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Nacionalización del Paramilitarismo en la Zona Séptima
Capítulo IV 1996-1998
Contexto
A la violencia militar / paramilitar de las décadas anteriores, con evidentes objetivos de exterminio de la oposición política y de los movimientos populares, se sumaría otra dimensión durante el gobierno de Samper Pizano (1994-1998): la represión brutal contra los eslabones más débiles de las cadenas de producción y comercialización de drogas alucinógenas.
Como se analizó ampliamente en la Introducción, la política antidrogas de los gobiernos estadounidenses de las últimas dos décadas está llena de incoherencias, contradicciones y agendas ocultas. Queda claro que el eje de esa política es la represión a las actividades de producción que tengan lugar en otros países y que el objetivo no es ciertamente la disminución del consumo en el mismo territorio de los Estados Unidos. Está claramente probado que la represión a la producción "ad extra" lo único que produce es aumentos exorbitantes en los precios de la droga y que esos aumentos no revierten en disminución alguna del consumo sino en flujos enormes de dinero a los sectores financieros norteamericanos. Pero, fuera de los beneficios económicos objetivos, el afán de diseñar su "política antidrogas" hacia afuera y no hacia adentro, a pesar de la ineficacia comprobada de ese enfoque, revela que hay objetivos ocultos o inconfesos en su política internacional. Estos han sido revelados por sus mismas comisiones parlamentarias y ex agentes de sus Fuerzas Especiales que actúan en otros países: se trata es de intervenir en la política interna de los otros países y de orientar e impulsar las actividades militares y paramilitares para reprimir determinadas corrientes ideológicas o políticas.
El gobierno de Ernesto Samper Pizano no demostró en sus primeros momentos la suficiente sumisión a las directrices norteamericanas de represión a la droga. Por ello desde el segundo mes de su gobierno el director de la DEA en Bogotá produjo un escándalo con su renuncia, precedida de una rueda de prensa en que revelaba que la campaña de Samper había sido financiada con dineros del Cartel de Cali y calificaba al nuevo gobierno como una "narcodemocracia". Desde ese momento el gobierno de Samper entraría en crisis y estaría durante los 4 años al borde del colapso, debiendo enfrentar hasta un juicio en el Parlamento. Todo esto to presionó para diseñar una política represiva de los cultivos ilícitos, dentro de las estrategias para recuperar su imagen, pero dirigida a golpear primordialmente a los sectores más débiles de la economía de la droga. De allí que a las formas de brutalidad policial, militar y paramilitar contra movimientos populares, se sumarían las brutalidades contra los pequeños cultivadores y procesadores de coca, sin ninguna contemplación por el problema social que detrás de todo esto se asomaba.
Pero el gobierno de Samper se caracterizó también por dar nuevas alas al paramilitarismo. Desde antes de tomar posesión, su jefe de campaña, Fernando Botero, designado como Ministro de Defensa, había recurrido a los servicios de asesoría de un amigo personal peruano, quien había diseñado la política paramilitar de Fujimori, mediante la cual se involucraba forzadamente al campesinado en la "Rondas Campesinas de Defensa", como cuerpo auxiliar del Ejército para combatir a la insurgencia. Con dicha asesoría, el Ministro Botero diseñó las "Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural", llamadas abreviadamente "CONVIVIR". En Comunicado emitido por la Presidencia de la República el 13 de diciembre de 1994, las caracterizaba como fuerzas "defensivas" contrainsurgentes, dotadas de armas por el Ejército y financiadas conjuntamente por el gobierno y el sector privado. Así, el paramilitarismo que había sido ilegalizado por sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 25 de mayo de 1989, volvía a la legalidad bajo Samper. Este nuevo impulso estimuló a los paramilitares a reorganizarse. A comienzos de 1995 se tuvo la PRIMERA CUMBRE DE AUTODEFENSAS DE COLOMBIA, que lanzó una ofensiva para controlar las diversas regiones del país. Como líder de esta estructura NACIONAL fue "reconocido" Carlos Castaño Gil, hasta entonces cabeza de una estructura paramilitar regional ("Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá") pero que ya actuaba en muchas otras regiones. Su presencia en la Zona 7 se hace sentir muy pronto, asimilando como parte de su estructura la que en toda la década anterior habían creado Gonzalo Rodríguez Gacha y Víctor Carranza Niño. Las masacres que tuvieron lugar a finales de los noventas en la zona limítrofe entre Meta y Guaviare serían la más estrepitosa confirmación de su presencia.
2. "La Guerra contra los Cocaleros"
En 1994 el gobierno nacional inició una campaña de fumigación de cultivos en vastas regiones del país, entre ellas el departamento del Guaviare. Como consecuencia de los efectos producidos por la acción de erradica ción de cultivos ilícitos, en los primeros días de diciembre del 94 los campesinos del Guaviare iniciaron una movilización que se prolongó hasta el día 15, y tenía como objetivo protestar por las fumigaciones indiscriminadas con glifosato que afectaban no solo los cultivos ilícitos de coca y amapola, sino también los cultivos de alimentos y el ecosistema en general.
Los campesinos protestaron también por et abandono del Estado hacia esta apartada región, pues no contaban con carreteras para sacar sus productos al mercado, tampoco con centros educativos ni hospitalarios, ni con servicios de acueducto y energía eléctrica. En el marco de esta jornada de protesta fue asesinado el 5 de diciembre por varios hombres arma dos, en el municipio de El Retorno, Albeiro de Jesús Apango Buitrago, uno de los activistas del paro cívico.
Finalmente el paro fue levantado y los campesinos retornaron a sus actividades. Sin embargo, las fumigaciones continuaron sin discriminación de tipos de cultivos y simultáneamente se incrementaron los efectivos militares, que además de la Policía Antinarcóticos, comprendía el Batallón Joaquín París, de la Brigada VII, la Brigada Móvil Nº 1 (que se hizo presente en 1996) y la Brigada Móvil Nº 2 (posteriormente).
El 17 de abril de 1996 el gobierno nacional estableció las llamadas "Zonas Especiales de Orden Público" como mecanismo para limitar las movilizaciones, controlar la permanencia de las personas en determina dos sitios, prohibir el porte de armas y hacer prevalecer la función militar sobre la civil de las autoridades departamentales y municipales, al designarse un mando militar o policial como "comandante único", encargado de liderar las acciones de la fuerza pública (1) en aquellas regiones donde estuviere turbado el orden público.
Efectivamente, esta medida se puso en práctica en muchas zonas del país, entre ellas los departamentos de Guaviare, Vaupés, Vichada, Meta y Caquetá, luego de la petición formulada al Presidente Samper por el Comandante de la IV División del Ejército con sede en Villavicencio, en razón de lo cual se expidió el decreto 0871 del 13 de mayo de 1996.
Un poco antes se habían presentado graves denuncias contra el Ejército que el gobierno central no quiso tener en consideración. El 2 de abril, en la vereda El Vergel Bajo, de la inspección de policía de Puerto Nuevo, miembros de la Brigada Móvil Nº1 retuvieron arbitrariamente y torturaron a los jóvenes Edgar Geovanny Fajardo, Dagoberto Parra y Fabricio Veratrujillo, en momentos en que se dirigían a su sitio de trabajo. Los militares sindicaron a los menores de edad de ser "guerrillero", los obligaron a vestir uniformes de uso privativo de las fuerzas militares y les pusieron brazaletes de las FARC.
Así mismo, en la vereda La Reforma, inspección de policía Puerto Nuevo, efectivos de la Brigada Móvil Nº 1. torturaron a un poblador de nombre Juan Camilo, a quien le preguntaban por la guerrilla y luego le quemaron su casa, el 7 de abril de 1996.
El 19 de mayo de ese mismo año. el comandante de la Base Militar del municipio de Miraflores, en el departamento del Guaviare, fijó como medidas de orden público el toque de queda entre las siete de la noche y las seis de la mañana, el control militar a personas a la entrada y salida del casco urbano, y a las ventas al por mayor. Prohibió además las marchas o cualquier tipo de concentración; limitó la venta y el transporte de cemento, petróleo, gasolina y precursores químicos, disposiciones que se hicieron extensivas a los demás municipios y poblaciones del departamento, tales como San José del Guaviare, Calamar, El Retorno y Puerto Concordia, en el Meta. Estas medidas se adoptaron en el marco de la campaña promovida por el General Harold Bedoya Pizarro, conocida como "Operación Conquista", que se combina con la intensificación de las fumigaciones por parte también de la Policía Antinarcóticos. (2)
Esta campaña no se limitó a la destrucción de las plantas de coca sino a la ocupación de fincas y desalojo de los campesinos de sus propias parcelas, destrucción de cercas, incendio de casas, inutilización de los medios de comunicación de los pobladores, retención e incineración de los productos e insumos agrícolas y mercancías de primera necesidad, inmovilización de vehículos y retención de conductores acusados de ser "auxiliadores de la guerrilla'.
Las denuncias sobre estos hechos son ilustrativas del accionar de la Brigada Móvil Nº2 que operó en varias zonas del departamento:
María Elena Cubides denunció en Calamar la ocupación de una finca que posee cerca del sitio donde estaba instalada la Brigada Móvil No. 2. Allí los militares levantaron parte de la cerca de alambre construida para controlar el ganado. Los postes de madera fueron utilizados como leña por los soldados, quienes hicieron uso de la vivienda para dormir y cocinar, obligando a los dueños a desocuparla y tener que vivir en otro sitio pagando arriendo, causándoles graves pérdidas. La señora Cubides era beneficiarla del programa PLANTE, que a través de la UMATA (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria) de San José del Guaviare le había hecho un préstamo para levante de ganado, obligándose mensualmente a pagar una cuota que ahora debía interrumpir, con las sucesivas consecuencias por el retraso
En la Vereda Buenos Aires, del municipio de Miraflores, en razón de un operativo de erradicación de coca efectuado por la Brigada Móvil No. 2 del Ejército, ocurrieron los siguientes hechos:
El 27 de junio Francisco Javier Chica y otros siete conductores fueron detenidos y en esas circunstancias fueron golpeados, ultrajados y acusados de pertenecer a la guerrilla. La gasolina de los carros fue saqueada por el Ejército. Se denunció que en diferentes sitios de la vereda el Ejército procedió a hacer tiros al aire; amenazó y ultrajó a la población de la vereda; hurtó la suma de setecientos mil pesos y joyas pertenecientes al denunciante.
El día 3 de julio el señor Edgar Roa denunció la destrucción del piso. paredes y en general la vivienda con una motosierra, por parte del Ejército. Fueron retenidos arbitrariamente seis habitantes del lugar y liberados el 5 de julio. Luego les dieron la orden de no volver a la vivienda y de salir de Miraflores, porque iban a quemar la casa y todo lo que había en ella.
El 5 de julio a Jesús Ernesto Sánchez le fue retenido ilegalmente un radio que era utilizado para comunicaciones de la comunidad de la vereda, bajo la acusación de que "estaba bajo el servicio del narcotráfico y la guerrilla'. El radio estaba amparado por documentos del Ministerio de Comunicaciones. Igualmente se denunció la destrucción de una antena con la cual se comunicaban los radios de la vereda y Miraflores, ya que en la zona es nulo el servicio telefónico. Se dio orden de desalojo a los habitantes de la vereda y orden de no volver a la zona.
El mismo día a la señora Carmen Rosa Vega, que era distribuidora de gasolina e insumes agrícolas en la vereda, negocio que estaba legalizado por la Alcaldía de Miraflores y tenía al día el impuesto de industria y comercio, le fueron retenidos e incinerados la totalidad de insumes que tenía en su poder y que había comprado legalmente Ocurrió igual atropello con Jesús Antonio Montenegro, Clodomiro Clavijo Rodríguez y Hugo Faber Calderón. tenderos y distribuidores de insumos agrícolas
El 6 de julio Wilson Castillo denunció el robo de ropas, dinero, joyas, calzados y bienes de consumo por parte de la patrulla del Ejército que hizo un operativo contra los insumos para la producción de coca en el sector de Caño Iris, incinerando la residencia del señor Castillo. No se hizo acta del operativo ni se dieron explicaciones del procedimiento de la patrulla. Cristino Cuervo se quejó por la incineración de su residencia con todos sus bienes y pertenencias, sin que el Ejército hubiera permitido salvar algunas de sus pertenencias.
Al norte del departamento, cerca a San José del Guaviare, es conocido el sector de la Trocha Ganadera, caracterizada por ser una de las regiones menos coqueras del Guaviare, donde los campesinos se dedican funda mentalmente a la actividad ganadera y a cultivos lícitos. Sin embargo, la fumigación indiscriminada que se ha hecho con el glifosato destruyó muchos de los cultivos y causó daños irreparables al ecosistema. La comunidad denunció insistentemente que la fumigación afectó los pequeños cultivos de subsistencia de los campesinos y que no se atacaba con igual intensidad los grandes sembrados comerciales de coca.
Así mismo, con base en las atribuciones concedidas por la declaratoria de Zona Especial de Orden Público se incrementaron los abusos por el control arbitrario efectuado a través de retenes militares, a la circulación de bienes, algunos de los cuales eran prohibidos por considerárseles precursores químicos para la producción de pasta básica de coca (gasolina, cal, cemento), y otros por creerse que eran provisiones para la guerrilla. Como consecuencia de estos controles se generó un mercado clandestino de varios de estos bienes, en el cual se vieron involucrados miembros de la fuerza pública, tal como lo reconoció el comandante de la VII Brigada del Ejército, quien señaló que en Villavicencio se encontraban detenidos seis oficiales y algunos otros suboficiales y soldados procesados por estos actos de corrupción.
