Colombia Nunca Más |
Puerto Boyacá
Terror y barbarie: Ingredientes necesarios para construír la "Capital antisubversiva de Colombia"
Capitulo I
Colonización, Petróleo y Ganadería
Desde las primera décadas del siglo XX aparecieron los enclaves petroleros en el Magdalena Medio. La Texas Petroleum Company se instaló en Territorio Vásquez (que comprende los municipios de Puerto Boyacá, Otanche y Borbur), Esta empresa usufructuó el suelo y subsuelo de una vasta extensión de tierra (127.000 hectáreas) entre 1929 y 1963, momento en que entregó la propiedad del suelo al INCORA, a través de la Mompos Land and Timber Company, para escrituración de tierras.
La colonización en Puerto Boyacá giró en torno a las actividades de la Texas Petroleum Company y se hizo más fuerte en las décadas del 50 y el 60. La colonización llevó a un proceso de concentración de la tierra, que se consolidó con la legalización de la apropiación de hecho, por parte del INCORA. Durante 1953 y 1954 las Fuerzas Militares permitieron la entrada de familias campesinas a las propiedades de la Texas, con autorización de Rojas Pinilla. Para 1969 el 50 % de los predios rurales de Puerto Boyacá eran de entre 100 y 300 hectáreas, pero ya existían predios de entre 500 y 2000 hectáreas; inclusive existían propiedades particulares que estaban por encima de las 5000 hectáreas.
La concentración de tierra llevó a la consolidación de la ganadería como uno de los grandes renglones de la economía. En 1967 se creó en Puerto Boyacá el Comité de Ganaderos. Así mismo se intensificó la agricultura, principalmente de maíz y arroz secano, éste último con tal auge que la Federación Nacional de Arroceros estableció una oficina en Puerto Boyacá.
Los colonos se dedicaron más a la producción agrícola y algunos en pequeña escala a la ganadería. Para financiar la producción tuvieron que recurrirá préstamos con la Caja Agraria y el INCORA, que por lo general les permitían cubrir sus necesidades básicas, pero sin posibilidades de mejorar sus condiciones de subsistencia, por lo que era común que, cuando las cosechas no daban los resultados esperados, se veían obligados a vender las mejoras y salir de la región. Esto llevó a que la actividad agrícola fuera cediendo espacio a la actividad ganadera. La ganadería se fue convirtiendo en el sector más dinámico de la economía regional, llegando a superar en cobertura al sector petrolero.
Para 1975, la falta de recursos de los colonos, la carencia de una política crediticia adecuada y la presión de los grandes hacendados, llevó a que muchos colonos perdieran sus pequeñas propiedades, convirtiéndose en campesinos al servicio de las haciendas ganaderas cuyos propietarios eran "comerciantes, industriales, políticos y militares retirados, que contaban con todos los recursos indispensables para desarrollar la actividad ganadera" (1)
2. Lo Organizativo: Eje fundamental en la vida de Puerto Boyacá2.1. La Lucha Sindical
Desde principios del siglo XX, las luchas sindicales fueron muy fuertes en Puerto Boyacá, especialmente en la década de 1930 en que algunos trabaja dores de la Texas Petroleum Company crearon el Sindicato de Trabajadores de Puerto Boyacá y presentaron algunas quejas a las oficinas de trabajo, en relación con las condiciones laborales en que se encontraban los trabajadores y los despidos injustificados. Posteriormente, en 1945, los obreros petroleros crearon Sintratexas como un sindicato de industria.
En 1963 Sintratexas realizó dos paros de 24 horas empezando el año y pos teriormente otro paro de 14 días en respaldo al movimiento huelguista de los trabajadores petroleros de Barrancabermeja. Este último paro trajo como consecuencia el despido de una gran cantidad de trabajadores. Para exigir el reintegro de los despedidos, se realizaron mítines, en desarrollo de los cuales el Ejército disparó contra los manifestantes, asesinando a Marcelino Romero. Luego al sindicato se le suspendió la Personería Jurídica por seis meses y los miembros de la Junta Directiva fueron despedidos.
Ante la imposibilidad de la compañía petrolera de acabar con la organización sindical, creó un sindicato de base que denominó Sinaltratexas "bajo la amenaza de que quien no se afiliara a esta organización sería despedido" (2). Este sindicato fue afiliado a Fedepetroquín, una organización de corte patronal. La junta nombrada por la empresa posibilitó que los trabajadores perdieran derechos adquiridos durante años de lucha, como los casinos de trabajadores en 1968 y el Hospital de la Texas en Puerto Niño en 1973. De igual manera la compañía creó Sinaltracontex que reunía a los contratistas y subcontratistas de la Texas.
A partir de 1975, Sinaltratexas se distancia de los patronos y logra la afiliación a Fedepetrol y empieza una etapa de fortalecimiento; en 1988 se fusionó al sindicato de industria Ustrapetrol. De igual manera Sinaltracontex se fusionó a Ustrapetrol.
2.2. La acción cívica
En 1973, a consecuencia del crudo invierno que azotó el país, en Puerto Boyacá se presentaron desbordamientos del río Magdalena que ocasionaron muertes y destrucción de viviendas campesinas. Los habitantes que desde años atrás venían solicitando al gobierno adelantar obras civiles como diques y dragas que evitaran estas tragedias, ante la desidia del gobierno adelantaron un paro cívico para protestar por esta situación.
Las condiciones de abandono por parte del gobierno nacional que vivía la zona de Territorio Vásquez, llevaron a que las organizaciones sociales existentes en Puerto Boyacá conformaran un Comité Cívico en marzo de 1975. De este comité hacían parte la Asamblea de Maestros de Primaria, el Sindicato de Pequeños Comerciantes y Ventas Ambulantes, el Sindicato Agropecuario, la ANUC; miembros de los gremios como obreros de construcción y cantineros, así como representantes de algunos de los barrios.
El Comité promovió un paro cívico en el que se presentó una "Plataforma de lucha de Puerto Boyacá", en la cual se hacían una serie de exigencias al gobierno: "Electrificación total; dotación de agua potable y permanente; construcción de obras que garanticen de forma definitiva la seguridad de Puerto Boyacá frente a la amenaza permanente del río; construcción, ampliación y mantenimiento de vías de acceso a la zona rural y a otros municipios; dotación del hospital y los centros de salud; construcción y mejoramiento de las escuelas rurales y urbanas; creación de un instituto de capacitación agropecuario; entrega de tierra a los campesinos que no la posean; créditos apropiados para los colonos y pequeños propietarios; fomento del cooperativismo agrario; ejecución de un plan de vivienda popular; nacionalización del petróleo; cese de la represión y la violencia; garantizar las libertades democráticas. (3)
2.3. Los Movimientos Políticos
El hecho de que Puerto Boyacá tuviera una población mayoritariamente liberal facilitó que el MRL se instaurara allí. Así mismo la existencia de una "línea dura" dentro del MRL permitió la incidencia de ideas comunistas: a la sombra del MRL creció el Partido Comunista. Así mismo, algunos sectores independientes del MRL en Puerto Boyacá, entraron a formar parte del Frente Unido de Acción Revolucionaria, que surgió a nivel nacional en 1962.
Después del gran auge del MRL en Puerto Boyacá, vino el auge de la ANAPO, que alcanzó a tener un buen número de concejales. Aunque el Partido Comunista empezó su trabajo político en Puerto Boyacá desde 1958, solo a partir de 1970 comienza a tener fuerza en la región. En 1978, el Partido Comunista obtuvo 2149 votos, frente a 1819 del Partido Liberal y 91 del Conservador. Pero la represión del año 1979, la más alta de la década, contribuyó a que los votos por el Partido Comunista fueran disminuyendo, hasta que en 1984 se redujeron a cero.
A partir de 1985, la única concepción política que era permitida en Puerto Boyacá era el "anticomunismo", que desarrolló el Partido Liberal oficialista. Allí el "Nuevo Liberalismo" retornó al oficialismo local, después de los asesinatos y desapariciones de sus principales dirigentes políticos: Benjamín Quiñones, Martín Torres y Luis Silva.
3. Actores del Conflicto Armado3.1. Los primeros grupos guerrilleros
Durante la llamada Violencia Bipartidista, en Puerto Boyacá se refugiaron muchos liberales venidos de otras zonas. Allí existió un grupo guerrillero local conocido como la "Guerrilla de la Ribera", comandado por Ramón Rodríguez y Rodolfo Peña. Este grupo cumplió más un papel de "correo" entre las guerrillas liberales del Tolima y Santander, que de accionar militar. Sin embargo, cuando el Ejército supo de su existencia, realizó bombardeos en la zona. En junio de 1953, el grupo se acogió a la amnistía de Rojas Pinilla. Sin embargo, algunos miembros de la "Guerrilla de la Ribera" no se amnistiaron y conformaron un grupo que permaneció hasta 1955, al mando de Trino García Prada, pero que no contó con el apoyo de la población debido a los atropellos que cometió contra los colonos.
En 1962, surgió en las selvas del Territorio Vásquez un foco guerrillero, por iniciativa de Federico Arango Fonnegra, quien había estudiado en los Estados Unidos y "se hizo consciente, a su regreso de la situación de atraso, dominación colonial y miseria popular que vivía la nación y quiso actuar en contra de lo que percibía" (4). Inicialmente Arango Fonnegra se había vinculado al Partido Comunista, pero luego pensó que era necesario organizar la insurrección en el campo. La incipiente organización alzada en armas no duró mucho, pues después del 15 de septiembre de 1963, en que su creador fue acribillado desde un helicóptero militar, el grupo se disolvió.
3.2. Las FARC: su paso por Puerto Boyacá
La existencia de trabajo político del Partido Comunista, así como la existencia fugaz del grupo organizado por Federico Arango Fonnegra, fueron circunstancias que favorecieron la inserción de las FARC en la región. Allí existieron grupos de autodefensas campesinas, que dieron origen al IV Frente, que hasta principios de la década de 1970 se dedicaron a crear condiciones para ganar el apoyo de la población, que con el tiempo se fue acercando para solicitarles ayuda en la solución de problemas de la comunidad, como el robo de ganado.
La década de los 70s fue de crecimiento y fortalecimiento de las FARC en la región, logrando el control de varias veredas y la organización de una red urbana. La población campesina e inclusive los ganaderos colaboraron con el IV Frente de las FARC.
A partir de 1979, con la llegada del XI Frente, al mando de Luis Emiro Avendaño, conocido como "Ramón", las exigencias en cuanto a los aportes que los pobladores debían hacer se hicieron mayores, así lo reconoce el Comandante del IV Frente (de finales de los 80s): "medidas políticas en el aspecto financiero... por los secuestros y tal vez esa política, si le favoreció económicamente... pero repercutió políticamente mal" (5). Esta situación debilitó las relaciones de cordialidad que existían entre las FARC y los pobladores de Puerto Boyacá. Según, testimonio de pobladores de Cimitarra, el Comandante "Ramón" confesó ser miembro de la Policía, por lo que fue fusilado por la organización guerrillera. (6)
La acción de las FARC en la región continuó en los 80s, pero tuvieron que replegarse, cuando el Ejército y sus grupos de civiles armados lograron el control territorial de Puerto Boyacá.
3.3. El papel del Estado en el conflicto armado
En Puerto Boyacá, como en buena parte del territorio nacional, las formas de intervención del Estado en el conflicto armado fueron "evolucionando". Se pasó de la acción estrictamente de las Fuerzas Armadas, a las acciones encubiertas y la utilización de grupos de civiles armados, que se han querido mostrar como un "tercer actor" en el conflicto, para minimizar la acción criminal del Estado. Las Fuerzas Armadas han encaminado su mayor esfuerzo, no a enfrentar militarmente a la insurgencia armada, sino a perseguir y victimizar a los pobladores de las zonas donde la insurgencia tenía presencia. Así mismo "evolucionaron" las formas de represión: de la tortura, al asesinato y la desaparición; de los hechos individuales, a las masacres.
Las Fuerzas Militares en Puerto Boyacá, antes de la reactivación del Batallón Bárbula, el 28 de marzo de 1979, tenían presencia con bases militares en las inspecciones de policía Marfil y Centro Calderón, que fueron escenario de los crímenes de lesa humanidad que se dieron en este tiempo.
El Batallón Bárbula que fue creado en 1886 y operó en distintas zonas del país, en 1958, durante el gobierno de Rojas Pinilla, entró en receso y solo hasta el 28 de marzo de 1979 fue reactivado en Puerto Boyacá. El Batallón Bárbula se instaló alrededor del campamento principal de la Texas Petroleum Company en la inspección de policía Centro Calderón, donde ya existía una base militar, y estaba adscrito a la Primera Brigada deTunja, luego estuvo bajo la Dirección del Comando Operativo ?10 que tenía sede en Cimitarra.
A partir de 1983, con la creación de la XIV Brigada con sede en Puerto Berrío, el Batallón Bárbula entró a pertenecer a esta unidad militar. Desde su reactivación jugó un papel muy importante en la represión en Puerto Boyacá; su llegada coincidió con un muy notorio incremento del número de víctimas de crímenes de lesa humanidad. La labor del Bárbula se vio reforzada con la llegada de la Brigada XIV que se ubicó inicialmente en Cimitarra, donde duró muy poco, y luego, en marzo de 1983 pasó a su sede actual en Puerto Berrío. Pero el "éxito" de la experiencia paramilitar en Puerto Boyacá se debió no solo al papel que jugó la estructura militar sino a la conjugación de muchos factores.
Las declaraciones de algunas personas que fueron protagonistas de esta historia de terror permiten explicar la manera como ha funcionado ese engranaje. Dentro de estas personas están: el Mayor del Ejército Osear de Jesús Echandía Sánchez, quien fue Alcalde Militar de Puerto Boyacá en 1982 y promovió la creación de los grupos paramilitares en la zona; este militar rindió varias declaraciones ante el DAS y la Fiscalía; Diego Viáfara Salinas, paramilitar miembro de ACDEGAM, quien declaró ante la prensa estadounidense y el DAS; Alonso de Jesús Baquero Agudelo, paramilitar que participó en múltiples crímenes, quien rindió indagatoria ante la Fiscalía en varios procesos a que fue vinculado y el Mayor (R) Luis Antonio Meneses Báez, jefe paramilitar, quien fue interrogado por la DIJIN en 1989.
El apoyo financiero
Desde la primera reunión que se hizo en los primeros meses en Puerto Boyacá hubo participación de delegados de la multinacional Texas Petroleum Company y de los ganaderos de la región, que serían quienes garantizarían económicamente la conformación de los primeros grupos de civiles armados, bajo la fachada ACDEGAM, que estaría encargada de canalizar "legalmente" los proyectos financieros, educativos, sanitarios, de infraestructura y vías, 'mediante los cuales se lograría el control total de la región.
El apoyo de la Texas a las actividades de ACDEGAM fue exaltado por el alcalde Luis Alfredo Rubio Rojas, quien reconoció públicamente que el "concurso generoso de la Compañía Texas Petroleum Company, de sus directivos y personal en general, que impulsan las iniciativas del Municipio y aportan elementos y dinero para obras que... hacen de Puerto Boyacá una ciudad más amable y acogedora" (7)
En los primeros años las cuotas pagadas por los ganaderos y los dineros oficiales que ACDEGAM canalizaba, permitieron que el modelo paramilitar pusiera en marcha su desarrollo; sin embargo, los altos costos que implicaban los salarios que le pagaban a los miembros de la organización armada, así como la necesidad de equipos de comunicación y armas, llevaron a una crisis económica, que se resolvió con la vinculación del narcotráfico.
Superada la crisis económica, ACDEGAM, empezó a crecer y a extender su radio de acción. Lo que permitió que para 1989, ACDEGAM contara con las siguientes propiedades en Puerto Boyacá: una droguería, una clínica, un almacén de insumes agropecuarios, unas oficinas, una imprenta, el periódico local Puerto Rojo, cooperativas comunales, escuelas, dos armerías y sendos tornos para la fabricación de munición y repuestos, un computador, la finca La Granja (en la vereda Ariza), un guardadero de carros robados, un complejo sistema de comunicaciones, parque automotor (aproximadamente 129 vehículos) y una red de apoyo logístico para la obtención de documentos de identificación falsos. Así mismo que lograra la creación de tiendas satélites en diferentes localidades del Magdalena Medio: en las inspecciones de policía Terán y Patevaca en Yacopí (Cundinamarca); San Fernando, La Corcovada, Puerto Olaya, Caño Baúl, Dos Hermanos, Zambito y Campo Seco en Cimitarra (Santander); en los caseríos Puerto Pinzón y Quince Letras y las inspecciones Puerto Romero y Marfil en Puerto Boyacá (Boyacá), en las veredas La Danta en Sonsón (Antioquia) y Las Mercedes en Puerto Triunfo (Antioquia).
Según Echandía Sánchez, "entre 1983 y 1984 empieza el contacto con el narcotráfico, al conocer los dirigentes de ACDEGAM a Francisco alias "Pacho Yuca"... Se inician conversaciones con Pablo Escobar interesado en limpiar la zona de Doradal y Puerto Triunfo, a tiempo que Rodríguez Gacha controlaba Pacho y Yacopí" (8).
