Colombia Nunca Más |
Violencia contra los Indígenas
Aceptación social del exterminio
Capítulo I Caso Planas
Para el indígena guahibo, la propiedad de la tierra era indivisible e inalienable; la tierra que ocupaban era la de sus antepasados, sus abuelos, sus padres y ahora la de la comunidad guahiba sobreviviente. La sabana donde cazaban, los lagos donde pescaban y todos los animales que allí moraban eran de ellos. Con el asentamiento de colonos en la región, que traían consigo ganado que soltaban en las praderas, se fueron reduciendo los territorios de caza; los venados y otros animales comenzaron a escasear, y esto obligaba a los indígenas a matar una que otra res de las que habían llevado los colonos y que vagaban por sus sabanas, para poder sobrevivir.
Pero la forma en que el indígena percibía la tierra era muy diferente a la del colono, quien consideraba al indio como un animal dañino que había que exterminar. Los colonos decían que los indígenas eran tramposos, mentirosos, y lo comparaban con el tigre, considerando al indio más peligroso, pues según ellos el ganado aun no tenia forma de defenderse del ataque del indio, en cambio del tigre sí lo hacía formando círculos, dejando a los becerros en el centro, luego las vacas y finalmente los toros padres, para que estos últimos enfrentaran al tigre. Ante esto los blancos, o "racionales" como los llamaban los indígenas, organizaron cacerías humanas conocidas como "guahibadas", que consistían en reunir a un grupo de colonos vecinos y salir a cazar indígenas. Dicha cacería no terminaba hasta que no daban muerte a hombres, mujeres y niños. Según Horacio Atuesta Ángulo, quien publicara un articulo sobre el tema en el diario El Tiempo, titulado "Cacería del hombre por el hombre", él fue invitado por los colonos a una de estas cacerías de indios y cuando trató de disuadirlos de tal fin, la respuesta que recibió fue que eso era algo tan normal como matar tigres, 'porque el tigre también se come el ganado"'. (1)
Un ejemplo claro del intento de los colonos por exterminar a los indígenas, fue la masacre de La Rubiera en Arauca, en enero de 1968, donde fueron asesinados 16 indígenas, entre ellos varios niños. En esa ocasión los colonos de la región vieron a algunos de estos cerca de sus viviendas, sintieron temor y decidieron deshacerse de ellos; pensaron en asesinarlos en un lugar cerca de un río, pero pensaron que algunos de ellos podrían escapar. Para evitarlo. Idearon otra estrategia criminal, que consistía en reunirlos a todos en una vivienda de la finca La Rubiera y darles muerte allí. Fue así como los invitaron a una comida en dicha finca y lograron que llegaran 18 en total. Cuando los invitados se sentaron a la mesa, los asesinos. que se encontraban ocultos, salieron ante una señal acordada, y a tiros y machetazos dieron a muerte a 16 de ellos; los otros 2 lograron escapar. Los asesinos, después de perpetrado el crimen, amarraron los cadáveres de los indígenas a las colas de los caballos, los llevaron a un lugar cercano, les rociaron gasolina y les prendieron fuego. Entre tanto los que lograron escapar, después de varios días de largas caminatas. llegaron hasta las autoridades y denunciaron el crimen.
Cuando las autoridades se acercaron al lugar, uno de los asesinos confesó como la cosa más normal del mundo, haber asesinado a 40 indígenas; otro dijo que para él los indios se parecían mucho a los monos, con la sola diferencia de que estos animales no eran tan dañinos, pues no robaban ganado. Según declaraciones dadas a un diario por Carlos Gutiérrez Torres, ex juez de Villavicencio que inició la investigación por la masacre de La Rubiera, el crimen se debió, no a la perversión de los victimarios, sino a la ignorancia de estos y al temor de ser blanco de la furia indígena. Según Gutiérrez Torres, la espontaneidad con la cual los asesinos iban contando, uno a uno, el crimen que habían cometido, lo llevó a concluir que no se trataba de delincuentes natos, peligrosos o perversos, porque el que no tiene compasión realiza el delito y busca la manera de evadir la justicia negando los hechos, buscando coartadas y, en fin, haciendo todo lo posible para que el crimen quede impune. (2)
En la región de la inspección departamental de Planas, municipio de Puerto Gaitán, al igual que en todo el país, los indígenas habían sido víctimas del despojo de sus tierras por parte de colonos que utilizaban diversos medios para ello.
En 1964, con la implementación del Proyecto Meta I. (3) promovido por el INCORA. muchos de los colonos que llegaron a instalarse en esas tierras eran campesinos transeúntes, desalojados de latifundios del interior del país, o por las estructuras de minifundio; otros eran colonos que ya estaban instalados en la zona pero que con el afán de ampliar sus extensiones de tierra soltaban su ganado en los terrenos ocupados por los indígenas, el cual destruía sus cosechas y plantaciones, acosándolos y presionándolos así para que fueran abandonando las tierras y se las dejaran a ellos. Otra forma de despojarlos de la tierra era poniéndola a producir mediante el sistema de pago en especie anticipado, que consistía en darle al indígena, a manera de pago anticipado, semillas, herramientas e implementos de vestir, para que abriera y sembrara algunas hectáreas de tierra: con este sistema lo declaraban endeudado y en el momento de recoger la cosecha el indígena tenía que entregarla casi en su totalidad, continuando endeudado, hasta que finalmente era expropiado de la tierra para pagar las deudas. De esta manera los colonos iban acrecentando sus propiedades a costa de los indígenas.
Todo esto, sumado a la persecución de colonos y autoridades civiles y militares, obligaba a los indígenas a ocupar terrenos cada vez más pequeños y selváticos, haciéndoles cambiar su forma de vida y perder muchas de sus costumbres.
Los indígenas guahibos, ante las grandes necesidades que padecían y ante el despojo de sus fundos y pertenencias, conformaron la Cooperativa Integral Agropecuaria, que fue promovida por Rafael Jaramillo Ulloa. un joven que había llegado hasta ellos como funcionario de la Campaña anti- malaria, pero que se quedó viviendo con ellos y se entregó a la defensa de su causa . La Cooperativa fue aprobada en 1966. A dicha organización se afiliaron en un comienzo 15 indígenas y al cabo de dos años ya contaba con 130 socios. La Cooperativa hacía prestamos para cultivos y tenía almacenes en varios caseríos de la comunidad, ofreciendo precios más favorables, comparados a los de los expendedores particulares. También prestaba el servicio de compra de cosechas; daba una ayuda económica para la educación de la población en edad escolar y adquirió un camión, en el cual trasladaban sus productos hasta Villavicencio y Bogotá, evitando así la explotación de los intermediarios.