En Miraflores, por ejemplo, únicamente hay dos estaciones de gasolina y cada una de ellas solo tenía permiso para vender hasta 20 galones al día, cantidad insignificante si se tiene en cuenta que un recorrido de una hora en lancha por el río consume entre 60 y 80 galones, combustible que es utilizado también para la preparación de alimentos. El galón que normalmente costaba en Miraflores cuatro mil pesos, llegó a valer veintiséis mil pesos como consecuencia de este mercado clandestino. Así mismo por idénticas razones un bulto de cemento subió en algunos casos, de doce mil a sesenta mil pesos.
A los habitantes de la Trocha Ganadera solo se les permitía transportar cinco galones de gasolina, cantidad que no cubría ni siquiera las necesidades de movilización de los pobladores. Y en ocasiones, cuando el límite impuesto era sobrepasado, el Ejército la quemaba o lo botaba.
Pero la medida que causó más irritación entre la población fue la carnetización impuesta a los habitantes de Miraflores, como indispensable para movilizar se dentro y fuera del municipio, debiendo los labriegos pagar un total de ocho mil pesos por la expedición de un carnet oficial, y como prerrequisito para que se expidiera, se exigía acreditar el pago de impuesto de industria y comercio, avisos y carteles, y recolección de basura. La cifra más baja que se debió pagar por tales conceptos, como fue el caso de un vendedor ambulante, era de veintisiete mil pesos. O sea que para poder obtener el carnet y movilizarse por Miraflores se necesitaba cancelar por lo menos treinta y cinco mil pesos, con lo cual el municipio recaudó un novedoso impuesto, ya que quien no demostrara ser comerciante no podía circular por la zona, obligando a todos los habitantes a inscribirse como tales, por que sólo se expedía el carnet a quien pagara por él.
Más grave que lo anterior, era la práctica de detenciones arbitrarias efectuadas también en virtud de las atribuciones concedidas por el Estado de Conmoción Interior, por cuanto los miembros de la fuerza pública se sintieron autorizados para privar de la libertad a los ciudadanos en cualquier circunstancia, con el pretexto de estar vinculados con actividades ilícitas.
A causa de estos atropellos, el día sábado 13 de julio las comunidades rurales de San José del Guaviare y Miraflores, así como los pobladores de Calamar y El Retorno decidieron marchar hacia las cabeceras municipales de San José y Miraflores. Se hicieron presentes campesinos de 20 juntas de acción comunal y 13 comunidades indígenas. El día 14 ya estaban instalados en ta pista aérea de Miraflores 8.000 campesinos provenientes de distintas partes del territorio. Para el 3 y el 4 de agosto el número se había aumentado a 20.000 personas. Pedían el cese de las hostilidades contra la población civil y la realización de un acuerdo con el gobierno para lograr una solución pacífica, integral y soberana al conflicto social.
El 17 de julio el Ejército hizo explotar con dinamita un trayecto de la carretera en cercanías del municipio de El Retorno para impedir que los campesinos provenientes de Calamar alcanzaran esa población. El Brigadier General Néstor Ramírez, comandante encargado de la IV División del Ejército, justificó la acción violadora del Derecho Internacional Humanitario, en los siguientes términos:
"La intención del Ejército es impedir de que en caso de que los manifestantes crucen el retén y lleguen a la capital los huecos impidan el paso de 30 camiones con víveres que tienen los campesinos en El Retorno" (3)
Jaime González denunció cómo fue herido en la garganta y en el brazo izquierdo por una cápsula de gases lanzada contra los participantes de la movilización del 21 de julio en El Retorno, debido a lo cual permaneció once días hospitalizado. Así mismo fueron lesionados Elver Morales, Rainer Díaz, Alexander Jiménez, Guillermo Uribe. Jorge Herrera, Carlos Riascos, John Rojas, Lordy Galindo. Nilson Aguirre. Porfirio Cambimdo. Miller Valencia Cuero. Leyder Perlaza, Rogelio De Jesús Nn., Darío de Jesús NN. Familiares de Ruber González, de 18 años, informaron que fue desaparecido desde el mismo día de las agresiones del Ejército para impedir la marcha. También fueron desaparecidos dos Jóvenes de la vereda Caño Raya, cuyos nombres no se han podido establecer y se provocó, por los efectos de los gases lacrimógenos, el aborto de Luz Mery Rodríguez, quien se encontraba con 24 semanas de embarazo Ese mismo días en El Retorno, Carlos Aldemar Martínez, Jorge Israel Espinosa Roa, Yurt Espinosa y María NN., también fueron desaparecidos.
En medio del constreñimiento de la fuerza pública a los manifestantes, fue detenido el presidente del Concejo Municipal de Calamar por la Unión Patriótica, Laureano Narciso Moreno Asprilla, a eso de las 4:30 p.m. del 21 de julio, en el municipio de El Retorno y conducido en un helicóptero a la Base Militar donde intentaron meterlo en una pesebrera, a lo cual se resistió invocando su investidura; sin embargo, fue interrogado hasta las 2:30 de la mañana acusándolo de narcoguerrillero y dirigente activo de la marcha, agitador profesional, instructor de armas de fuego y de armas blancas. Finalmente fue puesto a disposición de la Fiscalía y dejado en libertad inmediata dado lo artificial de las acusaciones. Se tuvo conocimiento que en las horas de la noche, personal de la Policía y del Ejército estuvieron preguntando por él.
Los militares también acusaron al Alcalde de El Retorno, militante de la Unión Patriótica, Roberto Castro, y al Personero José Joaquín López, de ser promotores de las marchas campesinas, provocando te mor por sus vidas ya que se conoció de la elaboración de una lista por parte de personal del Ejército. A la vivienda del Personero municipal ubicada en San José del Guaviare se hicieron presentes dos individuos portando armas de fuego preguntando por él en forma amenazante. En sentido semejante, líderes comunales de las diferentes veredas e incluso miembros de las corporaciones públicas, denunciaron haber recibido amenazas permanentes, responsabilizándolos de ser los gestores de la movilización y de las consecuencias y hechos que de ella se pudiesen derivar. Familiares de Germán Olarte Palomino denunciaron que los militares amenazaron con detenerlo, junto con Enrique Sanabria y Rafael González. Debido a esto no pueden ir a Calamar. (4)
Los campesinos de Mapiripán, Meta, en su mayoría de Puerto Alvira, también decidieron salir a marchar el 22 de julio. Fue así como más de ocho mil campesinos, el Alcalde, el Personero y dos sacerdotes católicos acompañaron la movilización. De los departamentos de Guainía y Vichada también se hicieron presentes para la protesta.
Los marchantes se desplazaron por el río Guaviare con destino a San José, pero luego de pasar por la inspección del Mielón, la cual había sido tomada por el Ejército, se escucharon disparos y se empezó a sentir hostigamiento del Ejército por medio de las denominadas "pirañas" (lanchas pequeñas con dos potentes motores equipadas con ametralladoras a lado y lado). Con sus naves, las fuerzas armadas acorralaron a las barcazas y canoas de los campesinos atravesándose entre ellas, generándose un oleaje que las desestabilizó hasta el punto de que algunas terminaron hundidas. En los días siguientes varias personas fueron denunciadas como desaparecidas a causa de esto, y luego las organizaciones de derechos humanos no pudieron comprobar si aparecieron de nuevo. Entre ellas estaban; Andrea Riaño, Misael Rodríguez, Orlando Martínez, Jairo Rojas, Daniel Roa, Rosa González, Rosa Angelina Ortiz, Dagoberto Rodríguez, Arteny Quintero, Carmenza Loaiza, Moisés (indígena Guahibo), Geovanny Roa, Dorly Ramírez y su familia y Rodrigo a quien llaman "el diablo".
Además de disparar, el Ejército utilizó gases lacrimógenos contras los marchantes, los golpeó y ultrajó. Finalmente inutilizó las embarcaciones e hizo dispersar a los campesinos viéndose obligados a instalarse, unos en el Mielón y otros en Puerto Colombia. En estos campamentos los manifestantes se vieron sometidos a tratos crueles e inhumanos, entre ellos castigos colectivos:
'Siendo las tres de la madrugada del día sábado 27 de julio fueron sacados todos los hombres, mujeres y niños abruptamente por la tropa comandada por el Mayor Tobón, obligándolos a todos sin discrimina ción a ubicarse en la calle de la Inspección de Policía del caserío, colocándolos en posición de cuclillas en medio de gran cantidad de barro, pues había llovido durante la noche. En esa situación estuvieron hasta el amanecer, recibiendo también maltrato de palabra. Por esta acción muchos menores de edad se enfermaron. Según el Mayor, esto fo hizo porque el resto del campesinado decidió continuar río arriba sin su consentimiento.
Así mismo se conoció de las torturas infligidas a un joven de nombre John Jairo, en la Inspección del Mielen, quien «fue brutalmente pateado el día viernes dos de agosto por un Teniente de apellido Arteaga, siendo llevado en delicado estado de salud al Hospital de San José del Guaviare»
En la Jornada de protesta se generalizaron las detenciones masivas y arbitrarías hasta el punto que la Fiscalía de San José tuvo que remitir a los aprehendidos a Villavicencio, al coparse toda su capacidad. La negativa de la Fiscal a continuar recibiendo detenidos en esas condiciones le valió una acusación ante el Consejo Superior de la Judicatura por parte del General Ospina, responsable durante toda la primera etapa de la opera ción sobre las zonas cocaleras del Guaviare. Cerca de 300 recolectores de hoja de coca fueron detenidos y enviados a Villavicencio acusados de violación a la Ley 30 de 1986 (5). Otros 400 fueron objeto de desplazamiento forzado hacia esa misma ciudad, siendo trasladados en los propios aviones militares.
La fuerza pública, al mismo tiempo que controlaba a los pobladores y disponía arbitrariamente de su libertad y de sus bienes, emprendió una campaña agresiva para impedir el ingreso de la remesa o alimentos necesarios para los manifestantes, y la asistencia humanitaria a los heridos y afectados como consecuencia del ataque militar del 21 de julio contra los campesinos asentados en el Retorno. Igualmente hubo señalamientos de "guerrilleros" a las personas que intentaron prestar atención a las víctimas, entre ellas a los representantes de las autoridades civiles y de la Iglesia.
Otras denuncias que se generalizaron fueron las siguientes:
• Registro de los manifestantes en listas elaboradas por el Ejército.
• Obstaculización del tránsito de personas. El conjunto de la población debía registrarse en dos libros: uno del Ejército y otro de la Policía. Los equipajes eran registrados en varias ocasiones. • • Paralización de obras de infraestructura impulsadas por los alcaldes y la propia gobernación en puentes, escuelas, puestos de salud, alcantarilla dos, acueductos, tanques, bebederos para el ganado, debido a los controles, restricciones y especulación con el cemento, a lo cual no escapaban ni las propias autoridades.
• Pérdida total de autonomía del Gobernador y de los alcaldes, concejales, diputados y demás administradores públicos. Las órdenes dadas por la autoridad civil eran desconocidas por las fuerzas militares, se les limitaba su derecho de movilización y circulación. Algunos concejales fueron denunciados penalmente y se les adelantó investigación preliminar por solídarizarse con las marchas campesinas, constituyéndose esta actuación en criminalización y judicialización de la protesta.
• Era evidente una total discriminación a las personas de raza negra, por considerarlos mano de obra para las labores de recolección de hoja de coca. Se les impedía la libre movilización y el ingreso a la región. Ningún negro podía ingresar a Miraflores desde Villavicencio. Durante los operativos efectuados por el Ejército durante los cuales se detuvo alrededor de 300 raspadores de hoja de coca, la gran mayoría eran de raza negra, lo que muestra la masiva discriminación a que están siendo sometidos por el color de su piel en clara violación a preceptos constitucionales y universales.
• El derecho al trabajo también fue restringido totalmente ya que a los comerciantes se les dio tratamiento de delincuentes, al restringir el transporte de mercancías. Los agricultores no pudieron vender sus productos y el comercio atravesó por una aguda situación económica. Algunos comerciantes tuvieron que cerrar sus establecimientos.
Finalmente y luego de varias semanas de protesta que se extendieron a los departamentos de Caquetá y Putumayo con más de 120.000 manifestantes, se llegó a un acuerdo el 20 de agosto de 1996, en el cual se establecieron las Zonas Especiales de Inversión Social y se hizo una diferenciación entre campesinos cultivadores de coca, narcotraficantes y guerrilla. "El pacto prevé millonarias inversiones por parte del gobierno nacional en el mejoramiento de las vías, salud, educación, vivienda y servicios públicos en toda la región" (6)
El tratamiento militar al problema cocalero en 1996 demostró una vez más los rasgos más característicos del accionar militar del Estado colombiano mediante el cual quiere resolver los problemas sociales: con gran despliegue de irracionalidad y fuerza bruta. El analista Ricardo Vargas apunta que, a pesar de los acuerdos a que se hubo de llegar con los campesinos, luego del gran nivel de descrédito a que llegó el gobierno con su brutalidad, a nivel nacional e internacional, esa zona de conflicto peculiar se fue entregando cada vez más al dominio de lo parainstitucional. En uno de sus análisis recientes, Vargas afirma: "el camino que siguió el conflicto no fue exactamente el de una respuesta institucional que hubiese combinado el cumplimiento de los compromisos de inversión junto con dinámicas de fortalecimiento de la legitimidad del Estado y mucho menos dirigido hacia la recuperación del monopolio de la fuerza. El tratamiento de la situación del sur de Colombia se situó entonces en las coordenadas propias del secular manejo violento de la problemática social a nivel regional. Los actores privados violentos en ascenso en el norte de Colombia, deciden su intervención directa en este escenario" (7)
3. Nueva fase paramilitar
La respuesta violenta del Estado al cúmulo de problemáticas sociales y económicas de tos pobladores se articuló a través del ingreso de los paramilitares de Carlos Castaño a la región, que entraron a reforzar y consolidar el proyecto paramilitar que operaba desde la década de los ochenta en los llanos orientales.