En este mismo sentido Diego Viáfara afirmaría que "Esta alianza surge a mediados de 1985 cuando la autodefensa intercepta un campero cargado de cocaína en cercanías del sitio Dos y Medio, hiriendo y capturando a varios de los ocupantes del vehículo. El automotor y la droga resultaron ser de propiedad de los narcotraficantes Jairo Correa y Pacho Barbosa... Luego de conversaciones con los narcotraficantes y por iniciativa de Henry Pérez, la autodefensa devuelve el campero y la droga incautada a sus propietarios recibiendo en contraprestación una camioneta Toyota... A partir de ese momento la autodefensa empieza a prestar servicio de seguridad en los predios de la finca La Suiza, a tiempo los recursos económicos crecían por la asociación con quienes ya se distinguían como personas vinculadas a Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar del Cartel de Medellín. (9)
La relación de los narcotraficantes con las Fuerzas Militares también era muy buena, según declaración de un paramilitar de la zona existieron "obras civiles que aparecían como hechas por la XIV Brigada, pero el dinero era de Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha: remodelación de la sede de la XIV Brigada, pavimentación de la vía al aeropuerto Morelia en Puerto Berrío, inaugurada por Belisario Betancur en 1984, el dinero fue entregado por Pablo Escobar a Farouk Yanine Díaz y Raúl Rojas Cubillo (10). Un suboficial del Ejército en escrito enviado a la Fiscalía aseguró que la finca Copa de Barro de propiedad de Pablo Escobar, ubicada a 4 Km. del perímetro urbano de Puerto Berrío, en la vía a Cimitarra, era "centro de reuniones y orgías,
especialmente para los oficiales de alto rango... allí se reunían con damas que Pablo Escobar les enviaba por avión desde Medellín" (11).
En entrevista a la revista Semana, el jefe paramilitar Henry de Jesús Pérez Duran, refiriéndose a la relación paramilitares, militares y narcotraficantes, afirmaría: "Nosotros partíamos de un principio: para combatir el enemigo nos uniríamos hasta con el diablo. Esa era una frase del general Yanine que a cada rato nos repetía'. En concreto sobre la relación entre Rodríguez Gacha y los militares diría: "Muy buena, por lo menos con un sector de ellos. Dése cuenta que Gacha una vez me mandó decir "necesito que llegue a Pacho porque hay una entrevista con un alto militar". Yo me desplace a Pacho y un alto militar estaba allá para darle unas orientaciones sobre como es que debía manejar sus hombres armados de manos de él" (12).
Según un informe del DAS: "La banda de delincuentes que regionalmente se conoce como Muerte a Secuestradores (MAS), es subsidiada por varios miembros del Cartel de Medellín, entre quienes figuran: 1) Gonzalo Rodríguez Gacha 2) Pablo Emilio Escobar Gaviria 3) Gilberto Molina 4) Jairo Correa 5) N. Matiz Guana" (13).
El apoyo político
En 1982, fue el Alcalde Militar de Puerto Boyacá, Osear de Jesús Echandía Sánchez, quien propiciaría la primera reunión en que se planteó la creación de los grupos paramilitares. En 1983 se fundó ACDEGAM, y a ella se vinculó el diputado liberal Pablo Emilio Guarín Vera, cuyo jefe político era Jaime Castro Castro, quien sería Ministro de Gobierno del Presidente Belisario Betancur. El mismo Belisario Betancur, en septiembre de 1985, durante una visita a Puerto Boyacá, en su discurso hacía la siguiente invitación: "que vengan pues esos colombianos al Magdalena Medio a presenciar este espectáculo de hoy en Puerto Boyacá" (14), rodeado de pancartas alusivas al repudio a las FARC y al comunismo.
Terminado el período en la alcaldía de Osear de Jesús Echandía Sánchez, llegó Enrique Simonds Barraza, que fue el que relacionó al recién amnistiado Diego Viáfara Salinas con los militares y paramilitares. Según el DAS, "fue entrevistado por el señor Enrique Simonds, Alcalde Municipal, quien lo trasladó al Batallón Bárbula, allí conoció a varios oficiales (Mayor Diego N. Velandia y Capitán Caicedo), que luego de interrogarlo lo pusieron a disposición de un grupo de civiles que empezó a velar por su manutención (Henry Pérez, Gonzalo Pérez y Nelson Lesmes, entre otros)" (15).
Luis Alfredo Rubio Rojas, quien fue tesorero de ACDEGAM entre 1982 y 1983, sería alcalde por decreto desde el 7 de diciembre de 1984 hasta el 12 de septiembre de 1987.
Alejandro Echandía Sánchez (hermano de Osear de Jesús Echandía Sánchez), quien fue secretario de ACDEGAM, estuvo en la alcaldía entre el 12 de septiembre de 1987 y el 1 de junio de 1988. Estuvo vinculado en varios hechos: participó en la planeación de la desaparición de 19 personas (en Cimitarra en 1987) y de la masacre de la comisión judicial en La Rochela (en Simacota en 1989); formó parte de la Junta Directiva de ACDEGAM, hasta 1991, en que fue asesinado.
Durante este período también se nombró temporalmente otro alcalde militar, el Capitán Carlos Orlando Meza Gómez, quien participó en la organización de un Foro, el 22 de octubre de 1984, donde se proclamaría a Puerto Boyacá "Primer Fortín Antísubversivo de Colombia", en el cual participaron, entre otros, el Gerente del Fondo Ganadero de Risaralda y el Director Regional de la Caja Agraria.
Posteriormente, el 1 de junio de 1988, nuevamente Luis Alfredo Rubio Rojas se posesionó como alcalde popular. Ese mismo año le dictaron orden de captura en un proceso que se le adelantaba por "porte ilegal de armas", siendo absuelto el 26 de junio de 1990. El 5 de noviembre de 1996 fue vinculado mediante indagatoria y se le dictó orden de captura por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, por su participación en la desaparición de 19 comerciantes, el 4 de octubre de 1987, en Cimitarra, pues según declaraciones de paramilitares que participaron en el hecho, como primera autoridad de Puerto Boyacá estuvo al tanto del hecho y además facilitó las carpas para ocultar los vehículos que les fueron quitados a los comerciantes, antes de ser destruidos.
Según Osear de Jesús Echandía Sánchez, en 1987 cuando Rubio Rojas fue elegido Alcalde, coordinó la llevada de grupos paramilitares a la zona de Urabá, encargando a alias "Fercho" de "organizar la limpieza en Urabá".
Sobre la participación de Rubio Rojas y otras autoridades en actividades paramilitares, el DAS afirmaría en un informe que: "Algunas autoridades con jurisdicción en el Magdalena Medio colaboran con ACDEGAM, destacándose las siguientes: 1) Procurador Regional de Honda (Tolima). 2) Comandante y Subcomandante de la Base Militar de Puerto Calderón. 3) Comandante de la Policía en La Dorada (Caldas). 4) Comandante de la Policía en Puerto Boyacá (Boyacá). 5) Luis Rubio, Alcalde de Puerto Boyacá (Boyacá), de quien se dice: recibe la suma de $2 millones mensuales de los narcotraficantes" (16).
En 1987, después del asesinato de Pablo Emilio Guarín Vera, entraría a ACDEGAM el abogado y político liberal Iván Roberto Duque Escobar, como encargado de las relaciones políticas. Duque Escobar sería el impulsor del Movimiento de Renovación Nacional -MORENA y continuaría siendo el "jefe político de la región"; según palabras del alcalde Maximino Rendón en 1994, "él fue quien me pidió, cuando retiraron a la alcaldesa anterior (María Isabel Torres de Téllez), que aceptara el puesto. Yo acepté porque se trataba de Don Iván" (17). En enero de 1994 sería capturado por orden de la Fiscalía, cuando se desempeñaba como Asesor Jurídico de la Gobernación de Boyacá. Pero Duque Escobar no sería el único político que por Puerto Boyacá ganara espacio a nivel de la administración departamental; entre 1986 y 1987 Hugo Ramón Vásquez Contreras sería Secretario General de la Gobernación y en 1988, desempeñaría este cargo Jorge Armando Monroy.
En 1989, el liderazgo político estaba a cargo del diputado LuisYepes, cuñado de Luis Alfredo Rubio Rojas; Leonardo Guarín Bocanegra, hijo de Pablo Emilio Guarín Vera y el alcalde Marino Estrada Chavarriaga; quienes trabajaban con el apoyo de los directivos de ACDEGAM.
El surgimiento de MORENA, en agosto de 1989, muestra el apoyo político, especialmente del Partido Liberal, a los grupos paramilitares de Puerto Boyacá. El entonces precandidato Ernesto Samper Pizano, manifestaría:
"Cualquier esfuerzo por sustituir la confrontación de hecho por la vías democráticas, merece nuestra aceptación (18). El hecho de que posteriormente los políticos Norberto Morales Ballesteros, Bernardo Guerra Serna y Alberto Santofimio Botero persuadieran a los directivos de ACDEGAM para que no continuaran impulsando la gestión política de MORENA, se debía únicamente a que no lo veían conveniente políticamente, por la reacción que había generado en algunos sectores. La alternativa fue crear el "Movimiento Liberal Democrático y Popular del Magdalena Medio".
A Luis Alfredo Rubio Rojas lo sucedió en la alcaldía Gustavo Londoño, quien también apoyó los grupos paramilitares. Fue asesinado en Honda en 1992, en momentos en que se encontraba con un reconocido paramilitarde Puerto Boyacá, Guillermo Panesso Ocampo.
Otro político liberal que ha tenido estrechos vínculos con los paramilitares, ha sido el varias veces senador Tiberio Villarreal Ramos, quien ha sido señalado como el auspiciador de los grupos paramilitares que operan en Rionegro (Santander). Así mismo ha estado relacionado con varios crímenes, entre otros, con la masacre de los funcionarios judiciales en La Rochela.
Según declaración de Alonso de Jesús Baquero Agudelo: "De los políticos nos colaboraba el señor Tiberio Villarreal... Tiberio Villarreal manejaba directamente los grupos de autodefensa que hay en Rionegro (Santander)... era un colaborador de los paramilitares, encargándose de recoger dineros de los comerciantes de Bucaramanga... en contraprestación del dinero los paramilitares le recogían votos". Al referirse a su participación en a masacre de La Rochela, Baquero aseguró: "Tiberio Villareal por medio del Ma yor Osear de Jesús Echandía, informó que esa comisión judicial cargaba todo el expediente y comenzó a presionarnos para que matáramos los jueces y les quitáramos el expediente..." (19)
Los grupos paramilitares del Magdalena Medio contaron con el apoyo ideológico de la Sociedad Colombiana de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad -TFP-., que publicó un libro llamado "La legítima defensa en los campos colombiano", en donde un grupo de juristas hacia una defensa desde el derecho a los grupos paramilitares. Entre quienes firmaban este documento estaban: Humberto Barrera Domínguez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia; Julio Romero Soto, profesor de Derecho Penal en las universidades Nacional, Libre, Santo Tomás y Gran Colombia; Jorge Dangond FIórez, exprocurador general de la nación (encargado y delegado); Flaminio Barrera Rivera, exmagistrado; Gustavo Salazar Pineda, especialista en Ciencias Penales de Estrasburgo y Luxemburgo; Euclides Silvera Enríquez, profesor de la Universidad Nacional; Iván Almanza, exmagistrado en lo penal; Roberto Cárdenas Ulloa, exjuez penal; Jesús María Cuervo Rojas, abogado; Héctor Manuel Rodríguez García, abogado; Gustavo Martínez, exjefe de Instrucción Criminal del Meta; Hegberto Helio Reyes Reyes, ex magistrado y conjuez del Tribunal de San Gil; Luis Alfredo Salinas Rojas, exjuez de Instrucción Criminal; Francisco Humberto Sarmiento Boada, exjuez superior, Hernando Mejía Reyes, ex magistrado auxiliar de la Sala Penal; Arsenio Ortega Avila, exmagistrado; Vicente de Paúl FIórez Cruz, exjuez de Instrucción Criminal; y Alfonso Pardo Rincón, abogado.
El apoyo militar
Desde sus inicios fue evidente el apoyo de las Fuerzas Militares. El comandante del Batallón Bárbula, Teniente Coronel Jaime Sánchez Arteaga, en 1982 fue uno de los gestores de los grupos paramilitares en Puerto Boyacá.
En 1983, con la llegada de la XIV Brigada, el apoyo sería mayor. El primer comandante de la XIV Brigada, el Mayor General Daniel Enrique García Echeverry, quien estuvo al mando hasta diciembre 28 de 1983, fue uno de los principales impulsores del paramilitarismo en el Magdalena Medio. Pablo Emilio GuarínVera, aseguró en una entrevista, al referirse a García Echeverry, que "este general fue el que empezó a impulsar al pueblo que no podía dejarse matar... García Echeverry empezó a decirle a la gente que había que defenderse." (20)
Luego llegaría el Brigadier General FaroukYanine Díaz, quien fue comandante de la Brigada XIV entre diciembre 1 de 1983 y diciembre 1 de 1985. Yanine Díaz jugó un papel fundamental en la consolidación del paramilitarismo, no solo cuando estaba en la Brigada XIV, sino también desde la Dirección de la Escuela Militar de Cadetes en Bogotá, donde estuvo entre el 1 de diciembre de 1985 y el 1 de diciembre de 1987, y desde la Comandancia de la II División del Ejército con sede en Bucaramanga, entre 1 de diciembre de 1987 al 9 de junio de 1989. Así lo muestran varios testimonios de paramilitares que estuvieron muy cerca del oficial.
El paramilitar Marceliano Panesso Ocampo en su declaración ante la Fiscalía aseguró que: "El General Yanine Díaz, Comandante en esa época de la XIV Brigada, él reunió a todos los campesinos en Puerto Berrío Antioquia, exactamente en el Batallón Bomboná... él orientó a la gente como nos teníamos que organizar para combatir la subversión... y nos dio instrucción precisa para defendemos, e inclusive nos vendió armamento con su respectivo salvoconducto". (21)
El paramilitar Ricardo Rayo, en declaración ante la Fiscalía, refiriéndose a la época en que Yanine Díaz era Comandante de la XIV Brigada, afirmó que Henry de Jesús Pérez "podía disponer de los abogados, de la patrulla, de los helicópteros del Ejército, allá llegaba Henry Pérez a la Base y pedía hombres y el Comandante le facilitaba todo" (22).
El paramilitar Diego Viáfara Salinas aseguró en una declaración pública que "el General Farouk Yanine Díaz fue uno de los pioneros para ayudar a la organización paramilitar" (23).
En declaración rendida por Alonso de Jesús Baquero Agudelo en el proceso por el asesinato de la comisión judicial en La Rochela, al referirse a Yanine Díaz, aseguró que "en esa época él no estaba en la zona, él trabajaba en Bogotá, fue a la escuela 01 una escuela de entrenamiento a los campesinos... Yanine llegó en helicóptero al Bárbula y de ahí se fue en el carro del Comandante hasta donde estábamos nosotros... Estando él como Director de la Escuela Militar no solo fue a la escuela 01, sino a la vereda vuelta Acuña para inaugurar un grupo de autodefensa... a Vuelta Acuña llegó en un helicóptero del Ejército" (24). En el mismo proceso Baquero Agudelo, afirmaría que, "la brigada a nosotros nos vendía armas legalmente amparadas, tanto a miembros de los paramilitares como a socios de ACDEGAM, teníamos tratamiento especial, fuera de eso la brigada en varias ocasiones prestó armas a los paramilitares... cuando los paramilitares hacen operaciones junto con la brigada, batallón contraguerrilla la brigada presta los uniformes y los fusiles para uniformar a los paramilitares, el Batallón Bárbula nos colaboraba con transporte en helicóptero, nos prestaba fusiles G-3 e inclusive nos llegaron a prestar ametralladoras M-60".
Otro militar que jugó un rol importante fue el Teniente Coronel Hernando Navas Rubio, quien se desempeñara como Jefe del B-2 de la XIV Brigada, entre mediados de 1987 y diciembre de 1989, era el encargado de firmar los salvoconductos de las armas entregadas a los paramilitares. De acuerdo con la declaración de un paramilitar que participó en la desaparición de los 19 comerciantes: "El Coronel Navas nos decía que nosotros por lástima con esos comerciantes nos íbamos a dejar matar, entonces un día Henry Pérez le dijo al Coronel Navas coordinemos con ustedes los militares para sacara los comerciantes". El mismo paramilitar aseguró que "Navas si recibió dinero de Henry Pérez, le regaló plata en efectivo en varias ocasiones le dio plata, por ejemplo una vez le regaló dos millones de pesos, en otra ocasión que nosotros fuimos a la oficina de Navas éste necesitaba cinco millones para hacer un cruce en Bogotá, no supe que clase de cruce, y entonces Henry le dijo que en ese momento no tenían pero que fuera o mandara a Puerto Boyacá, que allá le daban plata" (25).