El mejoramiento en las condiciones de vida, que se tradujo en nuevos servicios de educación, salud, alimentación y mercadeo, fueron beneficios que la Cooperativa prestaba a los indígenas, pero que lesionaba los intereses de los colonos, latifundistas e intermediarios, pues ya no podían aprovecharse fácilmente de los indígenas comprándoles sus cosechas y artesanías a veces mediante engaños, pagándoles con mercancías de mala calidad, y en muchas ocasiones emborrachándolos para obligarlos a vender las cosas por el precio que ellos quisieran pagar. La mano de obra de los indígenas dejó de ser mercancía barata o gratuita en las plantaciones agropecuarias de los colonos, sino que comenzó a concentrarse en sus propios fundos.
Esta situación generó hostigamiento y persecución hacia quienes pertenecían a la organización comunitaria, llegando hasta el sabotaje a las cosechas de arroz, como cuando les vendían como semilla el arroz que ya estaba para el consumo. A lo anterior se sumaba el problema de las deudas que los indígenas habían adquirido con la Caja Agraria. Todos estos problemas terminaron con el embargo de los bienes y con el cierre de la Cooperativa que lanío beneficio había traído a los indígenas.
Por otro lado el Instituto Colombiano de Reforma Agraria -INCORA-, había establecido tres pequeñas reservas indígenas (San Rafael de Planas. Abaribá e Ibibí), que ocupaban 14.000 hectáreas, en las cuales habitaban cerca de 6.000 indígenas, los que subsistían en condiciones de miseria. Y en la misma región -catalogada por el INCORA como "Reserva para colonizaciones especiales", existían fincas de hasta 50.000 y 70.000 hectáreas, como propiedad de un solo dueño (4). Según un estudio de este organismo, realizado en 1968, para constituir la reserva indígena: en una extensión de 500.000 hectáreas de tierra, los colonos, que eran aproximada- mente 70 familias que no sobrepasaban las 200 personas, estaban posesionados de un 95% del territorio, mientras que la población indígena, calculada en 2.500 personas, ocupaba tan solo el 5%.
Algunos de los que figuraban como propietarios de la tierra en Planas, en 1970 eran: Jaime Duque Estrada, Gobernador del departamento del Meta; Guillermo León Linares, Alcalde de Villavicencio; el Coronel Armando Latorre, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana -FAC- en Apiay; el capitán Torres, retirado del ejército y quien había sido comandante del DAS rural hasta mediados de 1970- Estos datos del mismo INCORA revelan a las claras que el aparato del Estado se había convertido en una vía de enriquecimiento a costa de la expoliación de las etnias originarias de la región.
En las tierras ocupadas por los guahibos existían otros intereses económicos, pues allí habían propuestas de concesión para la explotación pe- trolera, que contemplaban las tierras adyacentes a los ríos Planas y Guarrojo, en el municipio de Puerto Gaitán; las cuales se tramitaban en el Ministerio de Minas y Petróleos. En carta del jefe de ese Ministerio, Dr. Francisco Vaquero Rodríguez, fechada el 3 de septiembre de 1970 y publicada en los Anales del Congreso, se enumeraban 10 propuestas de concesiones petroleras por parte de las multinacionales Colombian Cities Service Petroleum Corporation y la Texas Petroleum Company, las cuales se encontraban en estudio de la oficina jurídica de petróleos.
Con este panorama, en febrero de 1970 se incrementó la represión contra los indígenas guahibos y algunos colonos amigos de estos. En la región se duplicó el número de efectivos de la Policía. El 24 de febrero llegó a la zona el Batallón 21 "Vargas" del Ejército, y adelantó una operación militar que denominaron Fuerza de Tarea Centauro I. Posteriormente, para reforzar el Ejército, enviaron tropas de Caballería y de la Fuerza Aérea, con las cuales se realizó la Fuerza de Tarea Centauro II, a cargo del mayor Álvarez. Y luego la Fuerza de Tarea Centauro III, al mando del mayor Páez.
Según fuentes oficiales, estos operativos tenían como fin controlar el levantamiento en armas de algunos indígenas guahibos, dirigidos por Rafael Jaramillo Ulloa, quien había llegado a los Llanos Orientales a comienzos de los años 60, como funcionario del Ministerio de Salud en la lucha contra la malaria, y desde entonces se había quedado en la región. Como líder que era, aportó votos para el Frente Nacional en las elecciones para Representantes a la Cámara de 1967. Fue el primer Inspector de Policía de San Rafael de Planas, caserío indígena, denominado así en su memoria, y que después pasó a ser resguardo. Como Inspector, conoció los abusos y las injusticias de las cuales eran víctimas los indígenas; fue así como comenzó a defender sus derechos y a enseñarles cuáles eran y cómo podían defenderlos denunciando los atropellos ante las autoridades. Promovió en diferentes lugares de la región escuelas, con métodos de enseñanza diferentes a los impuestos por el Estado; gestionó ante el gobierno la creación de una reserva legal para defender la tierra de los indígenas y ayudó a éstos a organizarse en torno a la Cooperativa Integral Agropecuaria. Por este proceder, Jaramillo Ulloa dejó de ser importante para el sistema político-económico y fue acusado por los colonos y las autoridades de la región, de buscar provecho personal, de mal uso de los fondos de la Cooperativa, así como de los auxilios del gobierno, y finalmente de peculado.
Sin importarle esto, Jaramillo Ulloa continuó con su compromiso por la causa de los indígenas. Fue así como en los primeros días del mes de febrero de 1970 se enteró de que el colono Marcos Machado, quien decía poseer 70.000 hectáreas de tierra, había estado en la vivienda de la familia indígena Arteaga, junto con un grupo de Carabineros, con el pretexto de que los indígenas le
habían robado un ganado. Marcos Machado tenía la intención de sacar a la familia Arteaga de los terrenos en los cuales vivía, pues decía que estaban dentro de su propiedad. Cuando llegaron a la vivienda indígena sólo encontraron a un anciano, quien trató de esconderse pero fue visto por los agentes de la Policía, los cuales lo golpearon con las culatas de los fusiles, dejándolo
muy mal herido. Jaramillo Ulloa, conociendo los antecedentes del colono, se desplazó inmediatamente hasta Villavicencio ¡unto con el anciano herido e instauró la denuncia ante el Gobernador, ante la Policía y ante el Ejército, pero en ninguna de esas instancias se le prestó atención.