Castaño, en un comunicado a los medios de comunicación, advirtió su ingreso a las zonas de colonización guerrillera del Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Guainía, Vaupés y Amazonas, sentenciando la llegada de la "hora de reconquistar esas zonas por que es allí donde la subversión ha logrado crear un gobierno paralelo altamente peligroso para la Nación" (8)
En efecto, para 1997 la región amazónica y de la Orinoquía, donde se produjeron las movilizaciones de 1996, presentan graves incrementos de muertes violentas de dirigentes agrarios, masacres, a la par con el au mento creciente de la militarización de la misma, la creación de una Base Antinarcóticos de la Policía en San José del Guaviare que cuenta con la asistencia de los EE UU, con helicópteros, aviones y la presencia permanente de tropas del Ejército estadounidense en la Base Militar de Apiay, en el Meta, y de El Barrancón, en Guaviare, (9) además de los efectivos militares de la Brigadas VII y de las Brigadas móviles Nº 1 y Nº 2 del Ejército Nacional.
La tendencia de las acciones paramilitares recae sobre una línea territorial que establece los límites de la influencia ganadera y terrateniente del Meta hacia el sur, conocidos por una trayectoria paramilitar que se remonta a la década de los ochenta. En efecto, desde Puerto López y Puerto Gaitán sobre el río Meta, se afianzó una estructura de seguridad con el uso de ejércitos privados sostenidos por inversionistas legales y narcohacendados. También se consolidó este modelo en la zona de influencia de los municipios de San Martín y El Dorado, en el Meta. Gonzalo Rodríguez Gacha y Víctor Carranza Niño fueron quienes impulsaron este recorrido paramilitar y más tarde los narcotraficantes del Cartel de Cali y Leónidas Vargas.
Desde 1997 se manifiesta en la región la presencia de los paramilitares de Córdoba y Urabá comandados por Carlos Castaño, donde antes operaban "Los Masetos", "Los Carranceros" o las bandas de Vargas. Las "Autodefensas Unidas de Colombia" expandieron el control paramilitar desde Puerto López, Barranca de Upía y Cabuyaro, hacia el Casanare, donde operan con el grupo llamado "Los Buitrago', organizados por una familia Buitrago que vive en Monterrey y que controla el territorio de Arauca y Casanare. También hicieron presencia en Puerto Gaitán, Mapiripán, Guaviare, y en el corredor Granada -San Martín. (10)
Pero la principal facilitadora de la penetración de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia a la zona sur del Meta y Guaviare fue la Brigada Móvil Nº 2, en la cual actuaba como oficial del B2 el Coronel Lino Hernando Sánchez Prado, quien por largos períodos fue el encargado de la sección de inteligencia en el Batallón Junín y en la Brigada XI con sede en Monte
ría, región clásica de criminalidad de los hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil (11). Así mismo se puede concluir que los paramilitares contaron con la efectiva colaboración del General Jaime Humberto Uscategui Ramírez, para la época Comandante de la Brigada VII del Ejército, quien luego fue trasladado y designado Comandante de la Fuerza de Tarea conjunta del Sur en Caquetá y Putumayo, regiones que a partir de ese período. 1996 1998, se convirtieron en escenarios de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. (12)
4. La masacre de Mapiripán
El hecho más notorio que inauguró el ingreso de Carlos Castaño a la zona del Guaviare y del sur del Meta, lo constituyó la masacre de Mapiripán, perpetrada entre el 15 y el 20 de julio de 1997:
Cuarenta y nueve campesinos y pobladores fueron torturados, desmembrados, eviscerados, degollados y arrojados al río Guaviare por un grupo cercano a doscientos hombres que permanecieron en la localidad por cinco días sin ser repelidos y perseguidos por la fuerza pública Colombiana y Estadounidense acantonada en la zona. Carlos Castaño, líder de los paramilitares reivindicó públicamente la ejecución de 49 personas, pero la mayoría de ellos permanecen en la condición de desaparecidos.
El recorrido criminal tuvo su inicio el 12 de Julio de 1997 cuando un grupo de avanzada de paramilitares y material bélico fue transportado desde el municipio de Necoclí, en la zona del Urabá antioqueño, con destino a la población de San José del Guaviare, en la aeronave comercial HK3993P Douglas DC3 Modelo C47B de servicio particular, tripulada por los señores Juan Manuel Ortiz Matamoros y Pedro Zúñiga, quienes habían sido contratados en Medellín y Villavicencio. El mismo día, otro grupo de hombres fue movilizado en el avión HK4009 Antonov AN32B de fabricación rusa afiliado a la empresa de servicio aéreo Vaupés, contratado en Santafé de Bogotá, el cual despegó del aeropuerto Los Cedros, del municipio de Apartado, también en el Urabá antioqueño. Esto se demostró, principal mente, mediante el registro del itinerario de los vuelos, obtenido mediante inspección judicial practicada en los terminales aéreos de Garepa (Antioquia), Villavicencio (Meta), San José del Guaviare, Bogotá y Medellín. Igualmente con el testimonio de Mauricio Becerra, controlador aéreo del aeropuerto de San José del Guaviare y del confeso paramilitar Edison Londoño Niño, alias «Pasaje».
En este grupo de paramilitares que llegó vía aérea fueron identificados los hombres de Carlos Castaño conocidos como alias "El Percherón", "Mochacabezas" o el "diablo" y "Don Miguel". El sitio de aterrizaje de los aviones fue el aeropuerto llamado "Capitán Jorge Enrique González Torres" de San José del Guaviare, donde los esperaba otro grupo de paramilitares al mando de alias Rene, con unos camiones carpados. A las 02:42 de la tarde aterrizó el avión HK4009 y despegó luego con destino al aeropuerto de Vanguardia, de Villavicencio. Dos minutos más tarde aterrizó el DC3. Curiosamente sobre este movimiento de pasajeros y de carga, bajo la responsabilidad de miembros del Ejército Nacional y de la Base de la Policía Antinarcóticos, no quedó registro alguno, pese a que en el aeropuerto se tiene un control riguroso de las personas que arriban a esa ciudad. Narran los pilotos de los aviones que transportaron personal y carga, que en los aeropuertos de origen y de destino había presencia militar y policial y, sin embargo, no hubo ningún tipo de registro o control.
Desde San José del Guaviare los paramilitares arribaron a Mapiripán por vía terrestre y fluvial, pasando por los retenes instalados por ta Policía Fluvial al salir de San José del Guaviare y el del Barrancón por personal del Ejército, donde también se encontraba en adiestramiento militar un grupo de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos.
Los paramilitares utilizaron para este desplazamiento lanchas conocidas como voladoras y camiones que detuvieron en las carreteras obligando a sus conductores a transportarlos. Antes de llegar a Mapiripán entraron a la Inspección de Charras, donde reunieron a todos los pobladores en la plaza principal y (es repartieron una revista titulada «Colombia Libre», en la cual se anunciaba el origen del Frente Guaviare de las Autodefensas Unidas de Colombia. Pasaron también por Guanapalos. Caño Jabón y la inspección de La Cooperativa, del mismo municipio de Mapiripán, en donde asesinaron a una persona. Desde el 15 de julio de 1997, la fuerza pública en San José del Guaviare, más concretamente el Batallón Joaquín París, y también la Policía Antinarcóticos, se enteraron de la presencia de los paramilitares en la Jurisdicción del municipio de Mapiripán, pero sobre el particular no realizaron ninguna actividad propia de su función con miras a contrarrestar lo sucedido durante los siguientes 5 días de su permanencia en el lugar.
Ese día en horas de la madrugada, el grupo, cercano a los doscientos hombres, quienes vestían uniformes de camuflaje y portaban armas de diversos calibres, corto punzantes y contundentes, arribaron al municipio de Mapiripán y permanecieron desde el martes 15 hasta el domingo 20 de julio, sembrando el terror y la muerte entre campesinos y pobladores, quienes fueron sacrificados después de un desfile macabro en el matadero municipal. A la llegada sacaron a los habitantes del pueblo, los filaron y requisaron, e inmediatamente seleccionaron de la fila a Alvaro Tovar, lo amarraron y le propinaron cinco disparos en la cabeza. A Antonio María Barrera lo sacaron de su vivienda y se lo (levaron a la fuerza para el matadero, donde lo sometieron a crueles torturas, lo descuartizaron, mutilaron y arrojaron su cuerpo al río Guaviare. Un Muchacho de Pacho, Una Señora de Charras y Un Joven de Raza Negra fueron desaparecidos. Otra víctima fue Nelson NN., quien había llegado recientemente a la población; lo interceptaron en cercanías al río, junto con su esposa e hijos, y luego de exigirle la documentación, la cual tenía incompleta, se lo llevaron al matadero de reses. Al día siguiente, su cuerpo sin cabeza fue hallado flotando en el río.
La misma mañana, del hotel Residencias Guaviare sacaron por la fuerza a Un Joven e interceptaron a varias personas, entre ellas Una Pareja de Campesinos Jóvenes provenientes de la inspección departamental La Cooperativa, a Una Señora de tez blanca y a Un señor de edad, quien se encontraba en la pista aérea y se disponía a viajar en avión. Estas víctimas fueron llevadas al matadero de reses, sometidas a torturas y en horas de la noche degolladas, mutiladas vivas y sus cadáveres arrojados al río Guaviare, la mayoría con el vientre abierto con el fin de que no flotaran.
El 16 de julio, los paramilitares se ausentaron del casco urbano, ante lo cual los habitantes aprovecharon para salir de sus viviendas y dirigirse hacia el matadero de reses, donde encontraron la cabeza de Nelson y un saco de la señora de tez blanca. Hacia el final de la tarde, encontraron flotando en el río el cadáver de uno de los jóvenes campesinos, procedentes de La Cooperativa. Cuando los pobladores intentaban rescatarlo, se hicieron presentes los paramilitares y lo impidieron amenazando a la comunidad y a quien intentara sacar del río los cadáveres. Les dijeron: «¿les dolió mucho la muerte de él...?". Ese mismo día interceptaron a Un Joven Estudiante, quien por vía fluvial provenía de la inspección departamental Puerto Alvira, le exigieron los documentos de identidad y al no presentarlos lo acusaron de ser guerrillero y lo llevaron al matadero de reses.
Durante los días 17,18 y 19 de julio se desplazaban de día a las zonas rurales del municipio y en las noches regresaban al casco urbano de Mapiripán, ordenaban suspender el fluido eléctrico y a los pobladores no salir de sus viviendas.
Entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de julio y antes de abandonar el casco urbano del municipio para tomar rumbo a la inspección de policía La Cooperativa, ejecutaron a Otros tres Pobladores. Los paramilitares también incursionaron en la vivienda de Sinaí Blanco hacia las nueve de la noche y lo sacaron por la fuerza, en presencia de su esposa e hijos. Su cadáver degollado fue hallado al día siguiente en una calle de la población. También a esas horas fue sacado de su vivienda en presencia de su esposa e hijos, José Roland Valencia, despachador de aviones, empleado de la alcaldía, a quien degollaron vivo y arrojaron su cadáver en la pista de aterrizaje. El 19 de julio, a las 18 horas, fue interceptado el Presidente de La Junta de Acción Comunal de La Vereda Cano Danta, a quien ejecutaron en horas de la noche.
El domingo 20 de julio, al enterarse de las muertes ocurridas durante la noche y la madrugada anterior, y tras percatarse de la ausencia del grupo paramilitar que se dirigió hacia la inspección departamental La Cooperativa, los pobladores iniciaron el desplazamiento forzado por vía aérea y terrestre hacia Villavicencio y por vía fluvial hacia San José del Guaviare, quedando prácticamente desocupado el casco urbano, ya que se desplazó el 70% de la población. Ante las autoridades que se hicieron presentes el 21 de julio, fue denunciada la desaparición de los hermanos Omar Patino Vacca, Eliecer Martínez Vacca y Jaime Ríanos.
De los identificados se sabe que seis de ellos pertenecían a movimientos políticos diferentes a los del Alcalde, miembro del partido conservador. José Roland Valencia meses atrás había denunciado la corrupción de la administración municipal, que en los contratos de obras municipales pretendía adueñarse de una suma superior a 10 millones de pesos; por ello había sido amenazado desde esa época por el Inspector municipal, Luis Hernando Prieto, y por el Director de la UMATA, Anselmo Trigos, ambos de filiación conservadora. También tuvo serios enfrentamientos con el Alcalde de la localidad por malos manejos de unos recursos de la Red de Solidaridad destinados a los ancianos.
Vale la pena anotar que el Párroco del municipio aseguró que tres de las personas asesinadas habían participado el 19 de mayo de un juicio popular promovido por las FARC, con la participación de la población del municipio, en el cual se cuestionaba la corrupción de la administración municipal. El General Jaime Humberto Uscátegui había dispuesto una investigación exhaustiva sobre este episodio antes de la ocurrencia de la masacre, y había comisionado para ello al Teniente Coronel Hernán Orozco Castro.
La actitud de la mayoría de los miembros de la administración municipal fue muy sospechosa ya que no se encontraban el día de la llegada de los paramilitares y cuando se enteraron de los hechos no informaron a las autoridades competentes para que actuaran; además, el Alcalde llegó al municipio al segundo día de la incursión y tampoco actuó para preservar la integridad de los habitantes. Se afirma por parte de testigos de los hechos, que varios miembros de la administración municipal y de la familia Trigos fueron informantes de los paramilitares; algunos aportaron mapas; otros señalaron personas; otros listas de personas a ejecutar. Se afirma también que la familia Trigos tenía vínculos con los paramilitares, razón por la cual fue obligada por la guerrilla a abandonar el pueblo. Al día siguiente de salir el último miembro de los Trigos del municipio, se dio la incursión paramilitar.
