Introducción | Qué son las comisiones | Argentina |
Chile | El Salvador | Perú - Vargas Llosa |
Bolivia | Brasil | Paraguay |
Conclusiones | Notas finales |
El poder militar se entronó en 1954 en Paraguay, en 1964 en Brasil, y poco después en Perú, (1968), Uruguay, (1972) Chile (1973), Argentina, (1976) Bolivia, entre otros países. Por esta razón, los nombres de los generales Alfredo Stroessner, Rafael Videla, Augusto Pinochet, el coronel Hugo Banzer, y el civil José María Bordaberry, se hicieron conocidos para miles de víctimas de sus gobiernos, así como para muchos hombres y mujeres solidarios que en diversas partes del mundo se esforzaron para denunciar sus atrocidades y sus numerosas violaciones a los derechos humanos.|1| En algunos países, gobiernos elegidos democráticamente se ponían bajo la tutela militar, tal como ocurrió en Uruguay, Guatemala, El Salvador y Honduras.
Los regímenes militares no solo aspiraban a eliminar las señales de una supuesta subversión en sus países, sino a construir estructuras económicas y políticas tendientes a la modernización y el desarrollo de sus sociedades en el marco de la doctrina de la "Seguridad Nacional".|2| Como modernización se entendía la implantación del capitalismo, al estilo de los Estados Unidos de Norteamérica, al que se le consideraba como el único modelo posible para las naciones latinoamericanas.
Tal como lo sostiene el periodista Daniel Samper Pizano, el nuevo tipo de dictadura latinoamericana, nació a mediados de los años sesenta en Brasil, "con la meta de promover un desarrollo capitalista acelerado, dentro de patrones elaborados por economistas teorizantes de EE.UU. que requieren como condición un estricto control social". "Para ello, agrega es preciso dividir al país de manera maniquea entre los que están con el régimen y los que no están con él. A estos últimos se les equipara a subversivos o cómplices de la subversión, y en la larga lista de sospechosos quedan inscritos, automáticamente, sindicatos, agremiaciones campesinas, intelectuales y estudiantes. La prensa es sometida a una estricta censura. Los militares se convierten en una casta de poder."|3|
Muy acertadamente Horacio Verbitsky, aseguró sobre el proceso argentino, que "Los militares que en 1976 capturaron el poder y en tres años consiguieron su objetivo de eliminar a las guerrillas montoneras y del ERP, se proponían instaurar un nuevo orden que recién al filo del siglo XXI cedería paso a los civiles, organizados en partidos distintos de los del pasado." Según Verbitsky, en la visión de los militares, "La economía florecería en pocas y grandes unidades modernas y la Lucha Contra la Subversión sería cantada como una gesta continuadora de las campañas de la emancipación y de la conquista del desierto, un regreso vital a las fuentes de la nacionalidad, con la cruz y la espada en alto".|4|
En el contexto de la "Guerra Fría" entre los Estados Unidos y la Unión Soviética todo aquel que se oponía a la construcción de ese proyecto político económico era considerado como enemigo de la patria, y por lo tanto, tenía que ser perseguido y eliminado. Entonces, en América Latina, las torturas, los secuestros, las desapariciones forzadas, el genocidio, el destierro, se convirtieron en una realidad cotidiana que envolvió a miles de personas en el contexto de sociedades militarizadas controladas por medio del terror.
Los regímenes dictatoriales se prolongaron en algunos países por varias décadas, con el propósito de concretar sus proyectos de Estados fuertes y modernos: En Paraguay: Stroessner, (1954-1991). En Chile: General Augusto Pinochet, (1973-1990). En Argentina: Videla, Viola, Galtieri, (1976-1982). En Uruguay: Jorge Pacheco Areco, y José María Bordaberry (1966- 1985).
El aislamiento. Internacional por sus violaciones a tos derechos humanos y a los convenios de la ONU, la lucha permanente y sacrificada de la resistencia interna, él desgaste generalizado por la corrupción institucional, entre otros hechos, determinaron, el alejamiento político de los militares, y la devolución del poder a los civiles. Luego de estos periodos tan Convulsionados, de dictaduras militares, terrorismo de Estado y violencia insurgente, a mediados de los años 80 América Latina comenzó a transitar hacia regímenes democráticos. A la caída de Videla y Cia., siguió la caída de García Meza y Banzer, de Pinochet; de Stroessner, entre otros.
Generalmente los propios regímenes militares, antes de dejar el poder, trataron de cerrar la etapa de la historia que ilegítimamente dirigieron y procuraron neutralizar cualquier posibilidad de enjuiciamiento posterior de sus actos de gobierno y de sus violaciones a los derechos humanos. Con la ilusión de borrar el horror de sus acciones, y con la pretensión del olvido y de la impunidad, estos regímenes dictatoriales, al final de su mandato o los gobiernos que les sucedieron, dictaron leyes de "Obediencia debida", "Caducidad" "Punto Final", "Amnistía", etc.
De esa forma pretendían ignorar que el derecho a la justicia es un derecho humano, anterior y superior a la autoridad del Estado, de carácter universal, del cual depende la seguridad jurídica de las personas, el orden social y la paz. Querían desconocer que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y que no pueden, en ningún caso, ser objeto de amnistía.
En algunos casos, el juicio a los que detentaron el poder formó parte de la oferta electoral de los movimientos que pretendían suceder a los militares en la conducción del país. En la práctica, "para salvar a la democracia", se renunciaría a este compromiso. No resulta fácil sacudirse de las estructuras militares, judiciales y políticas que apoyaron a los regímenes totalitarios, y que aun en los nuevos períodos democráticos permanecen fuertes e intactas.
Pero el clamor de justicia de los familiares de las víctimas, así como la lucha de algunos abogados, periodistas, religiosos, magistrados, políticos y activistas internacionales de solidaridad, han conducido a la creación de comisiones investigadoras de la verdad. Así se crearon, desde instancias del poder oficial, en Argentina, la CONADEP, (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas); en Chile, la "Comisión de Verdad y Reconciliación"; y en El Salvador, la "Comisión de la Verdad". En otros casos, como ocurrió en Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, las Comisiones de la Verdad, surgieron como una opción ética, un esfuerzo directo, a veces clandestino, de los activistas y organismos de derechos humanos, sin contar con el mandato gubernamental.
Los familiares y amigos de las víctimas, los grupos de derechos humanos, y algunos sectores de la sociedad reclaman el conocimiento de la verdad y la aplicación de la justicia como pasos previos a la reconciliación nacional. Como lo indica Luis Pérez Aguirre, "Se ha dicho que hurgar en estos acontecimientos del pasado es abrir nuevamente las heridas del pasado. Nosotros nos preguntamos, por quien y cuándo se cerraron esas heridas. Ellas están abiertas y la única manera de cerrarlas será logrando una verdadera reconciliación nacional que se asiente sobre la verdad y la justicia respecto de lo sucedido. La reconciliación tiene esas minimas y básicas condiciones."|5|
El jurista peruano Carlos Chipoco, precisa, además, que el derecho a la verdad tiene fundamentos doctrinarios jurídicos y prácticos; y que la verdad debe ser completa, oficial, pública e imparcial. Agrega que la búsqueda de la verdad es importante, por un deber moral hacia las víctimas, los familiares y los deudos, para descubrir y sancionar a los culpables, para afirmar la democracia y el control ciudadano de las instituciones públicas y para evitar que las violaciones se repitan. Finalmente, Chipoco sostiene que el respeto del derecho a la verdad es importante para abrir la posibilidad del perdón y la reconciliación, y para cumplir con el Derecho Internacional.|6|
El derecho a la verdad es parte de la reparación del daño ocasionado por los agentes del Estado, reparación que además debe incluir medidas de carácter económico, social, médico, jurídico, para tratar de reivindicar la memoria de las victimas y aliviar en parte la tragedia ocasionada a los familiares afectados.
En base a su experiencia en Chile, el médico psiquiatra Carlos Madariaga afirma que existe un confusionismo conceptual respecto a lo que se entiende por reparación.|7| Aclara que generalmente las instancias gubernamentales han entendido la reparación de manera reduccionista, privilegiando las soluciones pecuniarias, en desmedro de los aspectos jurídicos, éticos, sociopolíticos y psicosociales, hecho que ha generado en las víctimas fuertes sentimientos de frustración y desencanto, estados psicoemocionales que han hecho abortar en gran medida los esfuerzos de reparación en curso.
La acrobacia política permite que los gobiernos de transición atiendan, en cierta medida, las exigencias de justicia y de reconciliación, prefiriendo esta última, como garantía de "estabilidad democrática". Por eso ponen más empeño en favorecer la impunidad de los violadores de los derechos humanos, volviendo a agredir así, en nombre de la reconciliación, a los familiares de las víctimas.
A través de las Comisiones de la Verdad se busca conocer las causas de la violencia, identificar a los elementos en Conflicto, Investigar los hechos más graves de violaciones a los derechos humanos y establecer las responsabilidades jurídicas correspondientes.
El trabajo de la Comisión de la Verdad permite identificar las estructuras del terror, sus ramificaciones en las diversas instancias de la sociedad (Fuerzas Armadas, Policía, Poder Judicial, Iglesia), entre otros factores inmersos en esta problemática. Esta investigación abre la posibilidad de reivindicar la memoria de las víctimas, proponer una política de reparación del daño, e impedir que aquellos que participaron en las violaciones de los derechos humanos, sigan cumpliendo con sus funciones públicas, burlándose del Estado de derecho.
Generalmente las Comisiones de la Verdad surgen en vista de la probada inefectividad del Poder judicial para sancionar las numerosas violaciones a los Derechos Humanos. En los países sometidos a regímenes autoritarios, el Poder Judicial generalmente se convierte en un apéndice del poder ejecutivo y no tiene capacidad para juzgar independientemente los crímenes de los agentes del Estado. Finalmente quienes deben velar por la justicia se hacen Cómplices del terror oficial.|8|
En casi todos los países del continente americano son diversos los casos de abdicación del Poder Judicial ante la prepotencia de los gobiernos y de las FF.AA. Por esta causa, flagrantes violaciones a los derechos humanos quedan en la más absoluta impunidad. Como prueba de esto podemos mencionar los siguientes casos:
En otros casos, las comisiones de la verdad nacen como fruto del trabajo solidario de las organizaciones de derechos humanos, que para investigar los graves hechos de violencia oficial desarrollan un esfuerzo casi clandestino. Así ocurrió en Brasil, con el trabajo de la Arquidiócesis de Sao Paulo, que bajo la dirección del Cardenal Evaristo Arns elaboró el Informe Brasil Nunca Más. En Paraguay el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencias, CIPAE, también publicó una serie de investigaciones sobre la dictadura de Stroessner, bajo el Título Paraguay Nunca Más. En esta misma perspectiva pueden ubicarse los esfuerzos del Servicio de Paz y Justicia de Uruguay, con su Informe: Uruguay Nunca más, y del colectivo de organizaciones colombianas y extranjeras que publicaron un valioso Informe titulado: "El terrorismo de Estado en Colombia".
Pero han habido casos en donde las Comisiones de la Verdad se crearon con fines encubridores, para procurar darle un respaldo moral a la "verdad" oficial. Así pasó en el Perú con la "Comisión Uchuraccay", presidida por el escritor Mario vargas Llosa en 1983 y que investigó la masacre de ocho periodistas y un gura que los acompaño.
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En Argentina, las autoridades militares, con apoyo judicial, allanaron las sedes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, y el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS y detuvieron a varios de sus miembros. Las Fuerzas Armadas y policiales, en los años de las dictaduras, allanaron los locales de la Vicaría de Solidaridad de Chile, el Servicio de Paz y Justicia de Uruguay, así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Defensa de la Democracia, y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, de Bolivia, (En esa ocasión asesinaron al diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz).
Igualmente allanaron las sedes de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, el Servicio de Paz y Justicia de Ayacucho, Perú; entre otros organismos. La historia de la lucha por los derechos humanos nos enseña que cada organismo debe estar prevenido para que cuando la fiera lo ataque, sus daños se reduzcan a lo mínimo. Hay que mantener normas básicas de seguridad para proteger a los colaboradores, y también la documentación testimonial y los archivos, conservando copias dobles del material y ubicándolos en lugares en donde no sea posible que los cuerpos oficiales lo encuentren fácilmente.
En muchos casos, por el lado de las víctimas, existe abundante material documental, en forma de denuncias legales, recursos jurídicos, Actas y protocolos de necropsia, testimonios ante jueces y fiscales, que también deben ser archivados por los organismos de derechos humanos.
Seguramente el testimonio de sobrevivientes de operaciones militares así como los informes de los testigos y familiares de las víctimas, son algunos de los más valiosos recursos para avanzar en la obtención de la verdad. Estas personas requieren de una protección especial, hasta que la paz y la reconciliación nacional se hayan consolidado. En el Perú, así como en El Salvador, son numerosos los casos de testigos de violaciones de los derechos humanos que fueron desaparecidos o asesinados poco tiempo después de haber informado a los medios periodísticos o a las comisiones investigadoras oficiales.