Este incidente y los extremos de opresión en que veía a los indígenas, además de los largos años de lucha que había emprendido por las vías legales sin lograr resultados positivos, y viendo los nexos existentes entre los colonos y las autoridades, especialmente los Carabineros de la Policía, todo lo llevó a tomar la decisión de levantarse en armas y de conformar una guerrilla indígena en el Llano. El primer Incidente se produjo el 18 de febrero de 1970. con el colono Joaquín Ramírez Mendoza, a quien hirió y luego huyó disparando al aire. Dicho levantamiento duró pocos meses ya que Rafael Jaramillo Ulloa salió de la región a finales de 1970.
La fuerza pública, Policía, Ejército y DAS Rural, la emprendieron violentamente contra los indígenas, descubriendo detrás de cada rostro indígena el fantasma de Jaramillo Ulloa. A muchos los acusaron de ser "hijos" de él, "lugartenientes" o "colaboradores cercanos", y contra él mismo difundieron todo tipo de leyendas infamantes. Durante estas operaciones se presentaron detenciones, torturas y asesinatos por parte de miembros del Ejército, la Policía y el DAS Rural. Algunos de los indígenas guahibos víctimas de esta oleada de represión fueron: en el mes de febrero de 1970 fue detenido y torturado por miembros del Ejército, quienes lo amarraron a un poste, lo abofetearon, lo patearon, le quemaron los brazos, las piernas y el pecho con cigarrillos y tizones. También le produjeron heridas en los tobillos con arma corto punzante, para luego conducirlo a la cárcel de Villavicencio y dejarlo en libertad días después, al no podérsele comprobar los cargos de los cuales era acusado.
Gregorio Trejos fue detenido y torturado, en el mes de abril. Gregorio fue capturado en horas de la mañana, por los Carabineros del puesto de Pueblo Jonkee y obligado a permanecer amarrado hasta las horas de la tarde, cuando fue interrogado por un Mayor del Ejército acerca del paradero de Rafael Jaramillo, y acusado por un Carabinero de estar en esa zona con el fin de asesinar al colono Pablo Duque. El indígena pasó dos noches con las manos atadas y colgado de una viga. Finalmente fue recluido en la cárcel distrital de Villavicencio.
Manuel Trejos y julio Trejos, padre e hijo, fueron detenidos, uno de ellos asesinado y el otro torturado, por miembros del Ejército y del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-. Los indígenas fueron retenidos hacia las 5:30 p.m. y llevados hasta la ranchería de Francisco Cavare, donde tenían más indígenas detenidos. Allí asesinaron a Manuel, en tanto que a Julio lo torturaron y posteriormente lo recluyeron en la cárcel distrital de Villavicencio.
Rafael Chipiaje fue detenido y torturado por miembros del Ejército y del DAS. Rafael se encontraba en un lugar cercano a una ranchería; lo ataron de manos y lo trasladaron al sitio donde se encontraban otros 5 indígenas detenidos. Cuando era conducido por los militares hasta ese lugar, escuchó 4 disparos hechos por otros soldados en la ranchería; cuando llegaron hasta el sitio, Rafael vio que allí se encontraba el cadáver de Manuel Trejos. quien había sido asesinado y su hijo detenido y torturado. Finalmente Rafael también fue recluido en la cárcel distrital de Villavicencio.
Una de las personas que a pesar de no ser indígena, pero que por su ocupación y trato con ellos sufrió la agresión de los organismos del Estado, fue Fabio Rojas Posso, maestro de escuela, al que detuvo el Ejército en el sitio denominado Indostán, inspección departamental de Planas, lo esposaron y lo colgaron de una viga cerca a una charca, donde lo golpearon con las culatas de los fusiles. Al cabo de media hora las amarras cedieron y Fabio cayó al suelo donde fue paleado por un agente del DAS, quien le disparó dos tiros de fusil hiriéndolo en el antebrazo derecho y en el cuello. Posteriormente fue trasladado por tropas del Ejército hasta las instalaciones de un batallón en Villavicencio, donde permaneció durante un mes. Allí recibió atención médica, antes de ser conducido a la cárcel distrital de Villavicencio. Según el comandante del Ejército, la colona Rosaura Herrera afirmó que Fabio había estado averiguándole datos acerca de la posición del Ejercito, por lo cual dedujeron que éste preparaba una emboscada y al momento de hacerlo prisionero, éste se sublevó y fue herido. También lo acusó de ser guerrillero y no maestro.
Estos operativos no solo se realizaban en zonas fuera de las reservas sino también dentro de ellas, participando, además de los organismos de seguridad del Estado, particulares que se habían apropiado de tierras en la región y que tenían viejas rencillas con los indígenas. Tales son los casos de los crímenes cometidos contra:
Luis Ramírez Chipiaje, quien fuera detenido, torturado y asesinado en el mes de febrero. Junto con él fueron detenidos sus hijos Marceliano Ramírez y Gregorio Ramírez. El hecho fue cometido por miembros del Ejército junto con el colono Pablo Duque, quien acusó a Luis Ramírez de pertenecer a la guerrilla de Rafael Jaramillo, en represalia porque éste le debía 500 pesos, los cuales no le había podido pagar. Los militares detuvieron a Luis y lo tuvieron amarrado durante 4 días. después de los cuales lo dejaron en libertad. Cuando había caminado cerca de 50 metros, fue asesinado por Pablo Duque, quien le disparó causándole la muerte en presencia de los militares, los cuales no hicieron nada para impedirlo, y frente a su hijo
Marcelino. a quien mantuvieron durante 6 días más amarrado a un palo, amenazándolo con ahorcarlo si no informaba sobre el paradero de Rafael Jaramillo Ulloa.
Julio Blandoño. capitán indígena, fue asesinado en el mes de abril, por miembros de una patrulla del Ejército y los civiles José Olivo, Raúl Osorio, Jesús Osorio, uno de nombre Egidio y otro de apellido Marogus.
La presencia de los militares en la zona causaba temor en las familias indígenas, que ante estos operativos huían hacia la selva abandonando los caseríos junto con sus pertenencias y cosechas. Algunos de ellos eran asesinados o heridos, entre ellos mujeres y niños que asustados por la presencia de los militares y las órdenes de alto, corrían y eran alcanzados por las balas que disparaban los victimarios, con la disculpa de que se trataba de alzados en armas que estaban tratando de escapar. Uno de estos casos fue el ocurrido el 29 de mayo, cuando miembros del Ejército asesinaron a dos mujeres e hirieron a otra dejándola paralítica. Los hechos ocurrieron a las 6:00 de la mañana, cuando los militares rodearon las malocas indígenas en Cumarito.
Hernando Gaitán, al darse cuenta del operativo, logró escabullirse hacia la selva junto con su familia y otras personas; estando allí en la selva se dispersaron para evitar ser perseguidos por los militares. Luego Hernando escuchó algunos disparos; comenzó a buscar a su esposa Cristina y a su hija Hilda de 10 años, hasta que finalmente al medio día encontró el cadáver de su esposa junto al cadáver de Isabel Amaya de tan solo dos años de edad, pero su hija no estaba- Al día siguiente el "parte" de guerra del ejército decía: "En la noche de ayer se tuvo contacto con el enemigo..-Por los rastros encontrados en el sitio de la acción se supone que hubo bajas enemigas...".