El oficial Navas Rubio fue retirado del servicio en 1992 cuando se desempeñaba como Director del INPEC, a raíz de la fuga de Pablo Escobar Gaviria de la Cárcel de la Catedral en Envigado (Antioquia).
En 1987 llegaría a la comandancia de la XIV Brigada el Brigadier General Juan Salcedo Lora. Luego, en 1989, el Brigadier General Carlos Julio Gil Colorado, sería el comandante de esa unidad militar; en ese mismo año sucedería aYanine Díaz en la comandancia de la II División el Mayor General Juan José Alfonso Vacca Perilla. Sobre estos oficiales, Alonso de Jesús Baquero Agudelo, en declaración ante la Fiscalía, aseguró que "entre los más colaboradores y que empujaron la ficha están el General Yanine Díaz, el General Salcedo Lora y el General Gil Colorado... otro General que colaboraba pero no tan de lleno era Vacca Perilla'. Sobre Vacca Perilla, además afirmó que "el único General que no le gustaban las masacres era el General Vacca Perilla, estaba de acuerdo que los homicidios fueran individuales no colectivos (26).
Entre diciembre de 1987 y junio de 1989, estuvo como comandante del Batallón Bárbula el Coronel Luis Arcenio Bohórquez Montoya. Una investigación adelantada por el DAS, establecería que "él había permitido el uso del Batallón como centro de comunicación y entrenamiento para grupos paramilitares de la región... el Coronel Bohórquez y los 1300 soldados a sus órdenes habían acompañado a las patrullas paramilitares y dado refugio a cabecillas paramilitares, cuando llegaban investigadores civiles a la región" (27). Durante el tiempo en que Bohórquez Montoya estaba al frente del Batallón Bárbula, estuvo en Colombia el mercenario israelí Yair Klein, quien fue contactado por el Mayor (R) Luis Antonio Meneses Báez, para que entrenara militarmente a los grupos paramilitares del Magdalena Medio. También estuvieron mercenarios británicos y australianos. Ante el escándalo público que suscitó la presencia de los mercenarios, fue llamado a calificar servicios el 6 de junio de 1989. Este oficial hizo pública una carta en la que hacía referencia a directrices de la más alta oficialidad del Ejército; el oficial manifestaba que no entendía la sanción de que era objeto, pues se había limitado a seguir las orientaciones de sus superiores jerárquicos. (28) Lo que coincide con el contenido de un memorando enviado por el Ministro de Defensa, el General Manuel Jaime Guerrero Paz, a sus subalternos en 1987, en el que se habla de que "organizar, instruir y apoyar las juntas de autodefensa debe ser un objeto permanente de las Fuerzas Militares donde la población es leal y se manifiesta agresiva contra el enemigó" (29).
El Coronel Bohórquez, entregó al Comandante General de las Fuerzas Militares, General José Nelson Mejía Henao un cassette que mostraba la estrecha relación entre los paramilitares de Puerto Boyacá y los mercenarios extranjeros con el Ejército. En mayo de 1991, las pruebas fueron entregadas también al Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Jaime CórdovaTriviño, a quien también el oficial le narró la manera como el Ejército había planeado las masacres de Segovia, Honduras y La Negra, así como la vinculación de los generales FaroukYanine Díaz y Carlos Julio Gil Colorado. A consecuencia de estas revelaciones, el Mayor General Daniel Enrique García Echeverry, quien había sido Comandante de la XIV Brigada, y en ese momento se desempeñaba como Comandante General de Ejército, le envió una nota que decía "BIENAVENTURADOS LOS QUE CALLAN". El 24 de junio de 1991, el oficial fue asesinado en Bogotá. Luego del asesinato, sus familiares fueron amenazados reiterativamente, a través de llamadas telefónicas.
En 1990, el Comandante de la XIV Brigada era el Coronel Rodolfo Herrera Luna, que fue quien creó el grupo URE, una estructura integrada por miembros del B-2 de las Brigadas V y XIV y civiles de sus redes de inteligencia, quienes realizaban acciones encubiertas en la región.
La relación de los paramilitares no solo fue con las Fuerzas Militares, sino con otros organismos de seguridad del Estado. Según declaración de Luis Antonio Meneses Báez, "hasta comienzos de 1989, los contactos de las autodefensas con las Fuerzas Armadas se hacían con el Estado Mayor del Ejército... luego se utilizaron intermediarios que son seleccionadas personalidades del sector político, industrial y social. A nivel de inteligencia la información es entregada por la autodefensa a los agentes de inteligencia conocidos en cada región... en algunas regiones los contactos son directos con Comandantes"... "Policía Nacional, a nivel nacional no hay ninguna coordinación, regionalmente se hacen contactos directos, en ocasiones con los comandantes de Departamento... La autodefensa apoya a la Policía a nivel logístico y a veces operativamente. En algunas regiones hay contacto con la SIJIN"... "Armada Nacional, son buenas las relaciones con la Infantería de Marina en sus áreas de influencia, al sur del país, Magdalena Medio y en la Costa"... "DAS, regionalmente hay coordinaciones directas con las seccionales o puestos". (30) Así mismo, el jefe paramilitar Henry de Jesús Pérez Duran afirmaría en 1991 que "yo le dije al Cuerpo Élite dónde estaba secuestrado Julián Echeverría. Nuestros hombres participaron en el operativo... También participamos en la operación Apocalipsis, cuando milagrosamente Escobar se salvó por el ruido de los helicópteros" (31). El Comandante de la Policía de Puerto Boyacá, en 1989, Capitán Marco Fidel Mendieta Sierra, patrullaba con los grupos paramilitares, por lo que públicamente defendía su existencia; en una entrevista el oficial señalaría lo siguiente: "Yo traté en lo posible de juntar algunas personas y decirles si algún día nos llega a suceder algo ustedes nos defienden por acá, son grupos normales de defensa y de apoyo a la policía nacional y de pronto de apoyo al ejército colombiano" (32).
El apoyo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial
Desde que surgieron los grupos paramilitares el Ejecutivo ha jugado un doble papel. Después de publicado el informe de la Procuraduría en el que se mencionaban los nombres de 59 miembros de las Fuerzas Militares como integrantes del MAS, el Presidente Belisario Betancur, pese a haber sido quien solicitó la investigación por presión de los organismos de Derechos Humanos, le enviaba un mensaje al Procurador Carlos Jiménez Gómez en el que le manifestaba que "es obvio que los miembros de las Fuerzas Armadas contra quienes se han hecho acusaciones concretas tendrán todas las garantías procesales para asumir su defensa y para explicar públicamente su conducta" (33). Antes de que existieran resultados, ya había una exoneración anticipada a las Fuerzas Armadas, lo que se evidenció cuando Betancur afirmó que "la dignidad de nuestro cuerpo judicial y la respetabilidad e las Fuerzas Armadas me obligan a rechazar con energía cualquier confusión que se pretendiera establecer entre tan altas e insospechables instituciones y sistemas o agrupaciones ilegítimas e irregulares. En tal sentido no es admisible ni la sombra de una duda. (34)
Por los crímenes perpetrados por los grupos paramilitares que nacieron en Puerto Boyacá, la responsabilidad de los altos oficiales que estaban al mando de la unidades militares no solo se dio en su tolerancia y apoyo, sino que en varios casos, como el de los 19 comerciantes desaparecidos y en la masacre de La Rochela, fueron los militares quienes dieron la orden de ejecutarlos. Pese a ello, en los procesos judiciales adelantados por la justicia ordinaria solamente han sido condenados algunos paramilitares de bajo rango.
Funcionarios judiciales que han intentado cumplir su labor han sido víctimas de la acción criminal también. Muy representativo de ello fue la masacre de la comisión judicial en La Rochela, que adelantaba varias investigaciones en que estaban involucrados paramilitares del Magdalena Medio. Así mismo el caso de la Juez Tercera de Orden Público de Medellín, María Helena Díaz Pérez, quien fuera asesinada después de haber ratificado las órdenes de captura contra algunos capos del narcotráfico y el exalcalde de Puerto Boyacá Luis Alfredo Rubio Rojas.
El Consejo Superior de la judicatura ha jugado un papel muy importante al resolver las colisiones de competencia en los casos de crímenes de lesa humanidad en los que han participado mandos militares. Ilustrativo de ello fue la decisión en el proceso adelantado contra FaroukYanine Díaz, Hernando Navas Rubio, Osear de Jesús Echandía Sánchez y Otoniel Hernández Arciniegas, por la desaparición de los 19 comerciantes, en el cual el 26 de noviembre de 1996, el Consejo Superior de la Judicatura resolvió el conflicto de competencias en favor de la Justicia Penal Militar.
La Justicia Penal Militar, que ha adelantado algunos procesos penales contra militares implicados en la conformación de grupos paramilitares y en la ejecución de crímenes de lesa humanidad, ha garantizado que ninguno de ellos sea sancionado, sino que por el contrario ha procurado con sus fallos "mejorar" la imagen de los militares implicados. Ello se evidencia en la decisión del Comandante del Ejército, el Mayor General Manuel José Bonett Locarno, al abstenerse de convocar a Consejo Verbal de Guerra a Farouk Yanine Díaz, Hernando Navas Rubio, Osear de Jesús Echandía Sánchez y Otoniel Hernández Arciniegas, por la desaparición de los 19 comerciantes. Allí se aseguraba, con relación a los grupos paramilitares, que: "existe diversidad fundamental desde el punto de vista filosófico y político entre las autodefensas y los mal llamados grupos paramilitares... las autodefensas verdaderas surgieron del derecho natural e imprescindible de proteger la vida y los bienes del asecho y acoso de la guerrilla... el Ejército en el Magdalena Medio ha sostenido enfrentamientos y combates contra la guerrilla y los mal llamados grupos paramilitares". En cuanto a las consideraciones tenidas en cuenta por la Fiscalía para sindicar a Yanine Díaz, basadas en los múltiples testimonios recaudados, se afirmaba: "Inane y fútil el razonamiento del Fiscal sin rostro cuando pretende sancionar penalmente lo que debió conocer el General Yanine sobre las actividades de Henry Pérez, llegando a afirmar que la ignorancia sobre un hecho determinado, para la Fiscalía, es un delito en Colombia, se es responsable según la Fiscalía por lo que se debe conocer y no se conoce o no se recuerda." (35)
Antes que sanciones los militares involucrados en paramilitarismo han sido premiados con condecoraciones y ascensos. Farouk Yanine Díaz, empezó su labor de impulso al paramilitarismo siendo Brigadier General, luego de ello fue ascendido a Mayor General y a General; así mismo entre 1984 y 1990 fue condecorado en cuatro oportunidades. Hernando Navas Rubio fue condecorado en 1986,1987 y 1990. Carlos Julio Gil Colorado fue condecorado en 1989, 1990 y 1991. Juan José Alfonso Vacca Perilla fue condecorado en 1986 y 1987.
El apoyo de los medios masivos de comunicación
La gran mayoría de los medios periodísticos colombianos han respaldado de diferentes maneras, la existencia del paramilitarismo. En el caso de los grupos paramilitares de Puerto Boyacá, esto se hizo evidente en algunos casos que ilustramos:
En 1988, se hizo un programa de televisión sobre el Magdalena Medio, "evidentemente preparado para realzar la acción pacificadora de Acdegam" (36)
.
Al día siguiente de perpetrada la masacre de La Rochela, el diario El Tiempo atribuía el crimen a "viles sicarios auspiciados desde la sombra por mentes diabólicas". Pocos días después el mismo diario difundió informaciones donde las autodefensas del Magdalena Medio negaban dicha acción y culpaban a las FARC y a la UP. Solo cuando la verdad sobre el crimen era tan evidente que no se podía ocultar, le dieron difusión.
En mayo de 1989, el Tiempo dedicó varias páginas a hablar sobre el exmiembro deACDEGAM Diego Viáfara Salinas, luego de que este revelara los nexos entre los altos oficiales del Batallón Bárbula y la Brigada XIV con el grupo al mando de Henry de Jesús Pérez Duran; en el mismo se referían a éste como "mentiroso patológico, traficante de información, drogadicto compulsivo, ladrón y falso médico" y presentaban al Coronel Bohórquez y a ACDEGAM como víctimas de Viáfara. (37)
En junio de 1989, el Tiempo público varios artículos en los que se exaltaba al movimiento político creado por los paramilitares de Puerto Boyacá MORENA; se hablaba de éste como "un movimiento de salvación nacional, porque si el gobierno no puede el pueblo sí... un canal político para dai soluciones a la población del Magdalena Medid'; así mismo se exaltaba la figura de Pablo Emilio Guarín Vera, uno de los grandes impulsores del paramilitarismo en Puerto Boyacá.
4. De la Represión Militar a la Paramilitar
4.1. El inicio de una larga carrera de crímenes
En Puerto Boyacá, durante el gobierno militar de Rojas Pinilla, se desató la violencia institucional con todo tipo de atropellos contra los campesinos "los llevaban a la cárcel... los torturaban... los hacían aguantar hambre y después los mataban y los tiraban al río" (38). Se generalizó la persecución y el asesinato a los dirigentes populares, que se prolongaría durante las décadas siguientes.
La década de los 70s se caracterizó, al igual que en todas las zonas del país que eran consideradas de influencia de la insurgencia armada, por el control a la movilización y a los alimentos que podían adquirir los pobladores, acompañado, por supuesto, por las detenciones y torturas, aunque también se dieron desapariciones y asesinatos. El sector de la población más afectado fue el campesinado; el principal responsable de estos crímenes fue el Ejército, pero ya empezaban a aparecer grupos armados privados, pagados por los terratenientes, para apropiarse de las tierras de los colonos; así mismo la Policía y el DAS, aunque en menor escala, también pusieron su granito de arena de barbarie. Sin embargo, hasta 1977 las agresiones, aunque fueron en ascenso, no eran tan frecuentes. Ya en 1978 empezaron a darse las primeras masacres y se incrementaron las desapariciones, veamos:
El 4 de septiembre de 1970, los campesinos Gabriel Tellez, de 10 años de edad, Guillermo Tellez y Gustavo Tellez, miembros de una misma familia, fueron detenidos y torturados, luego de que su vivienda fuera allanada por miembros del Ejército. Fueron golpeados por sus captores. En el mismo hecho otro miembro de la familia Téllez fue detenido.
El 3 de agosto de 1973, el campesino Jorge Guzman fue detenido y torturado por el Ejército. Fue golpeado y amenazado.
El 7 de septiembre de 1973 Hugo Pineda Ramírez, campesino, dirigente agrario y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Guangio, fue asesinado en la vereda El Porvenir por miembros un grupo armado creado por los terratenientes de la región. Días antes el líder campesino había sido amenazado. El 17 de septiembre de 1973, el Juzgado Segundo de Instrucción Criminal inició la investigación previa N° 606. El 18 de diciembre de 1991, el Juzgado 23 de Instrucción Criminal avocó su conocimiento. El 13 de abril de 1992, encontrándose aún en preliminares, se profirió auto inhibitorio y se ordenó su archivo definitivo.
El 21 de noviembre de 1973, el empleado Arnulfo Díaz fue detenido y torturado por orden del Jefe del DAS de la localidad. Fue sometido a golpes con objetos diversos, patadas, privación de alimentos, puños y suplicio chino, mientras era interrogado por sus captores. Quedó con secuelas a consecuencia de las torturas.
En octubre de 1974, los campesinos Eulises Samudio y Pedro Cifuentes fueron detenidos y torturados por el Ejército. Los mantuvieron incomunicados y vendados, siendo sometidos a torturas psíquicas y golpes con objetos diversos.
En febrero de 1975, el obrero Hernán Agudelo, de 22 años de edad, fue encontrado asesinado.
En mayo de 1975, el campesino Jesús María Piedrahita, fue detenido y torturado por el Ejército.
El 15 de julio 1975, el campesino Neftalí Muñoz, fue detenido y torturado por el Ejército; fue detenido en el caserío Vuelta Acuña de Cimitarra (Santander) y conducido a Puerto Boyacá, donde fue torturado psicológicamente mientras era interrogado.
El 22 de julio de 1975, el campesino Macedonio Anzola, fue desaparecido, luego de que miembros de la Policía lo detuvieran.
El 22 de julio de 1975, el campesino Pablo Marroquín, fue detenido y desaparecido. Fue detenido por la Policía, en el sitio La Frontera y entregado a miembros de la base militar Calderón, desde entonces se desconoce su paradero.
El 25 de julio de 1975, fue desaparecido Eustasio Cárdenas. Había sido detenido y llevado a la base militar Calderón y luego trasladado al Comando de Policía de la localidad, de donde fue desaparecido.
En marzo de 1976, el campesino Hernando Loaiza, fue detenido y torturado por el Ejército. Durante su detención fue sometido a amarradas, golpes y patadas.
En marzo de 1976, Vicente Osorio y su hijo de 10 años Vicente Osorio, fueron detenidos y torturados por miembros del Ejército al mando del Capitán Hernán Ramírez. Los dos fueron golpeados y el padre además fue sometido a amarradas, amenazas, insultos, patadas y torturas psíquicas, mientras era interrogado.
