El TPI un avance de los derechos humanos frente al poder hegemónico de las grandes potencias.
Por Goyo Dionis
El final de la Conferencia Diplomática de Roma sobre el estatuto definitivo del TPI ha producido una serie de comentarios que van desde el asombro de aquellos que no se podían creer que Estados Unidos se hubiera quedado aislado. El pesimismo de aquellos que faltos de una información específica, sólo ven lo estrictamente negativo y ya, por último, la del propio Jesse Helms que el pasado 4 de agosto públicó un artículo en el Financial Times que no deja ninguna duda sobre su postura.
La postura pública de Jesse Helms, verdadero artífice de la política de USA sobre el TPI y "Chairman" de la comisión de exteriores del Senado norteamericano, no deja lingüísticamente ninguna duda. Utiliza una expresión que sólo se puede traducir como "hay que descuartizar el TPI". Para el viejo jefe de operaciones clandestinas de la CIA y antiguo agente, el TPI viene a presentar un "enorme peligro para la política exterior norteamericana" y no basta con haber votado en contra, sino que hay que desmantelarlo.
Esta postura tiene algo de razón, si bien el TPI no podrá juzgar los delitos que se han cometido antes de su fundación, con lo que deja una margen de "años de impunidad" esta claro que su jurisdicción internacional queda reconocida y el Consejo de Seguridad ve limitada sus funciones por primera vez desde la fundación de la ONU.
Por primera vez se definen los delitos "graves contra los derechos humanos" en una convención internacional, se reconoce que el tribunal tendrá que aplicar las convenciones internacionales de derechos humanos en sus sentencias. Da posiblidad al fiscal de investigar por su cuenta ante denuncias de organismos de derechos humanos y permite que los familiares de las víctimas estén representados en los casos.
El Women's Caucus se enfrentó a los países árabes en el diseño de las cuestiones de género. La violación, el embarazo forzoso y la esclavitud sexual se tipifican como crímenes de guerra y crñimenes contra la humanidad. Como contrapartida, los Estados árabes habían conseguido que la definición de género fuera diferente de la contemplada en la Declaración de Beijing y otros documentos de las Naciones Unidas. Aparece ahora recogida de la siguiente manera: "dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad".
A pesar de la rocambolesca fórmula ("opt out") que permite a los estados escapar durante siete años a la aplicación del derecho humanitario por delitos de guerra, cuando el delito es comitdo por un nacional, se en el estatuto por primera vez una jurisdicción automática para este tipo de delitos que, las grandes potencias, venían evitando desde 1890.
Deja abierta, además, la puerta para juzgar los delitos de "agresión". Es el propio Jesse Helms en su artículo el que demuestra la verdadera cuestión que se esconde detrás de este delito. Según el senador norteamericano, eso podría significar que soldados norteamericanos se verían ante el tribunal en el caso de la invasión de Granada o del bombardeo de Panamá.
Esto le parece insoportable a Helms y es precisamente una de las cuestiones que traerán más problemas a largo plazo y que significa, de hecho, uno de los problemas a tener en cuenta por la OTAN ante la cuestión de Kosovo y que ha retrasado toda la política militar de la Alianza: sin acuerdo de la ONU podría incurrirse en el delito de agresión.
La preocupación se centrará pues en el hecho de que si los EE.UU. no ratifican la CPI, ¿podrán verse arrestados y procesados por la CPI los soldados americanos que están operando en un país extranjero? La respuesta es positiva: basta con que cometan los crímenes recogidos en el Estatuto y que el caso recaiga en el complejo entramado jurisdiccional estipulado en el Estatuto.
Esto es lo que trato de evitar David Scheffer, el representante de los Estados Unidos, que repitió los argumentos que, al cabo de cinco semanas que duró la conferencia de Roma, se habían convertido en familiares. Básicamente planteaba que la opción del "opt out" para crímenes de guerra durante siete años, se quedaba corta, postulando por una disposición similar para los crímenes contra la humanidad. Manifestó asimismo que el carácter independiente del Fiscal o la Fiscal y la posibilidad de que reciba información de las ONG podría desbordar su trabajo. Pero el más ferviente de sus argumentos estaba relacionado con el hecho de que la Corte pudiera ejercer su jurisdicción sobre Estados no parte en el Tratado, posibilidad que, a su juicio, constituiría una violación fundamental del principio de que ningún Estado puede quedar obligado por un tratado al que no se ha adherido. El hecho de que un Estado no parte pueda ver procesado a un connacional del mismo si el Estado en cuyo territorio el crimen ha sido cometido no tiene objeción, es inaceptable según Scheffer, ya que se estaría penalizando a Estados que no han ratificado el Tratado.
Claro que también el TPI tiene puntos oscuros y que costará años poner en funcionamiento. Pero no menos de 25 años ha costado llegar a una serie de convenciones internacionales de derechos humanos que, en la mayoría de los estados occidentales, son ley interna y, sin embargo, no se aplican e incluso se discute su aplicación.