También dentro de la investigación pudo establecerse que los artos mandos de la Séptima Brigada del Ejército tenían desde antes comunicación con los paramilitares, ya que en el mismo vuelo en que llegó un grupo de estos (DC 3993P) venía un «paquete» dirigido a un Coronel y un General, los cuales enviaron a tres de sus hombres a reclamarlo, pues fue dejado olvidado en el avión y manifestaron que si no lo recuperaban sus jefes los iban a «pelar». El extraño «paquete» fue entregado por el técnico del avión DC3 a un miembro de la Policía Antinarcóticos, quien a su vez lo entregó al Teniente Javier Ricardo Peralta Peñaranda y éste lo hizo llegar al Batallón Joaquín París a través del conductor Guillermo Escobar Sarria. Otro testimonio afirma que desde 1996 un grupo de tres reconocidos paramilitares se entrevistaron con el General Uscátegui y éste, en compañía del Sargento Rentería, les hizo entrega de un armamento destinado para sus actividades: cinco pistolas Pietro Bereta con tres proveedores cada una, siete revólveres calibre 38, tres fusiles AK47, dos subametralladoras, una caja de granadas, un fusil R15, cinco cajas de munición 7.65 y munición para todas las armas entregadas. Igualmente cien uniformes tipo americano, gorros, pasamontañas, 10 chalecos antibalas, unos chalecos del grupo GAULA, aproximadamente 50 uniformes de la policía, carnés, cartucheras, natas, botas de caucho y militares, dos tiendas de campaña y 20 fiyakcs.
Desde varios meses antes del suceso, los paramilitares hicieron reuniones previas para organizar la incursión al municipio de Mapiripán en las que participó el Sargento Juan Carlos Gamarra Polo, S2 del batallón Joaquín París al mando del Coronel Carlos Eduardo Avila Beltrán, tal como lo declaró el paramilitar confeso Pedro Alex Conde Anaya.
Días antes del arribo de los paramilitares se dispuso el envío de la tropa de ese Batallón a las localidades de Calamar, El Retorno y Puerto Concordia, quedando desguarnecidas las poblaciones de San José del Guaviare y Mapiripán por orden del Comando de la Séptima Brigada a cargo del General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez y el comandante del Batallón Joaquín París, Coronel Canos Eduardo Avila Beltrán, curiosamente antes de que éste saliera de vacaciones, las cuales debía disfrutar a partir del 1º de junio de 1997, pero que extrañamente, y sin acto administrativo. fueron atrasadas hasta el 8 de julio, fecha muy cercana a la incursión paramilitar.
Para la ejecución del crimen, se permitió que los ocupantes de los vuelos irregulares procedentes de Necoclí y Apartado el día 12 de julio de esa anualidad ingresaran a la plataforma del aeropuerto de San José del Guaviare, sin ningún tipo de registro ni anotación en los libros, sino abordando libremente los camiones que allí esperaban al grupo al mando del paramilitar Luis Hernando Méndez Bedoya, como si se tratara de una operación militar, exceptuada habitualmente de ese control. Los militares que tenían el control del aeropuerto y que permitieron el acceso de ese personal y de las armas fueron el Sargento Segundo José Miller Urueña Díaz y el Cabo Leonardo Montoya Rubiana
La agrupación paramilitar en su recorrido de San José del Guaviare a Mapiripán, transitó por lugares destinados al entrenamiento de las tropas de la Brigada Móvil 2, tal es el caso del sitio conocido como la isla de "El Barrancón". donde tiene asiento la tropa y se estaban efectuado entrenamientos del grupo de Fuerzas Especiales No. 7 del Ejército de los Estados Unidos, más conocidos como los "Boinas Verdes". Solo para el día 21 de julio las tropas del Batallón Joaquín París hicieron presencia en Mapiripán, pues se devolvieron de Calamar, adonde habían sido enviadas antes de la masacre, lo cual permite inferir que no había una perturbación del orden público en esta localidad y consecuentemente, no era necesaria la presencia allí de la tropa. Curiosamente los militares llegaron cuando el grupo armado ilegal había abandonado Mapiripán.
La presencia de «los Boinas Verdes» de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos en la isla de «El Barrancón» obedecía al entrenamiento efectuado con personal de la Brigada Móvil No. 2. Dicho curso de adiestramiento fue clausurado el 20 de julio de 1997 (último día de la masacre) con presencia del Comandante de las fuerzas militares argentinas, general Balza, delegados de la embajada de los Estados Unidos y la cúpula de las Fuerzas Armadas colombianas encabezada por el general Harold Bedoya Pizarro, quien por asistir a dicho acto, omitió comparecer al día clásico de conmemoración del 187 aniversario de la independencia de Colombia, que históricamente ha contado con la presencia obligada de la jerarquía militar.
Según un informe de inteligencia de la Policía Antinarcóticos entregado a la Fiscalía, el Coronel Lino Sánchez Prado, comandante de la Brigada Móvil No. 2, promovió un plan para introducir paramilitares en las áreas fumigadas aledañas a Mapiripán en el marco del programa a desarrollar en conjunto con los Boinas Verdes. Se informó, además, que este militar el 21 de junio de 1997 le solicitó colaboración a personal de la Policía Antinarcóticos para participar en una operación en la que con ayuda de los instructores estadounidenses "le iba a dar una lección a la guerrilla". Este militar por mucho tiempo y en periodos de auge y desarrollo del paramilitarismo en Colombia estuvo prestando servicios en la sección de inteligencia del Batallón Junín y de la Brigada XI con sede en Montería. Córdoba, donde precisamente la organización paramilitar liderada por Fidel y Carlos Castaño Gil ha tenido más presencia criminal. De 1983 a 1984 fue oficial S2 del Batallón Junín; entre 1988 y 1989 del B2 de la Brigada XI de Montería, y entre 1990-1991 regresó como segundo comandante del Batallón Junín de esa misma ciudad.
Investigadores del diario El Espectador, en el extenso informe que publicaron sobre la masacre de Mapiripán, llegaron a la conclusión de que el «séptimo grupo de operaciones especiales de los Estados Unidos (Boinas Verdes) realizó un entrenamiento en "planeación militar" con la tropa del Coronel Lino Sánchez, mientras éste planeaba la decapitación masiva de civiles en Mapiripán». Las fuerzas de operaciones especiales de los Estados Unidos actúan en Colombia desde la década del 60 y en los últimos tiempos lo han hecho a través del Secretariado de Defensa para las Operaciones Especiales y los Conflictos de Baja Intensidad (denominado en ingles SOLIT) entrenando a personal militar que se ha visto cuestionado por graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, para obviar los requerimientos de la enmienda del senador Patrick Leahy que proscribe la intervención de militares estadounidenses en esas situaciones, se siguió enviando personal de ese país bajo el argumento de tratarse de un intercambio de entrenamiento conjunto combinado de tropas en el extranjero, justificado en el adiestramiento para las propias tropas de los Estados Unidos y no para los ejércitos del país donde se realizan.
Estos denominados "intercambios" del grupo de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos, que se realizan en 123 países, luego de la masacre de Mapiripán empezaron a llamar la atención del Congreso y la prensa de ese país. Al respecto, se dio inicio a una investigación cuyos resultados se fundamentaron en un informe rendido por el Embajador en Colombia, Curtis Kamman, y el reporte de la Oficina General de Contabilidad quienes admitieron solo la realización de seis despliegues de las Fuerzas Especiales en Colombia. Sin embargo, se supo en abril de 1998 que solo entre junio y agosto de 1997 se efectuaron nueve despliegues de personal militar de los Estados Unidos y durante todo el año se reportaron catorce, 12 de ellos protagonizados por los Boinas Verdes, cuyos hombres hablan muy bien el castellano y no tienen acento y «han sido entrenados para el combate en la Amazonia en una amplia gama de especialidades con apoyo tecnológico o sin él, que van desde la organización de campañas de opinión pública hasta combate nocturno en la selva. Su entrenamiento más reciente fue para el primer batallón Antinarcóticos y los próximos serán para los demás batallones que contiene el plan Colombia"
El grupo operativo de Fuerzas Especiales del Ejército de los EE.UU. habría llegado a El Barrancón desde 1994. donde construyeron, por ser un sitio estratégico, una base militar sin que fuera enterado el entonces presidente Ernesto Samper Pizano, que solo firmó un convenio a través de su embajador Juan Carlos Esguerra y la Subsecretaría de Estado Barbara Larkin para autorizar la presencia de tropas estadounidenses en Colombia el 20 de julio de 1997. El oficial Clyde Howard, de la oficina del Subsecretario de Defensa para las Operaciones Especiales y los Conflictos de Baja Intensidad afirmó que el Pentágono no tenía la obligación de investigar a "Las unidades militares colombianas por ellos entrenadas", porque para la época de la masacre la enmienda Leahy no era todavía ley. Sheridan, funcionario del SOLIT, confirmó que semanas después de la masacre, entre el 18 de agosto y el 18 de septiembre de 1997, la Brigada Móvil Nº 2, dirigida por el Coronel Lino Sánchez Prado, recibió instrucción de los Boinas Verdes en "interceptación en ríos y guerra terrestre". Se conoce también que el General Uscátegui y el Teniente Coronel Hernán Orozco recibieron cursos especializados en escuelas militares de los Estados Unidos, entre ellas la Escuela de las Américas de Ford Benning, donde tienen asiento los Boinas Verdes.
Con posterioridad a los hechos de Mapiripán, una comisión de la Fiscalía y un delegado de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos viajó el día 21 de julio a la zona para adelantar tas primeras diligencias investigativas. A San José del Guaviare fueron transportados en un helicóptero de la Policía Antinarcóticos, debiéndose continuar el viaje a Mapiripán en un helicóptero de la IV División del Ejército, el cual no fue facilitado el mismo día por cuanto se encontraba ocupado atendiendo a la delegación de estadounidenses que se encontraba en la Base militar de El Barrancón, en la culminación del curso de entrenamiento de los Boinas Verdes del Ejército de los EE.UU. El General Augusto Ardila Duarte, comandante de la IV División, «puso en ridículo al delegado presidencial por razón a su juventud y le dio más importancia a los visitantes norteamericanos que a la misión investigativa», manifestó un fiscal que integró la comisión. (13)
Dos meses antes de la masacre de Mapiripán, el 30 de abril de 1997, y haciendo el recorrido desde el municipio de San Martín, el grupo de Castaño compuesto por ocho paramilitares, asesinó a los campesinos Gildardo Castro y a su hijo Julián Castro:
Incursionando hacia las 8:30 p.m. en la vereda Mercurio, zona limítrofe con San Martín, los victimarios, quienes se movilizaban en dos vehículos, obligaron a Julián a pasarles en el planchón; poco después cuando Gildardo y la esposa de éste llegaban al puerto en una canoa, vieron que éste era golpeado y oyeron que le amenazaban diciéndole: "póngase trucha si no quiere que lo matemos". Al ver a los familiares de Julián, los paramilitares llamaron a Gildardo y a ambos les ordenaron quitar el motor del planchón, a lo cual, padre e hijo respondieron que no tenían la herramienta necesaria, la cual les fue facilitada por los agresores. Cuando terminaron de quitar el motor y lo colocaron sobre el mismo planchón, les ordenaron bajar de allí; después de haberse bajado siete de los paramilitares, y "de una vez el que iba adelante. el que lo estaba llamando, sacó la metralleta y les disparó'. Después del doble crimen, y de montar el motor en uno de los vehículos, el jefe de los paramilitares ordenó a los demás: 'vayanse por los que quedan al otro lado", razón por la cual los demás familiares de Gildardo y de Julián tuvieron que huir apresuradamente, para salvar sus vidas.
Al día siguiente, hacia las 6 a.m., uno de los familiares regresó y encontró que los paramilitares habían hundido el planchón y que el negocio de Gildardo había sido completamente saqueado. Después, junto con otros familiares iniciaron la búsqueda de los cuerpos en el río, pero sólo encontraron el de Gildardo, aproximadamente a 300 metros de donde fue acribillado. Los victimarios "le habían quitado los dos brazos y la pierna izquierda'1: esas partes del cuerpo no aparecieron. Además presentaba cuatro disparos, tres en la cara y uno en la tetilla derecha, el cual le atravesó hasta la tetilla izquierda. Hasta la fecha no se conoce el paradero de Julián. si está muerto o está vivo, porque nunca se pudo buscar, pero hubo una fuente de información, según la cual, ellos [los paramilitares] habían dicho que "tanto que lo habían buscado y tan cerquitica que estaba al pie de nosotros'.