Durante el proceso de investigación y elaboración del Informe Brasil Nunca Mas, el grupo de trabajo adoptó muchas medidas de seguridad, para no dejar huellas de lo que estaban haciendo. Además de usar casas fuera de la capital del país, y de tener copias dobles de los documentos, en sus comunicaciones orales y escritas emplearon un lenguaje cifrado, codificado, sólo entendible por ellos. El "Chocolate" era el término que se empleaba para referirse a los documentos secretos. La documentación fue microfilmada y procesada dos veces, para que una copia fuese guardada, sin riesgos, fuera del país. Se aprovechó el viaje al extranjero de personas con rango diplomático para transportar las copias microfilmadas y los recursos para el financiamiento de la investigación.
La ONUSAL apoyo a la Comisión de la Verdad en El Salvador, facilitando equipos electrónicos para la distorsión de la voz y el aislamiento de las ondas sonoras. De esa manera se trataba de proteger la identidad de los informantes y sus testimonios. Por otro lado, ante el temor de intimidación militar a los informantes, las entrevistas se realizaron muchas veces en sedes diplomáticas o en lugares reservados, lejos de los ojos y las orejas militares.
A nivel oficial, los organismos de derechos humanos o las comisiones de la verdad, algunas veces han logrado la cooperación de los jueces y fiscales de las diversas regiones fuera de la capital, para elaborar un diagnóstico más exacto del número de víctimas de violaciones de los derechos humanos. En el Perú, por ejemplo, una Fiscalía Provincial registró, documentadamente, una cantidad de casos de violaciones a los derechos humanos en 1993, que casi duplicaba el balance anual nacional establecido por los grupos de derechos humanos.
Aunque resulta sumamente difícil, también es posible obtener documentos confidenciales que circulan al interior de las Fuerzas Armadas y Policiales, en forma de Tesis, órdenes, planes de acción, estrategias, doctrina y filosofía de guerra interna, etc. sus propias publicaciones (revistas boletines, libros) son una fuente que no hay que desechar. Su vanidad les lleva a exponer allí sus puntos de vista, justificando las violaciones a los derechos humanos, e informar de los ascensos otorgados por "servicios especiales a la patria", y presentar a sus guerreros conductores. Aunque son raros, en diversos países han habido casos de efectivos militares y policiales, que discrepan con la guerra sucia, o que tienen remordimientos de conciencia, o se sienten traicionados por sus jefes, y que han aportado una valiosísima información sobre las estructuras oficiales del terror. Sin embargo, aquí debe actuarse con suma cautela, por los riesgos de infiltración policial o militar en el trabajo de los grupos de derechos humanos.
A pesar de los problemas de censura, los medios de prensa diaria pueden ser una valiosa fuente de información para las investigaciones de la Comisión de la Verdad, pues ahí se registran los partes de guerra, los casos de detenciones, las denuncias de torturas, asesinatos, etc. Igualmente se ha encontrado valiosos datos en publicaciones gremiales de los sindicatos, las universidades, los grupos religiosos, entre otros.
Organismos como la Cruz Roja Internacional y Amnistía Internacional, también pueden aportar muy valiosa información sobre las víctimas de los abusos y los presuntos responsables. En algunos países las comisiones de la verdad obtuvieron de las delegaciones diplomáticas abundante material sobre las violaciones a los derechos humanos. Los documentos suministrados por la Embajada de Estados Unidos en San Salvador, por ejemplo, dieron bastantes evidencias sobre los escuadrones de la muerte que actuaban con apoyo de la Central de Inteligencia Americana y del Ejército salvadoreño en los años 80.
Las comunidades de exiliados dispersos por todo el mundo también conservan un importante caudal de información, en forma de cartas, boletines, recursos jurídicos, y otros documentos sobre casos de violaciones a los derechos humanos que se conocen muy poco dentro del país.
En Argentina, los derechos humanos de miles de personas fueron violados en forma orgánica y estatal por la represión de las Fuerzas Armadas, que usaron una "tecnología del infierno" según se pudo comprobar por las miles de denuncias y testimonios de las víctimas. Los organismos de derechos humanos establecen en cerca de 30,000 personas el número de desaparecidos y asesinados en la guerra sucia.
Tal como lo dijo en su oportunidad el presidente Raúl Alfonsín, después de esta etapa de tanta violencia, "No puede haber un manto de olvido. Ninguna sociedad puede iniciar una etapa sobre una claudicación ética semejante". Por eso, uno de los primeros actos constitucionales del presidente Alfonsín, fue crear la Comisión de la Verdad, llamada Comisión Nacional para la Investigación sobre la Desaparición de Personas, CONADEP a la que le encargó investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983, el período de las dictaduras militares.
Entonces, poco a poco, la población argentina fue conociendo de una manera más global los horribles sucesos que en su debido momento se negó a aceptar que realmente estuvieran aconteciendo en el país. "Tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje", aseguró después la CONADEP en su Informe "Nunca Más".
Al inicio de su gobierno, las nuevas autoridades civiles procesaron a los nueve Comandantes Generales de las FF.AA., del llamado "Proceso de Reconstrucción Nacional": generales Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, y Leopoldo Galtieri; los Brigadieres Orlando Agosti, Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo; y los almirantes Emilio Massera, Armando Lambruschini, y Jorge Isaac Anaya. Se consideró que en su condición de jefes supremos conocieron e impulsaron los planes de exterminio de los presuntos "subversivos".
Alfonsín ordenó procesar judicialmente a nueve ex comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, "por haber sembrado el dolor, el terror y la muerte", pero, como informó Horacio Verbitsky, "confió la tarea al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas". Ante esto, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquives sostuvo que "el gobierno actuó con excesiva cautela, para no irritar a los militares".
El ex Presidente Reynaldo Bignone fue encarcelado, acusado de ordenar el secuestro de dos soldados conscriptos, cuando era director del Colegio Militar. También se encarceló al almirante Chamorro, por su actuación como jefe del campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA; el general Ramón Camps, por haberse jactado de su participación en miles de casos de desapariciones políticas y al ex comandante del primer cuerpo del Ejército, general Guillermo Suárez Masón.
Para terminar el debate sobre los miles de desaparecidos, las Fuerzas Armadas, en su Acta Institucional, manifestaron que "únicamente el juicio histórico podrá determinar con exactitud a quien corresponde la responsabilidad de métodos injustos o muertes inocentes", y que todas las acciones realizadas en la guerra constituyeron "actos de servicio". Además, públicamente proclamaron su deseo de que los enemigos desaparecidos y muertos "reciban el perdón de Dios".|11|
La CONADEP. Decreto Ley de creación: D.L. 187/83 del 15 de diciembre de 1983. Período de investigación: 9 meses.
Ernesto Sábato. (Escritor)
Jaime F. de Nevares. (Obispo de Neuquén)
Marshall T. Meyer. (Rabino Judío)
Ricardo Colombres.
René Favarolo.
Hilario Fernández Long.
Carlos T. Gattinoni. (Obispo Metodista)
Gregorio Klimovsky.
Eduardo Rabossi.
Magdalena Ruiz de Guiñazu.
Santiago Marcelino López. (Diputado)
Hugo Diógenes Piucill. (Diputado)
Horacio Hugo Huarte. (Diputado)
Para crear la CONADEP el gobierno tuvo que superar conflictos en el Congreso, donde la tendencia mayoritaria era asignar las investigaciones sobre los desaparecidos a una comisión interna. Era tanto el temor a los militares que el Senado no cumplió con designar sus tres representantes para la CONADEP, como sí lo hicieron los diputados.
La CONADEP, desde el inicio de su trabajo enfrentó muchas dificultades, que pudo superarlas, gracias al apoyo decidido de las entidades nacionales e internacionales de derechos humanos. Los primeros colaboradores rentados de la CONADEP, que cumplían su jornada trabajando aún en días feriados y fines de semana, muy pronto abandonaron su labor, abrumados y quebrantados por los horrores que día a día fueron conociendo por el testimonio directo de las víctimas de la represión.
Gracias al empeño de Ernesto Sábato y la presión de los organismos de derechos humanos, algunos miembros de la Comisión tuvieron la posibilidad de viajar al extranjero y recibir denuncias de los exiliados argentinos en Estados Unidos, Francia, Suiza, España, México, entre otros países. La CONADEP logró el apoyo de la Cancillería, que habilitó "oficinas de denuncias" de desapariciones durante la dictadura militar, en la mayoría de las sedes diplomáticas argentinas dispersas por el mundo. Las repercusiones del trabajo de la Comisión en los periódicos y la televisión europeos animó a muchos exiliados a cooperar con las investigaciones.
Conforme la CONADEP avanzaba en sus investigaciones, sus miembros fueron insultados y amenazados por los agentes de la represión, que los acusaron de "activar los odios y resentimientos, impedir el olvido, y no propiciar la reconciliación nacional".
La CONADEP, luego de nueve meses de trabaJO en los que reunió más de 50,000 páginas de testimonios y denuncias; en noviembre de 1984 publicó su Informe, con el Título: "Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas". Allí dio cuenta de la desaparición de 8,960 personas, según denuncias debidamente documentadas y comprobadas. La CONADEP dejó abierta la posibilidad de que el balance final de las víctimas aumentara, pues muchos otros casos quedaron en la etapa de investigación y verificación de los datos, por lo que la cifra de 8,960 desaparecidos no puede considerarse definitiva. El 80 % de las víctimas de los militares argentinos tenían entre 21 y 35 anos de edad.
El Informe señala que en Argentina existían 340 centros clandestinos de detención, dirigidos por altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Allí los detenidos eran alojados en condiciones infrahumanas, y sometidos a toda clase de humillaciones. También indica que "De algunos de los métodos de tortura empleados en esa guerra interna no se conocían antecedentes en otras partes del mundo". En esos años de la dictadura militar, las técnicas de tortura argentina se exportaron a otros países del continente.
La CONADEP descubrió que entre los altos oficiales de las Fuerzas Armadas y Policiales, se estableció un "Pacto de Sangre", que implicaba la participación de todos en las violaciones a los derechos humanos. A causa de esto, cuando algún miembro de esas fuerzas trataba de desobedecer un mandato criminal, pronto lo convertían en una víctima más. La Comisión comprobó que "Todo signo de discrepancia dentro de las FF.AA. y de Seguridad con los métodos utilizados para la detención y eliminación de personas fue sancionado de modo brutal. Brindar alguna información a los familiares de detenidos-desaparecidos sobre su localización, estado físico o destino era equivalente a la muerte. Estaban prohibidos, incluso, los comentarios entre las propias filas sobre los operativos realizados, sancionándose con el mayor rigor cualquier signo de humanidad que pudiera tenerse con el prisionero".|12|
El Informe "Nunca Mas" indica que miles de personas fueron exterminadas, habiéndose destruido previamente sus cuerpos para evitar su posterior identificación. "No se cometieron excesos, si se entiende por ello actos particularmente aberrantes. Tales atrocidades fueron práctica común y eran actos normales y corrientes efectuados a diario por las fuerzas represivas"
También la CONADEP difundió una lista de 1351 represores, entre ellos diversos médicos, jueces, periodistas, obispos y sacerdotes católicos que actuaron como Capellanes de los militares y que colaboraron con ellos en la guerra sucia. En la lista de represores aparecen, entre otros, el Obispo Pío Laghi, Nuncio Apostólico del Estado Vaticano en Argentina, el ex Obispo de La Plata, Antonio Plaza, el Monseñor Emilio Graselli, el sacerdote Christian Von Wernich, el capellán Pelanda López, y el Monseñor Adolfo Tórtolo, Vicario de las Fuerzas Armadas.
Pese a las investigaciones de la Comisión, y las denuncias de los grupos de derechos humanos en Argentina, el Congreso ascendió a cientos de militares involucrados en secuestros, torturas y desapariciones forzadas, y que aparecían en la lista de la CONADEP como violadores de los Derechos Humanos. Incluso Asaz, el asesino de dos monjas francesas, fue ascendido. "Sabe cuantos Astiz hubo en la Armada? Trescientos Astiz", dijo el contraalmirante (r) Horacio Mayorga, ex jefe de la base naval de Trelew, en una entrevista en 1985. "Los oficiales de la ESMA eran personas austeras que mataban por la Patria", agregó.|13| Igualmente fueron ascendidos el ex director de la ESMA, capitán de Navío José María Arriola; el ex director de la Escuela de Submarinos de Mar de Plata, capitán de Navío Roberto Pertussio; los tenientes coroneles Óscar Bianchi y Athos Rhenes, que intervinieron en diversas masacres a civiles indefensos, y el coronel Julio César Durand, quien dirigió la intervención argentina en el Golpe de Estado de 1980 en Bolivia.