El verdadero triunfo ha sido el de los activistas y organismos de derechos humanos norteamericanos, europeos, latinoamericanos, africanos y asiáticos que han conseguido, por primera vez en una conferencia de este tipo, montar una coordinación (un lobby, dirían los norteamericanos) que ha obligado a muchos gobiernos a cambiar su voto ante la presión y difusión de sus propias posturas. Más de 800 organismos de todo el mundo rompieron con el discurso de que este tribunal sólo importaba al Norte y que los activistas de derechos humanos del norte no cuentan con el apoyo de sus hermanos del sur.
Muchas cancillerías vieron con asombro que esta coordinación existía, que por primera vez las redes de información vía Internet fueron capaces de coordinar a miles de activistas y organismo a lo largo y ancho del globo y de dar una información precisa, oportuna y eficaz que rompió el silencio informativo de las grandes agencias de prensa y de los medios de masas que ocultaron esta conferencia basados en la falta de interés. A través de cuatro canales (todos en inglés por desgracia) se informó día a día de todo lo que pasaba en Roma y de la postura de cada país.
Esto mismo le pasó al Ministerio de Asuntos Exteriores español que en menos de un mes tuvo que retroceder sobre su posición, idéntica a la postura norteamericana como se vio después, ante el hecho evidente de que el norte de Europa no apostaba por esa postura y de que la transparencia informativa de los organismos de derechos humanos dejaba su postura al descubierto. El trabajo silencioso y constante de la Secretaría de Derechos Humanos de IU facilitó este hecho tanto en el Parlamento Europeo a través de los eurodiputados, como del Parlamento Nacional dónde el Gobierno, ante una proposición no de ley del diputado de IU, Pepe Navas, se vió obligado a cambiar radicalmente la postura que había explicado reservadamente a un grupo elegido de organismos de derechos humanos.
La otra cuestión es que pasa con los "años de impunidad" que quedan hacia atrás. ¿La existencia del tribunal los relegará al baúl de los malos recuerdos? No parece ser así si somos capaces de llevar adelante la jurisdicción penal internacional, como está planteada en los casos de los españoles desaparecidos en Argentina y Chile y si conseguimos que las convenciones internacionales de derechos humanos, base del derecho internacional de derechos humanos se apliquen con toda la fuerza del derecho, en ese espacio penal europeo que los ministros del interior han querido convertir en una "estado de excepción encubierto".
La lucha por la aplicación universal de los derechos humanos ha logrado convertirse en un discurso autónomo de un gran poder de convencimiento por su racionalidad política y ética. Es muy difícil no entender que algo ha cambiado cuando se lee el enorme enojo de Jesse Helms, uno de los obreros de la guerra fría, de la dialéctica de amigo-enemigo y de los grupos encubiertos de represión. Para él no cabe duda: Estados Unidos tiene por primera vez una limitación a su política exterior de gran gendarme del mundo.
Como dijo el presidente canadiense, Philippe Kirsch, de la Conferencia, la pregunta es si Estados Unidos tomará con displicencia a este Tribunal o tomará una política de agresividad diplomática y jurídica.
La diplomacia española, encabezada vergonzosamente por el embajador Yáñez, ni siquiera se hizo la pregunta. Ellos partían de que la postura de Estados Unidos iba a triunfar una vez más, despreciaron el trabajo de los parlamentarios europeos y ocultaron la resolución que esta institución había votado por unanimidad y rechazaron la presión de los activistas de derechos humanos. Es más, según informaron a un grupo de ongs elegidas por el ministerio y que salvo (Amnistía Internacional) ninguna había realizado un trabajo de campo sobre el TPI, el embajador Yañez pretendía convertirse en el intermediario negociador entre las posiciones enfrentadas con los Estados Unidos.
Por suerte el Parlamento fue capaz de hacer frente a la situación y obligar, en plena conferencia, a adop tar una postura acorde con la voluntad popular y debido a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y que consitia en presentar como proposición no de ley la resolución del Parlamento Europeo que era mucho más progresista que la postura oficial del embajador Yañez.
Pero esta vez alguien del gobierno del PP se dió cuenta de la enajenada postura de la delegación diplomática y, después de pedir un cuarto intermedio en la Comisión de Asuntos Exteriores de las Cortes, decidieron presentar una proposición que era la suma de las posturas que estaban triunfando en Roma. Los organismos y activistas de derechos humanos comprometidos en el tema sabíamos lo que había derrotado a los inteligentes estrategas del Ministerio de Exteriores: había 113 países que votaban por estas tesis y había un acuerdo dejar sólos a los Estados Unidos si mantenían su intransigente postura.
Madrid, 3 de septiembre de 1998
Gregorio Dionis es Director del Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa (Bélgica) y colaborador de la Secretaría de Derechos Humanos de IU Federal. Este artículo fue publicado en el número 85 de noviembre de 1998 de la revista Mundo Obrero de Madrid, España.
Tribunal Penal Internacional
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