El 28 de julio de 1976, el campesino Gabriel Barbosa, fue detenido y torturado psicológicamente por miembros del Ejército, luego de que allanaran su vivienda. Además fue vendado, amarrado, amenazado y sometido a largos interrogatorios.
En julio de 1976, el campesino Jaime Tellez, fue asesinado por los agentes de la Policía Isaías Sánchez y Darío Caicedo.
En julio de 1976, el campesino Arnaldo Valencia fue asesinado por la Policía, en la inspección de policía Marfil.
El 20 de agosto de 1976, José Zabarain Cruz, un poblador del municipio deYacopí (Cundinamarca), que se encontraba de paso por Puerto Boyacá, fue asesinado por el Ejército.
El 12 de diciembre de 1977, Baudin Cañaveral, fue detenido y torturado por miembros del DAS. Fue golpeado y herido por sus captores, quedando con secuelas. La víctima y sus familiares fueron amenazados.
En enero de 1978, los campesinos y dirigentes comunales Pablo Echavarria, Alcides Echavarria, Jacinto Salgado, Hipólito Hernández y Antonio Calderón, fueron asesinados por el Ejército.
El 14 de abril de 1978, el campesino Pedro Obando, fue detenido y torturado por miembros del DAS. Permaneció aislado e incomunicado, siendo sometido á colgadas y golpes mientras era interrogado por sus captores.
El 25 de junio 25 de 1978, el campesino Genaro Medina, de 31 años de edad, fue encontrado asesinado en la quebrada La Ceiba; la zona se encontraba militarizada.
En octubre de 1978, el estudiante Abelardo Sánchez, de 13 años de edad fue desaparecido, en zona rural de la localidad, donde existía un control absoluto por parte del Ejército.
El 23 de noviembre de 1978, los campesinos Cristiano Zapata, Ligia De Vega, Lucila Vega, María Vega, Martín Vega, Gustavo Montoya y Germán Rodas, fueron detenidos y torturados por miembros del Ejército. Fueron recluidos en la base militar de Dos Hermanos, donde los sometieron, entre otras torturas y tratos crueles, a golpes, impedimento para realizar actividades fisiológicas, plantón y privación de alimentos.
El 23 de noviembre de 1978, los campesinos Hernán Aristizabal y Humberto Aristizabal, hermanos entre sí, fueron detenidos y torturados por miembros del Ejército, en el sitio conocido como Caña Azul. Fueron sometidos, entre otras, a las siguientes modalidades de tortura y tratos crueles: colgadas, golpes amortiguados y con objetos diversos, plantón y puños.
En noviembre de 1978, el joven Pablo Emilio Sánchez, de 17 años de edad, fue desaparecido, cuando se encontraba en una zona de control militar.
En noviembre de 1978, el joven estudiante Arturo Ayala, de 17 años de edad, fue desaparecido, luego de que la Policía lo detuviera.
4.2. La llegada del Batallón Bárbula
El año 1979 fue el de mayor represión de esta década y coincide con la llegada del Batallón Bárbula a Puerto Boyacá, con lo que se generalizó el control militar a que eran sometidos los pobladores a todo nivel "la carnetizactón, la presentación permanente al puesto militar, el hostigamiento armado y de control de mercados, sometieron a la población campesina a un régimen de hambre y terror" (39). La consigna de los paramilitares era "Campesino: colabore con el Ejército, evite estas medidas restrictivas, denuncie al bandolero, no permita que las tierras pierdan su valor real, y que el porvenir de sus hijos sea incierto" (40). Esta situación fue denominada por el Consejo Nacional Agrario como la "militarización agraria" (41). Las más de 50 víctimas de asesinato, desaparición y tortura, que se presentan a continuación, muestran el papel que jugó la llegada del Batallón Bárbula en el incremento de la represión en la región, veamos:
El 11 de enero de 1979, el campesino Ángel García fue detenido y torturado por miembros del Ejército, quienes además allanaron su vivienda. Durante su detención permaneció aislado e incomunicado y fue sometido a amarradas, amenazas, plantón, privación de alimentos y le colocaron vendas en la cara; mientras era interrogado por sus captores.
El 26 de enero de 1979, el empleado Heriberto Medellin, fue detenido y torturado mediante golpes, por miembros del Ejército.
El 30 de enero de 1979, el empleado Carlos Pineda Rodríguez, de 27 años de edad, fue detenido y torturado por orden de un capitán de apellido Morales y un coronel de apellido Torres. Fue detenido en la inspección de policía Puerto Palagua y llevado a la base militar Centro Calderón, donde fue sometido a colgadas, fracturas, golpes, insultos, plantón, privación de alimentos, torturas psíquicas y vendas en la cara. Luego fue trasladado a la cárcel El Barne de Tunja.
En febrero de 1979, los campesinos Moisés Daza y Martín Apango, fueron detenidos y torturados por miembros del Ejército. Estuvieron detenidos en la base militar de Puerto Romero, donde permanecieron aislados e incomunicados y fueron sometidos a amenazas, golpes, insultos y vendas en la cara, mientras eran interrogados por sus captores.
El 7 de marzo de 1979, el campesino Fabio Zapata, fue detenido y torturado por miembros del Ejército. Fue recluido en la base militar de la inspección de policía Centro Calderón, donde permaneció incomunicado y aislado, siéndole impedido realizar actividades fisiológicas.
El 7 de marzo de 1979, el niño campesino Francisco Antonio Muñoz Jiménez, de 13 años de edad, fue detenido y torturado por el Ejército. El muchacho fue detenido en la vereda Dos Quebradas, por llevar consigo las boletas de una rifa organizada por la Juventud Comunista -JUCO-, y llevado a la base militar de Centro Calderón, donde permaneció aislado e incomunicado, siendo sometido a privación de alimentos y torturas psíquicas. Luego fue trasladado a Cimitarra (Santander).
En marzo de 1979, el campesino colono Heriberto Obando, fue detenido y torturado por miembros del Ejército. Fue llevado a la base militar de Puerto Romero, donde permaneció aislado e incomunicado, siendo golpeado mientras era interrogado por sus captores.
En mayo de 1979, el campesino Serafín Rayo, fue detenido y torturado en dos oportunidades, por miembros del Ejército, en diciembre del año anterior también había sido detenido por el Ejército. Así narró la víctima los hechos:
"... me dejaron cinco días en el puesto militar sin darme, ni dejarme entrar absolutamente nada de comer ni beber, permaneciendo de pie todo el día sin poderme mover, ante las amenazas de dispararme los soldados según la orden del teniente... me soltaron pero tenía que presentarme otra vez cada ocho días... Como a los 15 días me volvieron a detener en el mismo puesto, donde me dejaron cuatro días sin comer ni beber, de allí me trasladaron a Puerto Romero, donde estuve un día, después me llevaron a la vereda El Pescado cargando un equipo pesado... esta correría duró 11 días, al cabo de los cuales me llevaron de nuevo al Marfil, en el puesto militar, antes de soltarme, me llamó el Capitán y me notificó que debía abandonar la región o si no me mataban, por eso me tocó salirme dejando la finca abandonada, sin poderla trabajar y debiendo a la Caja Agraria $15.000".
El 16 de abril de 1979, el concejal Marco Tulio Garzón, fue detenido y torturado por miembros del Ejército. Los militares allanaron su vivienda, lo detuvieron y lo condujeron a la base militar de Centro Calderón. Durante su detención fue sometido a amenazas, golpes con objetos diversos, plantón, privación de alimentos y fue objeto de interrogatorios prolongados. Había sido detenido en dos ocasiones anteriores y su vivienda allanada en una oportunidad. Así mismo, posteriormente su vivienda fue allanada nuevamente en dos oportunidades.
El 21 de abril de 1979, el dirigente agrario y presidente del Concejo Municipal de Puerto Boyacá Marco Antonio Acosta, de 68 años de edad, fue detenido y torturado por miembros del Ejército por orden del Capitán Luis Alberto Jaimes Sánchez. Fue sometido a ahogamiento en agua (submarino), amarradas, capuchas, desnudadas, esposadas, golpes con objetos diversos y privación de alimentos, pese a su edad y a encontrarse en grave estado de salud. Anteriormente había sido detenido en tres oportunidades, la primera de ellas el 5 de julio de 1971.
El 21 de abril de 1979, los campesinos Jesús Ruiz y dos mas no identificados, fueron detenidos y torturado por miembros del Ejército. Fueron detenidos en el sitio denominado "Pica de Piedra", en la inspección de policía Marfil y llevados a la base militar del mismo nombre, donde permanecieron aislados e incomunicados, siendo sometidos a amenazas, colgadas, golpes, plantón y vendas en la cara.
El 24 de abril de 1979, Pedro Gallo fue detenido y torturado por miembros del Ejército, quienes lo golpearon y amenazaron.
El 24 de abril de 1979, el campesino Pablo Berrio fue desaparecido, luego de que miembros del Ejército lo detuvieran.
El 2 de mayo de 1979, el campesino Eulises de Jesus Angarife, fue detenido y torturado por tropas del Ejército. El campesino narró así el hecho:
"Yo estaba en el pueblo llevándole el revuelto a 1a familia y como me enfermé de gota, fiebres y escalofríos, me tuve que quedar ahí. A los tres días de estar enfermo me detuvieron acusándome que en esos días lo que había estado haciendo era llevándole provisiones a los chusmeros e información sobre el ejército... me tuvieron en El Marfil, en un potrero rodeado de tropa, hasta el día siguiente, tratando de que dijera lo que ellos querían. Como el soldado que me custodiaba no me golpeó al verme tan enfermo, que creo se llama Fabio Gutiérrez, lo insultó... me llevaron a Cimitarra en avión y estando en el aire me amenazaron con botarme de allí. En Cimitarra me tuvieron 13 días en un rancho durante los cuales seguí enfermo, al sol todo el día y durmiendo en un encementado sin tendido. Me soltaron con el compromiso de que tenía que entregar la chusma y además me obligaron a firmar unos papeles que decían que me habían dado buen trato y buena comida".
Eulises tuvo que continuar presentándose cada 8 días en la base militar de Calderón, continuó siendo amenazado y presionado por los militares, que nuevamente el 6 de agosto del mismo año, durante un operativo al mando de un coronel de apellido Torres, lo detuvieron en la inspección de policía Marfil. Así describió la víctima los nuevos hechos:
"Fui detenido cuando llevaba alimentos para la casa... El Ejército al detenerme me dijo que siguiera con ellos que no me demoraban, pero ocurrió todo lo contrario, pues me amarraron al pie de un palo durante tres días, por las noches me hacían dormir en un carro. A los tres días me soltaron con el compromiso de presentarme en Cimitarra".
Cuando fue a presentarse, el Juez 23 de Instrucción Militar, ordenó su detención acusándolo de ser auxiliador de la guerrilla y ordenó su trasladado a la penitenciaría El Barne en Tunja. Cuando fue encarcelado, Eulises estaba pagando un préstamo a la Caja Agraria que había hecho para comprar una parcela en la que vivía con su esposa y sus cuatro hijos, la mayor tenía 8 años y el menor 6 meses; por no poder seguir pagando la deuda, le fue embargada la parcela, quedando su familia completamente desamparada.
El 31 de mayo de 1979, el campesino Jairo Heli Tangarife, fue detenido y torturado por una patrulla al mando del Teniente Rodolfo Márquez y otro oficial de apellido Calderón, cuando se dirigía de la inspección de policía Marfil, a la cabecera municipal de Puerto Boyacá a vender una madera. Los militares lo hicieron parar disparando al aire, luego lo detuvieron, obligándolo a cargar equipo militar pesado y a caminar con ellos hacía el sitio conocido como El Cebú. Jairo describió los hechos así:
"Tres días debí cargar ese equipo sin derecho a comer nada, a los tres día me dieron un golpe fuerte en la boca del estómago, luego me dieron un poco de la ración que ellos cargan... a los siete días salimos al morro del Cebú, de allí me devolvieron al Marfil, por otro camino que duramos dos días para llegar, todos esos días tuve que dormir en el suelo a la intemperie, por esto me picaron los pitos y llegué muy enfermo al Marfil, en el morro del Cebú me cambiaron el equipo por otro más pesado que ordenó el teniente Márquez, para dormirme amarraban sobre hojas de palma, el teniente Márquez les daba la orden a los soldados de que si me movía me mataran, así que tenía que hacerlas necesidades fisiológicas ahí mismo para que no me dispararan... al otro día a la 1 de la tarde me echaron para Calderón, de Calderón me remitieron a Cimitarra, en Cimitarra me tuvieron 6 días. Los que me detuvieron me acusaban de comunista; en Cimitarra me hicieron muchas preguntas, entre otras, si conocía a los subversivos, si conocía nombres de los que estaban de guerrilleros, que quiénes eran los comandantes, siempre me amenazaban diciéndome que si no informaba me torturaban; a los 6 días me dieron una libertad provisional por lo que tengo que presentarme cada 15 días en Calderón y en El Marfil, con la condición de que me dejan libre pero que tengo que entregar los subversivos, cosa que es imposible porque no los conozco, no se sus nombres como ellos exigen, no soy ley ni tengo tiempo de averiguar, yo vivo del trabajo. Cuando me presento en El Marfil me amenazan, el mayor que dicen se llama de apellido Gutiérrez me dijo que la otra vez que me interceptaran probablemente no me traían vivo".
El 23 de junio de 1979, el empleado Salomón Gualteros fue detenido y torturado por miembros del Ejército. Durante su detención permaneció encapuchado, aislado e incomunicado y fue sometido a golpes con objetos diversos, amenazas y privación de alimentos por orden del Capitán Jaime Sánchez. Luego fue conducido a la penitenciaría El Barne enTunja.
El 24 de junio de 1979, el carpintero Donato Alcides Tangarife, fue torturado por militares en la inspección de policía Marfil, luego de que fuera requerido en la base militar. La víctima describió así los hechos:
"Me detuvieron 96 horas. Sin dejarme hablarme dijeron que quedaba en manos del mayor, me dieron un golpe en la cara y un puntapié en la espalda y uno dijo 'denle un tiro a ese h..' No se hizo así sino que me amarraron de una mano y me colgaron de un palo que tienen atravesado en lo alto, estando colgado me golpearon por todas partes con puños y patadas -eran dos-, me decían que yo tenía que saber quién era comunista y qué era eso, y como yo de esos asuntos no distingo no les podía contestar y más golpes recibía. Finalmente me desmayé y cuando recobré el conocimiento un soldado me llevaba como a 30 metros del puesto y ahí me dejaron el resto del tiempo. Me soltaron un viernes con orden de presentarme el sábado. Ese día me hicieron firmar un papel que no me dejaron leer. Me dieron orden de presentarme cada ocho días... cuando me encuentro con algún funcionario de los de la vigilancia, éste me pregunta cuántos hijos tengo, mira lo que llevo y me decomisa la mitad de la comida, diciéndome que es que yo la conseguí para despacharla para la chusma".
El 25 de junio de 1979, el campesino Pedro Nel Oquendo, fue detenido y torturado por miembros del Ejército. Así describió el campesino los hechos:
"Fui detenido por una patrulla militar, cuando me dedicaba a desarrollar labores agrícolas. Inmediatamente los militares comenzaron a golpearme, me amarraron y me plantonearon en el monte sin comer ni beber por tres días, al término de los cuales me llevaron para Cimitarra en un helicóptero, durante el vuelo me amenazaban de muerte y me decían que me lanzarían desde el aire. Estando en Cimitarra estuve amarrado a una columna durante cuatro noches, durante el día me paraban al rayo del sol... ante una fosa hicieron el simulacro de enterrarme vivo, me consumieron varias veces en un pozo de aguas podridas y constantemente era golpeado en todo el cuerpo, durante varios días trasboqué sangre y perdí el conocimiento varias veces; las huellas de las torturas aún son visibles en mis manos y en las piernas".
El campesino fue procesado, condenado y recluido en la penitenciaría El Barne en Tunja.
En junio de 1979, el militante político de izquierda Hernando José Carvajal, fue detenido y torturado por miembros del Ejército. Durante su detención fue golpeado, amenazado e insultado. Inicialmente estuvo recluido en la V Brigada en Bucaramanga y luego fue trasladado a la I Brigada en Tunja.
El 26 de julio de 1979 el campesino Pedro Galindo, fue detenido y torturado por miembros del Ejército. Así narró los hechos:
"Fui detenido en la vereda del Magil... en momentos en que me disponía a trabajar. Allí mismo los soldados y el comandante de la patrulla comenzaron a torturarme: me colgaron a un árbol de los brazos amarrados atrás, me dieron garrote por la espalda, brazos y piernas, me aporrearon muchas veces, me introdujeron un cigarrillo prendido dentro del oído, en la muñeca derecha tengo una cicatriz grande producida por la colgada, pues esta tortura duró dos días, en la vereda me tuvieron 9 días sin comer ni beber". Luego fue trasladado a Cimitarra, donde permaneció dos meses, siendo interrogado permanentemente, luego a Bucaramanga donde permaneció 14 días y finalmente lo recluyeron en la penitenciaría El Barne en Tunja.