El doble crimen al parecer está relacionado con el interés de los paramilitares por el predio donde fue cometido, «porque es una finca que tiene un puerto, donde ellos podían tener sus tropas ahí y guardarsen ahí pa poder seguir haciendo sus fechorías... como lo de Cooperativa (..) ellos esperaron casi dos meses, o mes y medio para poder dentrar a La Cooperativa a hacer la misma masacre (...) y porque como es un finca que no tiene cultivo ilícito sino, sola comida, tenían de dónde comer, porque había ganado, habían cerdos, había gallinas, (...) podían alimentarse lo menos un año ahí completamente. » (14)
No obstante la evidente militarización de la región por parte del Batallón Joaquín París y de la Brigada Móvil Nº 2, los paramilitares ingresaron nuevamente a la zona de la masacre de Mapiripán y el 23 de Noviembre de 1997 asesinaron en la inspección de policía La Cooperativa a Isidro Mendoza Rubio, Eurípides Rubio y Norberto Bedoya, líderes comunales de la región, entre ellos el presidente de la Junta de Acción Comunal y Promotor de Salud. (15)
5. Inteligencia militar y paramilitarismo en el Guaviare
La implantación en la Zona 7 de la estructura paramilitar de Carios Castaño estuvo precedida por la creación de un grupo paramilitar local liderado por Luis Hernando Méndez Bedoya alias "Rene", quien contó para su conformación con la colaboración y el auspicio de la sección de Inteligencia del Batallón Joaquín París, adscrito a la VII Brigada del Ejército. En efecto, el Sargento Segundo Juan Carlos Gamarra Polo fue el contacto directo de los militares para el impulso y la actividad del grupo. Dicho Sargento suministraba información sobre personas a las que se acusaba de colaborar con la guerrilla; transportaba armamento; facilitaba medios; coadyuvó a la fuga de un paramilitar que se encontraba detenido por cuenta de la Fiscalía y participó directamente en la planeación y ejecución de la masacre de Mapiripán. (16). Este grupo realizó asesinatos selectivos en San José del Guaviare; cobraba sumas de dinero a los comerciantes e incluso robaba motocicletas a los almacenes, con las que fácilmente se transportaban los paramilitares en la región.
Algunos de los crímenes concretos que se atribuyen a dicho grupo son:
Desde el dos de julio de 1997, en San José del Guaviare fueron asesinadas varias personas que se dedicaban a la compra de hoja y pasta de coca, conocidos en la región como «Chichipatos», o que servían de intermediarios entre los campesinos productores de la hoja de coca y los narcotraficantes. Primero fue un joven de 19 años. El 19 de julio fue asesinado Alexis Niño; el 21 de julio Jorge Ivan Pérez y José Milciades Combariza; el 29 John Fredy Murcia y el 2 de agosto Un Joven que tampoco fue identificado. Los paramilitares se los llevaban por la fuerza y sus cadáveres baleados fueron encontrados en las afueras del pueblo.
El 4 de agosto de 1997. el campesino Heliodoro Bejarano fue asesinado por paramilitares que lo sacaron por la fuerza del casco urbano; fue hallado posteriormente en las afueras de la población con varios impactos de arma de fuego. El mismo día y en las mismas circunstancias fue asesinado el campesino Marco Fidel Farfan.
El 6 de agosto de 1997 fue asesinado William Perdomo por paramilitares que lo interceptaron en el parque central del pueblo y lo obligaron a subirse a una camioneta color azul y blanco; su cadáver fue hallado dos días después en las afueras de la localidad; presentaba varios impactos de bala.
El 7 de agosto Luis Evelio Arboleda, trabajador independiente, fue asesinado por paramilitares. El 8 de agosto Pedro Ruiz Cruz también fue asesinado en las mismas circunstancias. El 10 de agosto Leonel De Jesús Real, conductor, fue asesinado por paramilitares que lo sacaron por la fuerza del casco urbano de la población. El 11 de agosto los hermanos José Argemiro y Luis Guillermo Ballesteros, campesinos, fueron aprehendidos por paramilitares en la zona urbana y asesinados. El 26 de agosto Marco Ramírez, campesino de aproximadamente 29 años, fue asesinado por paramilitares que incursionaron en el casco urbano y lo llevaron por la fuerza. El 29 de agosto, una persona sin identificar también fue asesinada por éstos.
El soldado Hugo Valencia y Alcides Blandón. Ignacio Espitia León, Rafael Martínez, José Suarez y José Ortiz Torres fueron asesinados por un grupo de paramilitares en la vía a El Retorno, en tres acciones llevadas a cabo entre el martes 11 y el miércoles 12 de noviembre. El martes 11, Tres Comerciantes que se transportaban en una motocicleta y un campero, fueron asaltados y ejecutados en el sitio La Fuguita; los victimarios se llevaron los dos vehículos. El miércoles 12 las víctimas fueron Un Funcionario Público y otro Comerciante: el primero fue interceptado por los paramilitares cuando se dirigía a La Momposina a inspeccionar una obra pública; su cadáver fue hallado en el sitio San José, jurisdicción del municipio de El Retorno; el comerciante era propietario de un negocio en la inspección de policía La Unilla y fue asaltado y ejecutado por los paramilitares en la misma carretera. (17)
En el municipio de MIRAFLORES el accionar de los grupos paramilitares se manifestó con el asesinato sistemático de campesinos, comerciantes y pobladores, en abierta connivencia con las autoridades policivas y milita res acantonadas en la localidad.
El 17 de octubre de 1997, en el perímetro urbano, fueron asesinadas Doce Personas por paramilitares procedentes del Urabá antioqueño. Al día siguiente, entre las 8:00 y las 13:00 fueron asesinados Florentino Torres, Silvano Batioja Castro, Pablo Quejia Menza y José John Gordillo Daza, a menos de 100 metros del sito donde tiene su sede la autoridad militar. Incluso algunos victimarios, según se tiene conocimiento, fueron escoltados después de los hechos por miembros del Ejército. Como efecto de la masacre, más de 300 labriegos abandonaron la región desplazándose hacia la ciudad de Villavicencio, con todas las con secuencias familiares, sociales, económicas y políticas que el desarraigo implica.
Ese 18 de noviembre los paramilitares llegaron con lista en mano buscan do a varias personas. Aproximadamente a las 8:45 de la mañana, acribillaron a Dos Comerciantes en un establecimiento público y a la Tercera Víctima la ultimaron en una de las esquinas más concurridas de la localidad. Continuaron con lista en mano buscando a varias personas, al tiempo que solicitaban a comerciantes dinero y prendas de vestir. Las autoridades que se encontraban en el municipio, a escasos 100 metros del lugar de los hechos, solo aparecieron 45 minutos después, recogieron los cuerpos y se volvieron a acuartelar. Los paramilitares continuaron su recorrido por el pueblo y a las 13:00 horas asesinaron a Un Campesino. Posteriormente subieron a un avión DC3 partiendo con rumbo desconocido. La fuente precisa que los dos paramilitares que cometieron el último crimen, una vez consumado el hecho, subieron en una avioneta rumbo a San José del Guaviare, «escoltados por soldados del Ejército Nacional».
El 20 de octubre de 1997 fueron asesinados Alexander Palacios, Esneider Quintero Zuluaga y otra Persona Sin Identificar, por paramilitares que incusionaron en pleno centro del municipio. En el hecho resultó herida una tercera persona. Se tiene conocimiento de que a pesar de las estrictas medidas de seguridad que dijeron haber implementado las autoridades militares, tan solo en los días 17 y 18 de octubre habían sido asesinadas 16 personas en el perímetro urbano por integrantes del grupo paramilitar.
Una de las sedes de los paramilitares liderados por Luis Hernando Méndez alias "Rene" está ubicada en la inspección de Aguabonita, localizada a orillas del río Guaviare, entre San José del Guaviare y la Base Militar de El Barrancón donde tiene asiento habitual personal del Batallón Joaquín París, la Brigada Móvil Nº 2 y los Boinas Verdes de los Estados Unidos. Sin embargo, en ese luga, el día 9 de septiembre de 1997, José Noe Sánchez, candidato a la Asamblea de este departamento, fue asesinado por hombres armados que lo interceptaron y balearon en el sitio Agua Bonita, en momentos en que se dirigía desde San José del Guaviare hacia El Retorno, municipio en el que residía.
6. Paramilitarismo y estructuras del estado en El Meta
Los paramilitares que operan en favor de los narcotraficantes y hacendados del departamento Meta, han permanecido en estrecha connivencia con los organismos de seguridad del Estado, tales como el DAS, la Poli cía, la Fiscalía, el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía y el Ejército. Así lo revelan cada vez más informes provenientes de personas que entraron a laborar en dichos organismos pero que fueron presa de profundos escrúpulos morales al caer en la cuenta de la corrupción y criminalidad de sus propias instituciones, decidiéndose a denunciar hechos, de una u otra forma.
Ya en 1995 un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía de Villavicencio aportó al Director Nacional de! C.T.I., Dr Hernán Gonzalo Jiménez Barrera, y a la Defensoría del Pueblo, una serie de evidencias que comprometían a los tres directores del ente acusador para la Seccional Villavicencio y Llanos Orientales: al Director del Cuerpo Técnico de Investigaciones, Dr. Javier Parmenio Chaparro Lozano; al Director de Fiscalías, Dr. Jaime Valderrama Valderrama; al Director Administrativo y Financiero, Dr. Carlos Julio Ovalle Gatvis, y a otros funcionarios más de la Fiscalía Seccional de Villavicencio, en el patrocinio al accionar de! grupo paramilitar de Víctor Carranza, comandado por Arnulfo Castillo Agudelo, alias "Rasguño. (18)
"Al tratar de investigar y buscar pruebas en contra del jefe de los "PARAMILITARES" y SICARIOS en los Llanos Orientales, es decir, de ARNULFO CASTILLO AGUDELO alias "RASGUÑO", nos encontramos con que los Directores Seccionales de Villavicencio (CHAPARRO del C.T.I., OVALLE de ADMINISTRATIVO y VALDERRAMA de Fiscalías), mantenían desde hace varios años amistad y tratos o "negocios" o "asuntos laborales" con este sujeto alias "RASGUÑO" de quien se tiene la certeza y hay pruebas de testimonios, es un reconocido Jefe de Sicarios desde 1989 y antes, pues se probó que inició en este ámbito delincuencial desde 1983 cuando mató a un cabo de la policía en la población del GUAMAL, de donde es oriundo. Igualmente existen pruebas de la amistad y trato especial e incluso "laboral" de este sicario Reconocido con los Directores Seccionales" (19)
Pero lo más preocupante es que, formuladas estas denuncias, quien fue destituido "ipso facto"fue quien las hizo y no aquellos a quienes se les comprobó la corrupción y el respaldo a los paramilitares. Esto deja interrogantes muy profundos sobre el Fiscal Genera! del momento, Dr. Alfonso Valdivieso Sarmiento, y sobre el Vice Fiscal General, Dr. Adolfo Salamanca, quien justificó la destitución del funcionario ante varias ONGs alegando que "estaba creando tensiones internas en la Fiscalía'.
En el año 2000 se conoció otro documento remitido al Fiscal General de la Nación, Dr. Alfonso Gómez Méndez, por agentes del DAS de Villavicencio, quienes no quisieron identificarse por el alto riesgo en que pondrían sus vidas dada la perversidad de los denunciados y sus estrechas relaciones con gestores de las formas de violencia más sucias. Copias de dicho documentos fueron enviadas también a organizaciones de derechos humanos.
Según dicho documento, el Director Seccional del DAS colocaría en los puestos operativos a personal de su confianza y "les da orden de colaborar con los paramilitares y no meterse (sic) con ellos y realizar trabajos conjuntos con Dirección, como ocurre en Puerto López. San Martín y Cumaral".
Según los mismos denunciantes, algunos de los contratados como funcionarios del DAS en la región siguen directrices de comportamientos inconfesables, como por ejemplo, alguien cuya identidad completa se menciona, que "ingresó como delegado de derechos humanos, como fachada para infiltrar organizaciones de izquierda y otras entidades, para obtener información', o como un detective de Guamal cuya identidad también se suministra, al que le piden "realizar los trabajos sucios y vínculos con paramilitares o entregando varios informantes, después de utilizarlos, a sus patrones". De este último afirman que en cierta ocasión "hizo incinerar vivo a un sujeto porque entregó dos laboratorios".
De otro detective, plenamente identificado, afirman los denunciantes que es el encargado de "interceptar teléfonos, clonar, utilizar aparatos para monitorear radios de la zona de distención, alcaldías, gobernación, otras entidades, y radios de ganaderos y subversivos1, usando toda esta información para "realizar actividades con paramilitares y ejército del B2, para trabajos sucios".
En el mismo documento se señala a funcionarios concretos con funciones de enlace con las estructuras paramilitares. Uno de ellos es encargado de realizar los contactos con los paramilitares que tienen sitios precisos de reunión: algunos hoteles de Puerto López y San Martín. Otro de ellos "pasa copia de los informes de inteligencia a los paramilitares y les avisa cuándo van a llegar comisiones de la Fiscalía,... policía; se reúnen con ellos: mantiene controladas las vías para colaborar con el desplazamiento de los paramilitares, el paso de insumos (...) maneja los contactos con la gente que financia a estos grupos y con los jefes máximos de las autodefensas (...) realiza contactos con otros jefes compañeros y con el ejército de la séptima brigada y el batallón 21 Vargas acantonado en Granada...".
En otro aparte de su denuncia, los funcionarios del DAS afirman que en el Batallón 21 Vargas hay un Coronel, un Capitán y un Sargento especial mente encargados de proteger a los paramilitares; para ello "prestan camiones para traslados, apoyo en seguridad, entran al batallón, unos de estos paramilitares son uniformados y pertenecen a la nómina de la séptima brigada como (casos concretos) y además les protegen los laboratorios y pistas de los narcotraficantes que financian estos grupos, como (nombres concretos)..."
Sería temerario transcribir denuncias tan graves de autores que por seguridad no han querido identificarse, si una larga historia de casos no hubiera ido evidenciando durante varias décadas que existe una estrecha unidad de acción entre las estructuras del Estado, especialmente sus fuerzas armadas y organismos de seguridad, y el paramilitarismo, unidad de acción que en la Zona Séptima ha sido más que evidente. La Fiscalía General de la Nación ha respondido al Proyecto que estas denuncias están siendo objeto de investigaciones, pero esta misma respuesta se ha recibido innumerables veces antes de que los expedientes sean archivados y todo quede en la impunidad.