Hilda Gaitán fue encontrada posteriormente. Había sido herida de un disparo en el muslo derecho, el cual le perforó el hueso dejándola paralizada. Posteriormente, el 10 de septiembre del mismo año, una comisión que viajó a la zona. conformada por el Ministro de Defensa, altos mandos militares, periodistas y algunos religiosos que habían denunciado los crímenes que venían cometiendo las autoridades civiles y militares contra los indígenas, pudo constatar la parálisis de la niña y la herida que aun no sanaba. Cuando uno de los religiosos preguntó que cómo podía ocurrir tal atrocidad, el Mayor Álvarez, del Ejército, le respondió: "Pero padre, si guerra es guerra; cómo quiere usted que el ejército no se defienda si las flechas también matan" (5).
En la misma incursión los militares obligaron a salir de las chozas a los indígenas que no habían podido ocultarse, les quitaron las flechas, sus chinchorros y lodo lo que servía; golpearon a algunos de los presentes y luego se llevaron a los hombres para un puesto militar.
Otros crímenes en que las víctimas son también indígenas menores de edad y mujeres, fueron perpetrados contra la familia de Saúl Flórez y contra el niño Luis Alberto Quintero.
El 9 de junio fue detenido y torturado el indígena guahibo Juan Pérez Gaitan, por miembros del Ejército y del DAS. Juan fue atado de manos y obligado a guiar a los militares hasta una ranchería donde vivían los indígenas. Durante el camino fue amenazado de muerte si no informaba el paradero de Rafael Jaramillo, Esteban Sossa y Marcelino Sossa. Al llegar a la ranchería, los indígenas ya no se encontraban allí; por lo cual los victimarios decidieron entonces seguir las huellas hasta encontrar a Saúl Flórez, a quien dieron muerte y presentaron como "capitán" de la guerrilla de Rafael Jaramillo Ulloa. A Juan lo presionaron para que sepultara a Saúl y finalmente lo recluyeron en la cárcel distrital de Villavicencio.
La familia de Saúl Flórez también fue victima de un grupo de 14 soldados, quienes luego del asesinato de aquel, según relato de las mujeres de la comunidad, amarraron por la cintura a la hija mayor de Saúl porque querían violarla, mientras amenazaban a la viuda con echarle sal en los órganos genitales por ser esposa del "capitán Flórez". Se tuvo conocimiento de que la esposa de Saúl fue detenida y sindicada de pertenecer a la guerrilla, sometida a amenazas, golpes, insultos, injurias, violaciones y abusos sexuales. Su hija también fue detenida y sometida a similares agresiones.
En el mes de junio también fue detenido y torturado el niño indígena de 15 años Luis Alberto Quintero por miembros del Ejército que lo trasladaron a un puesto militar, Las torturas a que fue sometido Luis Alberto, según denunció, fueron: "...me ponen choques eléctricos en el cuello... me amarraron de los brazos p'atrás, m'iorcaron (sic) con un cable de energía... me subían así. a dos metros de alto...me amarraron los testículos con otro cablecito y me jalaban... me amarran 6 días a un poste y me interrogan permanentemente ..." El niño fue acusado de ser "hijo" de Rafael Jaramillo Ulloa.
Los indígenas detenidos en estos operativos eran obligados a dejar a sus esposas e hijos abandonados en la selva, pues los llevaban a las instalaciones militares, los sometían a torturas y posteriormente los recluían en la cárcel distrital de Villavicencio donde quedaban confinados en graves condiciones de hacinamiento, ya que este centro de reclusión tenía capacidad para albergar a 150 detenidos y llegaban a estar hasta 450. Muchos se enfermaban debido a las torturas infligidas y por falta de alimentación adecuada, pues no estaban acostumbrados a la comida que allí les suministraban.
Tal es el caso de los indígenas Luis Arteaga y José Linariana, detenidos en el mes de junio por miembros del Ejército y del DAS, comandados por el teniente Barrera y acompañados por civiles entre los que se encontraba uno de nombre Egidio, quien robó 150 pesos a José. Las víctimas fueron amarradas de pies y manos y obligadas a permanecer así durante 11 días. Luis fue arrastrado y golpeado violentamente con las culatas de los fusiles. Estando amarrado, el Teniente Barrera saltó varias veces sobre su cuerpo. Posteriormente fueron llevados a la sede de la Séptima Brigada en Villavicencio y luego a la cárcel distrital de esta ciudad, donde tiempo después y gracias a la intervención del padre Ignacio González. Luis fue trasladado a un hospital donde falleció a consecuencia de las heridas, el jueves 30 de julio a las 3:00 de la mañana.
En estos intensos operativos militares, convertidos en "jornadas de represión" contra los indígenas, en las que actuaban conjuntamente personal del Ejército, del DAS y de la Policía, también fueron víctimas de agresiones:
Francisco Cavare, detenido el 14 de junio y torturado por miembros del Ejército y del DAS, junto con colonos de la región. Francisco fue atado de manos y colgado de una viga durante 6 horas; luego fue llevado por dos miembros del Ejército y uno del DAS hasta una pista de aterrizaje; allí lo interrogaron, mientras amenazaban con matarlo apuntándole a la cabeza con un fusil. Posteriormente lo trasladaron a una base militar y al anochecer lo amarraron del cuello con un alambre y lo halaban continuamente. Finalmente fue conducido a la cárcel de Villavicencio.
El 16 de junio el indígena Pepe Chipiaje fue detenido y torturado por miembros del Ejército y del DAS, al mando del Teniente Barrera, junto con colonos de la región. El grupo de victimarios llegó hasta el sitio conocido como Cabazi, donde se encontraba Pepe y lo obligaron a ir con ellos cargando unos morrales de los que llevaba el Ejército. Cuando llegaron a un caño, el Teniente Barrera lo golpeó haciéndolo caer al caño con la carga que llevaba. Cuando Pepe logró salir al otro lado del caño, el Teniente le apuntó a la frente con un fusil y un soldado lo punzaba con cuchillo por la espalda, mientras le preguntaban por Jaramillo Ulloa y el "Palomo". Luego lo trasladaron al caserío de San Rafael de Planas, donde lo tuvieron amarrado por 11 días. Posteriormente fue llevado a la sede de la VII Brigada y de allí trasladado a la cárcel de Villavicencio.