El ex capitán de la Armada (r) Francisco Scilingo, en declaraciones al periodista Horacio Verbitsky, en marzo de 1995, confirmó que cerca de 2,000 presos políticos de la dictadura fueron asesinados por oficiales de la Marina, que los arrojaron vivos al mar, después de haber sido drogados. Algunos altos representantes de la iglesia católica conocían sobre estos hechos, pero en vez de tratar de impedirlos, apoyaron estos horribles crímenes. Scilingo afirmó que los sacerdotes católicos se encargaban de tranquilizar el espíritu" de los oficiales que participaban en tales crímenes, pues regresaban de cada Vuelo" con un fuerte remordimiento de conciencia. "El capellán de la ESMA... me hablaba que (el vuelo) era una muerte cristiana, porque (los presos) no sufrían, porque no era traumática, y que habla que eliminarlos; que la guerra era la guerra, que incluso en la Biblia está prevista la eliminación del yugo del trigal. Me dio cierto apoyo", declaró Scilingo.|14|
También se llegó a saber que una isla que pertenecía a la Iglesia Católica fue prestada a la ESMA, para que los oficiales de la marina lo usaran como Campo de Concentración.|15| Allí se trasladaba a los presos políticos, cada vez que las comisiones de las Naciones Unidas, la OEA, Amnistía Internacional o de otros organismos visitaban la ESMA para investigar las graves denuncias de tortura.
La CONADEP tomó la iniciativa de presentar varias recomendaciones a los distintos poderes del Estado, "con la finalidad de prevenir, reparar y finalmente evitar la repetición de Conculcaciones de los derechos humanos". Entre sus propuestas incluyó: la continuación de las investigaciones por la vía judicial, la entrega de asistencia económica, becas de estudio y trabajo a los familiares de las personas desaparecidas; y la aprobación de normas legales que declaren como crimen de tesa humanidad la desaparición forzada de personas. Igualmente, la CONADEP recomendó la enseñanza obligatoria de los derechos humanos en los centros educativos del Estado, tanto civiles como militares y policiales, el apoyo a los organismos de derechos humanos, y la derogatoria de toda la legislación represiva existente en el país. Muchas de estas recomendaciones están aún pendientes de llevarse a la práctica. Y la dolorosa verdad sigue aflorando, como un trauma colectivo que exige una terapia integral.
Consecuente con su promesa, el Presidente Patricio Aylwin, mediante el Decreto Supremo No. 355 del 24 de abril de 1990, creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, con el objetivo de Contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos anos, con el fin de colaborar a la reconciliación de todos los chilenos".
Jaime Castillo Velasco
José Luis Cea Egaña
Mónica Jiménez de la Jara
Laura Novoa Vásquez
José Zalaquett Daher
Ricardo Martín Díaz
Gonzalo Vial Correa
Los dos últimos habían sido funcionarios del gobierno del dictador Pinochet.
La tareas que se le encomendó a la Comisión de Verdad fueron:
Se determinó que se investiguen a los hechos con resultado de muerte o desaparición ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 bien sea dentro del país o en el extranjero". Toda la investigación debió hacerse en un plazo de nueve meses, del 9 de mayo de 1990 al 9 de febrero de 1991.
Más de 60 personas de los diversos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos colaboraron y trabajaron a tiempo completo para el procesamiento de las informaciones obtenidas por la Comisión. Entre ellos, cabe destacar el valioso trabajo que cumplieron Jaime Castillo Velasco y José Zalaquet Daher. Domingo Namuncurá, un líder del SERPAJ, fue designado Asesor Presidencial en Derechos Humanos.
La Comisión recibió a más de 3,400 familiares de desaparecidos y asesinados que presentaron múltiples casos, de los cuales 644 quedaron fuera de su competencia. También consultó archivos de más de 100 organizaciones de derechos humanos, académicas, políticas y religiosas.
Los miembros de la Comisión, además de investigar dentro del país, tuvieron la oportunidad de viajar al extranjero, con el propósito de entrevistar a víctimas de la represión así como a familiares directos de los detenidos-desaparecidos y otros tipos de víctimas de la dictadura pinochetista.
Las sedes de las gobernaciones e intendencias provinciales dentro del país, así como las Embajadas y Consulados chilenos en el exterior sirvieron para la recepción de denuncias de desapariciones. Muchos estudiantes de las facultades de derecho colaboraron muy eficazmente para asesorar a los familiares de las víctimas en la presentación de sus denuncias. Después hubo necesidad de contratar asistentes sociales, pues los familiares de las víctimas, al hacer memoria de los sucesos ocurridos, caían en profundas crisis emocionales.
A sus demandas de informaciones sobre las víctimas de la dictadura chilena respondieron favorablemente los hospitales, y el Registro civil, pero la gendarmería y las Fuerzas Armadas, aunque respondieron a un 70 % de las cartas enviadas por la Comisión, casi siempre manifestaban que los documentos sobre los detenidos-desaparecidos "ya habían sido incinerados o destruidos, en cumplimiento de disposiciones jurídicas".
Sólo una mínima parte de los 160 miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, que la Comisión quiso interrogar, prestó su colaboración, aunque aportaron pocas informaciones. La mayoría de los oficiales y agentes, según las respuestas de los ministros respectivos, ya habían sido dados de bajas o no aparecían como miembros de esas fuerzas.
Las normas nacionales e internacionales de los derechos humanos, así como las leyes de guerra o del derecho internacional humanitario formaron parte del marco jurídico con el cual trabajó la Comisión al analizar los distintos hechos de violencia.
El Resultado final de las investigaciones de la Comisión fue un Informe de tres partes:
También se investigó, aunque no muy profundamente, la actuación de los partidos políticos legalmente reconocidos en los hechos de violencia, especialmente en el Golpe de Estado, así como el rol que cumplieron, entre otros, las iglesias cristianas, los medios de comunicación, los partidos políticos, los profesionales y sus organismos gremiales.
La Comisión analizó el rol de los familiares de las víctimas, de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, y la reacción de la comunidad internacional a través de la ONU, la OEA, el ACNUR; la Comisión internacional de Juristas, la Cruz Roja y Amnistía Internacional, que a lo largo de la dictadura emitieron numerosos informes denunciando las graves violaciones a los derechos humanos en el régimen de Pinochet.
Con todas sus investigaciones, la Comisión de la Verdad comprobó el poder omnímodo del que gozaba la DINA |16| y estableció que "Se trataba de un organismo cuyo funcionamiento en la práctica fue un secreto y por encima de la ley, su organización interna, composición, recursos, personal y actuaciones escapaban no sólo del conocimiento público sino también del control efectivo de la legalidad. Más aún, la DINA fue efectivamente protegida de todo control, no sedo del que pudieran haber ejercido el Poder Judicial, altos oficiales de las FF.AA., e incluso del de la Junta de Gobierno; en efecto, aunque formalmente la DINA dependía de la Junta de Gobierno, en la práctica respondió solamente ante la Presidencia de la Junta de Gobierno, más tarde Presidencia de la República". Agrega el Informe de la Comisión de la Verdad, que: "Este organismo, en el hecho secreto, y así libre de controles e injerencias, tenía la amplia misión de reunir y evaluar la información que después se emplearía para tomar importantes decisiones de Gobierno."
Después de sus minuciosas investigaciones sobre los desaparecidos y asesinados por las fuerzas del orden la Comisión recomendó la reparación pública de la dignidad de las víctimas, y diversas medidas de bienestar social, pensión única de reparación, atención especializada en salud, educación, vivienda, condonación de ciertas deudas y exención de la obligatoriedad del Servicio Militar a los hijos de las víctimas. La Comisión presentó también recomendaciones en los aspectos jurídicos y administrativos, como la "declaración de muerte de personas detenidas-desaparecidas", la adecuación del ordenamiento jurídico nacional al derecho internacional de los derechos humanos, y la ratificación de tratados internacionales sobre derechos humanos. Igualmente propuso diversas medidas para reformar el poder judicial y las Fuerzas Armadas, al como la continuación de las investigaciones sobre el destino de los desaparecidos.
La Comisión de Verdad y Reconciliación recomendó la penalización del ocultamiento de información respecto a las inhumaciones ilegales, ya que muchos familiares de las víctimas continuaron reclamando los restos de sus seres queridos.
En enero de 1992 el gobierno chileno, mediante la ley 19.123 creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, para ejecutar las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Reconciliación, especialmente en la reparación material de los daños causados por la dictadura pinochetista, calificada por la Comisión como Zuna tragedia desgarradora".
En los años posteriores al trabajo de la Comisión de Verdad y Reconciliación, los grupos de derechos humanos y los familiares de los desaparecidos lograron hallar a algunas de las víctimas de la dictadura enterradas en cementerios clandestinos. También se obtuvieron más pruebas de las actividades criminales de los agentes de la DINA, y su Jefe, Manuel Contreras recibe una condena de siete años de "prisión efectiva", por su implicación en el asesinato del Dr. Orlando Letelier. Contreras, con apoyo del Ejército se atrinchera en un Hospital militar y trata de burlarse del fallo judicial. Finalmente Contreras demuestra que aún en regímenes democráticos, los militares conservan amplias porciones de autonomía y poder, al que por ningún medio quieren renunciar.
Belisario Betancur. (Ex Presidente de Colombia)
Reinaldo Figueredo Planchart. (Congresista venezolano)
Thomas Buergenthal. Estadounidense. Juez. (Ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos)
Esta Comisión, apoyada por un numeroso grupo de asesores y colaboradores, nacionales y extranjeros, trabajó durante seis meses para investigar y dos meses adicionales para elaborar y presentar su informe, que fue titulado "De la Locura a La Esperanza" La guerra de 12 años en El Salvador".
La división de Derechos Humanos de la ONUSAL le facilitó apoyo técnico y logístico para procurar proteger la identidad de los testigos e informantes, muchos de los cuales, solo accedieron a testificar cuando se les aseguró una reserva absoluta. Diversos gobiernos extranjeros y organismos internacionales colaboraron con la Comisión, suministrando documentos confidenciales emitidos por sus delegaciones diplomáticas, y proveyendo declaraciones oficiales de agentes policiales y militares.
La decisión de crear la Comisión de la Verdad fue adoptada en los Acuerdos de México, que definen las funciones y facultades de la Comisión, y se firmaron en Ciudad de México el 27 de abril de 1991. La autoridad de la Comisión se amplió con el artículo 5 del Acuerdo de Paz de Chapultepec, titulado "Superación de la Impunidad." Estas disposiciones constituyen el "Mandato" de la Comisión, definida de la siguiente manera: "La Comisión tendrá a su cargo la investigación de graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad." Para esto, se indicó que la Comisión tomará en cuenta las siguientes consideraciones:
En cuanto a la impunidad, las funciones específicas que se le asignaron a la Comisión se definen en el Acuerdo de Chapultepec de la siguiente manera: Ése reconoce la necesidad de esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza Armada, especialmente en casos donde esté comprometido el respeto a los derechos humanos. A tal fin, las Partes remiten la consideración y resolución de este punto a la Comisión de la Verdad."
Además de las facultades que los Acuerdos de Paz le confirieron respecto a la impunidad y la investigación de graves hechos de violencia, a la Comisión también le encargaron elaborar recomendaciones "de orden legal, político o administrativo, que podrán incluir medidas destinadas a prevenir la repetición de tales hechos (de violencia), así como iniciativas orientadas hacia la reconciliación nacional".
De esta forma se dotó a la Comisión con dos facultades específicas: la de realizar investigaciones y la de presentar recomendaciones, en cuya ejecución se comprometieron ambas Partes.
El Mandato le encarga a la Comisión investigar "graves hechos de violencia... cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad". Aquí la Comisión tomó en cuenta la singular importancia de cada acto violento, las repercusiones que tuvieron y los desordenes sociales que ocasionaron. El Mandato no enumeró ni identificó ningún caso específico para que fuera investigado por la Comisión; tampoco distinguió entre actos de violencia en gran escala y aquellos que involucraban solamente a unas cuantas personas. Al investigar estos hechos, la Comisión tomó en cuenta factores adicionales relacionados con el cumplimiento de su Mandato.
El primero es que lo que se había de investigar eran hechos graves o flagrantes cometidos por ambos lados del conflicto salvadoreño y no solamente por una de las partes.
Segundo, el Acuerdo de Chapultepec instó a la Comisión, a poner atención especial en el tema de la Impunidad de los hechos de violencia cometidos por oficiales de la Fuerza Armada, que nunca fueron investigados ni castigados.
Entonces, al optar por investigar un caso en lugar de otro, se tuvo presente consideraciones respecto del carácter representativo del caso, la disponibilidad de pruebas, los recursos investigativos disponibles, el tiempo requerido para llevar a cabo una investigación exhaustiva, y el tema de la impunidad tal como lo define el Mandato.
Al definir las normas jurídicas aplicables a su labor, la Comisión estableció que durante el conflicto salvadoreño, ambas partes tenían la obligación de acatar una serie de normas del derecho internacional, entre ellas las estipuladas en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho internacional humanitario, o bien en ambos. Por otro lado, a lo largo del período de guerra interna, el Estado de El Salvador estaba en la obligación de adecuar su derecho interno a sus obligaciones conforme al derecho internacional.