En julio de 1979, el campesino Obdulio Micolta, fue detenido y torturado por el Ejército. Fue detenido en la vereda La Florida. Durante su detención permaneció aislado e incomunicado, siendo sometido a desnudadas, golpes y privación de alimentos.
El 15 de agosto de 1979, el sastre Luis Hernando Montañez, su esposa Manuela Bustos y el campesino Zain Quiñonez, fueron detenidos y torturados por el Ejército en la inspección de policía Marfil. Luis Hernando se encontraba cerrando la sastrería y venta de gaseosa y cerveza, hacia las 9 p.m., en compañía de Zain, cuando una patrulla les ordenó que se pararan con la cara volteada hacia la pared, impidiéndoles cualquier movimiento. La esposa del sastre que se encontraba acostada alcanzó a escuchar el ruido y se levantó para ver que pasaba, en ese momento el teniente que comandaba la patrulla se disponía a golpear a su esposo con la culata, ella se metió a impedirlo, siendo insultada por el militar, quien además le dio un empujón y una patada en la rodilla derecha. Los militares se disponían a llevar detenidos a los hombres, entonces Manuela les manifestó que si se llevaban a su esposo se la llevaran a ella también; así lo hicieron. La patrulla tomó rumbo hacia la base militar, llevando a los tres detenidos, a Manuela la llevaban halándola del cabello y los otros los iban dando culatazos por pecho y espalda. Al día siguiente Manuela fue dejada en libertad.
En agosto de 1979, el campesino Elíseo Muñoz, fue desaparecido por el Ejército. Había sido detenido y llevado a la base militar de la inspección de policía Marfil.
En agosto de 1979, el campesino Ciro Alfonso Rodríguez fue detenido, torturado y asesinado por el Ejército. Fue detenido en la inspección de policía Puerto Romero y llevado a la base militar de la inspección de policía Marfil, donde fue torturado y asesinado.
El 10 de octubre de 1979, el campesino Miguel Antonio Mahecha, de 33 años de edad, fue detenido y torturado por miembros del Ejército. Así narró la víctima los hechos:
"Fui detenido en la vereda El Pescado por unidades del Ejército, cuando dormía a eso de las 5:30 a.m., sin motivos aparentes pues me dedico a la agricultura... las aves de corral se las comió el Ejército y se robaron la vajilla, fuera de dañarlos modestos enseres domésticos...Me llevaron a buscar unas canecas a una punta de montaña, me obligaron a hacerle almuerzo a los soldados, luego me transportaron en un helicóptero al Marfil, puesto del ejército. Allí fui vendado, me amarraron las manos atrás, me ataron los pies, en esa situación me consumían en repetidas veces en pozos de agua sucia, con amenazas repetidas de muerte, estos hechos ocurrieron el día 11 de octubre, o sea, después de que ya me habían aporreado el día de la detención, me dieron puntapiés, golpes en el estómago y me obligaron a correr, a pesar de decirles y mostrarles de una operación en la pierna derecha que me impide correr".
Fue procesado y condenado el 23 del mismo mes a tres años de prisión, que debió pagar en la penitenciaría El Barne enTunja.
El 11 de octubre de 1979, el campesino Luis Ángel Pérez, de 60 años de edad, fue detenido y torturado por el Ejército. El anciano fue detenido en el caserío El Pescado y luego trasladado a la base militar de la inspección de policía Marfil. Así describió el campesino las torturas:
"Primero me vendaron, fuego me amarraron las manos atrás, los pies, comenzaron a golpearme en todo el cuerpo, preguntándome por las guerrillas, por personas que no conozco, como no podía contestarles lo que me preguntaban, me colgaron de un árbol, luego me consumieron varias veces en pozo de aguas sucias para ahogarme, después me amenazaron que si no les informaba dónde estaban las guerrillas me mataban".
El anciano campesino fue indagado sin presencia de abogado, lo condenaron a 3 años de prisión, siendo recluido en la a la penitenciaría El Barne enTunja.
El 11 de octubre de 1979, el campesino José Horacio Mosquera Cruz, fue detenido, torturado y asesinado, por orden de los miembros del Ejército, Capitán Jaime Sánchez y un teniente de apellido Carrillo. El campesino fue detenido en el sitio conocido como Aguane y luego llevado a la base militar El Marfil, donde permaneció por siete días, siendo sometido a colgadas, amarradas, golpes, pinchazos y mutilaciones, antes de ser ejecutado.
Pese a que este y otros hechos similares que se presentaron en todo el país fueron denunciados en ante la Procuraduría General de la Nación, y que se conocía el nombre completo de uno de los responsables, la Procuraduría no adelantó investigación alguna, de acuerdo con la respuesta dada por la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, según la cual, "una vez revisada la información reportada por las diferentes dependencias de esta entidad en el sistema Gestión Disciplinaria (GEDIS), no aparece registrada investigación alguna por este suceso" (42).
El 29 de octubre de 1979, el campesino, Luis Sánchez, fue asesinado por miembros del Ejército, luego de que fuera detenido y llevado a la base militar El Marfil.
El 29 de octubre de 1979, los campesinos José Belis y Lisandro Osto, fueron detenidos y torturados por miembros del Ejército. Fueron detenidos en la inspección de policía Marfil y llevados a la base militar del mismo nombre, donde permanecieron aislados, siendo sometidos a amarradas, golpes, patadas, plantón, privación de alimentos, y vendas en la cara, mientras eran interrogados.
En octubre de 1979, el campesino Marco Tulio Granada, fue detenido y torturado por miembros del Ejército. Estuvo detenido en la base militar El Marfil. Durante su detención fue sometido a aislamiento, incomunicación, amenazas, golpes con objetos diversos, insultos, plantón, privación de alimentos, interrogatorios prolongados y, cuando fue dejado en libertad, se le obligó a declarar que había recibido buen trato.
En octubre de 1979, el campesino Leonardo Muñoz, fue detenido y torturado por el Ejército. Fue llevado a la escuela de la vereda Caño Grande, donde fue sometido a aislamiento, incomunicación, colgadas, golpes, plantón y vendas en la cara.
En octubre de 1979, los campesinos Silverio Rodríguez y una mujer de apellido Rodríguez, fueron detenidos y torturados por orden de un capitán del Ejército de apellido Ramírez. Los campesinos fueron golpeados e insultados.
Entre el 1 y el 3 de noviembre de 1979, fueron detenidas y torturadas 19 personas en la vereda Caño Grande. El 1 de noviembre la Patrulla "Cobra" del Ejército, al mando de un teniente conocido como "El Hijo de Tarzán", llegó hasta una casa campesina, donde fueron detenidos y torturados Silvio Ramírez y Noe Machado. Según describe una de las víctimas "nos hizo colocar con los brazos arriba, sin decirnos porqué, luego nos hizo tender boca abajo con la manos atrás, nos amarraron las manos, una vez amarrados nos llevaron a un rastrojo, donde nos hicieron tender de nuevo boca abajo y el teniente le dio orden a dos soldados de destaparles la cabeza a plomo si intentaban volarse... nos agarraron a patadas y nos decían que nosotros éramos auxiliadores de la guerrilla y que nos iban a matar, ya era de noche, a eso de la 10 nos hicieron parar y comenzaron a darnos plan con machetes, a mi me partieron la rubia en las espaldas, como gritábamos por el dolor, nos amenazaban con damos con el filo si hacíamos bulla, después de golpearnos salvajemente nos hicieron tender otra vez boca abajo, así permanecimos toda la noche."
Al día siguiente, la misma patrulla que había torturado a Silvio y a Noé, quienes permanecían aún detenidos, detuvo a Héctor Lemus, un campesino que "iba en busca de una señora para que atendiera a la esposa que iba a caerá cama... lo hicieron tender boca abajo, le amarraron las manos atrás'. Momentos después detuvieron a los campesinos Héctor Machado y José Pompilio Mosquera Sánchez, quienes se dirigían a su lugar de trabajo, "los hicieron tender de la misma manera que nosotros, decían que ahora si los guerrilleros estaban cayendo en las manos de ellos y que se iban a divertir matando a esos hijueputas, al tiempo que nos daban culata y patadas, después nos hicieron parar y nos pusieron equipos militares". Los cinco detenidos fueron llevados, cargando equipo militar hasta la escuela rural de la vereda, allí enviaron a los niños para sus casas y procedieron a detener al profesor Pastor Fidel Rivillas Galeano y a su esposa la ama de casa, Luz Stella Oliveros Saavedra, "a ella la amarraron contra los palos de la portería de fútbol". Luego se llevaron a José Pompilio y a Silvio a una loma, donde los estuvieron golpeando por largo rato, luego los llevaron de nuevo a la escuela. Momentos después se llevaron al profesor Pastor a la misma loma "lo colgaron y lo golpearon muy duro... él les decía que más bien lo mataran de una vez", luego también lo regresaron a la escuela. Todos los detenidos permanecían parados al sol, por lo que les solicitaron a los militares que les dieran agua, "nos contestaban que llamáramos a los guerrilleros para que nos trajeran agua". Luego los interrogaron sobre "el resto de compañeros guerrilleros", ante las respuestas de los detenidos de que no eran guerrilleros, "nos agarraron a palmadas por la cara, nos decían que nos hacían eso por no decir dónde estaban los guerrilleros".
Hacia las 4 p.m., algunos miembros de la patrulla militar se dirigieron a la vía que conduce a Puerto Pinzón, allí entraron a un establecimiento público de nombre "Bar Laguna", donde estuvieron tomando trago. A las 7 p.m., ya en estado de embriaguez, empezaron a hacer disparos al aire y se comunicaron con radio con el otro grupo que permanecía con los detenidos en la escuela. Obligaron a los detenidos a cargar los equipos militares y a caminar hacia el sitio donde se encontraban los otros militares. Al llegar allí el teniente "Hijo deTarzán", les ordenó a los detenidos acostarse boca abajo a la orilla de la carretera y les dijo a los soldados que "tuvieran mucho cuidado con esos guerrilleros", allí pasaron la noche, mientras los militares continuaban tomando licor. Luego detuvieron a Vicente Ríos, a su hijo Omar Ríos, que eran los propietarios de los predios donde se tenían a los detenidos en ese momento; también detuvieron a un trabajador de la finca de la familia Ríos de nombre Duvan NN; a la señora María Ayala, una empleada doméstica, a la campesina Elvia Aguilar y a Miguel Ángel Valencia, el dueño del "Bar Laguna".
Al día siguiente, 3 de noviembre, hacia las 8 a.m. llegó un helicóptero militar, el cual hizo varios viajes, en los que los detenidos fueron llevados vendados hasta la base militar de Campo Seco. Entre tanto la patrulla militar permaneció en el lugar, donde los campesinos Wilfredo Hurtado, Efrain Guerrero, Darío Cardona, Esteban Duarte, José Calvo y Omar Loaiza, fueron detenidos y torturados por orden del teniente "Hijo deTarzán". Los campesinos se dirigían a la cabecera municipal cuando fueron interceptados por los militares, quienes les preguntaron qué habían visto la noche anterior; una de las víctimas describió así los hechos: "como no habíamos visto nada esa fue nuestra respuesta y sin dar ninguna explicación comenzaron a golpearnos en el estómago con puntapiés y puñetazos en todas partes del cuerpo, principalmente en la cara, luego de lo cual procedieron a romper los carnés con los cuales podemos transitar y que son expedidos por el mismo Ejército"
La mayoría de los detenidos fueron llevados a la base militar de Campo Seco, donde continuaron las torturas y los interrogatorios "les pedíamos que nos dieran de beber algo para la sed, nos contestaban que ahí no había agua, como ya no podíamos resistir la sed, teníamos que orinar en la mano y beber la orina, allí estuvimos hasta el lunes 5 de noviembre, sin recibir nada de comer ni beber, cuando pedíamos agua nos daban patadas". Durante los interrogatorios un oficial les leía nombres de personas que debían identificar, describe uno de los detenidos "como no decía nada de esas personas llamó a otros para que me agarraran a golpes, estos me daban puños y patadas por el estómago, la cara, las espinillas, me jalaban las orejas, después les dijo que me llevaran a una alborea y me dieran agua, que me quitaran la venda y me hicieran lavar la cara... un Cabo de apellido Moreno me dijo que tenía la libertad, pero que el 17 de noviembre debía llevarle una lista de guerrilleros". No todos los detenidos fueron dejados en libertad, algunos fueron llevados a la cárcel municipal de Puerto Boyacá.
El 5 de noviembre, fueron detenidos y torturados once campesinos por la misma patrulla "Cobra", entre ellos estaba Wilfredo Hurtado, quien había sido detenido y torturado dos días antes; los otros detenidos fueron José Navarrete, Domingo Olivero, Jesús Arredondo, Eliecer Roa, Elvia Sipara, Flor Alba Sipara, Dagoberto Arbelaez, Javier Lombana, Alfonso Bejarano, Saúl Trujillo y Ángel Cortes. Los detenidos fueron obligados a pararse frente a la escuela rural de la vereda Caño Grande, con la amenaza de que "el primero que se moviera le llenarían la cabeza de plomó", así tuvieron que permanecer toda la noche, a la intemperie y sin recibir ningún tipo de bebida o alimento. Al día siguiente los dejaron en libertad.
El 12 de noviembre de 1979, los campesinos Rogelio Antonio Calvo, de 30 años, Luis Jiménez, Ernesto Muriel y Rosa Betancur, quien se encontraba en embarazo, fueron detenidos y torturados por un grupo de aproximadamente 60 miembros del Ejército. En el hecho también fueron detenidas la esposa de Rogelio y sus dos hijas de 11 y 8 años, que fueron amenazadas antes de ser dejadas en libertad.
Los militares llegaron a la vereda Caño Grande y se ubicaron en la casa de Rogelio temprano en la mañana y hacia las 8:30 a.m. hora en que Rogelio, Luis y Ernesto regresaban a desayunar, luego de tumbar un palo para aserrar, en una finca cercana, fueron recibidos por los militares, quienes les ordenaron tirar al suelo todo lo que llevaran al cinto, levantar las manos y aproximarse al lugar donde ellos estaban, allí los hicieron tirar al piso con las manos atrás. Luis Jiménez "fue cogido por un cabo y le preguntaba, en dónde están los guerrilleros, lo cogió a cachetadas y le dio una patada que le lastimó seriamente la columna vertebral". Luego los tres detenidos fueron vendados y llevados a un filo, una de las víctimas describió las torturas así: "llevando uno por uno nos iban metiendo en un caño y los soldados se nos paraban encima dizque para que nos ahogáramos, preguntándonos el sitio donde se encontraban los guerrilleros o de sus auxiliadores, como en realidad no sabemos ni conocemos esa gente, no podíamos responder, en vista de lo cual consecutivamente éramos sumergidos dentro del caño, suplicio que terminó cuando estábamos a punto de perecer ahogados, al meternos al caño nos quitaron las vendas. Al estar nuevamente en tierra me colocaron de nuevo la venda y un militar me propinó varias cachetadas acto a que sometieron a los otros dos". Posteriormente los militares obligaron a la esposa de Rogelio y a Rosa Betancur a prepararles comida y las amenazaron con "llevarlas al monte son el objeto de investigarlas", pero finalmente solo fue llevada Rosa, "la llevaron a un rastrojo y la sometieron a interrogatorio preguntándole por el paradero de los guerrilleros y por el nombre de los auxiliadores, al ver que ella no sabía nada, hicieron un hueco dizque para enterrarla, le ordenaron desvestirse del todo, pero como ella nada sabía nada podía contestar, esta señora sufrió hace algún tiempo de meningitis por lo que quedó bastante tonta, la hicieron vestir nuevamente".
Al día siguiente, el 13 de noviembre, los tres detenidos fueron obligados a cargar equipos militares y llevados a Puerto Pinzón, cuando pasaron por frente a la casa del padre de Rogelio los militares dispararon ráfagas de ametralladora, asegurando que "todos los que corrían por esos potreros eran delincuentes miembros de las FARC'. En la casa de la familia Calvo se encontraban los padres y hermanos de Rogelio, entre ellos el menor Javier Antonio Calvo, de 12 años de edad, quien también fue torturado "los soldados se vinieron disparando y gritaron que salieran todos... entonces me llamaron y me preguntaron que hacía parado en el patio, yo les respondí que cuidaba que no se entrara el ganado, un teniente dijo que yo lo que estaba era de centinela de los guerrilleros y comenzó a decir que este pelado marica les ayuda a los guerrilleros, mi papá les dijo que el muchacho no distinguía a esa gente, el teniente le dijo que si luego no estaban ahí que él los había visto, que qué se habían hecho, que para dónde se habían ‘do, mi padre le dijo que ahí no había sino los de la casa, el teniente dijo: no negués viejo cabrón porque te daño a golpes, luego el teniente se dirigió a mí y me repitió este pelao marica y me pegó un golpe en la nuca, en ese momento llegaron por arriba otros soldados y dijeron que por ahí no había nadie, el teniente dijo que así no hubiera nadie tenía que resquebrajara golpes a esos hijueputas; después el teniente llamó a mi mamá y a mis hermanas, a todos nos llevó hasta donde hay una roca alta, allí nos dijeron que les mostráramos dónde estaban los guerrilleros, mi papá les dijo que no sabíamos, el teniente dijo que no negáramos, que él sabía que amarrándolos de patas y manos y espichándole los testículos cantaban porque cantaban... nos dijo que quería verde inmediato dentro de la casa y nos mandó entrar... entramos a la casa y luego entró el teniente y otros cuatro, requisaron toda la casa... el teniente me dijo que si me iba a seguir asomando para informara los guerrilleros, yo le dije que no, entonces me cogió de las patillas y me alzó, me dijo que la próxima vez que me viera asomándome me daba un tiro en la frente". Luego detuvieron a José, otro hermano de Rogelio y Javier Antonio, quien fue dejado en libertad horas más tarde.