El 17 de junio fue detenido y torturado Carlos Sossa Quintero, por miembros del Ejército, del DAS y de los colonos Noé Arciniegas, el mono Vega, José Farfán, Luis Muñoz, Arcelio NN y Camilo Campuzano, los cuales portaban armas al igual que los militares. Carlos fue atado de manos, tirado boca abajo e interrogado por el paradero de sus hermanos Esteban y Marcelino Sossa y de Rafael Jaramillo. Luego fue trasladado al pueblo de San Rafael de Planas, donde lo tuvieron amarrado a un poste durante 4 horas y más tarde subido a un avión y colgado de una baranda de este, para ser transportado a las instalaciones de la base militar de Apiay donde estuvo retenido durante 1 mes. Finalmente fue recluido en la cárcel distrital de Villavicencio.
En julio, Rafael Herrera Chavez, Indígena guahibo, fue detenido y torturado por miembros del Ejército y del DAS, comandados por el Teniente Barrera del Ejército. Los victimarios llegaron hasta el sitio donde se encontraba Rafael, lo ataron de manos y lo obligaron a caminar con ellos; al anochecer el teniente Barrera lo acuso de ser guardaespaldas de Jaramillo Ulloa; al éste negar la acusación, fue pateado por el Teniente en los testículos, el estómago y la cara. Al día siguiente, después de haber caminado un gran trayecto, fue golpeado en la nuca con un palo; también le propinaron patadas y puños. Después lo amarraron del cuello y fue halado varias veces por un miembro del DAS al que llamaban "Tarzán". hasta hacerle perder el sentido. Finalmente fue trasladado y recluido en la cárcel de Villavicencio.
Julio Cemeño, campesino, fue asesinado por miembros de la Policía en la Inspección departamental de Planas, en el mes de mayo. Otra fuente lo presenta como "Capitán" de la guerrilla de Rafael Jaramillo Ulloa.
La impunidad de los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra los Indígenas de Planas
Estos hechos de violencia y persecución contra los Indígenas fueron denunciados por algunos religiosos, mediante carta dirigida al Procurador General de la Nación, en la que se señalaba a las autoridades militares y civiles como responsables de los crímenes cometidos. Sin embargo, lo que se escucharon fueron voces de protesta y rechazo a las acusaciones, sin que se pidiera una investigación exhaustiva que ayudara a esclarecer dichos crímenes. Uno de estos pronunciamientos fue el del comandante de la VII Brigada. Coronel José Jaime Rodríguez, quien al interrogársele por la presencia del Ejército y las operaciones militares en la zona, a partir del momento en el que las víctimas de agresiones violentas fueron colonos y no antes, respondió, "porque antes reinaba una paz octaviaría, que fue turbada" y añadió: "Desde 1953 no había habido enfrentamientos armados. En ese sentido había paz". Dicho comandante expidió un comunicado el 13 de agosto de 1970, en el que culpaba a Rafael Jaramillo Ulloa, de la situación que estaba viviendo la región de Planas.
La denuncia fue conocida por el recién posesionado Presidente de la República, Misael Pastrana Borrero, quien dijo estar preocupado por la situación y encargó la coordinación de la acción gubernamental al Doctor Ariel Arel, Consejero presidencial, y comprometió a sus ministros en un programa de asistencia social.
Primera comisión ministerial viaja a Planas
El Consejero presidencial Ariel Arel, en compañía del Ministro de Defensa. Mayor General Hernando Currea Cubides, acompañados de altos funcionarios militares y civiles viajaron a Villavicencio y posteriormente a Planas, iniciando el 27 de agosto de 1970 con una reunión en la Asamblea departamental con el fin de analizar las operaciones militares. debatir públicamente y aclarar las acusaciones que se hacían contra los militares. A dicha reunión asistieron algunos de los denunciantes y algunas victimas a las cuales no se les permitiría hablar, pero que lograron hacer oír sus quejas gracias a la acción de uno de los denunciantes que tomó el micrófono por la fuerza para que hablaran los indígenas.
Al día siguiente la comisión viajó a Planas en un viaje relámpago, en el que se ignoró sistemáticamente a los denunciantes; se les citó en la base militar de Apia, pero "no hubo cupo para ellos en el avión". Horas más tarde los recogió otro avión que aterrizó en San Rafael de Planas en el momento en que terminaba la investigación- El Ministro de Defensa y el Consejero presidencial, junto con sus acompañantes y periodistas, se preparaban para salir hacia el caserío de Santa Cruz, el cual no estaba directamente relacionado con los casos denunciados y en los cuales estaba comprometido el Ejército. Hasta este lugar tampoco pudieron viajar los denunciantes, pues la avioneta que les habían asignado no la pudieron poner en marcha. Mientras esperaban para regresar a Villavicencio estuvieron sometidos a presiones psicológicas por parte de los militares acusados; éstos se desahogaban contra ellos presentándoles sarcásticamente a un teniente como el torturador y les preguntaban si "desearían comer carne de indio con quemaduras de cigarrillo" y otras injurias similares.
Segunda comisión ministerial viaja a Planas
En vista de que las denuncias aún persistían, e! gobierno organizó una segunda comisión para viajar a Planas, la cual tuvo lugar los días 10 y 11 de septiembre de 1970. El Ministro de Defensa. Mayor General Currea Cubides. invitó solo a uno de los denunciantes a hacer parte de dicha comisión, invitación que fue aceptada con la condición de que se invitara también a tos representantes de las organizaciones que firmaban las denuncias de los crímenes cometidos contra los indígenas y al Coordinador de Asuntos Indígenas, Alejandro Reyes Posada, por considerar que debido al cargo que él ocupaba estaba llamado a conocer el problema con todos sus pormenores; también se solicitó que la visita no se hiciera solamente a lugares que no estaban relacionados con las denuncias, sino que se visitara Cumarito, Sinaí y Abaribá.
Las condiciones fueron aceptadas pero cumplidas solo parcialmente, pues no se incluyó en el itinerario ni Cumarito, ni Sinaí, y el Doctor Alejandro Reyes Posada no fue invitado. Posteriormente se supo que un General había pedido su destitución; pero él finalmente renunció a su cargo al verse en la imposibilidad de ejercer sus funciones.
La comisión viajó en dos aviones DC-3 de la Fuerza Aérea y en una avioneta Cessna 320 de la Policía. Además del Consejero presidencial y del Ministro de Defensa, también viajaron el Mayor Rosales, jefe de relaciones públicas del Ejército, el Teniente, abogado y Juez Primero Penal Militar, Jorge Barrios, el secretario privado del Ministro de Defensa, un periodista del Ejército y otros tantos periodistas y fotógrafos.