En el Acuerdo de San José sobre Derechos Humanos, las Partes reconocieron que por "derechos humanos" se entiende "los reconocidos por el ordenamiento jurídico salvadoreño, incluidos los tratados en los que El Salvador es parte, así como por las declaraciones y principios sobre derechos humanos y sobre derechos humanitarios aprobados por las Naciones Unidas y por la Organización de Estados Americanos."
La Comisión de la Verdad reconoció que el derecho internacional de los derechos humanos sólo es aplicable a los gobiernos, mientras que en determinados conflictos armados, el derecho internacional humanitario es vinculante para ambos lados. Es decir, tanto para los insurgentes como para las fuerzas del gobierno. Sin embargo, hay que reconocer que cuando se da el caso de insurgentes que ejercen poderes gubernamentales en territorios bajo su control, también se les puede exigir que cumplan con ciertas obligaciones en materia de derechos humanos, vinculantes para el Estado según el derecho internacional; por ende, resultarían responsables en caso de un incumplimiento. El FMLN sostuvo oficialmente que tenía algunos territorios bajo su control y efectivamente ejerció ese control.
Las Comisión de la Verdad investigó primeramente la violencia ejercida por agentes del Estado contra los opositores políticos. Allí ubicó el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y las dos acompañantes en el Centro Pastoral de la Universidad Centroamericana (1989). Enseguida analizó diversas ejecuciones extrajudiciales, como el asesinato de los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario, las religiosas norteamericanas, los periodistas holandeses, así como los ataques a organismos de DDHH (FENASTAS y COMADRES), las desapariciones forzadas, las masacres de campesinos por la Fuerzas Armadas (Casos Mozote, Río Sumpul y El Calabozo). Después investigó los asesinatos cometidos por los escuadrones de la muerte, entre ellos el de Monseñor Óscar Arnulfo Romero.
En segundo lugar, la Comisión de la Verdad investigó la violencia del FMLN contra opositores como el asesinato de alcaldes, y jueces, las ejecuciones extrajudiciales de campesinos colaboradores del gobierno, el asesinato de militares estadounidenses sobrevivientes, entre otros.
La Comisión aseguró que "Ninguna de las tres ramas del poder público: judicial, legislativo ejecutivo, fue capaz de controlar el desbordante dominio militar en la sociedad".
Finalmente, la Comisión de la verdad presento una serie de Recomendaciones que incluyen: Reformar la legislación penal y el Poder Judicial, depuraciones en las Fuerza Armadas, Fuerzas Policiales y dentro de la administración pública; inhabilitaciones políticas a las personas involucradas en violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario, por un lapso no menor de diez años. También recomendó investigar y terminar con los grupos ilegales (Escuadrones de la muerte).
Igualmente la Comisión recomendó que el gobierno salvadoreño otorgue una reparación material y moral para las víctimas de la violencia y sus familiares directos. Se recomendó la entrega de tierras, equipamiento agropecuario, becas de estudio, etc. Los acuerdos de Paz fijaron un calendario de actividades, muchas de las cuales, como la entrega de tierras a los combatientes de ambos lados, y la Compensación económica, solo se han cumplido en mínima parte. En la práctica el Estado salvadoreño descuidó mucho el cumplimiento de los acuerdos. Por eso, pese al empeño del FMLN, así como a los esfuerzos de la ONU y los países amigos, la pacificación en El Salvador es todavía un proceso muy lento.
Desde el ano 1980, tras 12 años de gobiernos militares, el Perú experimenta una situación de guerra interna, en la que el movimiento subversivo "Sendero Luminoso" (Partido Comunista del Perú) se enfrenta al Estado peruano. El movimiento insurgente transitó de su práctica subversiva inicial al terrorismo, causando miles de víctimas, no sólo de miembros de las fuerzas del orden, sino principalmente, de campesinos, dirigentes gremiales y populares; autoridades comunales profesionales; y población en general. Igualmente las Fuerzas del Estado han cometido graves y numerosos actos de detenciones masivas, torturas, desapariciones forzadas y genocidio contra la población peruana. Esta guerra interna ha producido cerca de 30,000 muertos y más de 5,000 desaparecidos.
En diversos momentos, el Estado a través del Congreso de la República o el Poder Ejecutivo, creó Comisiones investigadoras de la Verdad, para deslindar responsabilidades frente a denuncias de graves violaciones a los derechos humanos. Generalmente los gobiernos de turno, después de mucha pugna, cedían a las exigencias de la oposición política y de algunos gobiernos extranjeros preocupados por los derechos humanos en el Perú.|18|
La mayoría de las comisiones que se crearon, nacieron con propósitos claramente justificatorios de la política "contra subversiva" oficial. Así ocurrió con la llamada "Comisión Uchuraccay", una de las primeras encargadas de investigar casos de violaciones de los derechos humanos en el Perú.
Muy pocas veces las investigaciones encargadas en el Perú han tenido un efecto pacificador y restaurador de la justicia. La impunidad para los violadores de los derechos humanos es casi norma oficial. Cuando alguna vez se trató de llegar al fondo de los hechos y sacar a luz a los responsables de actos contra los derechos humanos, pronto se levantaron las FF.AA. y policiales para mostrar que se consideran entes sagrados e intocables; y así se impidió el castigo a los culpables.|19|
Por falta de una clara comprensión del fenómeno de la violencia, así como de apoyo del Poder Judicial y de recursos materiales, las diversas comisiones investigadoras de la verdad en el Perú, no han podido, en la mayoría de los casos, llevar a buen término el resultado de sus investigaciones, ni proteger a los informantes y testigos. Muchas personas, luego de presentar sus testimonios y denuncias, fueron desaparecidas o asesinadas por las fuerzas del Estado, o por"grupos desconocidos". Así ocurrió con los testigos de los casos "Uchuraccay", "Soccos", "Cayara", "Umaru y Bellavista", "Accomarca", "Operación Aries-Huallaga", entre otros. Más tarde, las Fuerzas Armadas encargarían esa labor, de eliminar a los testigos o sobrevivientes de masacres a los grupos llamados de "defensa civil", a los que entregó algunas armas.
Mario Vargas Llosa. (Escritor)
Mario Castro Arenas. (Periodista)
Abraham Guzmán Figueroa. (Jurista)
El origen de esta Comisión Investigadora fue el escándalo nacional e internacional ocasionado por el atroz asesinato de ocho periodistas y un guía campesino, el 26 de enero de 1983, en la localidad andina de Uchuraccay, Ayacucho, que debido al crecimiento de la violencia se hallaba en Estado de Emergencia, bajo un total control militar.
Un sector importante del periodismo peruano acusó a los militares y a los "Sinchis" (Policía antisubversiva) de haber fomentado la masacre de los periodistas, quienes procuraban investigar la veracidad de los partes de guerra oficiales, que daban cuenta del asesinato de presuntos miembros de Sendero Luminoso por parte de los propios campesinos.
Los periodistas y los abogados de Ayacucho sospechaban de la puesta en marcha, por las Fuerzas Armadas, de una estrategia de guerra sucia, con torturas, desapariciones forzadas, asesinatos de campesinos de la región en la que actuaba Sendero Luminoso. El desarrollo de la violencia en los meses posteriores, confirmaría la veracidad de estas preocupaciones. Los periodistas se organizaron para viajar a Uchuraccay a fin de investigar por sus propios medios el nuevo curso que estaría tomando la lucha contrainsurgente. Fue así, en la búsqueda de la verdad, como les alcanzó la muerte.
Al conocerse la noticia trágica de la desaparición de los ocho periodistas y su guía, la sociedad peruana se sintió muy conmovida. El Decano del Colegio de Periodistas del Perú, Dr. Mario Castro Arenas afirmó que "Ni en la segunda guerra mundial, ni en los arrozales fangosos de Vietnam habían muerto tantos periodistas juntos como en Uchuraccay". Meses después de la tragedia, el Decano del Colegio de Periodistas lanzaría sus lamentos:
"Qué bochorno, qué vergüenza, que espanto. Los teletipos repiquetearon por el mundo entero, describiendo la tragedia. Los diplomáticos peruanos acreditados en el exterior y los que vivían escondiéndose de la policía de inmigraciones de Nueva York y de la DISIP de Caracas emergieron de su semiclandestinidad para negar que en el Perú existiesen pueblos situados culturalmente en la edad de piedra donde se podría asesinar por error a ocho periodistas con piedras y con palos como las hordas de la era de las cavernas".|20|
Aunque los dirigentes del gobierno anunciaron su interés de que se esclarezca la verdad sobre la masacre de los periodistas, en el fondo, lo que buscaban era obtener un respaldo "académico" a la versión oficial sobre la tragedia, previamente difundida por el Presidente de la República, y que se basaba en los informes del Comando Político Militar de Ayacucho.
El Presidente de la República, Fernando Belaúnde Terry, mediante Resolución Suprema del 27 de enero de 1983, Creo una "Comisión Investigadora de los sucesos de Uchuraccay", con el fin de "contribuir al esclarecimiento de una verdad que reclaman urgentemente la conciencia nacional y la opinión pública del resto del mundo". Se estableció que la Comisión no tendría competencia judicial o policial.
La Comisión trabajó con el apoyo de los antropólogos Juan Ossio, Fernando Fuenzalida y Luis Millones. También asesoraron a la Comisión el jurista Fernando de Trazegnies, el psicoanalista Max Hernández, los lingüistas Rodolfo Cerrón Palomino y Clodoaído Soto, así como el historiador Ricardo Valderrama.
La investigación se desarropo del 28 de enero hasta el 28 de febrero de 1983, con entrevistas a autoridades militares, policiales y políticas de la zona Convulsionada y la revisión de documentación reservada de las FF.AA, tanto en Ayacucho como en Lima.
Aunque estaba claro que la verdad podría conocerse investigando en el mismo lugar de los crímenes, la Comisión se hizo presente en Uchuraccay solo por cuatro horas, durante un Cabildo Abierto convocado por el Comando Político Militar de Ayacucho. De acuerdo a los militares, en Uchuraccay existía un ambiente de alta tensión, y agresividad contra los foráneos, que ponía en peligro la vida de los integrantes de la Comisión, por lo cual no era recomendable permanecer más de cuatro horas en la zona de la tragedia. Además del reducido tiempo para investigar en el lugar de los crímenes, los miembros de la Comisión tenían la barrera del idioma, ya que la mayoría de la población de Uchuraccay, a la que se acusó de haber cometido el asesinato de los periodistas, sólo hablaba quechua y muy pocos dominaban el castellano.
La Comisión tuvo facultades para interrogar a altos jefes militares y policiales que operaban en la zona de Ayacucho, pero las entrevistas se realizaron en un clima de terror paralizante, investigando solo aquellos aspectos acordados con los militares, revisando documentos poco esclarecedores, evitando asuntos controversiales que Comprometían a las fuerzas del orden en violaciones a los derechos humanos.|21|
El Informe y su documentación sustentatoria fue entregado a las autoridades el 4 de marzo de 1983. Inmediatamente se desplegaron esfuerzos para darle difusión internacional, ya que de acuerdo a la Comisión Investigadora, no existía responsabilidad del Estado en la masacre de Uchuraccay. Pero dentro del país el Informe produjo un sabor amargo, una decepción por la forma escandalosa como se quiso limpiar la imagen del gobierno y de las fuerzas armadas que actuaban en Ayacucho.
La Comisión estructuró su Informe en cuatro partes descriptivas y analíticas, exponiendo su versión de los hechos, las causas de la masacre, los informes de los asesores, asé como testimonios de testigos. En el Informe se sostiene que "La Comisión ha llegado a la convicción absoluta de que los comuneros que se encontraban en ese momento (el 26 de enero de 1983) en Uchuraccay confundieron a los nueve forasteros (los periodistas y el guía) que se aproximaban, con un destacamento de "senderistas" que venia, sin duda, a escarmentarlos por el linchamiento de varios de los suyos perpetrado en esa misma comunidad en los días anteriores. Esta operación de represalias era temida y esperada en las comunidades iquichanas que habían matado senderistas y mantenía a los comuneros en un estado de ánimo sobresaltado, medroso y furibundo..."|22|
También se afirma que "La Comisión tiene la "convicción relativa" de que los periodistas debieron ser atacados de improviso, masivamente, sin que mediara un diálogo previo, y por una multitud a la que el miedo y el cólera, mezclados, enardecían y dotaban de una ferocidad infrecuente en su vida diaria y en circunstancias normales." Sin embargo, la Comisión aclara que "no puede descartar, que este intento de diálogo se produjera (considerando el hecho de que tres de los periodistas hablaban quechua) y fuese inútil debido al exceso de suspicacia, pánico y furor de los comuneros..."