Así las cosas, el ingreso de las autodefensas Unidas de Colombia al departamento del Meta, especialmente a la subregión conformada por los municipios de Puerto López, Puerto Gaitán y San Martín Granada Fuente de Oro, ya estaba asegurado por toda una estructura estatal facilitadora del accionar de los grupos paramilitares y del negocio del narcotráfico, la cual se vio favorecida aún más, con el apoyo del Comandante de la VII Brigada del ejército, General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez de la manera en que quedó establecido con los hechos sucedidos en el municipio de Mapiripán desde el 15 al 20 de julio de 1997.
7. Masacre de San Carlos de Guaroa
En PUERTO LÓPEZ, el grupo de Víctor Carranza había mantenido desde tiempo atrás el control de la localidad y no había dejado de actuar. Sin embargo, se dice que desde su detención y acusación por promover y comandar grupos paramilitares dentro de un proceso penal que a finales del 2000 está llegando a la etapa de juicio, ha disminuido su operatividad con el fin de evitar que su situación jurídica se agrave. Esta circunstancia, según se comenta en muchos círculos, ha influido para el afianzamiento del grupo de Carlos Castaño Gil en ese corredor ganadero.
En este contexto, el 3 de octubre de 1997 fue perpetrada la masacre de 11 funcionarios judiciales que venían de la zona rural de Puerto López, por una vía del municipio de San Carlos de Guaroa:
Carlos Degly Reyes. Aldemar Manchola, Luis Fernando Vargas, José Noel Nn., Juan Carlos Figueroa Escobar, Otto Ruiz Pérez, Ricardo Guarnizo Cruz, Artidoro Basallo, José Alfonso Arevalo. Aldier Castro Bernal, José Luis Castro Barón, miembros de una comisión judicial, fueron masacrados en dos emboscadas sucesivas de más de 60 paramilitares. La comisión, integrada en total por 54 personas, de los cuales otras 16 resultaron heridas, había realizado una diligencia de decomiso de bienes inmuebles y de 350 kilos de cocaína en la finca El Alcaraván, de propiedad de Adolfo Soto García, señalado por las autoridades como uno de los jefe de los narcotraficantes de los Llanos Orientales. Entre las víctimas aparecen agentes de la Fiscalía, del Grupo Gaula (Ejército y Policía), del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) y del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía).
La primera emboscada fue ejecutada hacia las dos de la tarde en el sitio Casa de Teja por seis paramilitares quienes dispararon sus fusiles automáticos contra el convoy de siete carros en que los miembros de la comisión retornaban a Villavicencio. En la reacción del cuerpo de escoltas, fueron abatidos tres paramilitares y los tres restantes fueron capturados.
Una hora más tarde, en el sitio Las Lomitas, unos 150 paramilitares, vestidos de negro y armados con rockets, ametralladoras M60 y fusiles AK47. cerraron el paso a la caravana y la sometieron durante más de tres horas al fuego cruzado, causando la muerte a los 11 funcionarios y las heridas a los otros 16.
En la primera de las agresiones de los paramilitares y con el objeto de alertar y notificar la novedad del enfrentamiento, el Mayor Juan Carlos Figueroa se comunicó con el Mayor Diego Mantilla Sanmiguel, encargado del grupo de operaciones de la VII Brigada, y éste a su vez con el Brigadier General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, para que dispusiera el inmediato apoyo aéreo para evacuar a la comisión judicial de la zona, ante el inminente peligro que corrían. Sin embargo, este apoyo nunca llegó. El Mayor encargado de la seguridad del grupo dialogó así mismo con el Brigadier General Uscátegui por espacio de media hora, llegando a la conclusión de que efectivamente no recibirían colaboración y protección para el desplazamiento.
Ante tal negativa, el Mayor Figueroa ordenó continuar la marcha con todos los funcionarios judiciales hacia el casco urbano de San Carlos de Guaroa y de allí a Villavicencio. 20 minutos después de haber dialogado con Uscátegui, fueron atacados efectivamente por un grupo de más de 150 paramilitares que le ocasionó la muerte a 11 de ellos.
Aún en medio del ataque de los paramilitares, el Mayor Figueroa continuaba pidiendo auxilio a sus superiores cuando "lo alcanzó un proyectil y cayó muerto".
Dos funcionarios de la Fiscalía Regional de Oriente antes de los hechos acudieron a la Brigada y conversaron personalmente con Uscátegui para reforzar la petición del apoyo aéreo para la comisión judicial. El Brigadier General los atendió y les manifestó que no se preocuparan. Sin embargo, el comandante de la VII Brigada insistió ante las autoridades judiciales y medios de comunicación que no había sido enterado de la gravedad de la situación y menos aún que el mayor Figueroa le hubiera solicitado con urgencia apoyo aéreo para evacuar de la zona. (20)
El oficial Jaime Humberto Uscátegui Ramírez está siendo investigado a causa de su comportamiento omisivo en este hecho por la Procuraduría General de la Nación, y por igual comportamiento en la masacre de Mapiripán. Sin embargo, fue ascendió al rango de General de la República y al cargo de Comandante de la II División del Ejército con sede en Bucaramanga.
8. El Paramilitarismo de las AUC en el Área del Batallón 21 Vargas
En el municipio de GRANADA, donde tiene asiento el Batallón 21 Vargas del Ejército, se ha hecho sentir el accionar paramilitar de las llamadas "Autodefensas Unidas de Colombia" -AUC- y los otros grupos paramilitares, en el periodo 1997 1998, con una serie de asesinatos selectivos en el casco urbano, perpetrados por hombres que se movilizan en motos de altos cilindrajes y portan armas de corto alcance, sin estorbados en su acción por parte de las autoridades policivas o militares. Así mismo se han perpetrado masacres en zonas rurales.
E! 11 de octubre de 1997, Edgar Francisco Borja, comerciante, fue asesinado cuando transitaba por la carrera 13 con calle 14. El crimen ocurrió a las 8:00 p.m. E) 12 de octubre, Pedro José Montoya fue asesinado cuando departía en una taberna ubicada a escasos metros de la Alcaldía Municipal. El 15 de octubre, John Ramírez, joven taxista, también fue asesinado. El 18 de octubre, Emilio Nieto, vendedor de libros y textos escolares, fue asesinado en el barrio Gaitán. El 19 del mismo mes, José Domingo Higuera Arcila, despachador de una empresa de transporte, fue asesinado cuando se movilizaba por el sector del terminal de transportes de la ciudad.
El 23 de noviembre de 1997 un hombre que no fue posible identificar fue asesinado en la zona rural, a 4 kilómetros del perímetro urbano. Posteriormente los paramilitares efectuaron un bloqueo de la vía conocida como Trocha 7, la cual comunica las poblaciones de Canaguaro, Granada, Fuente de Oro y Puerto Lleras: durante dicha acción repartieron propaganda afirmando que "venían de Córdoba y Urabá y que venían a quedarse".
Por la vía Granada-Fuente de Oro, el 24 de noviembre de 1997 fueron asesinados Luis Guillermo García, Jesús Emilio Vergara Vidal, Orlando Várela, Elba Mambia Martínez. Marcos Rodríguez. Otros Doce Pobladores habían sido asesinados por paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, durante los días siguientes a las elecciones populares celebradas el día 26 de Octubre.
En la vereda Paraíso los paramilitares realizaron una reunión con todos sus habitantes. Llevaban un computador portátil en el que traían información que comparaban con la que les suministraban los campesinos y agregaban a la lista aquellas personas que no figuraban. Pobladores de la región aseguran que, "Las autodefensas se encuentran concentradas en la hacienda Mutapa, jurisdicción del municipio de San Martín» y que las autoridades civiles y militares han hecho caso omiso de éstos acontecimientos.
Desde el municipio de Granada los paramilitares han teñido relativa facilidad para incursionar en los municipios de El Castillo, Lejanías y Mesetas en !a región de Ariari, donde han ejecutado una serie de asesinatos selectivos y masacres, que han hecho blanco en campesinos y líderes comunitarios tradicionales de esa zona.
El 4 de diciembre de 1997, en EL CASTILLO, el joven Libardo Guevara Rosas fue asesinado por 12 paramilitares que se movilizaban en 6 motocicletas, luego de interceptar la camioneta de la empresa «Yucaariari» en la que se transportaba junto con otros obreros. En el sitio Caño Sibao, bajaron a los obreros, sacaron del grupo a Libardo. lo tendieron en el suelo y le propinaron tres disparos, llevándose con ellos sus documentos de identidad.
El sitio Caño Sibao ha sido escenario de constantes hechos violatorios de los derechos humanos, tales como la masacre de 17 pobladores de El Castillo el 3 de julio de 1988; la masacre de cuatro militantes de la Unión Patriótica, entre ellos María Mercedes Méndez y William Ocampo, alcaldes saliente y entrante de ese municipio, el 3 de junio de 1992, o el asesinato de Luis Felipe Beltrán Ariza, simpatizante de la Unión Patriótica, el 13 de septiembre de 1992, y el asesinato del campesino Luis Enrique León Martínez el 2 de enero de 1996. La Base militar se encuentra ubicada a 10 minutos de ese lugar.
El 19 de enero de 1998, Efren NN., transportador rural de la inspección de policía departamental Medellín del Ariari, fue asesinado por paramilitares que lo interceptaron cuando se transportaba en un carro de su propiedad. La víctima llevaba dos pasajeros, y además una remesa de $1.000.000,oo (un millón de pesos) en víveres, la cual fue transbordada a otro vehículo; luego fue (levado a un extremo de la carretera donde le dispararon repetidas veces, acusándolo de colaborarle a la guerrilla.
El 25 de enero de 1998. Antonio Forero, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vedada El Reposo, fue asesinado por paramilitares de las "Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá". Los victimarios llegaron hacia las 2 p.m. a la Inspección de Policía Departamental de Medellín del Ariarí, obligaron a los pobladores a reunirse, dijeron que iban a matar a los auxiliadores de la guerrilla y procedieron a ejecutar al líder comunal.
El 14 de abril de 1998. los campesinos Geovanny Camacho, Fidel Murcia Cuella, José Elmer Ramírez Garzón y Arquimedes Echeverri Giraldo, fueron asesinados por paramilitares que incursionaron en horas de la noche al sitio Puerto Esperanza Los paramilitares llegaron al lugar con lista en mano, sacaron de su vivienda a los cuatro campesinos y luego los asesinaron.
En el municipio de LEJANÍAS, el 25 de septiembre de 1998 fueron asesinados Luis Carlos Marín, Jorge Antonio Cruz, Rocío Alzate y Silverio NN., y resultaron heridos José Hoover González. Bernardo Restrepo y William Quintero por paramilitares de la "Autodefensas Unidas de Colombia", quienes incursionaron en el casco urbano de la localidad asesinado a un panadero y a un mecánico; luego se dirigieron a la vereda Los Laureles, donde asesinaron a una pareja de esposos e hirieron a tres personas más.
En el municipio de MESETAS, el 28 de abril de 1998, fue asesinada Amparo Aricapa, comerciante, víctima del accionar de las "Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá". Los paramilitares asesinaron a Amparo y amenazaron a Edgar Sánchez mediante un grafiti.
Y el 5 de mayo de 1998, el concejal indígena Gerardo Begoche y José Hueso fueron asesinados por varios hombres armados, en la vereda Las Rosas.
No sobra advertir, debido a fas implicaciones directas que la BRIGADA MÓVIL Nº 2 ha tenido en el desarrollo e impulso del paramilitarismo en el Meta y Guaviare. que unidades de esa guarnición militar venían operando por los municipios de Mesetas y la Uribe desde 1995 y a sus efectivos se les atribuyen asesinatos, detenciones y torturas en los casos ocurridos.
El 16 de octubre de 1995, en el municipio de Mesetas John Jairo López Ostos, de 22 años de edad, miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Paz, simpatizante de la Unión Patriótica y ampliamente conocido en la región como persona trabajadora, honrada y que no tenía ningún vínculo con la guerrilla, fue detenido y asesinado por militares de la Brigada Móvil Nº 2 y presentado a los medios de información como "guerrillero dado de baja en combate. Sus familiares y los pobladores de la región informaron que dos días antes de localizarse su cadáver, había sido detenido por la patrulla militar cerca a su vivienda, ubicada en el sitio Sabaneta de la vereda El Palmar.
Frente a este hecho, el Fiscal Noveno de Mesetas inició las primeras diligencias y las remitió el 12 de febrero de 1996 al Juzgado Séptimo de Instrucción Penal Militar, adscrito a la Brigada móvil No. 2, por considerar que en los hechos tuvieron participación miembros del Batallón Contraguerrilla No. 15 de la precitada Brigada. En este Despacho se recibieron las diligencias penales y posteriormente fueron enviadas a la sede de la Brigada en Tolemaida, Cundinamarca, para que allí se resolviera lo pertinente, sin que se tenga conocimiento de lo actuado hasta el momento.
El 27 de abril de 1996, en Mesetas, los campesinos José Ivan Ortiz Chacón y Héctor Ortiz Chacón fueron detenidos y torturados por 6 militares adscritos a la Brigada Móvil Nº 2, quienes incursionaron en la finca de la familia de las víctimas, ubicada en la vereda Las Brisas, sepa raron a los hombres de las mujeres, a los dos hermanos les quitaron sus camisas y les pusieron camisas militares, les calzaron botas militares y los obligaron a ir con ellos. En un potrero les tomaron fotografías, los golpearon con el cañón de un rocket, les dispararon cerca de los pies y les decían que cuando los interrogaran tenían que decir que eran guerrilleros, pues de lo contrario los mataban. A Iván lo amarraron a un árbol, en tanto que a Héctor le amarraron las manos por la espalda y lo tendieron boca abajo. Así los tuvieron toda la noche; al día siguiente los llevaron en helicóptero al municipio de Uribe y después a Villavicencio. El día 29 de abril, familiares de las víctimas constataron que se encontraban en poder del Ejército, pero luego, los días 2 y 3 de mayo, los militares negaron tenerlos. Las víctimas fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales y fueron sindicados de ser "guerrillero". En municipio de San Martín la llegada de las AUC fue posible gracias a la estrecha relación de los paramilitares que allí operaban con las fuerzas armadas de este municipio, (21) y desde su llegada ha habido una sucesión de masacres.