En todos los lugares visitados, con excepción de San Andrés, donde el capitán de la tribu había sido nombrado por el mismo Ejército, en contra de toda la tradición indígena, se recogieron numerosos testimonios sobre persecución y torturas, en los cuales se inculpaba al Ejército, al DAS Rural y a los terratenientes. Entre los indígenas que testimoniaron se encontraba el niño Luis Alberto Quintero, quien fue interrogado por el propio Ministro de Defensa acerca de las torturas a que había sido sometido.
El comandante de la VII Brigada, Coronel José Jaime Rodríguez, tratando de explicar lo sucedido en Planas, dijo que acusadores y acusados estaban obrando de buena fe, y se quejó de que se le hubiera dado una importancia internacional a las denuncias, calificando éstas de extemporáneas. Lamentó que no se hubiera informado directamente al Ejército. También acusó a los denunciantes de influir en tos indígenas diciéndoles lo que debían decir, con el fin de desprestigiar a las fuerzas militares.
Con posterioridad a la visita de esta comisión, los capitanes indígenas de la región enviaron en una carta dirigida al Presidente Misael Pastrana Rodríguez Borrero, fechada el 21 de septiembre de 1970, en la cual solicitaban soluciones a los problemas y denunciaban la persecución de parte de los colonos Dagoberto Alvarado, Noé Moriega, el Mono Vega. Julio Vega y Pablo Duque, y clamaban por que fuera retirado el Ejército de la zona.
La prensa y el manejo de la información
Desde el comienzo de las denuncias del caso Planas, la prensa más que informar lo que hizo fue desinformar. Un ejemplo claro de esto fue el artículo publicado por el diario El Tiempo, el 15 de agosto de 1970, bajo el título de "Un muerto en nuevo asalto de Jaramillo"', donde se describía con lujo de detalles un supuesto ataque de Jaramillo Ulloa. que "dejó come saldo un campesino muerto y cinco heridos de gravedad", hecho éste que fue calificado como uno de los hechos más impresionantes registrados desde el momento mismo en que comenzó el conflicto en Planas.
Según la versión, las víctimas de este supuesto asalto eran: Juan Tibidor, asesinado, Alberto Sosa Quintero, de 34 años, a quien le habían destrozado los testículos con machete, en tanto que un hijo de Juan Tibidor había recibido una herida con una flecha; igualmente dos mujeres, una de apellido Sinique y otra de nombre Gilma Gaitán, habían resultado heridas. Este "hecho", que fue calificado por El Tiempo como "uno de los más impresionantes", estaba construido con datos tergiversados y volteados al revés: las víctimas de los militares se las atribuían a la supuesta guerrilla de Jaramillo Ulloa. método de tergiversación y manipulación que continúa vigente varias décadas después. La manipulación fue tan burda que fue desmentida públicamente por el mismo comandante de la VII Brigada, quien calificó la "información" como "una imprudencia periodística", y aseguró que el supuesto día de los hechos él se encontraba en la zona y había hablado personalmente con Juan Tibidor (el supuesto asesinado).
Después de la visita de la primera comisión a Planas, los denunciantes burlados presentaron el siguiente comunicado a la prensa nacional, el cual no se publicó:
"Bogotá, 29 de agosto de 1970
Señores:
Queremos informar a la opinión pública por medio de este diario lo sucedido el día 28 de los corrientes:
Fuimos invitados por los mandos militares a la región de Planas como acusadores del Ejército. Desde el momento en que empezamos la jornada, al llegar a la región, constatamos que el Ejército tenía dispuesta una táctica de oposición hacia nuestra posible intervención para el esclarecimiento de los hechos denunciados.
1. No nos fue permitido intervenir en ninguna reunión con las comunidades visitadas;
2. La comisión dirigida por el Ejército realizó visitas a lugares donde nuestra acción no ha llegado por falta de vías de penetración, para desvirtuar la veracidad de nuestros cargos y por el contrario, ignoraron conscientemente sitios en los que podemos allegar pruebas;
3. Fuimos víctimas de una guerra psicológica, a base de sarcasmos, ironías y preparación previa de colonos e indígenas para desmentir nuestras afirmaciones, etc. En consecuencia, quedan en entredicho las conclusiones a que haya llegado dicha comisión. (6)
Contrario a esto se dedicaron a presentar noticias que contradecían las denuncias y resaltaban la labor del Ejército en la región. Igualmente, publicaron los comunicados y pronunciamientos de las autoridades civiles y militares, como el hecho por el Ministro de la Defensa, al regreso de la 1a comisión oficial que viajó a Planas, donde dijo; "allí no existe sino miseria". "No existe persecución ni torturas de indígenas como tampoco se han cometido asesinatos". (El Siglo, 30 de agosto, 1970). Igualmente los periodistas que habían hecho parte de la segunda comisión que viajara a Planas, ignorando las denuncias que habían constatado y los testimonios que se habían tomado, informaron contradictoriamente:
"No hubo torturas ni asesinatos". El Espacio, septiembre 12 de 1970.
"Una por una refuta el ejército las acusaciones", La República, septiembre 15 de 1970.
"Denuncia penal por calumnia al padre Pérez", El Espectador, septiembre 12 de 1970.
"Rechazos y acusaciones contra los sacerdotes". El Tiempo, septiembre 16 de 1970.
"Acción cívico-militar se realizó en Planas". EI Siglo, septiembre 21 de 1970.Las denuncias y el debate en el parlamento
Las denuncias por la persecución de que eran objeto los indígenas guahibos fueron presentadas a consideración del Senado de la República, por el senador Hernando Garavito Muñoz, vocero del departamento del Meta, quien asumió la defensa de los indígenas en el debate que se inició el 1° de octubre de 1970 y se prolongó por varios días. A este debate fueron citados los ministros de Defensa y Gobierno al igual que el Procurador General de la Nación.
Al debate en el Senado llegaron varios indígenas víctimas de las acciones del Ejército, con el fin de hacer escuchar su voz, pero no se les permitió hablar ante el Senado; por el contrario, fueron sometidos a un intenso interrogatorio por una comisión de cinco senadores nombrada por la presidencia de la corporación para que se pusieran en contacto con ellos. También fueron obligados a escuchar el monólogo sobre tierras y colonización que duró aproximadamente una hora, pronunciado por el senador Hernando Duran Dussán, quien sin ser parte de la comisión, se presentó allí.
Cuando el representante de los guahibos se atrevió a decir que la petición que traía era el retiro de la fuerza pública, recibió esta reprimenda: "nosotros no estamos acostumbrados a salvoconductos y esas vainas no nos dejan ir a trabajar "¿ No reconocen ustedes la Constitución y las leyes de la República?'. El entonces dijo: "Yo no conozco, yo como indio, tampoco la mayoría india que somos no conocemos qué es la ley contra el indio... yo no se si hay esa ley ante el gobierno. Tal vez..." (7). Posteriormente el senador Garavito presentó en el debate una carta de los indígenas, en la cual protestaban por el trato recibido en el Congreso y por no habérseles permitido hablar ante el senado.