La Comisión investigadora reitera que una llegado a la "convicción absoluta" de que el asesinato de los periodistas fue obra de los comuneros de Uchuraccay, posiblemente con la colaboración de comuneros de otras comunidades iquichanas, sin que, en el momento de la matanza, participaran en ellas fuerzas del orden". Más rotundamente Vargas Llosa y sus colaboradores afirman que "La Comisión ha llegado a la convicción absoluta de que los periodistas fueron asesinados porque los comuneros los creyeron terroristas y sin sospechar su verdadera condición".|23|
En Cambio, según el Tribunal de Ayacucho, "los campesinos de Uchuraccay fueron obligados a atacar a los periodistas, por presión de las Fuerzas Armadas. Los comandantes militares y policiales actuaron como instigadores del crimen". El Tribunal ayacuchano identificó a veintisiete comuneros como autores de la masacre, y al general Clemente Noel y Moral (Jefe del Comando Político Militar de Ayacucho) junto con cinco oficiales de la policía y uno de la Marina, como autores intelectuales.|24|
La Comisión Investigadora se encargó de construirle una explicación academicista a las versiones que el gobierno había difundido previamente, indicando que los campesinos asesinaron a los periodistas. Para ello, la Comisión buscó justificaciones étnicas, históricas y culturales, apoyándose en la permanente sed de venganza de los aborígenes andinos contra los blancos opresores. La Comisión sostuvo que los campesinos confundieron las cámaras fotográficas con armas de guerra y pensaban que los periodistas eran terroristas que venían a atacarlos. Así, según la Comisión, los periodistas, fueron víctimas de una desafortunada equivocación".
Un mes después de la presentación del Informe, las fuerzas militares "descubrieron" casualmente las cámaras fotográficas y varios rollos de película de los periodistas victimados, con imágenes que al ser reveladas pusieron en duda muchas de las"convicciones absolutas" de la Comisión. Así se reveló el deficiente trabajo de investigación de la Comisión presidida por Vargas Llosa.
A pesar de que en todo momento las autoridades militares y policiales obstaculizaron al Poder Judicial, para impedir que se esclarezca la verdad del asesinato |25| y aunque existían evidencias de participación "indirecta" de altos jefes militares y policiales en esta masacre, solo tres indígenas de la zona, Dionisio Morales, Simeón Aucatoma y Mariano Cassani, fueron acusados. Otros implicados y testigos, como el Teniente Gobernador, desaparecieron o fueron asesinados en los días de las investigaciones.|26|
Aunque la investigación descartó que los periodistas se hubieran presentado en Uchuraccay como senderistas, supuestamente portando una bandera roja, tal como lo había sostenido el Jefe del Comando Político Militar, ninguna autoridad regional o nacional tuvo la honestidad de reconocer que se había mentido al país, ni mucho menos se esforzaron para reivindicar la memoria de las víctimas. Cuando posteriormente, en 1985, el Tribunal de Ayacucho le preguntó a Vargas Llosa porqué la Comisión Investigadora presentó el Informe con su insólita versión, el escritor sólo respondió que aceptó colaborar con el gobierno apara "salvar a la democracia" y que dirigió la elaboración del Informe guiándose por las declaraciones de los militares.
La actuación de la Comisión investigadora creó problemas al poder judicial, que denunció el avasallamiento de su soberanía por parte del Poder Ejecutivo. Esta confusión demoró el inicio de un proceso legal por la muerte de los periodistas. Y cuando el Tribunal de Ayacucho trató de averiguar la verdad de la masacre, muy pronto el Poder Ejecutivo, así como el Legislativo, le pusieron numerosas trabas, llegando, incluso, a volver a fojas cero el proceso judicial tras dos años de investigaciones. Así, por segunda vez, la verdad de Uchuraccay fue maniatada.
Frente al desamparo en que se dejó a las familias de los periodistas victimados en Uchuraccay, diez años después del asesinato, el 26 de enero de 1993, los gremios de los periodistas realizaron una multitudinaria marcha de protesta, demandando al Estado una pensión de gracia para los familiares de estos periodistas victimados en 1983. Hasta la fecha tal demanda no ha sido atendida.
Jorge del Prado.
Javier Bedoya de Vivanco.
Óscar Felipe Ventura.
Agustín Haya de la Torre.
Áureo Zegarra. (Sector de la minoría parlamentaria).
Romualdo Biaggi Rodríguez.
Judith de la Mata.
César Delgado Barreto.
Miguel Ángel Mufarech.
Humberto Arenas.
Nicanor Asmat Vega.
José Barba Caballero. (Sector de la mayoría)
La masacre de mas de 250 prisioneros políticos en dos cárceles peruanas, los días 18 y 19 de junio de 1986, por parte de efectivos de la Guardia Republicana y de la Marina de Guerra del Perú, originó la creación de una Comisión Investigadora a nivel parlamentario. La mayoría de los reclusos acusados de subversión fueron fusilados después de que se habían rendido. El penal de El Frontón, en El Callao, fue bombardeado pese a que los presos amotinados no representaban gran peligro. No hubo ningún interés en rescatar a los heridos o sobrevivientes. La presión internacional para que se esclarezca la verdad de la masacre fue muy grande, ya que ésta se produjo cuando se celebraba en Lima el Congreso Mundial de la 11 Internacional Socialista.
El Instituto de Defensa Legal, IDL, realizo un análisis jurídico de la acción del Estado para restablecer el orden y la autoridad en los penales, y llegó a la conclusión de que "la respuesta oficial adoptada, estuvo caracterizada por el empleo de una violencia a todas luces exagerada y desproporcionada, producto, sin duda del clima de violencia exacerbada, inhumana e inmoral que hoy envuelve al Perú". Agrega el IDL, que "El saldo desolador de destrucción y muerte (murieron cerca de 300 internos)... basta para dejar constancia de lo irracional, desproporcionado, inhumano y antijurídico que caracterizó al tratamiento oficial dado a los motines en los penales." |27|
La Comisión, nombrada por el Congreso en el mes de agosto, tardó mas de un año para instalarse, y desde el principio se dividió en dos bloques irreconciliables, debido a que los parlamentarios del oficialismo no querían realizar una investigación seria e independiente que identifique a los responsables de la masacre. Más bien, trabajaron para impedir el esclarecimiento de los hechos.|28|
La Comisión tuvo facultad para citar en calidad de testigos a agentes policiales y miembros de la marina de guerra, ministros de Estado, jueces, fiscales, y familiares de las víctimas. La Comisión también acudió al peritaje técnico del Colegio de Ingenieros, a fin de verificar o desmentir la versión gubernamental de que los pabellones de los prisioneros de El Frontón fueron derribados "casualmente", lo cual impidió el rescate de los heridos o sobrevivientes. El peritaje técnico descartó la versión del gobierno.
Originalmente las más altas autoridades del país prometieron cooperar para que se esclareciera la responsabilidad de los autores de la masacre de los penales, y para que nunca más se repitieran esos graves hechos. El Presidente de la República, Alan García, prometió efectuar una minuciosa investigación de la matanza, y llegó a proclamar: "O se van ellos, (los culpables del genocidio) o me voy yo". Al final, ninguno de los altos oficiales involucrados en la masacre se fue.
Conforme las investigaciones demostraban que días antes de la masacre miembros del gobierno habían amenazado de muerte a los reclusos, como lo hizo el Ministro de Marina, y habían ordenado la actuación de las Fuerzas Armadas para debelar el motín, sin estimar las consecuencias; las principales autoridades del gobierno se obsesionaron en impedir el real conocimiento de la verdad. Las acusaciones de responsabilidad penal incluyeron al Presidente de la República, Alan García Pérez, así como al Viceministro del Interior, Agustín Mantilla, y los ministros de Guerra y de Marina, Julio Pacheco Concha, entre otros miembros del gobierno, que aseguraron que el amotinamiento de los reclusos puso en peligro la seguridad de la República". Las investigaciones de la Comisión demostraron que el motón de los reclusos ni siquiera alteró el transporte público o privado en el Perú, y que con un poco de esfuerzo habría tenido una solución no violenta.
Debido a que no hubo consenso en cuanto al tratamiento de la información obtenida y la responsabilidad ante el país de presentar la verdad, la Comisión Investigadora se dividió, y al final se presentaron dos informes. Uno suscrito por los parlamentarios del partido del Gobierno y sus aliados (que fue aprobado), y otro suscrito por el presidente de la Comisión y parlamentarios de la oposición, en Minoría.
El informe del sector de la Minoría señala que "Está demostrada la imprevisión de las autoridades gubernamentales", ya que las autoridades del Ministerio de Justicia y del Instituto Nacional Penitenciario, INPE, no cumplieron con las especificaciones respecto a la clasificación de internos o a las medidas de seguridad indicadas en el Código de Ejecución Penal". De aquí se establece la responsabilidad penal y administrativa del Ministro de Justicia, Luis González Posada, y del jefe del INPE, Manuel Aquézolo.
También en el informe se sostiene que: "Está demostrado que los comunicados oficiales públicos proporcionaron información falsa que magnificaba los hechos de los motines," y que "está demostrado que el gobierno, al incumplir con su obligación de proteger la vida humana, dio órdenes que trajeron como consecuencia un injustificable número de muertes". Aquí se precisa que "La opción tomada de "debelar los motines a través de la fuerza militar, en el plazo más breve y perentorio", significaba poner en grave e innecesario peligro la vida de los rehenes y los internos. Igualmente se indica que "La fuerza militar utilizada fue desproporcionada en relación al peligro realmente existente y las formas de ataque implementadas tampoco revelaron precaución alguna por reducir los costos humanos del debelamiento."
Además, el informe en minoría señala que "Está demostrado que algunos miembros de las Fuerzas del orden realizaron graves actos contra la vida de los internos, entre ellos, ejecuciones extrajudiciales. Ante esto, se recomienda promover acciones penales contra el coronel de la Guardia republicana Rolando Cabezas, el general del Ejército Jorge Rabanal Portilla, el general de la Policía Máximo Martínez Lira, así como contra el Almirante Víctor Nicolini y el Vice Almirante Victor Ramírez Isola.|29|
El informe en Minoría reitera que "Está demostrado que el gobierno aprobó y aplicó un Decreto Supremo inconstitucional", por lo cual, la responsabilidad penal recae también en el Presidente de la República y en el Consejo de Ministros.
La Comisión liderada por el senador Rolando Ames, presentó recomendaciones de carácter jurídico penal así como de medidas políticas y administrativas, entre las cuales se destacan:
1. La transformación y democratización integral del Estado.
2. Nueva concepción de la Defensa Nacional. Esta debe basarse en la soberanea nacional, revisión de las nuevas leyes del Sistema de Defensa Nacional, nueva formación institucional, una estrategia de paz alternativa, recuperación de la iniciativa política y conquista de una amplia base social, a fin de mantener una superioridad moral.
3.Respeto a las Normas internacionales y nacionales de protección de los derechos humanos.
4. Reformas Indispensables. Aquí se propone, entre otras cosas, mejorar la infraestructura y servicios en los penales, ejecutar reformas en la política penitenciaria para "hacer de los centros de detención lugares donde sea posible la rehabilitación de los internos, y dar oportunidades al interno de recuperar su identidad humana y social".
En cuanto a la Administración de Justicia, se reconoce la necesidad de un Poder Judicial eficaz en el ejercicio de sus facultades de control a las acciones del Poder Ejecutivo. "Cuando se presentan situaciones de emergencia, como las estudiadas, estando de por medio la vida de las personas, rehenes e internos, los jueces deben ejercer sus facultades legales de protección de los derechos de las personas". Como otras buenas recomendaciones, esta también quedaría en letra muerta. En los años posteriores los motines en los penales siguieron resolviéndose Conga violencia, con resultados trágicos.
Esta Comisión también presentó recomendaciones en cuanto al rol de las fuerzas policiales, y sobre el rol del Ministerio Público y el Defensor del Pueblo, a fin de establecerlos como órganos interdependientes con los otros poderes del Estado. El Informe aprobado por el Congreso, el de la Mayoría oficialista, no acepta responsabilidad penal del Presidente de la República ni de otros miembros del Poder Ejecutivo.
Poco después de la presentación del Informe de la Minoría, pese a que tanto el homicidio como el genocidio son delitos comunes, la Corte Suprema de Justicia del Perú, emitió una Resolución trasladando al fuero militar el proceso seguido contra los responsables de la masacre en los penales. Luego, tras una parodia de juicio a los autores de la matanza, se exculpó a los principales responsables civiles y militares. Las investigaciones de la Comisión, las evidencias de responsabilidad penal de altos oficiales del Ejercito, la Marina, la Policía, y de miembros del gobierno, no fueron tomadas en cuenta por el Poder Judicial.
Incluso en las Naciones Unidas, ante las acusaciones presentadas contra el Estado peruano en la Comisión de Derechos Humanos, el representante del gobierno, senador Javier Valle Riestra, sostuvo que no existe responsabilidad del gobierno en los crímenes de los penales, porque "fueron perpretados por agentes estatales con mentalidad autoritaria que cubrieron de ludibrio a nuestra democracia". Trató de ocultar la matanza de los prisioneros con poemas metafísicos y citas en latín.
