Equipo Nizkor - Comunicación del juez del Tribunal de la ex Yugoslavia Frederik Harhoff advirtiendo presiones para provocar un cambio de línea jurisprudencial que resulte en la impunidad de los comandantes militares.

Juez FREDERIK HARHOFF, ICTY
E-Mail a 56 CONTACTOS, JUNIO 6, 2013

Queridos amigos,

Algunos de ustedes ya habrán leído los dos artículos que hice circular. Me pareció apropiado añadir algunos comentarios personales al respecto. Los artículos son buenos porque ponen el acento en unas medidas que suscitan una profunda preocupación tanto para mí, como entre mis colegas, aquí en los pasillos de la Corte.

El asunto es éste:

Hasta el otoño de 2012 venía siendo una práctica más o menos establecida el que los comandantes militares eran responsables de los crímenes de guerra cometidos por sus subordinados durante el conflicto en la ex Yugoslavia de 1992-95, cuando el Acuerdo de Dayton puso fin a la guerra en diciembre de 1995.

La responsabilidad, en ese entonces, se establecía bien como responsabilidad penal normal, ya fuera mediante (1) la contribución o (2) la responsabilidad respecto de los superiores con función de mando en el seno de un sistema militar regido por una cadena de mando, cuando aquéllos no impedían el crimen o no castigaban a sus subordinados. No hay nada nuevo en ello. También habíamos desarrollado una responsabilidad penal extendida para aquéllos (ministros, políticos, líderes militares, oficiales y otros) que hubieran apoyado el objetivo general de erradicar grupos étnicos de ciertas áreas a través de violencia criminal, y que, de alguna manera, hubieran contribuido al logro de dicho objetivo; es ésta la responsabilidad que se denomina "empresa criminal conjunta".

Después, no obstante, la Sala de Apelaciones de la Corte dio marcha atrás el pasado otoño, repentinamente, respecto de los tres generales y ministros croatas en el caso Gotovina. Éstos fueron absueltos de los crímenes de guerra cometidos por el ejército croata al expulsar a las fuerzas armadas y a la población serbia de vastas áreas de Croacia -la llamada zona de Krajina, en agosto de 1995 (hogar de generaciones de serbios).

Poco después la Sala de Apelaciones dio un nuevo golpe con la absolución del Jefe del Estado Mayor serbio, General Perisic, al decidir que pese a que su apoyo militar y logístico desde Serbia había contribuido a los crímenes de las fuerzas bosnio-serbias contra los musulmanes bosnios y los croatas-bosnios en Bosnia, Perisic "no tenía la intención" de que sus fuerzas fueran utilizadas para cometer dichos crímenes. Él proveía el soporte pero no era consciente, según la Sala de Apelaciones, de que su apoyo sería y fue utilizado para cometer crímenes en Bosnia. Ello a pesar de la cobertura diaria que los medios de comunicación hacían sobre los macabros crímenes de las fuerzas bosnio-serbias contra los musulmanes (y en menor medida contra los croatas) en Bosnia.

Sin embargo, resulta muy difícil creer que Perisic no conociera cuál era el plan en Bosnia y para qué se utilizaba su apoyo en realidad.

Y ahora viene la sentencia de la semana pasada que absolvió al jefe del servicio secreto serbio, General Jovica Stanisic y su asistente Franko Simatovic, por su contribución a los notorios crímenes de las fuerzas bosnio-serbias contra los musulmanes bosnios y los croatas en Bosnia, y con el mismo razonamiento utilizado para el caso Perisic, esto es, que los acusados "desconocían" que su apoyo sería utilizado para cometer crímenes.

¿Qué podemos aprender de esto?

Uno pudiera pensar que el establishment militar de los estados influyentes (USA e Israel) percibía que la práctica de los tribunales se estaba acercando demasiado a la responsabilidad de los comandantes militares. Para ellos era de esperar que los comandantes no fueran tenidos como responsables a menos que hubiesen alentado activamente a sus subordinados a cometer crímenes. En otras palabras, el tribunal estaba yendo demasiado lejos en la dirección de la responsabilidad de los oficiales al mando por cada crimen que cometieran sus subordinados. De este modo, su intencionalidad para cometer el crimen debía ser específicamente probada.

Pero eso es exactamente por lo que se les paga a los comandantes: DEBEN asegurarse que en su área de responsabilidad no se cometan crímenes, y, si son cometidos, deben hacer lo que esté a su alcance para enjuiciar a los culpables. Y, a menos que se apoye la idea de la erradicación étnica, no es posible negar la responsabilidad de quien contribuye de cualquier manera al logro de dicho objetivo.

No obstante, ése ya no es el caso. Ahora, aparentemente, los comandantes deben haber tenido una intención directa de cometer los crímenes -y no sólo el conocimiento o la sospecha de que los crímenes fueron o serían cometidos. Así pues, la pregunta de recibo es ¿qué presión ejerce esta lógica militar sobre el sistema de justicia penal internacional? ¿Habrá ejercido presión algún oficial americano o israelí sobre el presidente del tribunal, él un juez americano, para asegurarse un cambio de dirección?