Por esos días, aprovechando la presencia de los Guahibos en Bogotá, la señora Consuelo de Montejo, dueña de un periódico y de un canal privado de televisión, había programado una entrevista televisada con los indígenas a fin de que el país los conociera y los escuchara hablar, acerca de los problemas que venían afrontando. Pero a los diez minutos de encontrarse los indígenas en los estudios del canal local, ya lo sabía el Ejército y por teléfono Intervino el Ministro de Defensa para prohibir su presentación. Al día siguiente llegó la orden escrita del funcionario del gobierno, Luis Eduardo Fonseca, director de INRAVISION, quien censuró el programa sin siquiera haberlo visto.
El Procurador General de la Nación, en la sesión del Senado del día 13 de octubre de 1970; dio lectura a una lista de procesos judiciales que se adelantaban por crímenes cometidos en la región de Planas, en los cuales se encontraban implicados militares, tramitados por el juzgado 30 de Instrucción Penal Militar y por el despacho del Auditor Auxiliar de Guerra No. 14. Así:
Por los homicidios de Julio Tableros, Esteban Sosa, Francisco Calderón y Horacio N., Carlos Chipiaje, Luis Arteaga (alias El Bachiller), Saúl FIórez, Manuel Trejos, Pedro Catire, tres hombres y una mujer que no fueron identificados, Isabel Amaya y Cristina NN, Manuel Moreno y familia, Luis Ramirez Chipiaje. Se iniciaron investigaciones por las torturas infligidas a Gregorio Rodríguez Chipiaje y Marcelino Alvarado Quintero. José Ignacio y José del Carmen Pérez, Humberto y Gabriel Granado, Octavio Chipiaje, Moisés Carrizo y Viviano Renuma. Manuel Cavare, José Linariana, Cruz María Gaitán. Y por lesiones personales inferidas a Gilmo e Ignacio Gaitán, Francisco Cavare, Luis Alberto Quintero, Fabio Rojas Possú, Rafael Herrera Chaves y Luis Arteaga.
Igualmente fueron presentados otros procesos llevados en los Juzgados 3° Superior de Villavicencio. en los cuales se sindicaba a particulares así: Los homicidios de Evangelina Hernández, María del Carmen Camacho, Lázaro y Esperanza Hernández; Carlos Julio Amaya; Saúl ó Raúl Perea (alias El Cacharrero); Bruno Olaya Hernández; Teodoro Carison; Vicente Hernández, Misael Castro, Sandalio Ortega Gómez y otros. Homicidio y lesiones personales a Camilo de Jesús Campuzano y detective no identificado.
Los procesos de investigación por estos crímenes, al igual que las de muchos otros que habían sido denunciados por los religiosos y los mismos indígenas, no prosperaron en cuanto al señalamiento de los responsables y su castigo, no obstante haberse esclarecido íntegramente la forma de ocurrencia de los hechos y la gravedad de las infracciones penales, como pudieron constatar autoridades civiles y militares que viajaron a la zona, entre ellos el Ministro de Defensa de la época.
A los indígenas en cambio sí los acusaron y privaron de la libertad por algún tiempo, aunque después fueron dejados en libertad. Los militares, en cabeza del Ministro de Defensa, Mayor General Hernando Currea Cubides, y del comandante de la VII Brigada, Coronel José Jaime Rodríguez, desmintieron las acusaciones y negaron que las investigaciones hubieran siquiera dado indicios de las torturas y otros crímenes cometidos y afirmaron: "Lo que hay es hambre y miedo al ejército, exceso de celo, calumnias de unos sacerdotes, convertidos en pastores de chacales, difamación del ejército. cuya probidad y prestigio no puede ser manchado" (8)
Después de la Represión del 70
Pasado este fuerte periodo de represión, la organización indígena quedó a merced de los terratenientes, los misioneros y el INCORA. En la región de Planas prevaleció el interés por la tierra en que vivían los guahibos, por parte de colonos y autoridades, ya que quienes figuraban con títulos de propiedad, continuaban en su afán por ampliar sus territorios e introducir en ellas algunas cabezas de ganado o implementar algún cultivo. Posteriormente, fue importante para vender la tierra a las compañías petroleras que tenían intenciones de realizar exploraciones en la zona.
Los militares se mantuvieron en la zona, tratando de mejorar la imagen del Ejército y con una actitud paternalista se dedicaron a desarrollar jornadas cívico- militares. También llegaron a la zona "ayudas internacionales", a través de muchas personas que se decían amigos de la comunidad indígena, los cuales entregaban dinero y regalos que habían recibido de otros países, pretextando que los nativos vivían en condiciones paupérrimas y necesitaban recursos para su subsistencia. Sin embargo, eran esas gentes las que se lucraban, pues al indígena solo le llegaba una mínima parle de lo que provenía del exterior, las mejores donaciones se quedaban en otras manos.
Se habló, entonces, de ayudas estatales, supuestamente para el desarrollo y bienestar de los indígenas, pero el problema ya se planteó con los primeros regalos, pues los indígenas pidieron la entrega de éstos sin ningún compromiso ni condición, pero lo que querían las autoridades era imponerles una personería jurídica en forma de "Cooperativa"dirigida por funcionarios impuestos por el Estado. El dinero se invertiría según los planes del gobierno y no según las propuestas y necesidades de la comunidad.
Ante estas nuevas formas de imposición, los indígenas, cuyo espíritu de unidad y de defensa de sus derechos se había fortalecido durante la oleada de represión que acababan de sufrir, rechazaron las propuestas del gobierno y organizaron un nuevo programa basado en sus tradiciones y cultura. Fue así como hacia 1971 conformaron la UNUMA con el fin de defender la vida y los derechos de sus comunidades. Dicha organización funcionó inicialmente en el nivel regional, pero con el tiempo se amplió a todo el país, tal como funciona actualmente. Las primeras tareas de esta organización consistieron en: La defensa y la recuperación de sus tierras, de su cultura y costumbres, la unificación de toda la comunidad para ampliar la organización, y la vinculación con otras organizaciones indígenas, obreras, campesinas y populares.