Más adelante fueron detenidos otros dos campesinos, que también fueron obligados a cargar equipos militares, pero luego los dejaron en libertad. Los tres detenidos fueron llevados caminando a la base militar de Campo Seco, a donde llegaron el 14 de noviembre a las 2 p.m., allí fueron puestos a disposición de un teniente conocido como "El Hijo de Tarzán". Por orden de este oficial, describe una de las víctimas "se nos volvió a vendar y nos dejaron de pie con las manos en alto soportando el sol hasta las seis de la tarde, esa noche nos dejaron a la intemperie soportando el fuerte aguacero que cayó". Al día siguiente fueron interrogados de nuevo, "cuando terminó el interrogatorio nos regresaban a un filo con las manos en alto resistiendo el inclemente sol, ordenándole a los centinelas que no se nos diera ni agua. Después de soportar hambre y sed durante 48 horas desde que fuimos detenidos, nos dieron agua y un plato lleno de arroz sancochado". El 17 de noviembre los detenidos fueron llevados a un rancho, donde siguieron interrogándolos sobre la guerrilla, les tomaron las huellas digitales, los amenazaron y, antes de dejarlos en libertad, los obligaron a firmar dos papeles, estando vendados.
En noviembre de 1979, los campesinos Armando Hinestroza y Víctor Martínez, fueron detenidos y torturados por miembros del Ejército. Los campesinos fueron detenidos en la vereda Caño Grande y sometidos a aislamiento, incomunicación, amenazas, colgadas, golpes, plantón y privación de alimentos.
El 6 de diciembre de 1979, la campesina Natividad Saavedra, de 43 años, madre de cinco hijos, fue sometida a tratos crueles e inhumanos y torturas psíquicas por miembros del Ejército. Así narró la víctima los hechos:
"En mi casa situada en la vereda Caño Grande se presentó una patrulla militar, un cabo me dijo que yo era una vieja alcahueta y sin vergüenza porque había permitido que cien guerrilleros durmieran en la casa, que por lo tanto tenía que presentarme en la base militar de Campo Seco, a lo que respondí que no conocía y que además no tenía dinero para el viaje y que estaba enferma de gripa; el cabo me dijo que consiguiera alguna persona que me llevara por el camino al puesto militar de Puerto Guevara, sin tener en cuenta que se gastan dos días de camino... el viernes 8 me presenté en la base militar de Campo Seco a las 2p.m. Allí empezó mi calvario pues fui interrogada por un cabo de piel morena, quien me dijo que si no informaba el sitio donde se encontraban los guerrilleros sería sometida a torturas y él sabía hacer varias clases de torturas, como en realidad yo no sabía nada de guerrilleros mis respuestas eran negativas a lo que el cabo contestaba con nuevas amenazas de torturarme, luego de ver que yo no respondía y que por causa de la fuerte gripa que estaba padeciendo ya no podía casi ni hablar, me dijo que iba a mandar un militar más bravo y que éste si me hacía confesar... allí estuve hasta las 5 p.m. cuando me dejaron en libertad... solo hasta el domingo 10 a las 4 p. m. pude llegar a la casa y la encontré en completo desorden y el Ejército se había llevado toallas, cucharas, la ropa de mi marido sin dejarle con que cambiarse, unas gafas una jeringa y toda la remesa del mercado. A mi marido que estaba trabajando en aserrío lo detuvieron un día y lo llevaron a la escuela, luego de lo cual lo soltaron diciéndole que se fuera a trabajar".
Un mes atrás su hija Luz Stella Oliveros Saavedra había sido detenida y torturada por el Ejército.
A finales del año 1979, el campesino Jesús Ordóñez, fue detenido y torturado por el Ejército. Los militares lo sometieron a aislamiento, incomunicación, amarradas, colgadas, golpes con objetos diversos, insultos y patadas.
4.3. La preparación del terreno para la acción paramilitar
Durante los años 1980,1981 y el primer trimestre de 1982, se dio una disminución en los crímenes, que antecedió a lo que algunos pobladores llamaron el proceso de "fumigación" por parte de los grupos paramilitares, que se crearon con el auspicio del Batallón Bárbula. Pareciera que las Fuerzas Armadas se dieron un "receso" para implementar la nueva estrategia de represión.
En enero de 1980, el campesino José Enrique Prada Olaya, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caño Grande, fue detenido y torturado por el teniente del Ejército conocido como "El Hijo de Tarzán". El campesino fue detenido en la vereda Caño Grande y llevado a la base militar El Marfil, donde fue sometido a aislamiento, incomunicación, colgadas, golpes, plantón, privación de alimentos y vendas en la cara.
El 6 de febrero de 1980, Luis Carlos Galindo fue detenido y torturado por el Ejército. Durante su detención fue sometido a aislamiento, incomunicación, amenazas, golpes, plantón y privación de alimentos.
El 9 de marzo de 1980, los campesinos Heriberto Serrano, de 28 años de edad, y Silvio Mosquera fueron detenidos y torturados por el Ejército. Los militares los sometieron a aislamiento, incomunicación, amenazas, insultos, torturas psíquicas, vendas en la cara, golpes, plantón e interrogatorios prolongados. Heriberto fue recluido luego en la penitenciaría El Barne en funja.
El 30 de marzo de 1980, Alvaro González y José Rodríguez Castiblanco, fueron detenidos y torturados por el Ejército. Fueron sometidos a amarradas, amenazas, caminatas, colgadas, plantón y golpes.
El 25 de julio de 1980, el obrero sindicalizado Eduardo Chico, fue detenido y torturado. Su vivienda, ubicada en la vereda Mata de Coco, fue allanada, allí fue detenido y luego sometido a aislamiento, incomunicación, amarradas, amenazas, caminatas, colgadas, golpes e insultos.
El 11 de octubre de 1980, el campesino Jesús Salcedo, fue detenido y torturado por el Ejército. Fue detenido en el sitio conocido como El Porveniry luego sometido a amarradas; amenazas, colgadas, desnudadas, insultos, plantón, obligado a sentarse en hormigueros, vendas en la cara e interrogatorios prolongados.
El 13 de octubre de 1980, los campesinos Nadier Villalba y Asdrubal Luna, fueron detenidos y torturados por el Ejército. Fueron sometidos a amarradas, colgadas, golpes con objetos diversos, patadas, cambios bruscos de temperatura y simulacro de fusilamiento.
El 13 de octubre de 1980, el campesino Simón González, fue detenido torturado y desaparecido por el Ejército. Fue detenido en el sitio conocido como El Porvenir y sometido a colgadas, luego de lo cual fue desaparecido.
En octubre de 1980, la campesina Elena de Molina, fue torturada por un teniente de apellido Urrego y un Cabo de apellido Manosalva, miembros del Ejército.
El 18 de enero de 1981, el campesino Juan de Dios Lopera, fue asesinado por un grupo de hombres armados, en el Kilómetro 17 de la carretera principal de la localidad.
El 25 de abril de 1981, Gabriel Méndez fue asesinado por miembros del Ejército, quienes allanaron su casa.
El 11 de febrero 1982, el campesino Rogelio Pérez Ordoñez, fue asesinado por una patrulla militar.
El 18 de febrero de 1982, Alfonso Botina y Víctor Julio Sepulveda, fueron asesinados por miembros del Ejército, en el caserío El Pescado.
El 28 de febrero de 1982, los campesinos Humberto Valencia, Jorge Gaitan, Miguel Palacios, Ramón Marín y Pedro Nel Ospina, fueron detenidos y torturados por miembros de una patrulla del Ejército. Luego fueron trasladados a la penitenciaría El Barne enTunja.
El 1 de marzo de 1982, los campesinos Arquimedes Medellin Ariza, su hijo Julio Medellin, Fortunato Giraldo y Aristobulo Rubio Bernal, fueron víctimas del accionar de miembros del Ejército, quienes los detuvieron, torturaron, amenazaron, desapareciendo a uno de ellos. Arquímedes y su hijo Julio fueron dejados en libertad a los cinco días, Aristóbulo fue dejado en libertad 18 días después, en grave estado de salud, mientras que Fortunato fue trasladado a Cimitarra el 17 de marzo de 1982 y desde esa fecha se encuentra desaparecido.
El 9 de marzo de 1982, el comerciante Francisco Herrera, fue detenido y torturado en la base militar de Centro Calderón.
El 23 de marzo de 1982, el militante del Partido Comunista José Reinel Cardona Avila, fue asesinado por el Ejército, después de haber sido sacado de su casa. En el mismo hecho fue herida otra persona.
El 25 de marzo de 1982, el Juzgado 4° de Instrucción Criminal inició la investigación previa NΊ620. El 18 de diciembre de 1991, el Juzgado 23 de Instrucción Criminal avocó el conocimiento y con providencia del 3 de enero de 1992 profirió auto inhibitorio y ordenó su archivo definitivo.
4.4. La nueva estrategia de represión
De acuerdo con declaraciones de miembros del Partido Comunista del Magdalena Medio, entre 1979 y 1980 se empezaron a dar las primeras reuniones entre los grandes latifundistas y los altos mandos militares de los batallones que operaban en Barrancabermeja, Cimitarra, Puerto Berrío, Puerto Boyacá y La Dorada, que llevaron a plantear la necesidad de crear grupos armados (43). Para el caso concreto de Puerto Boyacá, entre 1981 y 1982, el Batallón Bárbula apoyó la preparación y estructuración de los "núcleos veredales" de las autodefensas que dependían directamente del S-2 del Batallón, en este proceso participó directamente el entonces Subteniente Luis Antonio Meneses Báez, que estaba recién llegado al Batallón (44).
En enero de 1982, fue nombrado Osear de Jesús Echandía Sánchez Alcalde Militar de Puerto Boyacá, cargo que ocupó entre el 1 de febrero y el 13 de diciembre de 1982, estando en ese cargo coordinó los encuentros entre el Comandante del Batallón Bárbula, Teniente Coronel Jaime Sánchez Arteaga, representantes de la Texas Petroleum Company, miembros del Comité de Ganaderos, algunos jefes de directorios liberales, socios del Club de Leones, de la Defensa Civil, un reducido grupo de comerciantes, ex alcaldes, algunos inspectores de Policía, ex-combatientes de Corea, agentes del DAS, F-2, B-2 y una gran cantidad de sicarios al servicio de la Texas, con el objeto de crear y financiar los grupos de autodefensa. Echandía Sánchez terminó su período en la Alcaldía y continuó colaborándole a los grupos de autodefensa vinculado a una base de patrullaje por orden del Comando del Batallón Bárbula. (45)
Entre junio y julio de 1982 surgió la ‘dea de crear una organización "legal", lo que se cristalizó en 1983, cuando se fundó la Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio -ACDEGAM-, organización que serviría de fachada para la implantación del paramilitarismo. La primera Junta Directiva de ACDEGAM estaba conformada por Henry de Jesús Pérez Duran, Gonzalo de Jesús Pérez, Nelson Lesmes Leguizamón, Alejandro Echandía Sánchez y Luis Eduardo Ramírez. Entre 1983 y 1984, ACDEGAM entró en contacto con los reconocidos narcotraficantes del "Cartel de Medellín", Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha. La mencionada asociación fue legalizada formalmente el 22 de julio de 1984 por el Gobernador de Boyacá, con la personería jurídica número 00065; que fue renovada por el Ministerio de Agricultura con el número 0528 el 11 de diciembre de 1986.
Ejército y paramilitares adelantaron lo que algunos pobladores llamaron, una "fumigación", que buscaba eliminar la izquierda en Puerto Boyacá, por eso la mayor persecución fue contra los militantes del Partido Comunista y los pobladores de zonas de alta incidencia de las FARC a quienes de antemano consideraban sus auxiliadores y quienes, por lo tanto, debían ser eliminados. Los crímenes que se presentaron a partir del segundo trimestre de 1982, así lo muestran:
El 30 de marzo de 1982 Mauro Valencia, propietario de la finca La Porcelana, fue asesinado en el restaurante Salón Boyacá, ubicado frente a la Alcaldía, por tres paramilitares conocidos como "Los Gordos", contratados por Luis Suárez (sería uno de los participes de la reunión donde se definió la creación de los grupos de autodefensa), quien les canceló con dinero de una colecta hecha entre los ganaderos de la región. En el hecho fue herido un hijo de Mauro. La víctima había sido anteriormente amenazado por miembros del Batallón Bárbula, quienes lo acusaban de ser el "tesorero de las FARC".
El 3 de abril de 1982 se inició la investigación previa por el asesinato de Mauro. El 31 de diciembre de 1991; el Juzgado 23 de Instrucción Criminal, avocó conocimiento, estando en "averiguación de responsables". El 24 de abril de 1992 se archivó el expediente.
A finales del mes de marzo de 1982, Ocho Jóvenes fueron sindicados de pertenecer a las FARC y asesinados por orden de Luis Enrique Tobón Echeverryy Nelson Lesmes Leguizamón, quienes serían unos de los fundadores de ACDEGAM.
El 29 de abril de 1982, Alvaro Antonio Acero Barrios, fue detenido, torturado y amenazado de muerte por unidades militares. Fue dejado en libertad a los 7 días, en mal estado de salud.
El 21 de mayo de 1982, un poblador de apellido Santos Quintero, fue asesinado por miembros de un grupo paramilitar que se identificaron como "Los Tiznados", quienes interceptaron la camioneta en que repartía leche, lo bajaron y le propinaron 11 disparos. Luego de cometer el crimen quemaron la camioneta en presencia de testigos.
El 29 de mayo de 1982, el Administrador de una Finca de propiedad del gerente de la Caja Agraria y Su Esposa, fueron detenidos y torturados por miembros de una patrulla militar.
El 14 de junio de 1982, fueron encontrados asesinados 14 campesinos que habían sido retenidos por un grupo paramilitar. Entre ellos fueron identificados Nohemi Mancera Rengifo, Orlando Manrique Saldaña, Carlos Mancera, José Madrid Pérez y Orlando NN. Las Otras Nueve víctimas, no pudieron ser identificadas, pues los cadáveres se encontraban completamente desfigurados.
El 22 de julio de 1982, el Juzgado Primero de Instrucción Criminal inició la investigación previa N° 463. El 22 de octubre de 1991, el Juzgado 23 de Instrucción Criminal avocó el conocimiento de la investigación y con providencia del 28 de octubre de 1991 profirió auto inhibitorio y ordenó su archivo definitivo.
El 20 de junio de 1982, Guillermo Anturin, fue asesinado por varios hombres armados, al parecer pertenecientes a grupos paramilitares, en el casco urbano de la localidad.
El 2 de julio de 1982, el líder campesino y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Mata de Coco, Casimiro Parga, fue asesinado, en horas del medio día, por el Cabo Jorge Humberto Orteguate Cuadros, del Batallón Bárbula. El crimen fue conocido y permitido por el Alcalde Militar de esta localidad, el Capitán Osear de Jesús Echandía Sánchez. La víctima había sido detenida y amenazada anteriormente por el Ejército.
El 6 de julio de 1982, el Juzgado Primero de Instrucción Criminal asumió de oficio la investigación por el asesinato de Casimiro. El 18 de diciembre de 1991 el Juzgado 23 de Instrucción Criminal avocó conocimiento, sin que existiera ningún sindicado y el 23 de abril de 1992, "se inhibió de abrir investigación" y archivó el expediente.
