fuenteovejuna y Janequeo
El análisis que se ha hecho precedentemente sobre el valor normativo, -constitucional y legal-, que el derecho a la vida tiene en nuestro país, se corrobora en numerosos hechos efectivamente ocurridos. A continuación se van a analizar, a esta luz, los casos de Fuente ovejuna y Janequeo, sucedidos en la noche del 7 de septiembre de 1983. En la manera de suceder estos hechos y en la creación de la opinión pública frente a ellos, se comprueba en qué forma éstos se adecúan y responden a un contexto normativo que desvaloriza notablemente el derecho a la vida en Chile.
Basta para ello examinar las siguientes cuestiones: la situación de "guerra" en que se supone ocurren los hechos; la deshumanización que se hace de las víctimas; la utilización del método del "enfrentamiento"; la vinculación de los sucesos a una corriente de pensamiento -el marxismo- y la forma en que la opinión pública procura encuadrar todos estos hechos dentro de una normativa legal bajo la cual éstos aparecen como justificados.
1. La situación de "guerra" dentro de la cual ocurren los hechos.
a) En primer lugar, se difunde la noticia de que tanto en la casa de Fuente-ovejuna como de Janequeo, como en el inmueble ubicado en calle Santa Ana 920 que corresponde a un allanamiento efectuado con motivo de estos mismos operativos, se ha encontrado "'un completo arsenal, además de manuales de armas, explosivos y cerca de diez cédulas de identidad falsificadas". "La lista de elementos encontrados", se afirma, "es la siguiente: 3 ametralladoras PV-25 con cuatro cargadores de 40 tiros; un fusil Mauser; 100 kilos de munición 7,62 para fusil AKA; un kilo de dinamita, 10 kilos de compuestos químicos; 10 metros de cordón detonante; 20 metros de mecha; un kilo y medio de explosivo conocido como Iremita, 150 detonadores; un litro de ácido sulfúrico; 100 envases para bombas caseras; 500 metros de cable conductor y cohetes" ("La Tercera", 8.9.83). Fuentes del Ministerio del Interior afirman que "el MIR usa munición igual a la del Ejército" (Id., 9.9.83). En la misma forma, con una u otra variante, esta noticia se difunde por todos los medios de comunicación del país.
b) Las víctimas eran miembros del "aparato militar" del MIR, mientras uno de ellos era no menos que "el máximo jefe militar del MIR" ("El Mercurio", 10.9.83).
c) La muerte del general Carol Urzúa en la que supuestamente habrían participado las víctimas no era un hecho aislado, sino que había toda una serie de futuras acciones planeadas, como ocurre en una guerra. "Una alta fuente de seguridad expresó a la agencia informativa ORBE (de propiedad estatal), que el presidente de la Corte Suprema, Rafael Retamal, el nuevo Intendente de Santiago, brigadier general Roberto Guillard, algunos otros Ministros (incluso algunos ex ministros como el de Interior, Enrique Montero) y altos oficiales de las Fuerzas Armadas, eran las futuras presuntas víctimas del comando mirista ultimado anoche, luego de dos espectaculares allanamientos registrados en diversos puntos capitalinos" (La Segunda, 8.9.83). Se habla de "un listado de personalidad en la mira del extremismo" y se añaden otras presuntas víctimas futuras: el Canciller Miguel Schweitzer, el Vicecomandante en Jefe del Ejército, General Julio Canessa Roben; el Rector de la Universidad de Chile, general Roberto Soto Mackenney; el brigadier general Julio Bravo Valdés, el Vicecanciller, general Sergio Covarrubias Sanhueza. y Samuel Lira, Ministro de Minería (La Tercera, 9.9.83).
d) El tipo de enfrentamiento corresponde a una situación bélica, tal como lo llevan a cabo los servicios de seguridad; participación de numerosísimo personal en el que se reúnen miembros de la CNI, de Investigaciones, de Carabineros, de los servicios de seguridad de las fuerzas armadas. Se copan las casas por tres frentes, en un verdadero acto bélico. Se utiliza, entre varias otras armas, una ametralladora punto 50, capaz de disparar 1.000 balas por minuto. Hasta se utilizan luces de bengala. En los medios de comunicación se habla de "espectaculares operativos" ("El Mercurio", 8.9.83). Granadas y bombas son igualmente utilizadas. En el comunicado oficial leído por el Intendente de Santiago, ante las débiles supuestas acciones de defensa de las víctimas, se dice que las fuerzas de seguridad se vieron obligadas "a repeler el ataque". (Ver comunicado en "La Tercera", 9.9.83). Las víctimas "se atrincheran" mientras "dos granadas de fusil disparadas por el personal aprehensor terminaron con la balacera" ("La Tercera", 9.9.83). Se origina "Un incendio de proporciones", el que no puede ser sofocado sino después de "ardua faena" (Id.).