Los indígenas expulsaron de Planas al Instituto Lingüístico de verano (I.L.V.), dirigido por misioneros de Estados Unidos que habían llegado a "enseñarles" religión y a hablarles del pecado. Pero pronto los indígenas se dieron cuenta de que la pretensión de los misioneros era cambiar sus costumbres, argumentando que las propias manifestaciones culturales de su etnia eran pecaminosas, que sus médicos eran "diablos" y que su forma comunitaria de vivir y trabajar también era inmoral, porque según ellos era comunismo. Lo que hicieron los miembros del Instituto fue atacar al indígena burlándose de sus costumbres, tratarlo como salvaje y perseguirlo y tratar de imponerle otros parámetros culturales.
Posteriormente se pudo comprobar la participación del I.L.V. en la arremetida contra los indígenas en Planas de 1970. Según la revista Alternativa, citando al diario El Espectador en su edición de febrero 27 de 1970, "el instituto Lingüística de Verano entró en colaboración con el Programa de Acción Cívica del gobierno en Planas... Su propósito era servir de mediador directo con los indios, para convencerlos, en sus propias lenguas o dialectos, de entregarse, bajo la garantía de que no serian castigados". "También el Instituto Lingüístico" -continúa el artículo- "proporcionó los equipos de radio para establecer comunicaciones directas entre la estación de policía en Planas y la capital del departamento... " (9).
El Instituto Lingüístico de Verano (I.L.V.), en el gobierno de Alberto Lleras, a través de su Ministro de Gobierno, Fernando Londoño y Londoño, firmó en 1962 un contrato por diez años, mediante el cual se comprometía a desarrollar un programa de investigación entre grupos indígenas. Según un estudio realizado por Fernando Umaña Pavoni, el I.LV. éste era en realidad un disfraz asumido por la Asociación estadounidense Wycliffe Bible Translators (W.B.T.). para la traducción y divulgación de la Biblia protestante entre las comunidades indígenas del tercer mundo. Dicha asociación había iniciado actividades en 1930 y , como no podía entrar a romper con las diferentes políticas de la Iglesia y de los Estados en materia religiosa, crearon el I.L.V., como una sociedad científica, preocupada por los problemas lingüísticos y en estudios de educación.
Los misioneros llegaban a instalarse en las zonas de los indígenas y a explorar sus lenguas, para tratar de entender y manejar el idioma; combinaban la técnica efectiva de la lingüística con el proselitismo religioso, para potenciar la transformación de sus culturas y costumbres. El primer paso del I.L.A. era enseñarles la religión de los colonos e imponerles una imagen de Dios. Una vez desculturizados, los Indígenas eran forzados a una integración, que traía como consecuencia Inmediata la desintegración de la vida económica, social y comunitaria de sus comunidades. Este proceso se realizaba sutilmente, pues esto no se presentaba abiertamente. Para este fin, en el contrato firmado con el gobierno colombiano se incluyó una cláusula en la que se le permitía al Instituto "iniciar una labor de mejoramiento moral del grupo indígena.
La historia de la W.B.T. determina la real finalidad del trabajo realizado por esta organización, que contactaba y concentraba grupos indígenas, para facilitar su retiro de zonas de áreas deseadas por compañías nacionales o internacionales, o suministrando asistencia técnica para la supresión de la resistencia indígena (10).
Posteriormente, a mediados del mes de abril 1975, integrantes del DAS rural cometieron una nueva masacre en la que perdieron la vida Cuatro Indígenas Hombres, una Mujer y un Niño, quienes habrían sido descuartizados y arrojados al río para no ser identificados. El crimen fue cometido en cercanías del río Guarrojo, junto a la reserva guahiba de Ibibí, en cercanías a la finca del colono Hilario Avenoza, el mismo que en 1970 asesinara a varios indígenas obsequiándoles un saco de sal envenenada con arsénico; esto fue comprobado mediante examen de laboratorio practicado por el doctor Ramón A. Arrumátegui Aluma a una muestra de dicha sal.
Según versiones, de esta nueva masacre tuvieron conocimiento las autoridades de policía de Planas y Villavicencio, pero no se investigó nada por cuanto el jefe de la Comisión Indígena de Planas era amigo del Ministro de Gobierno Cornelio Reyes, quien también tenía intereses en esa región y acababa de comprarle a Antonio Franco una extensa hacienda llamada "Vendaval", ubicada en tierras que este último había invadido en la reserva indígena guahiba.
En el mes de octubre de 1975, los indígenas guahibos de Planas denunciaron ante el gobierno nacional la persecución de la que continuaban siendo víctimas. En esa ocasión se quejaron por la destitución, por parle del gobierno, de tres maestros comprometidos con la organización indígena, así como la presencia de una comisión oficial que estuvo recorriendo los poblados, sembrando la intranquilidad, pues se dedico a amenazar a los Indígenas y a sus líderes, a quienes les decían que, de no aceptar las propuestas ofrecidas por ellos, traerían al Ejército como en el año de 1970. Dicha comisión estaba constituida por el canadiense Jaime Simons, colonos hostiles a los guahibos, misioneros extranjeros, agentes de la defensa civil y otros hombres armados, probablemente de organismos de Seguridad del Estado. La comisión les ofreció regalos y les propuso la creación de una Cooperativa para negociar con ellos; también el regreso del Instituto Lingüístico de Verano, el cual ya había sido expulsado de Planas, y que ahora lo pretendían introducir con otra razón social denominada Fundación Pro Desmarginalización del Indígena. (11)
Notas1. Diario EL TIEMPO, Lecturas Dominicales. Bogotá julio 2 de 1972. pág. 4.
2. Diario EL PERIÓDICO, Bogotá, sábado 10 de junio de 1972, pág. 6.
3. Molano Alfredo, "La Macarena Reserva Biológica de La Humanidad", U. Nal,, Bogotá 1989 pág 290.
4. Pérez Ramírez Gustavo, "Planas: los contradicciones del capitalismo un año después", Edit. América Latina, Bogotá 1971, pág. 41
5. Pérez Ramírez Gustavo, "Planas: los contradicciones del capitalismo un año después", Edit. América Latina, Bogotá 1971, pág. 83
6. Pérez Ramírez Gustavo, "Planos las contradicciones del capitalismo', pág. 104, Bogotá enero de 1971. Ediciones Tercer Mundo, primera edición
7. Pérez Ramírez Gustavo, "Planos las contradicciones del capitalismo', pág. 104, Bogotá enero de 1971. Ediciones Tercer Mundo, primera edición
8. Pérez Ramírez Gustavo, "Planas: los contradicciones del capitalismo un año después", Edit. América Latina, Bogotá 1971, pág. 201
9. Revista ALTERNATIVA Nro. 14, Bogotá agosto 20 de 1974, pág. 18
10. Ver Diario EL ESPECTADOR Magazin Dominical, Bogotá abril 17 de 1977. pg-1 y 3
11. Revista ALTERNATIVA, Nro. 72, Bogotá marzo 1 al 8 de 1976. pág. 22.
