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29dic04
El Gobierno accede a devolver los documentos de Salamanca.
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El Gobierno ha seguido las recomendaciones de los expertos y devolverá a la Generalitat los documentos incautados por las tropas franquistas durante y después de la guerra civil que se encuentran en el archivo de Salamanca. En enero, el Ejecutivo y el Govern de la Generalitat estudiarán el mecanismo para que las 507 cajas que contienen los papeles vayan a parar al Arxiu Nacional de Catalunya, atendiendo así a una reclamación que los historiadores y archiveros de la comisión asesora tildaron la semana pasada de "justa".
La ministra de Cultura, Carmen Calvo, anunció la decisión en el Congreso, tres días antes de que expire el mandato parlamentario que le obligaba a tomar una resolución. La comisión de expertos que asesoró al Gobierno en este espinoso asunto emitió el pasado jueves un dictamen, que no tuvo votos en contra, en el que también recomendaba la agrupación en Salamanca de los documentos dispersos en instalaciones militares y en el extranjero.
Silencio de Caldera.
En el Gobierno se produjo el clamoroso silencio del ministro de Trabajo, Jesús Caldera, diputado salmantino que eludió expresamente pronunciarse sobre la decisión de Cultura. En el anterior mandato del PSOE, Caldera aludió a razones políticas, técnico-documentales y culturales para conciliar la resolución del expolio con la integridad del archivo salmantino.
Las conclusiones de los expertos sobre el destino de los legajos, "cargadas de mesura y sentido común", según Calvo, han sido determinantes para tomar una decisión pendiente desde hace 25 años. "No ha habido un solo Gobierno democrático que no haya tenido que pasar por esta reivindicación que archiveros, juristas e historiadores han considerado justa y cargada de legitimidad jurídica", recordó la ministra.
Frente a las críticas de entreguismo al tripartito catalán realizadas por el PP y las instituciones que gobiernan en Castilla y León, Calvo recordó que fue Manuel Fraga quien hizo la primera petición al Gobierno de Adolfo Suárez, en los primeros años de la democracia, para que devolviera los documentos requisados.
Calvo destacó que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha querido ofrecer una "solución armoniosa de acuerdo con la legalidad vigente". Y destacó, como ya hicieron los expertos, que la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención de La Haya condenan la incautación de documentos a particulares e instituciones en situaciones de guerra con el fin de utilizarlos en la represión y aperturas de causas generales, como ocurrió con cientos de papeles requisados en Catalunya.
Críticas a los expertos.
La ministra de Cultura mostró su "asombro" por las "declaraciones llenas de falta de respeto" al prestigio y profesionalidad de los estudiosos lanzadas desde las filas del PP. Estas críticas contrastan con la satisfacción con que el PP catalán recibió el informe.
El PP pedirá la comparecencia de los autores del informe en el Congreso. Mariano Rajoy opinó que la decisión de "humillar" a Salamanca y a Castilla y León se debe a que el Gobierno está sujeto a "las genialidades que se le ocurran a Carod-Rovira en cada momento". En su opinión, no se beneficia a Catalunya, "ya que va a generar muchas tensiones y manías", informa Julia Camacho.
[Fuente: Por Mercedes Jansa, El Periódico, Barcelona, 29dic04]
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