e) Se trata en todos los casos de "guerrilleros entrenados en el extranjero". Arturo Jorge Vilavella Araujo, estando en Cuba, en su calidad de encargado militar del MIR en el exterior, se responsabilizó de la coordinación de las actividades de extremistas enviados a esa nación para efectuar cursos de guerrillas y de los que pretendían regresar al país en forma clandestina, de acuerdo al "Plan Retomo". organizado por ese movimiento subversivo" (El Mercurio, 10.9.83). Lucía Orfilia Vergara Valenzuela, dice el comunicado oficial, tiene "presunta vinculación con la ETA", en España.
Además de convertirse así a las víctimas en profesionales de la "guerra", se les pretende internacionalizar dentro del enfrentamiento del llamado mundo occidental y los países Socialistas, tal como lo requiere la doctrina de la seguridad nacional.
f) Se da a esta "guerra un carácter omnipresente, ya que estos enfrentamientos sólo revelan puntos culminantes de la situación bélica general que afecta al país. Ya hemos visto cómo se tilda al derecho inalienable que todo chileno tiene de vivir en su patria y a la necesidad imperiosa de terminar con el exilio, como "un Plan Retomo" organizado por ese movimiento subversivo (MIR)". Por otra parte se afirma que "el armamento" "encontrado" en estos operativos, "era usado en las protestas" ("Las ultimas Noticias", 9.9.83). El Intendente Guillard afirma que los hechos están "vinculados a un extremismo desatado en Santiago". Y añade: "Una vez más quiero llamar a la conciencia de todos los ciudadanos del área metropolitana a que no se dejen engañar por cantos de sirenas. La gente que está incitando a la violencia está escondida en estos momentos debajo de la cama, porque no tiene la valentía de salir a la calle" ("Las Ultimas Noticias". 8.9.83).
2. La deshumanización a que se someten las víctimas.
Un análisis más detallado de este punto corresponde al análisis periodístico de los hechos, el cual se incluye en este libro. Pero igualmente, desde el punto de vista legal, es significativo que todos los medios de comunicación se refieran a las víctimas derechamente y sin más como "terroristas", "extremistas", "violentistas", "subversivos", "delincuentes". Utilizar este lenguaje en los informativos oficiales y en los medios de comunicación a los minutos y horas de producir los hechos, revela un manifiesto menosprecio por la vida de estas personas. Estos términos, por lo demás, se utilizan, como se dijo en el informe legal, en los propios textos constitucionales y legales del gobierno militar, en forma profusa, de modo que bien puede comprobarse aquí ura influencia directa de las actuales leyes en la opinión pública de nuestro país. En un lenguaje que no corresponde a una autoridad, hemos visto recién al Intendente Regional expresarse en forma despectiva a quienes acusa de incitar a la violencia. Es indudable que en este contexto los "violentistas" mismos carecen de todo derecho humano. Sobre estos sucesos de Fuenteovejuna y Janequeo, el Secretario Nacional de la Juventud tiene estas palabras: "Esto va a servir para que el pueblo chileno tome conciencia de una vez por todas que estos enajenados, si bien son una minoría, constituyen un serio peligro para la convivencia de todos, en paz y tranquilidad" ("El Mercurio", 9.9.83). El mismo personero habla en esta ocasión de "la alienación mental de quienes sirven intereses ajenos a la patria". (Id.)
3. Utilización del método del "enfrentamiento
Hemos visto en el informe legal cómo el gobierno militar, luego de que le fue imposible seguir recurriendo a los métodos de la ejecución sumaria y de la desaparición de personas, elucubró el método de los enfrentamientos. En los casos de Fuenteovejuna y Janequeo, se trató, como se ha comprobado, de un operativo dirigido directamente a matar a las personas. En la querella correspondiente se encuentra el testimonio de Andrés Antonio Valenzuela Morales, ex agente de seguridad de la Fuerza Aérea que participó en estas acciones. Sobre los hechos de Fuenteovejuna, luego de verse absolutamente cercados, revela que las víctimas gritaron "nos vamos a rendir". Al salir uno de los moradores con las manos en alto, revela Valenzuela que "se adelantaron dos agentes de la CNI y lo rafaguearon a casi un metro de distancia; doblándose hacia adelante, cayó al suelo". Pero en el comunicado oficial se habla de que se trató "de repeler un ataque". Ea calle Janequeo, el mismo Valenzuela habla de que en cierto momento se avistó a "una de las personas que debía ser eliminada", lo que a momento seguido se hizo.