El 4 de julio de 1982, el vendedor de chance Argiro Antonio Serna Urrego, de 35 años de edad, fue asesinado por paramilitares, mientras asistía al entierro de Casimiro Parga, quien había sido asesinado dos días atrás. Anteriormente, el 9 de julio de 1979, Argiro había sido detenido y torturado por miembros del Ejército en el caserío Puerto Guevara, así había descrito los hechos en ese año:
"Me dirigía a la finca del señor Antonio Guzmán, lugar donde trabajo, cuando se apareció una patrulla del Ejército y me detuvo, en una tula que yo cargaba, los soldados introdujeron unos papeles con el objeto de comprometerme; luego me amarraron las manos atrás y me llevaron ai puesto militar del mismo caserío, allí me colgaron de una viga mientras me hacían dar vueltas en redondo, me propinaban golpes en el cuerpo, para que no gritara me metían en la boca las medias de los soldados, me obligaron a decir en medio de las torturas que una hamaca que tenía me la habían dado los guerrilleros. Me robaron $24.000, producto de mi trabajo y por medio de las torturas me obligaron a decir que ese dinero era de los guerrilleros, cosa que es totalmente falsa. Igualmente el Ejército me robó un reloj, el machete, un cinturón y un llavero. En este puesto militar me tuvieron por espacio de tres días con sus respectivas noches, durante todo un día me colocaron con la cara al sol amarrándome el cabello con un lazo al pie izquierdo y con las manos atadas. El 15 de julio me enviaron en un helicóptero para Cimitarra, allí estuve dos días sin que me molestaran demasiado, pero al terminar éstos las torturas comenzaron de nuevo, pero esta vez con más violencia, me colgaron a un palo y me golpeaban en la cabeza y en los testículos, me consumieron varias veces en un pozo de aguas podridas y cuando estaba para ahogarme me sacaban y dos o tres militares se paraban sobre mis espaldas para que trasbocara agua y lodo, repito que esto lo hicieron varias veces; durante dos días me plantaron en un cascajal recibiendo el sol; me bañaron con gasolina y me amenazaron con prenderme fuego e incinerarme; fui tendido completamente desnudo en un camino pedregoso con la cabeza envuelta en un costal, de esta manera aparte de recibir el castigo del sol, los militares me daban garrote sin lástima; a punta de palo me hicieron caminar y me obligaron a hacer flexiones sobre un montón de espinas. Luego fui introducido a un calabozo donde tenía que dormir y hacer mis necesidades fisiológicas. En esta forma las torturas se prolongaron desde el 9 de julio hasta mediados del mes de agosto". El campesino fue procesado y recluido en la penitenciaría El Barne en Tunja.
El 9 de julio de 1982, el Juzgado Primero de Instrucción Criminal inició la investigación previa NΊ 599. El 18 de diciembre de 1991, el Juzgado 23 de Instrucción Criminal avocó el conocimiento de la investigación y con providencia del 13 de abril de 1992 profirió auto inhibitorio y ordenó su archivo definitivo.
El 5 de julio de 1982, Un Poblador fue asesinado por paramilitares, en el sitio conocido como "La Ye".
El 13 de julio de 1982, el líder comunal de la vereda Los Chorros, Alejandro Peña, fue desaparecido por orden de un teniente de apellido Rodríguez (excomandante de la base militar El Marfil) y del jefe paramilitar Gonzalo de Jesús Pérez. Según declaración de un testigo, el cadáver del líder comunal fue lanzado al río Magdalena luego de abrirle el vientre para que no flotara. Alejandro había sido detenido y torturado en julio de 1979, por el Ejército.
Por este hecho, no existió investigación disciplinaria, de acuerdo con la respuesta dada por la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, que manifestó "una vez revisada la información reportada por las diferentes dependencias de esta entidad en el sistema Gestión Disciplinaria (GEDIS) no aparece registrada investigación alguna por este suceso" (46).
En cuanto a lo penal, el 16 de septiembre de 1982, el Juzgado Primero de Instrucción Criminal inició la investigación previa NΊ 467. El 22 de octubre de 1991, el Juzgado 23 de Instrucción Criminal avocó el conocimiento de la investigación y con providencia del 28 de octubre de 1991 profirió auto inhibitorio y ordenó su archivo definitivo.
En julio de 1982, fueron desaparecidos Nueve Jóvenes habitantes de la vereda El Delirio, varios de ellos miembros de una misma familia, por un teniente de apellido Rodríguez (ex comandante de la base militar El Marfil) y los paramilitares Gonzalo de Jesús Pérez, Henry de Jesús Pérez Duran y Luis Eduardo Ramírez. Según declaraciones de testigos, los jóvenes fueron sacados de la mencionada vereda, obligados a abordar un "jeep llanero", los asesinaron y sus cuerpos los arrojaron al río Magdalena, luego de abrirles el vientre para que no flotaran. El jeep utilizado fue luego donado al Batallón Bárbula por los miembros de ACDEGAM. Los muchachos fueron acusados de "hacer los mercados para el XI Frente de las FARC".
En julio de 1982, Cinco Campesinos fueron asesinados, en la vereda Saca Mujeres, por orden de un teniente de apellido Rodríguez (excomandante de la base militar El Marfil). Pocos días después, Dos Miembros de una misma familia fueron asesinados en el bailadero "La Piscina", por orden del mismo teniente Rodríguez.
El 2 de agosto de 1982, Jesús Eduardo Hernández, Presidente de la Asociación Provivienda y militante del Partido Comunista Colombiano, fue desaparecido por orden del Alcalde Militar de esta localidad, el Capitán Osear de Jesús Echandía Sánchez y del jefe paramilitar Gonzalo de Jesús Pérez. Fue asesinado, en zona urbana de la localidad y al parecer, su cadáver lanzado al río Magdalena luego de abrirle el vientre para que no flotara.
Jesús Eduardo había sido víctima de amenazas, meses atrás por parte de militares y paramilitares y de tentativa de homicidio, cuando Echandía Sánchez intentó atropellarlo con una carro.
El 5 de agosto de 1982, el Juzgado Primero de Instrucción Criminal asumió de oficio la investigación por la desaparición de Jesús Eduardo. El 18 de diciembre de 1991 el Juzgado 23 de Instrucción Criminal avocó conocimiento, sin que existiera ningún sindicado y el 23 de abril de 1992, "se inhibió de abrir investigación" y archivó el expediente.
El 5 de agosto de 1982, los campesinos Jesús Antonio Uribe Rincón y Otro cuyo nombre se desconoce, fueron asesinados por un grupo de hombres fuertemente armados, al parecer paramilitares, quienes llegaron hasta la vereda Pozo Dos.
El 7 de agosto de 1982, Miguel Ángel Brindissi, fue asesinado por paramilitares, en la inspección de policía Marfil.
El 17 de agosto de 1982, el campesino Humberto Murcia Chavez, fue asesinado por un grupo de hombres fuertemente armados, al parecer paramilitares, en la vereda Quince Letras.
El 1 de septiembre de 1982, el motorista de una lancha Nepomuceno Barrientos Ibarra, fue retenido, torturado y asesinado, en el barrio El Serrucho, por miembros del grupo paramilitar MAS, quienes residían en el mismo barrio.
El 1 de septiembre de 1982, el Juzgado Primero de Instrucción Criminal inició la investigación previa NΊ 597. El 18 de diciembre de 1991, el Juzgado 23 de Instrucción Criminal avocó el conocimiento de la investigación y con providencia del 13 de abril de 1992 profirió auto inhibitorio y ordenó su archivo definitivo.
4.5. Un fastasma llamado MAS
El 3 de diciembre de 1981, desde un helicóptero fueron lanzados volantes sobre la ciudad de Cali, que anunciaban públicamente la constitución de un grupo llamado "Muerte A Secuestradores" -MAS-. En estos volantes se advertía que 223 jefes de la mafia que se denominaban "los secuestrables" se habían unido y habían aportado dinero ($446 millones) para crear un escuadrón de 2230 hombres, el cual ejecutaría sin misericordia a cualquier persona comprometida en algún secuestro. Mencionaban el caso de Martha Nieves Ochoa, hija de una acaudalado narcotraficante antioqueño, quien fuera liberada por el MAS, luego de haber sido secuestrada por guerrilleros del M-19.
A partir del año 1982, este nombre sería utilizado en diferentes regiones del país para ocultar las acciones encubiertas realizadas por el Ejército, que a menudo eran acompañadas por grupos de civiles armados. Las acciones reivindicadas con la sigla MAS se generalizarían en muchas regiones del país, especialmente en Caquetá y en el Magdalena Medio, donde Puerto Boyacá fue el epicentro.
En 1983, un informe elaborado por la Procuraduría General de la Nación afirmaba que existía "mérito suficiente para vincular procesalmente y por el delito de concierto para delinquir y otros conexos a ciento sesenta y tres personas, cincuenta y nueve de las cuales eran miembros activos del Ejército y de la Policía Nacional: altos oficiales, suboficiales y soldados" (47).
Así mismo la Procuraduría afirmaría que "El MAS fue un movimiento auténticamente paramilitar. Las intentonas de desmentir esta verdad han fracasado ante la opinión pública... Se estaba extendiendo la viciosa costumbre de que los militares se apoyaran en gentes privadas para llevara cabo sus labores de contrainsurgencia, supliendo así una capacidad de acción que les negaban... sus propias limitaciones de todo orden... Se trata pura y simplemente, de gentes oficiales que se desbordan frente a las tentaciones de multiplicar su capacidad de acción y de aprovechar a gentes privadas a quienes empiezan a tomar como "guías" o "informantes", colaboradores y auxiliadores en general, y terminan utilizando como brazo oculto para que en plan de sicarios, hagan oficiosamente lo que oficialmente no se puede hacer" (48).
La llegada de Belisario Betancur a la Presidencia de la República con su discurso de paz y negociación, no tuvo mucha acogida en Puerto Boyacá, pues para entonces ya el Batallón Bárbula, el Alcalde Militar Osear de Jesús Echandía Sánchez, los políticos y los ganaderos de la región con el respaldo de la multinacional Texas Petroleum Company tenían muy adelantado el proyecto paramilitar que allí se gestó, inicialmente bajo el nombre de ACDEGAM, luego sería usado el del MAS y más adelante el de "Autodefensas". La participación directa de las Fuerzas Militares en la conformación de estos grupos en Puerto Boyacá fue de conocimiento público desde el principio, el informe del Procurador mencionada que en Puerto Boyacá hacían parte del MAS, los miembros del Batallón Bárbula: Capitán Osear de Jesús Echandía Sánchez, el Teniente Luis Alvaro Rodríguez Fontecha, el Teniente Alberto Garavito Amaya, el Teniente Jorge González y el Cabo Jorge Humberto Orteguate Cuadros. (49)
Los hechos que se presentaron a partir de la utilización de la sigla MAS fueron:
El 12 de septiembre de 1982, Gilberto Parra fue asesinado por cinco paramilitares del MAS, cuando se movilizaba en una camioneta en compañía de varias personas. Un capitán de la base militar de Campo Seco, que viajaba detrás de la camioneta se hizo el desentendido.
El 12 de septiembre de 1982, Ernesto Galvis fue detenido y asesinado por miembros del Ejército, quienes sepultaron su cadáver en el patio de la casa donde residía la víctima.
El 18 de septiembre de 1982, el campesino Narciso Moreno Cubillos, fue asesinado por paramilitares del grupo MAS, en la inspección de policía Agua Negra.
El 22 de septiembre de 1982, los hermanos Faber Bonilla y Luz Marcel Bonilla, menores de edad y estudiantes de una concentración escolar, fueron torturados por miembros del Ejército. Los militares allanaron varias casas en zona rural de la localidad, incluyendo una escuela, maltrataron a los habitantes, rompieron puertas, amenazaron de muerte a los profesores y torturaron a los dos escolares.
El 4 de octubre de 1982, el campesino José del Carmen Meló, fue asesinado por un grupos armado, al parecer paramilitares, que llegaron hasta la inspección del policía Marfil.
El 4 de octubre de 1982, el campesino Raúl Gómez, fue asesinado por un grupo de hombres fuertemente armados, al parecer paramilitares, que llegaron hasta la inspección de policía Puerto Palagua.
El 15 de noviembre de 1982, Eduardo Ríos, fue asesinado por varios hombres armados, en el casco urbano de la localidad.
El 7 de diciembre de 1982, Myriam de Jesús Quintero, fue asesinada por varios hombres armados, en zona urbana de la localidad.
El 21 de diciembre de 1982, el campesino Domingo Cruz Hincapié, fue asesinado por un grupo de hombres armados, al parecer paramilitares, en la inspección de policía Centro Calderón.
El 2 de enero de 1983, el comerciante Aristobulo Rubio Bernal, fue encontrado asesinado. Siete días atrás, miembros del Ejército y paramilitares del MAS interceptaron el camión en el que se movilizaba el comerciante transportando maíz, cerca al puesto Militar el Arcabuz, en la vía a La Dorada (Caldas) y se lo llevaron, junto con un hijo, hasta un sitio donde fue interrogado por varios uniformados. Posteriormente el hijo del comerciante fue enviado a su casa, a bordo de un campero Toyota.
En 1982 Aristóbulo había sido detenido en un puesto militar debido a falsas acusaciones de un hacendado de la región, pariente del entonces alcalde militar de Puerto Boyacá, el Capitán Osear de Jesús Echandía Sánchez, y allí recibió amenazas de muerte.
Por el asesinato de Aristóbulo, el 14 de febrero de 1983, el Juzgado Primero de Instrucción Criminal inició la investigación previa NΊ 508. El 22 de octubre de 1991, el Juzgado 23 de Instrucción Criminal avocó el conocimiento de la investigación y con providencia del 28 de octubre de 1991 profirió auto inhibitorio y ordenó su archivo definitivo.
El 11 de enero de 1983, el campesino Francisco Antonio Castrillon Vergara, fue asesinado por un grupo de hombres armados, al parecer paramilitares, quienes incursionaron en la vereda Nutrias.
El 18 de enero de 1983, el cadáver de Un Hombre fue encontrado en la inspección de policía Puerto Gutiérrez, presentaba varios impactos de arma de fuego. Se sindica del hecho a paramilitares.
El 23 de enero de 1983, Ivan González, Pedro Sánchez y Alfredo López, fueron asesinados por varios hombres armados, al parecer pertenecientes al MAS, quienes se identificaron como "agentes secretos".
El 28 de febrero de 1983, los líderes campesinos Juan Francisco Arenilla, Rafael Mattos y José De La Cruz Cadena, fueron asesinados por miembros del grupo paramilitar MAS.
El 9 de marzo de 1983, los dirigentes campesinos Armando Cabrales y Jaime Ostos, fueron asesinados por miembros del grupo paramilitar MAS.
El 22 de marzo de 1983, los campesinos Manuel Muriel Meneses y Cristóbal Galindo Martínez, fueron asesinados por una patrulla militar en la vereda Dos Quebradas.
4.6. La XIV Brigada fundamental en la consolidación del paramilitarismo
La creación de la XIV Brigada en Puerto Berrío, en 1983, fue fundamental para la consolidación del paramilitarismo en el Magdalena Medio, en ello jugaron un papel muy importante sus dos primeros comandantes: el Mayor General Daniel Enrique García Echeverry, quien fue comandante de abril 1 a diciembre 28 de 1983, y el Brigadier General FaroukYanine Díaz, quien fue comandante entre diciembre 1 de 1983 y diciembre 1 de 1985. En especial Yanine Díaz, quien no solamente jugó este rol cuando estaba en la XIV Brigada, sino también desde la Dirección de la Escuela Militar de Cadetes en Bogotá y desde la Comandancia de la II División del Ejército con sede en Bucaramanga.
Como era de esperarse los crímenes continuaron en Puerto Boyacá, pues había que culminar la labor de "limpieza anticomunista" que habían iniciado las Fuerzas Militares a través del Batallón Bárbula en coordinación con los directivos de ACDEGAM, desde 1982. Este período en que los crímenes de lesa humanidad eran el pan de cada día en Puerto Boyacá, se prolongaría hasta 1986.
Según testimonios de pobladores del municipio, en los años 1983 y 1984 "durante el día Puerto Boyacá se veía como un pueblo tranquilo donde no pasaba nada, pero por las noches la gente ya no salía como era la costumbre. Hacia la media noche era común que pasara gente a caballo y en carros, haciendo disparos, gritando y amenazando, como si estuvieran drogados. Como resultado de estas acciones al otro día amanecían los muertos, que eran llevados al anfiteatro para su reconocimiento, pero los amigos o familiares que se atrevían a ir eran las próximas víctimas... En ese tiempo a la gente la acostumbraron a que los paramilitares y militares, que mandaban en el pueblo, les pagaban a mujeres, niños y hombres, para que dieran dedo a los que eran comunistas. A veces, por ganarse un peso señalaban a gente que nada tenía que ver y según la importancia de la persona que señalaban asimismo les pagaban... cuando ya habían matado a todos los supuestos enemigos del Estado, la gente que daba dedo se quedó sin su "trabajo" y empezaron a robar para subsistir, entonces a ellos también empezaron a asesinarlos, aplicaron la mal llamada "limpieza social" (50).
Los crímenes de lesa humanidad que se presentaron en este tiempo se describen a continuación:
El 7 de abril de 1983, el dirigente campesino Ernesto Cifuentes, fue asesinado por el grupo paramilitar MAS, en el sitio conocido como Las Lomas.
El 10 de abril de 1983, el líder campesino Espíritu Cruz, fue asesinado en la vereda No te Pases por miembros del grupo paramilitar MAS.
El 12 de abril de 1983, Ciro Ladino fue retenido, torturado y asesinado en el sitio conocido Maquencal, por el grupo paramilitar MAS. Su cadáver fue decapitado y abandonado en el anfiteatro.
El 20 abril de 1983, el líder campesino Leovigildo Luna, fue asesinado por miembros del grupo paramilitar MAS, en el sitio conocido como Caño Don Juan.
El 24 de abril de 1983, el dirigente campesino Juan de Dios Yepes Patermina, fue asesinado por miembros del grupo paramilitar MAS, en el sitio conocido como "X-14".