Probablemente nunca lo sabremos. Sin embargo, la información existente sobre la tan persistente presión ejercida por el mismo magistrado americano, presidente de la sala, sobre sus colegas en el caso Gotovina-Perisic, hace pensar que este magistrado estaba resuelto a conseguir una absolución, y, concretamente, que fue lo suficientemente afortunado como para, en el último minuto, convencer al juez turco de avanzada edad que cambiara de opinión. De este modo, en ambos fallos ésa pasó a ser la posición mayoritaria, 3-2.

Y, ¿qué hay del último fallo en el caso Stanisic-Simatovic? ¿No fue aquí un departamento bajo la autoridad primordial del juez holandés Orie, al frente de la presidencia |1|, apoyado por el juez de Zimbabue, y con el voto discordante de la jueza francesa, el que emitió el fallo y no la Sala de Apelaciones...? ¿Estaba Orie bajo presión del juez americano? ¡Eso parece! Se rumorea en los pasillos que el Presidente pidió que la sentencia contra los dos acusados fuera pronunciada sin falta el jueves pasado, sin que los tres jueces de la primera instancia hubieran tenido tiempo suficiente para debatir adecuadamente- de manera que la promesa del presidente del Tribunal al servicio de seguridad del FN pudiera cumplirse. La jueza francesa tuvo sólo cuatro días para redactar su voto disidente, que ni siquiera fue debatido entre los tres jueces del departamento. Un trabajo hecho de manera precipitada. Nunca lo habría creído de Orie.

El resultado actual es, no sólo que el Tribunal ha dado un gran paso atrás respecto de la lección de que los militares en posición de mando han de hacerse responsables de los crímenes de sus subordinados (a menos que se pruebe que no sabían nada al respecto), sino también que la teoría de la responsabilidad por "empresa criminal conjunta" se ve ahora reducida de la exigencia de una contribución a la comisión de crímenes (de una forma u otra) a aquélla de una intencionalidad directa de cometer el crimen (y, por tanto, no la mera aceptación de que los crímenes fueron cometidos). De ahora en más la mayoría de casos se saldarán con que los oficiales al mando quedarán en libertad. Así que los líderes militares americanos (e israelíes) pueden respirar tranquilos.

Ustedes pensarán que esto es como buscarle tres patas al gato. Pero yo estoy aquí sentado con el muy incómodo presentimiento de que el Tribunal ha cambiado su curso por la presión del "establishment militar" de ciertos países dominantes.

En todos los tribunales en que he trabajado siempre he asumido que era correcto condenar a los superiores por los crímenes cometidos con su conocimiento dentro del marco de un objetivo común. Ahora, todo se reduce a la diferencia entre saber, por un lado, que los crímenes fueron de hecho cometidos o iban a serlo, y, por el otro, planificar su comisión.

¡Éste es el tema de fondo!

¿Cómo les explicamos ahora a las miles de víctimas que el Tribunal ya no puede condenar a los partícipes de la empresa criminal conjunta, salvo si los jueces pueden justificar que los participantes en el objetivo común contribuyeron activamente y con intencionalidad directa a la comisión de los crímenes? Hasta ahora, habíamos condenado a los partícipes que, de una u otra forma, se había demostrado estaban de acuerdo con el plan común (= erradicar a la población no serbia de las áreas que los serbios habían proclamado como "limpias"), así como en los casos en que habían contribuido, de una u otra forma, a alcanzar el objetivo común, y todo ello sin tener que probar específicamente que tenían una intencionalidad directa de cometer cada uno de los crímenes en pro de ese objetivo común. Cosa que es casi imposible de probar...

Y siempre he creído que eso es lo correcto. He pronunciado mis fallos con la certeza de que los superiores pudieran ver que el plan para "erradicar a otros" de las áreas "propias" contradecía el orden básico de la vida, era un desafía a la diferencia entre el bien y el mal, y aún más en un mundo donde la internacionalización y la globalización rechazan cualquier noción del "derecho natural" de las personas a vivir en determinadas áreas sin la presencia de otros. Lo que hace setenta años era llamado Lebensraum.

Sin embargo, aparentemente, ése ya no es el caso. Las últimas sentencias de este Tribunal me han confrontado a un dilema profesional y moral profundo y sin precedentes. Lo peor de todo es la sospecha de que mis colegas se han visto afectados por una presión política corta de miras y que cambia por completo las premisas de mi trabajo al servicio del sentido común y la ley.

Un afectuoso saludo,
Frederick

[Nota editorial: Comunicación del Juez del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Frederik Harhoff, publicada por el periódico danés BT y traducida al español por el Equipo Nizkor]

Notas:

1. N. del T.: El juez holandés Alphons Orie presidió la Sala I de Primera Instancia que dictó sentencia absolutoria en el caso Stanišic- Simatovic el 30 de mayo de 2013. [Volver]

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06Jun13

Comunicación del juez del Tribunal de la ex Yugoslavia Frederik Harhoff advirtiendo presiones para provocar un cambio de línea jurisprudencial que resulte en la impunidad de los comandantes militares

[Nota editorial: Comunicación del Juez del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Frederik Harhoff, publicada por el periódico danés BT y traducida al español por el Equipo Nizkor]