Posteriormente, tras siete años de investigaciones y negociaciones jurídicas-diplomáticas, en 1994, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictó una sentencia relacionada a la masacre en el penal de El Frontón, ordenando al gobierno peruano indemnizar a los familiares de tres de las víctimas.|30|
Igualmente el Comité Impulsor sostiene que durante la dictadura de 16 días del coronel Alberto Natusch Busch, agentes del gobierno de facto asesinaron a 76 personas en la ciudad de La Paz, desaparecieron a 140 personas y provocaron heridas graves a otras 204 personas. Durante la presentación de pruebas en el Juicio de Responsabilidades, la activista de derechos humanos, Loyola Guzmán, señaló que el régimen de García Meza es responsable de la desaparición de 22 personas y del asesinato de otras 52, entre ellas el diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz. La ASOFAMD denunció en mayo de 1990, que en Bolivia habían desaparecido 156 personas. De ellas, 76 corresponden al periodo del general Banzer, 34 al periodo del general Alfredo Ovando, 28 al de García Meza, 14 al de Alberto Natusch y 4 en el periodo de René Barrientos.
Al restablecerse la institucionalizad democrática en el país, se discutió sobre qué hacer con los crímenes de las dictaduras, pero no hubo consenso sobre los casos que deberían de ser investigados. Como el Poder Judicial, y el liderazgo de los partidos políticos, en su mayoría, era el mismo que actuó durante las dictaduras militares, no hubo la suficiente voluntad para sancionar a todos los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
Muy tímidamente el Presidente Hernán Siles Suazo firmó el 28 de octubre de 1982, el Decreto Supremo N. 241, creando la Comisión Nacional de Desaparecidos. Esta Comisión investigó, hasta abril de 1983, el asesinato de 14 prisioneros políticos, en 1972, por el gobierno de Banzer, y la desaparición de 22 personas en el periodo de García Meza.|32|
En los primeros meses de transición democrática, solo se logró consenso en la necesidad de investigar los delitos cometidos por el régimen de fasto del general Luis García Meza, que practicó masacres de opositores políticos, desapariciones forzadas, torturas, y expulsiones ilegales del país.
La Central Obrera Boliviana, las Iglesias Católica y Metodista, la Universidad San Simón de la Paz, los gremios de periodistas, los grupos de derechos humanos, los familiares de las víctimas de la dictadura, con el apoyo de algunos políticos iniciaron un Juicio de Responsabilidades contra el general Luis García Meza, y 55 de sus principales colaboradores, primero en febrero de 1984, en el Congreso Nacional y en abril de 1986 ante la Corte Suprema de Justicia. Una decisión del Congreso, del 25 de febrero de 1986, excluyó las investigaciones de hechos ocurridos antes del Golpe de García Meza, protegiendo de esa manera, especialmente, al dictador Hugo Banzer.
La confluencia de diversos organismos representativos de la sociedad, y de larga tradición de lucha como la COB, la Universidad, la Iglesia, junto con los grupos de derechos humanos, en la denuncia y el enjuiciamiento del régimen de García Meza, aseguró un importante respaldo institucional y popular al proceso de investigar la verdad y castigar a los culpables de las violaciones a los derechos humanos y atropellos al Estado de Derecho. Un selecto grupo de abogados y estudiantes de derecho, periodistas, así como familiares de las víctimas de la dictadura, trabajaron en el Comité impulsor del Juicio, durante cinco años, para recopilar y procesar más de 30,000 páginas acumuladas sobre los hechos de la dictadura y elaborar los alegatos y las acusaciones.|33|
Cuando el Congreso de la República decidió acusar al ex dictador ante la Corte Suprema, y el poder judicial expidió una orden de detención, el 13 de enero de 1989, García Meza se declaró en rebelión y se escondió, para burlarse de la justicia. Un mes después el Poder Judicial ordenó la confiscación de las propiedades del ex dictador, la pérdida de sus derechos ciudadanos, y reafirmó la orden de búsqueda y captura. Después se conocería que García Meza se había escondido, inicialmente, en una de las haciendas de otro ex dictador, general Hugo Banzer Suárez.
García Meza desde la clandestinidad lanzó diversas amenazas contra los grupos de derechos humanos y chantajeó a dirigentes del gobierno, a fin de que le brindaran protección a cambio de guardar silencio. La Corte Suprema de Justicia también recibió numerosas presiones a fin de retardar el proceso y diluirla en discusiones palaciegas. Asó García Meza vivió, durante cinco años, con la protección oficial, hasta que fue capturado en Brasil. Por eso, con toda razón, el Comité Impulsor indicó que "En esa búsqueda sin cansancio de la verdad jurídica... hemos encontrado aún más feroz el rostro de los tiranos, de los masacradores, de los que torturaron y dispararon, de los que detrás de los ejecutores planearon y ordenaron los crímenes, y de los que se enriquecieron a costa del patrimonio público".|34|
El Comité impulsor del Juicio de Responsabilidades, a pesar de las amenazas, siguió su trabajo con mucha energía, elaborando los recursos acusatorios y difundiendo masivamente en los periódicos, la radio y la televisión informes respecto al juicio. Incluso preparó siete micro-documentales para la televisión, con los títulos de "Genocidio de la calle Harrington de La Paz", (donde ocho dirigentes del MIR fueron asesinados), "Contra la Impunidad", "Prófugo de la Justicia", "La letra muerta de la Ley", etc.
El testimonio de la ex Presidenta de la República, Lydia Gueiler Tejada, en el Juicio, así como de varios ex ministros de Estado que formaron parte de su gobierno, y que fueron torturados por agentes de la dictadura, aportó abundantes evidencias sobre la responsabilidad penal de los militares golpistas.
El ex coronel Luis Arce Gómez, ex ministro del Interior de García Meza, responsable directo de la organización de grupos terroristas paramilitares al servicio de la dictadura, fue capturado por agentes bolivianos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural, y agentes estadounidenses de la Drug Enforcement Agency, DEA, el 10 de diciembre de 1989; tres años después de haber sido declarado "rebelde y contumaz" y haberse fugado de la justicia. Inmediatamente, sin autorización del Poder Judicial de Bolivia fue trasladado hacia Miami, en un avión de la DEA, organización que lo entregó a la Corte Federal de Miami.
En el curso de las investigaciones se fue revelando que por orden de los dictadores fueron asesinados el diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz, los ocho dirigentes del MOR, el sacerdote Luis Espinal, y muchos otros más; y se demostró que el gobierno de tacto clausuró y destruyó instalaciones y equipos de emisoras de radio y periódicos; allanó iglesias, colegios y universidades, despilfarró el dinero del Estado, y dictó muchas leyes anticonstitucionales.
También se descubrió cómo se organizaron los escuadrones de la muerte que operaron en diversas ciudades de Bolivia cometiendo atentados terroristas y crímenes con total impunidad. El Comité impulsor comprobó que el criminal nazi Klaus Barbie contaba, en el período de García Meza, con un grado de oficial superior y mando dentro del Servicio de Inteligencia del Ejército de Bolivia. El General Luis Arce Gómez, con autorización del Alto Mando, otorgó el grado de Teniente Coronel honorífico a Klaus Altmann (Barbie), el 12 de febrero de 1980, cinco meses antes del golpe de Estado. Entre los asesores extranjeros también se comprobó la participación del Mayor de las FF.AA. de Argentina, Julio César Durand, así como de los neofascistas italianos Stefano Delle Chiaie y Pierluigi Pagliai. |35|
El Comité impulsor comprobó que altos miembros del mismo ejército boliviano entrenaban y dirigían a grupos paramilitares que cometían diversos atentados terroristas por todo el país, y que asesinaron a opositores políticos, lanzaron bombas contra manifestaciones pacíficas, atacaron sedes de organismos políticos, religiosos y culturales, y atentaron contra un avión en el que viajaban líderes del movimiento político UDP. Se confirmó que todos estos atentados se hicieron con el propósito de justificar El Golpe de Estado, en vista de una supuesta incapacidad del Gobierno para controlar el terrorismo.
Además se comprobó que el Servicio de Inteligencia del ejército, a cargo del coronel Luis Arce Gómez, había elaborado una lista negras en las que figuraban como personas a ser eliminadas, el padre Luis Espinal Camps, el diputado socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, el ex Presidente Walter Guevara Arce, el líder sindical Juan Lechín Oquendo, y el ex ministro Eduardo Pérez Iribarne. Igualmente se descubrió que prominentes dirigentes de la empresa privada participaron en la preparación del Golpe de Estado, que incluso financiaron, para luego beneficiarse con diversos contratos con el Estado.|36|
Cuando el Tribunal Permanente de los Pueblos contra la Impunidad de los Crímenes de Lesa Humanidad, a petición de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y otras ONGs bolivianas determinó realizar en Bolivia una Sesión, durante los días 17 al 19 de julio de 1990, para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por los últimos regímenes militares, el gobierno se negó a autorizar dicha Sesión, con el pretexto de que no hay que perturbar la paz. Incluso los congresistas oficialistas emitieron una Resolución, calificando como "delito" la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos, y se amenazó con deportar a los jueces instructores, si se atrevían a entrar a Bolivia, ya que, argumentaron, de acuerdo a la legislación vigente, sólo la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad para juzgar a dignatarios y ex dignatarios del Estado que hayan cometido delitos en el ejercicio de sus funciones.|37|
Las autoridades bolivianas se negaron a conceder visas de entrada a las personas que actuarían como jueces instructores del Tribunal, entre ellos el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel de Argentina, la abogada chilena Fabiola Letelier y el sacerdote colombiano Javier Giraldo. En vista de esta negativa, la Sesión se llevó a cabo en Bogotá, en abril de 1991, y condenó moralmente a los ex dictadores general Hugo Banzer Suárez, coronel Alberto Natusch Busch y general Luis García Meza, inhabilitándolos moralmente para participar nuevamente en instancias de gobierno de su país o de cualquier país del mundo, según comunicación del Secretariado del Tribunal Permanente de los Pueblos.
Luego de más de seis años de juicio, en 1992 el Poder Judicial de Bolivia logró condenar al general Luis García Meza, y a Luis Arce Gómez, a 30 años de prisión. Actualmente García Meza se encuentra en la prisión de Chonchocoro, en La Paz, luego de haber sido extraditado del Brasil. Otros cincuenta implicados también recibieron su condena.
Los abogados que representaron a la parte civil afectada por la dictadura de García Meza, manifestaron ante el Tribunal Supremo: "Estuvimos motivados por la búsqueda de la verdad desde el primer momento; y cuando en ese primer momento la principal defensa apareció siendo la mentira, nos volvimos incansables en esa búsqueda de la verdad... había que probar que se delinquió bárbaramente contra el país, desde el aparato mismo del Estado... a la notoria verdad histórica había que adjuntar la verdad jurídica".
Aunque el Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades fue una Comisión de la Verdad no creada por mandato legal, sino por imperativo ético de las fuerzas progresistas de la sociedad boliviana, su trabajo fue muy eficaz, logrando comprometer a la mayor parte de los organismos del país en la búsqueda de la verdad sobre esta etapa crítica de su historia. Sus integrantes trabajaron con la convicción de que "Ni el odio ni el menor atisbo de venganza han presidido nuestros actos en esta presencia acusatoria ininterrumpida de seis años y seis meses. Hemos creído que el daño que la dictadura le hizo al país fue inmenso, pero estamos convencidos, sobre todo, que la impunidad de esa dictadura sería un daño mucho mayor".
Rev. Jaime Wright, Pastor Presbiteriano.
Las investigaciones para conocer las violaciones a los derechos humanos de las últimas dictaduras (1964-1979) fueron dirigidas por miembros de la Arquidiócesis de Sao Paulo, de la Iglesia Católica. Alrededor de treinta personas vinculadas a la Arquidiócesis trabajaron por más de cinco años en el más absoluto secreto para obtener los documentos, analizarlos, comprobar la información, y procesarla de acuerdo a criterios fijados previamente.
La Investigación comenzó en agosto de 1979 y concluyó en marzo de 1985. En ese período se logró sistematizar informaciones contenidas en 707 expedientes de procesos llevados ante el Tribunal Militar Supremo. Por esto, una característica del Informe es que se basa, fundamentalmente, en documentos oficiales de los procesos judiciales llevados a cabo por los Tribunales militares contra activistas y opositores políticos.
El resultado del trabajo se difundió en volúmenes de mas de 5000 páginas, (Proyecto A) con el título Brasil Nunca Mais, que fue considerado como "Una radiografía inédita de la represión política y una anatomía de la resistencia". Una síntesis del Informe se publicó en forma de libro en Petrópolis, en el verano de 1985. Allí se reunió información sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los regímenes militares desde 1964 hasta 1979.