El 17 de noviembre de 1997, Diez Campesinos fueron asesinados por paramilitares de los grupos denominados "Serpiente Negra" y "Carranceros", que se han asentado en la región del Ariari. Unos se desplazan desde el municipio de El Dorado y otros acampan en una hacienda ubicada en el municipio de San Martín. Los victimarios sindican a los labriegos de ser auxiliadores de la guerrilla.
El 29 del mismo mes, otros Nueve Pobladores fueron asesinados en el sitio conocido como Caño Blanco y en otras zonas de la región del río Ariari, por un grupo paramilitar que incursionó en los municipios de Puerto Lleras y San Martín. Una de las víctimas era un sordomudo de 40 años, a quien ejecutaron delante de su madre, la cual tuvo que abandonar el ca dáver y esconderse; sólo tres días después pudo enterrar a su hijo. Los paramilitares se desplazan por las Trochas 5 y 7 de la región, y cerca de 400 de ellos acampan en una hacienda de San Martín. Aunque el informe oficial habla de nueve víctimas, los pobladores afirman que el número de muertos asciende a veinte.
9. Masacre de Puerto Oriente
Los campesinos y pobladores del municipio de Puerto Gaitán se han visto también afectados en el periodo 19971998 por agresiones masivas, como la masacre de Puerto Oriente ocurrida entre el 2 y el 7 de julio de 1998, en la cual quince personas fueron asesinadas y una desaparecida como resultado de una incursión paramilitar en los sitios La Picota, La Loma y Puerto Oriente.
El Jueves 2 de julio, un grupo numeroso de paramilitares que se moviliza ba en varios vehículos entró a la zona del Alto Tillava y pasaron la noche en inmediaciones del río Planas, en el municipio de Puerto Gaitán. Meta. Al día siguiente continuaron su camino y se dirigieron al sitio conocido como La Picota, donde quemaron y destruyeron varias casas de campesinos, les hurtaron algunos objetos y retuvieron a dos indígenas. Luego se dirigieron hacia La Loma donde destruyeron el poblado, incendiando todas sus casas, asesinaron a los Dos Indígenas que habían capturado en La Picota, a Un Señor de Setenta Años y a Una Cuarta Persona, y se llevaron con ellos al señor Aquilino que transitaba en el momento por el lugar. La mayoría de los habitantes de la Loma se refugiaron en el monte ante la inminencia de la presencia paramilitar, por esa razón no hubo más pérdida de vidas humanas.
Los paramilitares continuaron su recorrido hacia la inspección de Puerto Trujillo. Sin embargo, al parecer por combates registrados con el Frente 39 de las FARC en la zona. se dirigieron hacia Puerto Principe, ya en el departamento de Vichada, a donde no lograron llegar, desviándose hacia Puerto Oriente, y en el río Vichada, donde está ubicado et plachón que transborda vehículos y gente, perpetraron la segunda masacre, en la cual perdieron la vida Alex Sandoval. Gentil Sandoval, Myriam Martínez y sus dos hijos Carlos y Candida, Óscar Cortes, Tiberio López, Felipe Avila, y a quienes llamaban "Chucho", "El Quemado", y "El Palillo". Todos fueron torturados.
Según relatos de testigos presenciales recogidos por el Proyecto:
'Al niño Carlos le cortaron de la boca a la oreja; yo tengo conocimiento, pues tanto cualquiera se puede imaginar de que esa tortura se la hicieron en vida antes de malarios, tal vez al ver de que lo estaban torturando, la mamá y la hermana, él gritaba o se iba a lanzar hacia ellas, hacia la mamá. entonces me imagino de que así puede ser y cualquiera puede imaginarse eso de que con un cuchillo le cortaron de la boca a la oreja quedo cortado, entonces al sentirse asi yo creo que él arrancó a correr porque a él se le encontraron un tiro en la cabeza con fusil, porque entró por un rotico pequeño y salió llevándose todo e¡ cráneo, le rompió la cabeza».
A Myriam "la torturaron porque se veían partes moretiadas en la pierna, una pierna de ella fue abierta con cuchillo de la rodilla a la cadera, toda la pierna en cruz. rajada la carne y el hueso de la pierna fue partido como si lo hubieran partido con un martillo o con motosierra. porque fue partido y le pegaron dos o tres tiros, bueno, abaleada y rajada todo el estómago rajado, le quitaron el cabello, lo dejaron ahí botado y la botaron al río desnuda, desnuda, y la botaron al río".
A Cándida también "le quitaron todo el cabello, lo tiraron ahí donde la masacraron; ahí quedó el cabello; desnuda también, únicamente con ropa interior, interior y brasier, a ella fueron tres tiros que le dieron de espalda le pegaron; me imagino que en la tragedia de ver a la mamá ahí fue que te pegaron esos tiros y la mataron delante de la madre de ella, de Myriam; fueron torturados y masacrados delante de ella y la botaron al río» .
Las otras personas que fueron asesinadas también fueron torturadas: "todos fueron así masacrados, Don Luis, el papá de la familia que habían ahí, un señor de 60 años. 60 o 65 años, fue despedazado con motosierra. Un ayudante de la otra lancha fue despedazado y botado por pedazos al río, quedó, porque quedaron los testigos que vieron, que lo encontraron menudencias. tripas de él envueltas en unos palos, al caer al río quedaron enredadas ahí. Y los otros todos fueron botados, al río unos. y los otros quedaron ahí, los dejaron ahí a fuera".
A Felipe Avila dicen sus familiares que lo encontraron "despedazado, le quitaron la cabeza, los brazos, las piernas y fuera de eso le abrieron asi todo lo que fue el estómago y lo encontramos por pedazos; primero se encontró el tronco, pues después encontraron que la cabeza, que un brazo y eso así, inclusive se enterró sin un brazo porque no se encontró, porque eso los botaron fue al río... Los paramilitares se les robaron las pertenencias a las víctimas y otras de algunos de los habitantes del lugar'.
En la continuación del recorrido sanguinario y de terror, en el sitio conocido como La Siberia, se le robaron el radioteléfono al señor Alberto Botero. Luego retornaron a la inspección de Planas donde saquearon las tiendas y siguieron hacia el municipio de Puerto Gaitán.
Solo algunas de las víctimas pudieron ser rescatadas de las aguas del río a donde los paramilitares lanzaron sus cuerpos. A pocos de ellos los lograron sepultar sus familiares. Los otros fueron enterrados en una fosa común, ya que los habitantes de esa zona "se vinieron, abandonaron todo y se vinieron, salieron de ahí porque las amenazas siguen; amenazas de los paramilitares de que llegan a quemar el pueblo y a matar al que en cuentren y de ahí para acá pues según lo que me han dicho eso estaba solo, abandonado todo".
Desde tiempo atrás los habitantes de esta región se habían dirigido en reiteradas oportunidades a las autoridades civiles y militares para solicitar su intervención con el fin de evitar una masacre, ya que los paramilitares enviaban constantes amenazas, algunas a través de los conductores de los buses intermunicipales, advirtiendo sobre la inminencia del ataque, al acusarlos de ser "guerrilleros1. Al respecto, ni la Fiscalía, ni la VII Brigada, ni la Policía, hicieron nada para evitarla, muy por el contrario, llama la atención el hecho de que el comandante del Batallón de Villavicencio aseverara a la emisora radial "La Voz del Llano", dos días después de la masacre, "que sabía que eso habían sido guerrilleros los que habían caído ahí, los muertos que habían ahí, eran guerrilleros y resulta, pues yo oí esa respuesta de ese señor, y ahí ninguno de los de ahí eran guerrilleros; eran trabajadores, gente honesta, menores de edad, estudiantes e inclusive hasta un indígena había perdido, estaba perdido esos días".
El 8 de noviembre de 1998 también fueron asesinados Juan Carlos Gutiérrez y Juan Simón González Puentes por paramilitares, quienes incursionaron en el sitio conocido como Puerto Trujillo. Los victimarios dispararon contra un menor de 14 años quien intentaba escapar; ya muerto, le abrieron el vientre con un machete y destruyeron su cuerpo con una granada. A la otra víctima, un hombre de 25 años, le dispararon y posteriormente lo apuñalaron en 27 oportunidades. La población se escondió en la zona enmontada. Los paramilitares al no ver más habitantes en el lugar, mataron el ganado y quemaron varias viviendas, mientras otros paramilitares disparaban hacia las montañas donde se refugiaban los campesinos, «como lo demuestran los cientos de vainillas que quedaron al borde de la carretera".
10. Masacre de Puerto Alvira
El 4 de mayo de 1998 los paramilitares ingresaron nuevamente al municipio de Mapiripán y cometieron la masacre de Puerto Alvira. la cual es zona de importancia estratégica debido a su localización, que permite el acceso de los paramilitares a los departamentos de Guanía y Guaviare; así mismo "es la punta sur de expansión latifundista que proviene de Puerto Lleras, a través de la incorporación de tierras desde la región del Aríari. (22)
En este caserío. Veinticuatro pobladores, entre ellos Wilson Bernal, Carlos Virgilio Bernal Ortiz, Angie Carolina Ducuara Viera, Carlos Castro, José Alirio Cubides, Marco Antonio Ducuara, Fabián Cuellar Díaz, Nelson Calderón Moreno, Alejandro Saenz Cubides, Jorge Baez, Ulises Jiménez, John Jairo Méndez Hernández, Jorge Alberto Suarez Melo, José Ángel Orjuelatovar, Pedro José Rico Arevalo, Hebert Macario Asprilla Hinojosa, Jorge Pedraza, Porfirio Caraballi, Óscar Hernández, Pedro Ruiz y Siete Sin Identificar, fueron víctimas del accionar de un grupo de aproximadamente 200 paramilitares de las "Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá", quienes se movilizaban en 3 camiones, una volqueta de color azul y blanco y una camioneta
Chevrolet. Algunos vestían ropa camuflada y pañoletas de color verde y negro, y portaban fusiles AK47 y lanzagranadas.
El grupo armado llegó en la mañana y permaneció en la inspección hasta las 4 p.m. Durante este tiempo la zona fue sobrevolada por un avión de la Fuerza Aérea Colombiana, conocido como "la marrana" o "avión fantasma". Los paramilitares llegaron en horas de la mañana a un finca ubicada en la vía a la mencionada inspección, encañonaron a los habitantes y procedieron a ejecutar a Wiison Bernal y a llevarse a Carlos Virgilio Bernal Ortiz. a quien obligaron a abordar uno de los vehículos, dirigiéndose a la inspección, donde lo asesinaron a las 2 p.m.. Ya en Puerto Alvira, dispararon contra la familia Ducuara que intentaba huir en una embarcación por el río Guaviare, asesinando a la menor Angie Carolina Ducuara Viera e hiriendo a Carlos Castro, Marco Antonio Ducuara y José Alirio Cubides.
Acto seguido empezaron a disparar al aire. bloquearon las salidas terrestres y fluviales y, a través del altavoz comunitario, ordenaron a los habitantes que se reunieran en el polideportivo del parque central y en la pista del aeropuerto local.
Una vez allí, se presentaron como integrantes de las "Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá"; acusaron a los pobladores de ser "auxiliadores de la guerrilla" y luego les indicaron que podían ir a sus casas. Cinco minutos después les ordenaron de nuevo regresar y a quienes no lo hicieron los sacaron a la fuerza de sus casas maltratándolos física y verbalmente. En el polideportivo separaron hombres y mujeres, luego formaron grupos de 12 a 15 personas y con lista en mano, indagaron por varias personas, entre ellos algunos líderes comunales y dos pobladores conocidos como "El Diablo" y "Botalón", a quienes obligaron a salir del grupo para llevarlos a la estación de gasolina, en donde los ejecutaron. Luego, ante la negativa de los habitantes a indicar si otras de las personas que se hallaban en la lista se encontraban o no en el poblado, procedieron a escoger a varios de ellos que eran señalados por un encapuchado, que al parecer había pertenecido a la guerrilla. La selección de 14 personas se demoró una hora. Luego las llevaron a la estación de gasolina y allí las ejecutaron e incineraron sus cuerpos al hacer estallar un artefacto explosivo; entre estas personas se encontraban Fabián Cuéllar Díaz, asesinado con arma cortopunzante, Nelson Calderón Moreno, Alejandro Sáenz, Ulises Jiménez y Jorge Báez.
Entre tanto, a los pobladores reunidos en la pista del aeropuerto les entregaron volantes alusivos a la organización paramilitar; quemaron una avioneta; escogieron a tres personas y las obligaron a abrir huecos en la pista para colocar varios explosivos; luego ejecutaron a un hombre conocido en el pueblo como "El Happy", a quien amarraron, tiraron al piso y en repetidas ocasiones le pasaron una camioneta por encima del cuerpo. Al mismo tiempo otro grupo de los paramilitares se dedicaba a saquear y prender fuego a establecimientos comerciales y viviendas, así como a hurtar vehículos, obligando a sus dueños a entregar las llaves.
Los paramilitares abandonaron la localidad a las 4 p.m. y en la retirada asesinaron a un campesino en el sitio La Loma, y en el sitio La Horqueta dieron muerte a un joven campesino que se movilizaba en una bicicleta y a Pedro Ruiz. Cuando los pobladores se percataron de la retirada de los paramilitares, procedieron a dar aviso a Villavicencio, usando uno de los radioteléfonos que el grupo armado no destruyó, pero la comunicación fue interceptada por los paramilitares.