Por otra parte, la mención a "ataques" de la contraparte, a "guerrilleros entrenados en el extranjero", a "un completo arsenal" descubierto, a una persona del CNI herida (lo que Valenzuela se encarga de calificar de un accidente provocado por una granada del propio afectado), son todos artificios para aparentar un real enfrentamiento.
El mismo día de estos enfrentamientos, la CNI había capturado a otras 10 personas supuestamente vinculadas al asesinato del general Carol Urzúa, quienes (hoy en día) serán sometidas a juicio en un Tribunal Militar luego que se desestimara el Consejo de Guerra. Para 3 de estas personas se ha pedido la pena de muerte por parte del Fiscal Militar. Pero la mantención del método del "enfrentamiento" como método de "eliminar" derechamente a las personas que se escoja, revela que el gobierno militar no está dispuesto a mantener en última instancia sus manos atadas frente a quienes los organismos de seguridad consideren que deben ser muertos. ¿Por qué no se detuvo a las personas de Fuenteovejuna y Janequeo, como a los otros 10?. Lisa y llanamente, porque su "eliminación" ya estaba resuelta, estaban desde mucho antes vigilados, y sólo se esperaba la ocasión pública propicia para hacerlos morir en un "enfrentamiento".
4. Justificación "legal" de los hechos.
Son dos justificaciones básicas las que se buscan a través de estos hechos: primero, la existencia de los organismos de seguridad que estaría para defender a la sociedad; segundo, la muerte de un terrorista está normativamente supuesta y prácticamente exigida por la constitución y la legislación vigente.
a) Publicitar rápidamente declaraciones, y reacciones de personas de relevancia social para dar la imagen de que toda la sociedad justifica la existencia de los organismos de seguridad tan repudiados por la mayoría de los chilenos y condenados internacionalmente.
Antes los sucesos de Janequeo y Fuenteovejuna, el Vicepresidente del Colegio Médico, al ser consultado sobre ellos, en parte de su declaración afirma: "Debe reconocerse la eficiencia con que actuaron los servicios de seguridad en tan breve tiempo" ("El Mercurio", 9.9.83). El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, FENATS, afirma: "Es encomiable la eficiencia con que actuaron los servicios de seguridad" (Id.). Por su parte, el Secretario Nacional de la Juventud, declara: "Asimismo, con la culminación de estas pesquisas, los servicios de seguridad han demostrado una vez más su eficiencia y la importancia que tienen para resguardar la tranquilidad de toda la población, muchas veces exponiendo incluso sus propias vidas" (Id.).
b) Llama la atención la forma inmediata con que la opinión de personas afectas al gobierno vincula estos sucesos a una legislación vigente que habría sido aplicada con rigor. Si los "terroristas" han sido muertos, se aplicó ya con justicia una ley merecida. El secretario Nacional de la Juventud sostiene que estos hechos deben servir "para que el pueblo chileno tome conciencia de una vez por todas de que estos enajenados, si bien son una minoría, constituyen un serio peligro para la convivencia de todos, en paz y tranquilidad'. (Id).
Si los "terroristas" han sido sólo aprehendidos, se pide la pena máxima, con conciencia de que se trata de una pena de muerte. El Vicepresidente del Colegio Médico afirma: 'Pienso que, en este caso, deben aplicarse a los culpables las máximas sanciones que contempla la ley". Para el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, "deben aplicarse las máximas sanciones que establece la ley, ya que no parece tener cabida ninguna otra alternativa" (Id).
Son reacciones de sectores de la sociedad chilena perfectamente disciplinados por una legislación que permite que servicios de seguridad secretos eliminen físicamente, e instituciones como el poder judicial proscriban cívicamente, a quienes la autoridad se reserva el derecho de calificar como "terroristas" "violentistas", o simplemente . . . "marxistas". Los casos de Fuenteovejuna y Janequeo son un trágico ejemplo de ello.