El libro Brasil Nunca Más, además de describir las formas crueles, degradantes, de los castigos y las torturas, presenta datos históricos sobre el origen de los regímenes militares, el desarrollo de los aparatos represivos, y la perversión del derecho penal, que favoreció el atropello de los derechos humanos.
Entre los colaboradores del Proyecto Brasil Nunca Más, el régimen militar eligió como víctima-símbolo, a Paulo Stuart Wright, hermano menor del pastor presbiteriano Jaime Wright, con cuyo secuestro y asesinato se quiso amedrentar a los activistas de derechos humanos asociados a la Arquidiócesis, para que abandonen sus denuncias y su acompañamiento a los familiares de las víctimas de la represión oficial. Si no se ha respetado al hermano de uno de los líderes de la lucha por los derechos humanos, menos se respetaría a los otros miembros de la comisión de la Arquidiócesis. Esa era la lógica para atemorizar y destruir a los grupos de solidaridad y de defensa de los derechos humanos.
El Informe Brasil Nunca Mais incluye testimonios acerca de la labor de agentes de la CIA de los Estados Unidos, como el oficial estadounidense Dan Mitrione, quien enseño los llamados "Métodos científicos para arrancar confesiones y obtener la verdad". De acuerdo a numerosas y documentadas denuncias, Dan Mitrione entrenó a cientos de agentes militares y policiales brasileños, utilizando en sus experimentos inicialmente niños y mendigos recogidos de las calles de Bello Horizonte.|38|
Igualmente Brasil Nunca Más describe las diversas técnicas de tortura empleadas por los militares y policías, el uso de insectos y animales como cobras y ratas, la aplicación de productos químicos sobre el cuerpo de los prisioneros, según fue corroborado por diversas víctimas. El Informe también presenta testimonios sobre torturas practicadas en menores de edad, así como en mujeres y gestantes, que sufrían violaciones sexuales.|39|
Brasil Nunca Más indica que en el periodo de 1964 a 1979 se registran 125 casos de ciudadanos desaparecidos por motivos políticos algunos de los cuales posteriormente a su detención por la policía fueron encontrados en cementerios, enterrados con nombres falsos. La lista completa de desaparecidos aparece en la página 291 al 293 de BNM. En la versión editada en forma de libro en 1985, no figuran las listas de militares y policías involucrados en las violaciones a los derechos humanos, que se incluyeron en la publicación global. Una lista de 444 agentes militares y policiales torturadores, que por razones estratégicas no fue incluida en las ediciones de Brasil Nunca Más, fue publicada por la Arquidiócesis de Sao Paulo en el Diario Folha de Sao Paulo y en el Jornal do Brasil, el 22 de noviembre de 1985.
En el Informe "Brasil Nunca Más" quedó expuesta la verdadera característica del Estado brasileño, en base a sentencias dictaminando torturas, castigos corporales, escarmientos en plazas públicas, secuestros, desapariciones, normas de tratamiento carcelario inhumanas, todo eso estaba registrado en los expedientes judiciales. Así, los mismos documentos oficiales proveían un testimonio irrefutable.
Después de publicarse los volúmenes del Informe Brasil Nunca Mais, las fuerzas armadas publicaron un furioso documento de respuesta, con el título Brasil Sempre, justificando su acción, llevada a cabo, según ellos, "para salvar a la patria del monstruo del comunismo y del caos interno". A diferencia de los informes en Argentina y Chile y El Salvador, en Brasil el Informe Nunca Más no presenta explícitamente recomendaciones ni formula peticiones directas para reformas en la policía y el Ejército. La brutal radiografía que se presenta de la violencia policial y militar habla por sí sola, de la necesidad de transformaciones en las estructuras del Estado. Brasil Nunca Más transmite la demanda de respeto a la memoria de los muertos: La ausencia de sepultura, que impide que los muertos sean 'venerados por sus familiares, lo cual, constituía una maldición bíblica aterradora. Por eso, se demanda la localización y entrega de los cuerpos de los desaparecidos a sus familiares, y la reivindicación de las víctimas: "Hasta cuando habrá, en Brasil, mujeres que no saben si son viudas, hijos que no saben si son huérfanos, criaturas humanas que esperan vanamente en puertas implacablemente trancadas, de un Brasil que juzgábamos ingenuamente, exento de tantas crueldades".|40|
En 1984, la Assembleia legislativa del Estado do Río Grande do Sul, publicó un Informe del Comité Brasileño por la Amnistía, en el cual indicó que "Pasados mas de quince años de dictadura militar, el número de muertos y desaparecidos suman más de trescientos, y ese número tiende a aumentar porque el aparato represivo continúa intacto y activo".|41| En 1995, el gobierno brasileño aprobó el DL 869/95 con el propósito de otorgar una reparación económica a los familiares de 136 personas desaparecidas durante las dictaduras militares. La Ley encarga otorgar una reparación económica de hasta US$ 150,000 a cada familia de las personas asesinadas o desaparecidas que reconoce el gobierno.|42|
Pero los familiares de los desaparecidos, y de las otras víctimas siguen demandando el esclarecimiento de la verdad de lo que paso con sus seres queridos y el castigo a los responsables. Juntamente con el Movimiento Tortura Nunca Mais, los familiares de las víctimas publicaron a fines de 1995 el libro "Dossie Dos Mortos e Desaparecidos Politicos a partir de 1964".|43| Los fantasmas del pasado tortuoso en el Brasil siguen esperando su liberación.
El largo periodo de gobierno del general Alfredo Stroessner marcó a la sociedad paraguaya con el signo del terror. "El miedo que genera nuestro sistema político es tan cierto y evidente que no se necesitan estudios muy sutiles ni gran aparato científico para demostrarlo", afirmaba en 1974 el sacerdote Ramón Juste. Agregaba que "el mero intento de decir o escribir públicamente algo que pueda ser interpretado como critica al sistema es ya un síntoma de gran audacia y aún a veces de temeridad suicida".|44|
Stroessner se jactaba públicamente que había convertido a su país en la nación más anticomunista de todo el mundo. Con esa visión trataba de eliminar a los opositores políticos, mediante la tortura, el secuestro, la desaparición y el asesinato impune. El mismo se esforzó por convertir a Paraguay en un santuario para los activistas anticomunistas de diversas partes del mundo. Allí centralizo sus archivos el sistema de terrorismo de estado de los países del cono sur de América, bajo el nombre de "Operación Cóndor".|45|
En Paraguay, las violaciones a los derechos humanos afectaron también a cientos de extranjeros que escapaban de persecuciones en Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y Uruguay. En recompensa, la dictadura argentina, durante su guerra sucia, desapareció a 54 ciudadanos paraguayos que se encontraban en la capital federal, Buenos Aires, donde querían protegerse de la represión en su país.|46|
Ya en setiembre de 1976, la Liga Internacional por los Derechos Humanos difundió una lista de 203 prisioneros políticos en las cárceles de Paraguay, algunos de los cuales llevaban más de 18 años encarcelados. La lista incluía casos de presos que murieron en las prisiones.|47|
En junio de 1990, el Tribunal Permanente de los Pueblos, TPP, aseguró que Paraguay, desde 1954 hasta el 3 de febrero de 1989 fue gobernado por una feroz dictadura que violó sistemática y gravemente los derechos humanos fundamentales, así como los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo paraguayo." Cuando los organismos no gubernamentales empezaron a difundir informes sobre la represión de la dictadura, durante la Sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos, se confirmó que el "stronismo", una forma moderna del despotismo, contó con un poder absoluto en el país, y estableció una "mafia" en el poder, a favor de un restringido grupo oligárquico. Esta "mafia", conformada por funcionarios públicos, ha obrado bajo la dictadura considerándose por encima de las leyes, como si las leyes fuesen válidas solo para los ciudadanos comunes y no para las personas investidas de funciones públicas.
Desde su creación en 1976, el Comité de Iglesias paras Ayudas de Emergencia, CIPAE, con el apoyo de varios organismos internacionales desarrollo un sistemático proceso de registro y documentación de los hechos de violencia en el país. Como varias sedes religiosas habían sufrido allanamientos por parte de las fuerzas de seguridad, el CIPAE, desde su origen, tomó la precaución de proteger la mayor parte de los archivos en casas de seguridad, sacar copias dobles, y aún microfilmar la documentación. Aquí vale un reconocimiento profundo al reverendo Charles Harper, del Consejo Mundial de Iglesias en Ginebra, quien dio su apoyo total a la labor desarrollada por el CIPAE.
El CIPAE en 1984 encargó a sus colaboradores, sistematizar la información sobre la violencia y sus efectos en Paraguay. Había mucho temor de que las fuerzas represivas intentaran silenciar completamente a los organismos de derechos humanos. Por eso, hubo muchas dificultades para acceder a las fuentes documentales básicas, ya que el miedo paralizaba a los familiares de las víctimas.
El resultado de las investigaciones fue publicado a partir de mayo de 1990 en una serie de cuatro tomos bajo el título general de "Paraguay: Nunca Más", donde se registran numerosos hechos de violación de los derechos humanos durante la dictadura de Stroessner. En el Tomo I de Paraguay Nunca Más, se indica que, 360 mil personas, de un total de tres millones de habitantes, pasaron por las cárceles de Stroessner. Igualmente estima en 1 millón y medio el número de paraguayos obligados a salir al exilio. |48|
En "Paraguay Nunca Más" se documenta minuciosamente el respaldo que le dio el gobierno de los EE.UU. al gobierno golpista al que reconoció formalmente nueve días después de la deposición del gobierno constitucional. En agradecimiento, el gobierno del general Alfredo Stroessner, se ofrecerá permanentemente al gobierno de EE.UU. como un aliado, dentro de la "Guerra Fría", para combatir al comunismo. Igualmente se documenta las diversas formas de Violación de la Constitución Política del Estado, con la declaratoria permanente del "Estado de Sitio", la suspensión de las garantías personales, el acoso a los disidentes políticos, la censura a los medios de comunicación, y la creación de una legislación antisubversiva que facultaba las detenciones arbitrarias y la tortura.
Otro trabajo de documentación de las violaciones a los derechos humanos en el gobierno de Stroessner fue producido por la Iglesia Católica de Misiones, con el título Koága Roneeta (Ahora hablaremos), Testimonio Campesino de la represión en Misiones, 1976-1978.
En este libro se expone la brutalidad policial y militar contra cientos de activistas de las Ligas Agrarias Cristianas y de la Juventud Agraria Cristiana, entre otras organizaciones de base, ya que el régimen de Stroessner consideraba que la Iglesia estaba infiltrada de comunistas. Igualmente se explica cómo los torturadores actuaron en Paraguay con mucha fiereza y sadismo, y que incluso había especialistas en cada tipo de tortura. Además de describir muchos caso de torturas y asesinatos de dirigentes campesinos, el libro intenta identificar a cientos de personas que colaboraron con la represión, como jueces, alcaldes, intendentes, entre otros. Como en los otros países del continente, muchos de estos personajes que cooperaron con los torturadores, y represores, más tarde, al conquistarse la democracia, seguirían usufructuando el poder.
Pese a las promesas oficiales de democratizares Estado, se constata que las estructuras administrativas, policiales y jurídicas han permanecido inalterables. Todavía se mantiene la herencia stronista de: Los enormes poderes del Presidente, la falta de independencia del Poder Judicial, la presencia masiva de personal de la dictadura en los altos niveles del Estado, la inercia en los organismos de fiscalización, la negación de justicia a las familias de las víctimas. Por eso, de los cientos de casos denunciados, solo 16 merecieron atención del Poder Judicial, que abrió procesos investigatorios, que han continuado con mucha lentitud.
Stroessner fue derrocado por un Golpe de Estado el 2 de febrero de 1989, y a partir de esa fecha, aumentaron las denuncias de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante su largo período de gobierno. El 24 de setiembre de 1989 las FF.AA. en pleno, hicieron público su Pronunciamiento Institucional, en el cual afirmaron, que "Las Fuerzas Armadas siempre han desempeñado un papel protagónico en la historia nacional, y que, se identifican plenamente con la proclama de su Comandante en Jefe, de "restaurar la dignidad de la nación, y contribuir con su esfuerzo a la instauración de la democracia en nuestro país".
Las FF.AA. agregaron que "El bien de un Paraguay moderno y democrático, es imposible de alcanzar con el esfuerzo de unos pocos". Enseguida, proclamaron que, "celosa de la estabilidad política del país y del bienestar de todos sus habitantes, observan con preocupación que en algunos sectores de la sociedad se interprete equivocadamente el concepto de democracia, que permite el libre ejercicio de los derechos, pero dentro del marco de la Ley y el respeto a las autoridades. Concluyeron su Pronunciamiento aclarando que "Sólo cumpliendo las normas de convivencia social, avaladas por el respeto a los derechos humanos, se podrá llegar a la Consecución de los fines e ideales de una verdadera democracia."|49|
A fines de 1993 se descubrió en Paraguay, de manera casual, los archivos del sistema represivo de los gobiernos del cono sur de América, que fueron calificados como "Los archivos del Terror". Allí se encontró abundante documentación que explica cientos y hasta miles de casos de exiliados y detenidos políticos argentinos, uruguayos, bolivianos, paraguayos, chilenos, brasileños y paraguayos, muchos de los cuales desaparecieron a manos de los servicios de seguridad de esos países.