Por estos hechos, la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el Brigadier General Jaime Humberto Uscátegui y otros tres altos oficiales de la VII Brigada y la IV División del Ejército, sin que hasta el momento se conozca sanción.
Notas;1. Decreto 717 y 900 de 1996
2. Revista Semana. Agosto 13 de 1996. pgs 32- 35 "Aquí estamos y aquí nos quedamos"
3. Periódico El Tiempo. 18 de julio de 1996. pg 10A
4. Ib. Pág 18
5. Estatuto de Estupefacientes
6. Periódico El Tiempo. 21 de agosto de 1996. pg. 10A
7. Vargas Mesa, Ricardo. 'Drogas, Máscaras y juegos. Narcotráfico y conflicto armado en Colombia'. Tercer Mundo Editores. Santafé de Bogotá. 1999. pg 141
8. "Los paras quieren medio país'. Revista Cambio 16.Nº 215, julio 18 de 1997
9. Plan Pentágono para el Amazonas.
10. Testimonio PNM
11. Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación. Radicado 443
12. En Putumayo en 1998 fueron cometidos 114 asesinatos, de los cuales 87 ocurrieron por la acción de los paramilitares; en 1996 habían ocurrido 10 asesinatos, 7 de ellos por agentes estatales y en 1997 el número de ellos descendió a dos. En Caquetá, ocurrieron 27 asesinatos en 1998, de los cuales 20 fueron cometidos por paramilitares; en 1996 ocurrieron 2 asesinatos por grupos paramilitares, y en 1997 nueve.
13. Respecto a la investigación penal de este crimen, la Fiscalía Doce Delegada ante los Jueces Regionales, radicada en San José del Guaviare, el 23 de julio de 1997 avocó el conocimiento de los hechos. Posteriormente, la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos, continuó la investigación y el 21 de julio de 1998 dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra los sargentos del ejército nacional JUAN CARLOS GAMARRA POLO y JOSÉ MILLER URUEÑA DÍAZ. También decretó la detención preventiva contra los paramilitares CARLOS CASTAÑO GIL, JULIO ENRIQUE FLOREZ GONZÁLEZ, LUIS HERNANDO MÉNDEZ BEDOYA, JOSÉ VICENTE GUTIÉRREZ GIRALDO. JUAN MANUEL ORTIZ MATAMOROS, HELIO ERNESTO BUITRAGO LEÓN y JORGE LUIS ALMEIRA QUIROZ por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, homicidio agravado y secuestro agravado.
El 7 de abril de 1999 se profirió resolución de acusación contra los anteriores y se procedió a abrir un nuevo radicado del mismo proceso para investigar la conducta del General Jaime Humberto Uscátegui, del Coronel Lino Hernando Sánchez Prado, del Teniente Coronel Hernán Orozco Castro, a quienes se vinculó mediante indagatoria.
En relación con los primeros implicados, la resolución de acusación fue impugnada y el en recurso de reposición la Fiscalía confirmó la acusación y remitió la actuación para surtir ante la Delegada ante el Tribunal Nacional la Apelación.
En la nueva instrucción, el 20 de mayo de 1999 se resolvió situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva al alto oficial Uscátegui y se le vinculó por los delitos de homicidio agravado, secuestro agravado y falsedad ideológica de documento público, por comisión por omisión impropia. La Fiscalía omitió vincularlo por el delito de concierto para delinquir imputado a los suboficiales y paramilitares detenidos.
Al Teniente Coronel Hernán Orozco Castro la Fiscalía le recepcionó indagatoria y en providencia del 30 de marzo de 1999 se abstuvo de imponer medida de aseguramiento. Al Teniente Coronel Lino Hernando Sánchez Prado le resolvió situación jurídica por el auxilio, la colaboración que directamente prestó a la agrupación paramilitar de Carlos Castaño Gil representada en San José del Guaviare por Hernando Méndez Bedoya, con base en lo cual lo vinculo con medida de aseguramiento por concierto para delinquir y por los delitos de homicidio agravado y secuestro agravado por comisión por omisión.
Llama la atención la calificación del grado y niveles de participación de los militares en el crimen realizada por la Fiscalía, aduciendo, en unos que se trató de la acción omisiva que los coloca por su posición de garantes y el incumplimiento de sus deberes legales con disposición de medios para evitar el resultado en copartícipes de los múltiples delitos cometidos en Mapiripán, desatendiendo la cadencia probatoria que establece que se trató no solo de abstenerse de defender la libertad, integridad y vida de los habitantes de Mapiripán. sino que su intervención obedeció a la ejecución de un plan preconcebido de tal manera que Oficiales y Suboficiales, lejos de querer evitar la consumación de los hechos previstos meses antes, inclinaron su voluntad e inteligencia hacia el despliegue de actos positivos y omisivos que permitieron la consumación de la masacre.
En estas condiciones, es claro que el fundamento de la imputación no radica en la omisión de deberes funcionales, pues en tales circunstancias se procedería a título de prevaricato omisivo, sin ninguna trascendencia a la serie de secuestros y homicidios. La imputación se apoya en el hecho de que las omisiones y las manifestaciones positivas de voluntad a que hubo lugar no tuvieron por norte la simple omisión de un deber, sino la producción de resultados antijurídicos referidos a la privación de la libertad, torturas y posterior asesinato de las víctimas.
El agente del Ministerio Público, el 31 de mayo de 1999 solicitó al Fiscal del conocimiento el envió del proceso a la Justicia Penal Militar en relación con el General Jaime Humberto Uscátegui y el Teniente Coronel Hernán Orozco. Como la petición fue negada, el 2 de junio 1999 el Comandante del Ejército Nacional, General Jorge Enrique Mora Rangel, procedió a provocar colisión de competencia positiva dirigida a la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la Nación, dentro de los procesos radicados en ese despacho bajo los No. UDH244 y UDH443 al considerar que los hechos imputados a los suboficiales JOSÉ MILLER URUEÑA DIAZ y JUAN CARLOS GAMARRA POLO y a los oficiales Brigadier General JAIME HUMBERTO USCÁTEGUI RAMÍREZ, Coronel LINO HERNANDO SÁNCHEZ PRADO Y Teniente Coronel HERNÁN OROZCO CASTRO, deben ser investigados por la Justicia Penal Militar.
El 21 de junio de 1999 la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación resolvió no aceptar las razones expuestas por el comandante del Ejército Nacional, en consecuencia ordenó la remisión del expediente seguido contra los oficiales y suboficiales menciona dos anteriormente al H. Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria.
El 18 de agosto de 1999 con ponencia del magistrado Edgardo José Maya Villazón se negó la
competencia a la Justicia Penal Militar, sin embargo, su ponencia fue derrotada. Acto seguido se efectuó un nuevo "sorteo" asignándole la nueva ponencia al magistrado Rómulo González Trujillo, quien conceptuó la sustracción de la competencia de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía.En su providencia el Consejo Superior de la Judicatura advirtió el nexo de causalidad de la omisión imputada por la Fiscalía al Brigadier General Uscátegui con el ejercicio de las funciones que predica la normatividad penal militar para que los asuntos de ésta índole se sometan a la jurisdicción castrense. Con relación al Teniente Coronel Hernán Orozco Castro el Consejo Superior de la Judicatura acoge el punto de vista esgrimido por el agente del Ministerio público y ratifica que "las conductas en que presuntamente incurrió son constitutivas de omisiones en sus funciones, pues estando bajo el dominio de la Comandancia del Batallón Joaquín París, al tener conocimiento de los hechos que se estaban dando en la población de Mapiripán, omitió el cumplimiento de sus funciones .....que por circunscripción territorial le correspondía, de donde surge el nexo entre el servicio que prestaba y la ausencia de acción consecuente con las diversas informaciones telefónicas que recibió, por las cuales conoció de los hechos delictivos que se estaban cometiendo en la población, razón por la cual el conocimiento de esa investigación le corresponde a la Justicia Penal Militar, oficina a la cual se remitirá para su conocimiento*.
Para el Consejo Superior de la Judicatura en contraposición a sus anteriores planteamientos "tal como se encuentra la imputación contra el oficial Lino Hernando Sánchez Prado, no se predica el aforamiento militar, ante la ausencia de nexo de entre la prestación del servido militar y las conductas delictivas atribuidas".
Frente a los sargentos del ejército nacional Juan Carlos Gamarra Polo y José Miller Urueña Díaz el Magistrado González Trujillo concluyó "la inexistencia de vinculo entre las conductas ilícitas presuntamente cometidas por estos y el servicio que prestaban como militares, pues con sus acciones y omisiones al parecer previamente acordadas, se comportaron como particulares desatando así el vínculo con la función oficial, por lo cual consecuentes con esta conclusión, el conocimiento de su investigación debe ser asignado a la Justicia Penal Ordinaria'
De conformidad con las consideraciones expuestas, la decisión del Consejo Superior de la Judicatura fue enviar el proceso penal ante el Comandante del Ejercito Nacional en relación con los comportamientos imputados al Brigadier General Uscátegui Ramírez y el Teniente Coronel Orozco Castro y la continuidad de la actuación ante la Fiscalía en relación con el Coronel Lino Hernando Sánchez Prado y los sargentos Gamarra Polo y Urueña Díaz.
El proceso contra los sargentos Gamarra Polo y Urueña y los paramilitares implicados se encontraba más adelantado, ya que mientras se resolvía la colisión de competencia respecto de estos, se desataba el recurso de apelación interpuesto contra ta resolución de acusación proferida por la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Finalmente la segunda instancia confirmó la acusación y remitió el 5 de enero de 2000 el proceso a juicio a los Jueces del circuito especializados de Villavicencio en el departamento del Meta. Sin embargo ta Unidad Nacional de Derechos Humanos solicitó el cambio de radicación ante el Ministerio de Justicia, asignándose el caso a los Juzgados del circuito especializados de Santafé de Bogotá.
El 13 de septiembre de 1999 se cerró la investigación y el 16 de noviembre se profirió resolución de acusación en contra del Coronel Lino Sánchez Prado y el 12 de abril de 2000 la Fisca lía Delegada ante el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá confirmó la acusación que había sido impugnada por la defensa del sindicado y el Ministerio Público.
Justicia Penal Militar: Se inició en virtud del envió del expediente por parte del Consejo Superior de la Judicatura luego de permanecer allí por casi tres meses y una vez le fue asignado el Juez penal militar del conocimiento, la Defensa del militar solicitó la práctica de pruebas, entre ellas la ampliación de la indagatoria alargando la etapa instrtuctiva, dando lugar, al vencimiento del término y al otorgamiento de la libertad provisional por esa causa el 18 de noviembre de 1999.
El 12 de noviembre se cerró la investigación
Actuación Disciplinaria: Rdo: 008-006-498/97
Octubre 11 de 1997 se dispuso la apertura de investigación contra El Brigadier General Jaime Humberto Uscátegui, Mayor Hernán Orozco Castro, Mayor Vodmar Horacio Galeano Salcedo, Capitán Juan Carlos López Pabón, comandantes encargados de la zona oriente antinarcóticos de la Policía Nacional, Jaime Calderón Moreno, Alcalde de Mapiripán, Fernando Martínez Herrera, Registrador del Estado Civil municipal, Luis Hernando Prieto Cárdenas, Inspector municipal, Eduardo Brand Castillo, Secretario de Gobierno del Guaviare y César Augusto López León, Personero de Mapiripán.
La Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos conceptuó investigar al Coronel Leonardo Gallego, Director Antinarcóticos de la Policía Nacional ya que fue enterado oportunamente de los hechos y no efectuó ninguna acción tendiente a proteger a la población, por ende dispuso el envió de la actuación a la Delegada para la Policía Nacional.
Contra el Mayor General Agustín Ardila Uribe también y el General Jaime Humberto Uscátegui se dispuso enviar el proceso al Procurador General de la Nación por competencia.
Con relación al Mayor Orozco Castro se conceptúa que debe investigarse su comportamiento omisivo para lo cual dispone el envió del expediente a la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares.
Frente a los funcionarios públicos como el Alcalde, el Personero, el Registrador municipal y el Inspector municipal se remitió lo actuado a la Procuraduría Provincial del Meta. Y por la conducta negligente de Eduardo Brand Castillo, Secretario de Gobierno del Guaviare, se debe investigar por la Procuraduría Departamental del Guaviare.
Pliego de cargos contra Lino Sánchez Prado, Carlos Avila Beltrán, el Mayor Arbey García Narváez y los suboficiales Miller Uruena Díaz, Juan Carlos Garoarra Polo y Leonardo Montoya Rubiano.
14. Testimonios Proyecto Nunca Más.
15. Testimonios Proyecto Nunca Más.
16. Unidad Nacional de Derechos Humanos. Proceso Radicado No. 244
17. Testimonios Proyecto Nunca Más.
18. Memorial dirigido al Doctor Alejandro Valencia Villa, Director Nacional de Atención y Trámite de Quejas, Defensoría del Pueblo, en Julio 29 de 1995. Ref: Solicitud Investigación Disciplinaria contra funcionarios de la Fiscalía de Villavicencio y vigilancia especial en el proceso número 23955.
19. Informe confidencial: Al Dr. Adolfo Salamanca Correa, Destino: Dr. Alfonso Valdivieso Sarmiento, Asunto informe Bajo Juramento (Confidencial), Santafé de Bogotá D.C., Julio 24 de 1995
20. Periódico El Tiempo. Noviembre 28 de 1999. Santafé de Bogotá, pg 6A
21. Testimonio PNM
22. Instituto Amazónico de investigaciones científicas, SINCHI. Ministerio del Medio Ambiente. Tercer Mundo Editores, Santafé de Bogotá. 1999. pg 125.