En Paraguay los organismos de derechos humanos siguen demandando una rigurosa investigación sobre las violaciones a los derechos humanos de los últimos años.
1. La ineficacia del Poder Judicial para aplicar las leyes e imponer la justicia ante las violaciones a los derechos humanos exige la existencia de Comisiones de la Verdad.
2. Las Comisiones de la Verdad en América Latina muestran diferentes procesos de organización, desarrollo, y aportación democrática.
3. Los esfuerzos de las Comisiones de la Verdad contribuyen relativamente a la pacificación nacional, al revelar la historia oculta de la violencia, y abrir la posibilidad de sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
4. Cuando la investigación de las Comisiones de la Verdad no conduce a sancionar a los violadores de los derechos humanos, se convierte en un mecanismo de impunidad, un recurso oficial para superar el pasado sin curar las heridas.
5. Para que una Comisión de la Verdad tenga éxito, además de la participación de los organismos de derechos humanos, se requiere un amplio movimiento de apoyo popular, en el cual las organizaciones políticas, religiosas, académicas, sindicales, campesinas y otras unan sus esfuerzos. La búsqueda de la verdad tiene más posibilidades restauradoras en la sociedad cuando forma parte de un esfuerzo abierto de pacificación nacional que compromete a la mayoría de la población.
6. Las Comisiones de la verdad tienen mas probabilidades de llegar al conocimiento pleno de la verdad cuando actúan en el período inmediatamente posterior a la finalización de la crisis de violencia.
7. Las investigaciones encargadas en medio del proceso de violencia tienden a ser parciales e incompletas, por el peligro que conlleva identificar y señalar públicamente a los culpables de violaciones a los derechos humanos.
8. Las comisiones independientes tienen más probabilidades de llegar al conocimiento de la verdad que aquellas integradas por personas que forman parte de gobiernos acusados de cometer las violaciones a los derechos humanos.
9. Las investigaciones globales de los sucesos de toda la etapa de violencia y las medidas de reparación tienen un impacto restaurador de la paz social mayor que las investigaciones y las soluciones parciales.
Notas finales:
1. Se sumaron a la lista dictadores que incluía, entre otros, a Rafael Leonidas Trujillo, en
República
Dominicana; Pérez Jiménez en Venezulela, y Fulgencio Batista, en Cuba.
2. El superministro de Economía del régimen militar argentino, José Alfredo Martínez de Hoz, aseguró en su libro "Bases para un Argentina Moderna", que los cimientos de su política económica se basaban en "la liberalización de la economía y en la modernización del sistema productivo". (Diario El País, Madrid, 6 de enero de 1982).
3."El fracaso internacional de la Seguridad Nacional". Documentos del III Foro de los Derechos Humanos, Bogotá, 1983. Editorial Colombia Nueva, pág. 8.
4. Horacio Verbitsky, "La Posguerra Sucia",Ed. Legasa, Bs.As., 1985, pág. 25
5. Luis Pérez Aguirre, "El Uruguay Impune y la memoria social", pág. 31. Tribunal Permanente de los Pueblos. Sesión Uruguay. Abril 1990. Montevideo, Uruguay.
6. Carlos Chipoco, "El derecho a la verdad". En Paz, N 28. Págs. 83 al 106, Lima, marzo de 1994. Chipoco comenta el desarrollo de esta teoría en los casos de Argentina, Chile y El Salvador.
7. "La reparación por parte del Estado hacia las víctimas de la Tortura". Carlos Madariaga, en Reflexión, Cintras, año 7, N 22, diciembre de 1994, págs. 9 al 11.
8. En Perú, con el gobierno del presidente Fujimori este sometimiento del poder judicial al poder ejecutivo en 1995 con las leyes de Amnistía a los militares violadores de los derechos humanos. Ley N 26479, llegó a extremos desconocidos en latinoamérica.
9. Boletín CAJ N 13, Lima, diciembre de 1986.
10. AI: AMR 53/01/94/s AU 04/94. Londres.
11. Horacio Verbitsky, "La posguerra sucia", Ed. Legasa, Bs.As., 1985, pág. 30, 1985. El "Documentos Final" de las FF.AA. Fue publicado íntegramente en DIAL N 83, Barcelona, 20 de mayo de 1983, págs. 1 al 8.
12. CONADEP, "Nunca Más", pág. 254.
13. Horacio Verbitsky, "El vuelo", Ed. Seix Barral, Barcelona, 1995, pág. 21
14. Ibid. Pág. 38. Hasta la fecha las Madres de Plaza de Mayo, en manifestaciones frente a la catedral de Buenos Aires, siguen pidiendo la separación de los sacerdotes católicos que apoyaron a los torturadores.
15. Ibid. Pág. 38. Hasta la fecha las Madres de Plaza de Mayo, en manifestaciones frente a la catedral de Buenos Aires, siguen pidiendo la separación de los sacerdotes católicos que apoyaron a los torturadores.
16. Dirección de Inteligencia Nacional. La DINA fue la cabeza y el corazón del sistema represivo pinochetista. Sus terroríficas acciones traspasaron las fronteras chilenas y causaron víctimas en EE.UU. (Orlando Letelier), Argentina (Gral. Carlos Prats), Italia (Bernardo Leighton), Paraguay y en otros países.
17. Lo que sigue está basado en el informe "De la Locura a la Esperanza" de la Comisión de la Verdad para el Salvador.
18. Por su propia iniciativa los poderes Judicial y Ejecutivo raras veces intentaron esclarecer las violaciones a los derechos humanos. Tanto el Presidente de la Corte Suprema, como los encargados de la Fiscalía de la Nación, en los últimos 15 años, obraron más bien, para impedir el esclarecimiento de los delitos denunciados por los organismos de derechos humanos.
19. Por su propia iniciativa los poderes Judicial y Ejecutivo raras veces intentaron esclarecer las violaciones a los derechos humanos. Tanto el Presidente de la Corte Suprema, como los encargados de la Fiscalía de la Nación, en los últimos 15 años, obraron más bien, para impedir el esclarecimiento de los delitos denunciados por los organismos de derechos humanos.
20. Mario Castro Arenas, "Uchuraccay en la Historia", Memoria Anual 1993 del Colegio de Periodistas del Perú, Lima, pág. 18
21. A pesar de esto, la Comisión Investigadora, muy pomposamente en su Informe indica que "desea destacar el hecho, de gran significación democrática, de que, acaso por primera vez en la historia de la República, civiles y militares, miembros del Gobierno y de la oposición, funcionarios y simples particulares, aceptan comparecer ante una Comisión Independiente..."
22. Revista "Oiga", "Informe sobre Uchuraccay", texto completo, Lima, Perú, 7 de marzo de 1983, pág. 25 a 36.
23. Revista "Oiga", Lima, Perú, 7 de marzo de 1983, págs. 25 a 36.
24. Revista "SI", "Las versiones de Uchuraccay", Lima, Perú, 16 de marzo de 1987, pág. 75
25. La Revista "Caretas" informó, que cuando el Fiscal de la Nación, Gonzalo Ortiz de Zevallos, intentó viajar hacia Uchuraccay para investigar la masacre, el Presidente de la República le pidió quedarse en Lima un día más, para asistir al acto de instalación de la Comisión Investigadora. El tiempo pérdido en ese acto protocolar era suficiente para destruir muchas huellas del crimen. "Qué pasó en Uchuraccay?", Revista "Caretas", Lima, Perú, 7 de febrero de 1983, pág. 15.
26. El decano de los periódistas, Mario Castro Arenas, calificó como "sospechoso" el asesinato de varios comuneros de Uchuraccay, como Celestino Ccente, Silvio Chávez y Marcía Gálvez de Gavilán, ocurridos en los cuatro meses posteriores a la masacre. "El Diario", Lima, 5 de junio de 1983, pág. 4 "Muerte de mujer de Gavilán produce estupor e indignación".
27. Carlos Chipoco Cáceda, Francisco Eguiguren Praeli y Miguel Talavera Rospigliosi. "Los Sucesos de los Penales: Nueva abdicación de la autoridad democrática. Un enfoque jurídico". Instituto de Defensa Legal, Lima, septiembre de 1986. Como puede verse, el IDL se adelantó así en dos años a la Comisión Investigadora del Congreso, que trabajó con mucha lentitud debido a las maniobras de los representantes oficialistas.
28. Esta conducta también sería típica de los otros congresistas oficialistas en los años siguientes, como fue el caso de Gilberto Siura, de Cambio 90, con sus insólitas versiones sobre el Caso La Cantuta, en el período de Fujimori.
29. Rolando Armes et al. "Perú 1986: Informe al Congreso sobre los sucesos de los Penales.", Lima, febrero de 1988, págs. 289 a 305.
30. Comisión Andina de Juristas, "Informativo Andino", N 98, "El caso Neira Alegría y otros, contra el Estado Peruano" por la masacre de El Frontón, pág. 5, Lima, 30 de enero de 1995.
31. "El golpe militar de Banzer fue dirigido por el imperialismo norteamericano, con la participación de agentes de la dictadura militar brasileña y por supuestos de la burguesía local, muy especialmente por los grupos de origen alemán". José Oruro, "Sociedad y Política", Lima, noviembre de 1980, pág. 38.
32. Latinamerica Press, London 31 de marzo de 1983, pág. 2 Vol 15, N 1
33. El equipo principal de trabajo estuvo integrado por: Juan del Granado Cosío, Freddy Padilla Ledesma, Julio César Sandoval, José Padilla Ledesma, Julio César Sandoval, José Luis Gutiérrez Sardán, Miguel Angel Virrueta. Todos representantes de los principales organismos acusadores.
34. "Justicia y Dignidad", APDHB, Sucre, 1992, pág. 12
35. "Justicia y Dignidad", pág. 78 El acta del compromiso de Altmann con las FF.AA. de Bolivia dice lo siguiente: 1) Yo, Klaus Altmann Hansen me comprometo a prestar servicios de orden incondicional con el Ejército de Bolivia dentro de la especialidad de inteligencia. 2) Asimismo me comprometo a participar directamente en planteamiento y operaciones que requiera el Ejército de Bolivia y donde se requiera mi participación activa. 3) Me comprometo guardar la reserva en cuanto realice, exista, conozca o participe, poniendo como garantía mi vida. 4) Yo, Cnl. Daen Luis Arce Gómez a nombre del Ejército Nacional con las atribuciones que me competen, otorgo con venia de la Superioridad el grado de Tcnl. Honorífico al señor Klaus Altmann Hansen".
36. Ibid. pág. 39
37. Tribunal Permanente de los Pueblos, "Proceso a la Impunidad de Crímenes de Lesa Humanidad en América Latina, 1989-1991", Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, Sección Colombiana, Bogotá, junio de 1991, 543 págs. Págs 281 y 283.
38. Arquidiócesis de Sao Paulo, "Brasil Nunca Más", pág. 32
39. Ibid., págs. 43 a 50.
40."Brasil Nunca Más", Arquidiócesis de Sao Paulo, pág. 272
41. "Dossie Dos Mortos e Desaparecidos", Documento do Comité Brasileiro pela Anistia, Seccao de Rio Grande do Sul, Estado de Rio Grande do Sul, 1984, Assembleia Legislativa, pág. 13. En el informe se presentan los casos de 6 brasileños desaparecidos en Argentina y cinco en Chile, en 1973.
42. CENCOS, 140. México D.F., septiembre de 1995, pág. 26.
43. Vea el excelente comentario que expone sobre este libro el Reverendo Heinz Dressel, en las páginas de memoria.
44. Revista "Acción", pág. 21 a 24, octubre de 1974, Asunción, Paraguay.
45. Presento mayor información sobre este sistema represivo internacional durante las décadas de los 70 y 80 en mi artículo "La operación Cóndor: El terrorismo de Estado de alcance transnacional", en "Memoria" N 5, Dokumentations und Informationszentrum Menschenrechte in Lateinamerika, Nürnberg, 1993, págs. 38 a
46. La lista completa de estos paraguayos desaparecidos en Argentina fue publicada por el Consejo Mundial de Iglesias, en su informe "The Human Rights situation in Paraguay", Febrero de 1988, Ginebra, pág. 14
47. Dr. Ben S. Stephansky y Professor Robert J. Alexander, "Report of Commission of Enquiry into Human Rights in Paraguay of the International League for Human Rights", September 1976, págs. 35 a 38.
48. CIPAE, "Paraguay Nunca Más", Pág. 212
49. "Acción", pág. 9, N 100, octubre de 1989, "Síntesis del pronunciamiento de las FF.AA.."
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