El 14 de mayo de 1983, Carlos Julio Santamaría, su esposa Inocencia Ramos, y Un Hijo de inocencia, fueron asesinados por el grupo paramilitar MAS.
El 1 de junio de 1983, el Juzgado Primero de Instrucción Criminal inició la investigación previa NΊ 584. El 18 de diciembre de 1991, el Juzgado 23 de Instrucción Criminal avocó el conocimiento de la investigación y con providencia del 13 de abril de 1992 profirió auto inhibitorio y ordenó su archivo definitivo.
El 27 de mayo de 1983, el joven Jairo Pareja Arevalo fue desaparecido, luego de que ser detenido por miembros del Ejército.
El 3 de junio de 1983, Jesús María Giraldo, fue asesinado por un grupo armado, al parecer paramilitares, en el casco urbano de la localidad.
El 17 de junio de 1983, los campesinos José Alirio Sánchez, Félix Pedraza, José Ruiz, Saulvalenzuela, Darío Encizo y Julio Moreno, fueron asesinados por el grupo paramilitar MAS, en la vereda de La Pizarra.
El 24 de junio de 1983, el Juzgado Primero de Instrucción Criminal inició la investigación previa N° 493. El 22 de octubre de 1991, el Juzgado 23 de Instrucción Criminal avocó el conocimiento de la investigación y con providencia del 28 de octubre de 1991 profirió auto inhibitorio y ordenó su archivo definitivo.
El 19 de junio de 1983, el campesino Libardo Zapata, fue asesinado por el grupo paramilitar MAS, en la inspección de policía Marfil.
El 11 de agosto de 1983, el campesino Juan Rodrigo Marín, fue asesinado por un grupo de hombres armados, al parecer paramilitares, en la inspección de policía Puerto Gutiérrez.
El 27 de agosto de 1983, el campesino Rafael León Agosta, fue asesinado por un grupo de hombres armados, al parecer paramilitares, en el kilómetro 25 de la vía a la inspección de policía Puerto Gutiérrez.
El 2 de octubre de 1983, los campesinos Rodolfo Samudio, José Benancio Samudio, José Ignacio López, María Vidalia Ostos, Orlando González y Argemiro Bustos, fueron asesinados por paramilitares del grupo MAS.
El 7 de octubre de 1983, el Juzgado 12 de Instrucción Criminal inició la investigación previa N^ 567. El 29 de noviembre de 1991, el Juzgado 23 de Instrucción Criminal avocó el conocimiento de la investigación y con providencia del 16 de diciembre de 1991 profirió auto inhibitorio y ordenó su archivo definitivo.
El 18 de octubre de 1983, fueron hallados los cadáveres de Un Hombre y Una Mujer en zona rural de la localidad, los cuerpos presentaban múltiples impactos de arma de fuego. Se presume que el crimen fue perpetrado por paramilitares.
El 2 de noviembre de 1983, Mauro Antonio Hoyos, fue asesinado en el casco urbano de la localidad por varios hombres armados, al parecer paramilitares.
El 18 de noviembre de 1983, Saúl Ayala y Ricardo Torres, trabajadores al servicio de la erradicación de la Malaria, fueron desaparecidos en la inspección de policía Puerto Pinzón. Habían sido amenazados de muerte por el MAS.
El 22 de diciembre de 1983, Aristo Vega Jaimes, fue asesinado en el casco urbano de la localidad por varios hombres armados, al parecer paramilitares.
En 1983, Una Campesina de la vereda El Delirio, quien se encontraba en embarazo, fue asesinada por el paramilitar Enrique Tobón, quien según versión de un testigo "le rajó la barriga, le sacó la criatura y decía: mire esto es lo que hay que hacer porque lo que iba a nacer aquí es un hijo de un guerrillero".
El 4 de enero de 1984, los campesinos Euclides Ariza y José Monroy, fueron desaparecidos por paramilitares, quienes los interceptaron a un Kilómetro de la base militar Calderón. José había sido detenido y torturado el año anterior en la base militar El Marfil.
El 4 de enero de 1984, los campesinos Tito Julio Pinzón, Francisco Cesar Pino Quintana y Luis Alberto Pinzón, fueron asesinados por miembros de un grupo paramilitar, quienes obstruyeron el paso al campero en el que se movilizaban las víctimas, por la vereda Quince Letras, y les dispararon en repetidas ocasiones. Otro campesino resultó herido en el hecho.
Por este crimen, el 15 de enero de 1984, el Juzgado 12 de Instrucción Criminal inició el sumario NΊ 098 contra los alias "Papi Amado"y "Sofonías". Posteriormente el proceso pasó al Juzgado 25 de Instrucción Criminal, luego al Juzgado 23 de Instrucción Criminal y luego fue recibido por la Fiscalía 33 Seccional de Puerto Boyacá. El 20 de abril de 1994, el proceso fue remitido a la Dirección Seccional de Fiscalías deTunja. El 7 de julio de 1994, la Fiscalía Novena Especializada deTunja profirió preclusión de la instrucción y ordenó el archivo.
El 22 de enero de 1984, los militantes del Partido Comunista Hilda Yepes de Mahecha, Efrain Paez, Guillermo Escarraga y Jesús Antonio Serna, fueron asesinados por los miembros del grupo paramilitar MAS: Juvenal Saldarriaga, Elean Parra, Rufino Birguez y Rafael Marroquín. El hecho ocurrió a 150 metros de un puesto militar, en la inspección de policía Puerto Romero, sin que los militares hicieran nada por evitar el crimen o capturar a los responsables. Las víctimas habían sido amenazadas de muerte por parte del Teniente del Ejército Luis Antonio Rojas y de miembros del MAS.
Por este hecho, no existió investigación disciplinaria, de acuerdo con la respuesta dada por la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, que manifestó "una vez revisada la información reportada por las diferentes dependencias de esta entidad en el sistema Gestión Disciplinaria (GEDIS) no aparece registrada investigación alguna por este suceso" (51)
El 15 de noviembre de 1984, el Juzgado Segundo de Instrucción Criminal inició la investigación previa NΊ 1050. El 19 de abril de 1994, la Fiscalía 33 Seccional de Puerto Boyacá avocó el conocimiento de la investigación y con providencia del 27 de abril de 1994 profirió auto inhibitorio y ordenó su archivo.
El 24 de enero de 1984, el campesino Hernando Bernal, fue asesinado por paramilitares del MAS.
El 24 de enero de 1984, Benjamín Quiñones Ortega, militante del Nuevo Liberalismo, fue asesinado en el casco urbano de la localidad, por orden de los jefes paramilitaresde Puerto Boyacá.
El 27 de enero de 1984, Pablo Eliud Ramírez, fue asesinado por un grupo armado, en el casco urbano de la localidad.
El 5 de febrero de 1984, Julio César Ramírez, fue asesinado por un grupo armado, en el casco urbano de la localidad.
El 7 de febrero de 1984, Freddy Varón Caicedo, fue asesinado por un grupo armado, en el casco urbano de la localidad.
El 6 de febrero de 1984, Enrique Varón Olmos, fue asesinado por un grupo armado, en el casco urbano de la localidad.
El 11 de febrero de 1984, el campesino Octavio Cardona López, fue asesinado, por un grupo de hombres armados, al parecer paramilitares, en el caserío Puerto Pinzón.
El 20 de febrero de 1984, Efrain Montoya Marín, fue asesinado por un grupo de hombres armados, al parecer paramilitares, en el kilómetro 8 de la vía a la autopista Bogotá Medellín.
El 27 de febrero de 1984, el cadáver de Un Hombre no identificado, fue hallado baleado, en el kilómetro 11 de la vía a la autopista BogotáMedellín.
El 1 de marzo de 1984, el Concejal por el Nuevo Liberalismo y exalcalde de la localidad Martin Torres Sierra, fue asesinado, en el parque principal, por orden de lo&jefes paramilitares y miembros de ACDEGAM, Gonzalo Pérez, Henry de Jesús Pérez Duran, Luis Enrique Tobón Echeverry y Pablo Emilio Guarín Vera. En el hecho participaron los paramilitares Abel Fernández Contreras, Moisés Muñoz Mantilla y Lisímaco Riaño.
La investigación penal por el asesinato de Martín, fue iniciada por el Juzgado 19 de Instrucción Criminal que luego la remitió al Juzgado 25 de Instrucción Criminal, el cual sindicó a Gonzalo Pérez, Henry de Jesús Pérez Duran, Luis Enrique Tobón Echeverry, Pablo Emilio Guarín Vera, Abel Fernández Contreras, Moisés Muñoz Mantilla y Lisímaco Riaño. El 7 de septiembre de 1988 este despacho se abstuvo de decretarles medida de aseguramiento. Luego el expediente fue enviado a la Fiscalía 33 Seccional, la cual el 20 de abril de 1994 lo remitió a la Dirección Seccional de Fiscalías de Tunja. El 11 de agosto de 1994, la Fiscalía Undécima del Grupo Vida de la Unidad de Fiscalías Especializadas de Tunja "decretó la preclusión de la Instrucción a favor de los encartados, disponiéndose a su vez el archivo del expediente".
El 7 de marzo de 1984, el cuerpo de Un Hombre no identificado fue hallado baleado en la vía que conduce a la inspección de policía Puerto Serviez.
El 9 de marzo de 1984, el hacendado Camilo Moreno Cadena, su hijo Camilo Moreno Sarmiento y Eleuterio Riaño, fueron desaparecidos cuando viajaban en un automotor. Anteriormente el hacendado había sido citado por el Comandante de la base militar de la inspección de policía Centro Calderón, junto a otros hacendados, a varias reuniones tendientes a la conformación del MAS. En una de esas reuniones recibieron órdenes de vestir prendas militares para patrullar la zona en compañía del Ejército o en caso de no poder asistir, enviar familiares o gente de confianza. Camilo Moreno no cumplió la orden por lo cual recibió amenazas de los paramilitares Santiago Giraldo y Arcesio FIórez, quienes le ordenaron abandonar la región.
El 11 de abril de 1984, el médico y concejal electo por el Nuevo Liberalismo Luis Silva y el joven Raúl Cortes Aguirre, fueron desaparecidos, en momentos en que hacían deporte, por miembros de la XIV Brigada y paramilitares del MAS, según versión de un paramilitar, para evitar que el médico Silva delatara a los responsables de varios crímenes ocurridos en Puerto Boyacá, de los que tenía conocimiento.
El 22 de mayo de 1984, José Adonai Real, Jose Triana, Roberto Molina, Herbert Zapata, Héctor Sánchez y Tres Personas más, todos campesinos, fueron asesinados por un grupo de 30 hombres pertenecientes al MAS, quienes se tomaron los caseríos Puerto Pineda y Puerto Guevara. Tres campesinos más fueron heridos en el mismo hecho y los establecimientos de comercio fueron saqueados por ios paramilitares.
Por esta masacre, el 13 de junio de 1984, se inició la investigación penal bajo el radicado NΊ 062, que fue de conocimiento de los Juzgados 19,25 y 23 de Instrucción criminal y luego pasó a la Fiscalía 33 Seccional de Puerto Boyacá. Al proceso fueron vinculados: Hely Mendoza, alias "Martín"; Leonardo Camberos, alias "Richard"; Benigno Meló, alias "Argemiro"; Víctor Mendieta, alias "Cicerón"; Samuel Fonseca, alias "Hueso Limpio"; Teodoro Rojas; Roberto Camberos; Jaime Ulloa, alias "Ismael"; Gustavo Samudio; Guillermo Vega; Zin Ulloa, alias "Chelo"; Héctor González, alias "El Cura"; Efraín Cano; Arteodoro Real y Graciliano NN; quienes fueron declarados personas ausentes. El 4 de mayo de 1994, se dispuso remitir el proceso a la Dirección Seccional de Fiscalías de Tunja, se desconoce el curso que allí tomó el proceso.
El 11 de agosto de 1984, los campesinos Alonso Luna y Luis Patino, fueron detenidos y desaparecidos por una patrulla militar que los trasladó a la base militar de Puerto Romero, donde negaron tenerlos.
Alonso y Luis trabajaban en la finca del militante del Partido Comunista, HéctorTulio Mahecha, quien había sido amenazado de muerte por miembros del MAS, quienes además el 22 de enero de 1984 habían asesinado a su esposa, HildaYepes de Mahecha; el grupo paramilitar MAS y el Ejército venían hostigándolo y no permitían que nadie trabajara en su finca y le habían robado seis reses.
El 5 de septiembre de 1984, los dirigentes del Partido Comunista Miguel Ángel Díaz Martínez, de 33 años de edad, dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado -FENALTRASE-, miembro de la Dirección Regional del Partido Comunista Colombiano, de profesión técnico químico y restaurador, y Faustino López Guerrero, de 78 años, dirigente popular y carpintero de oficio, fueron desaparecidos durante una operación conjunta entre el DAS, la Policía y paramilitares del MAS, en la que se pudo establecer participó el detective del DAS rural Jorge Luis Barrero.
Faustino nació en Zipacón (Cundinamarca) el 29 de agosto de 1906, en el seno de una familia campesina, allí transcurrió su niñez en medio de condiciones de mucha pobreza, que lo llevaron a buscar otros horizontes. Fue así como siendo muy joven se fue para Bogotá, donde trabajó .como obrero de construcción y aprendió carpintería. En 1941, se fue para La Dorada (Caldas), allí ingresó al Partido Comunista, siendo analfabeta. Se dedicó a estudiar y para 1948 ya era un líder y dirigente reconocido en la región por sus capacidades y entrega al trabajo con la comunidad. Después del asesinato de Gaitán, fue perseguido y detenido en varias oportunidades, viéndose obligado a abandonar temporalmente la región. Estuvo recorriendo las zonas rurales del eje cafetero, apoyando procesos organizativos de los campesinos en Pereira, Calarcá, Armenia, Manizales, Riosucio, Supía Quinchía, Bonafon; siendo detenido en 1954, permaneció 3 meses en Manizales y luego fue trasladado a la Penitenciaría La Picota en Bogotá, donde permaneció por 6 meses, con otros miembros del Partido Comunista, entre ellos Rafael Reyes. Luego de salir de La Picota, estuvo en La Dorada unos meses, pero las condiciones de seguridad de la región seguían siendo difíciles, por lo que decidió residenciarse en Bogotá, donde apoyó el trabajo político del Partido Comunista en los barrios Patria, la Estradita y Paloblanco.
Empezando la década de 1960 se fue para Puerto Boyacá, pues estaba cansado de la ciudad y creía que tenía más que aportar en el campo; compró un lote y se construyó una pieza para vivir. Estando allí adelantó trabajo político tanto en la zona urbana como en la rural, descuidando su salud, por lo que se enfermó gravemente de malaria con afección cerebral, en 1964. La Dirección Nacional del Partido Comunista decidió enviarlo a la URSS para que se recuperara. En la Unión Soviética estuvo 8 meses.
Terminando el año 1964, se fue a trabajar al departamento del Huila. Allí fue detenido el 7 de agosto de 1966, permaneciendo desaparecido por tres meses. Durante este tiempo estuvo recluido en varias cárceles del país, sin que su familia tuviera conocimiento de dónde se encontraba, pese a que desde el primer momento indagaron por él en los centros de reclusión. Después de los tres meses apareció en la cárcel de Neiva, donde fue fotografiado por la prensa, junto con otros detenidos y presentado como el jefe de una banda conocido con el alias de "Capitán Amaya". Permaneció encarcelado durante 4 años. En este tiempo fue sometido a toda clase de torturas y a consecuencia de un golpe que le dio un coronel, se le desvió la columna, por lo que cuando salió de allí tenía dificultades para caminar. En razón de su estado de salud fue nuevamente enviado a la URSS en 1970, durante varios meses fue sometido a terapias, recuperándose parcialmente, pues el daño de la columna era irreversible.
Su afán por continuar el trabajo del Partido Comunista, que años atrás había iniciado en Puerto Boyacá, lo llevó a regresar allí en 1970. Estuvo participando en las luchas sociales que allí se dieron, especialmente las que lideraron los sindicalistas de laTexas Petroleum Company. Su compromiso con los sectores populares le hizo ganar muchos amigos en la región, pero también la enemistad de los sectores acomodados, que luego auspiciarían a los grupos paramilitares, por lo que en 1980 le hicieron un atentado atropellándolo con un carro, fracturándole el fémur, estuvo andando en muletas, pero el apoyo de sus compañeros y el clima le ayudaron a recuperarse. Durante toda la vida mantuvo su compromiso con el Partido Comunista, pero ello no le impedía ser crítico. Durante una actividad del Partido Comunista en Bogotá, en marzo de 1983, al referirse al momento que estaba viviendo la organización política planteó que "a pesar de los 54 años de existencia del Partido y con todo el esfuerzo empleado por la Dirección Nacional y su Comité Ejecutivo y sus presiones en los planteamientos, falta mayor control en los cuadros profesionales, mayor autoridad de partido
En marzo de 1983 recibió una amenaza escrita firmada por el MAS, por lo que se vio presionado a regresar a Bogotá, donde permaneció hasta el 4 de septiembre de 1984, pues en esta fecha regresó a Puerto Boyacá a hacer algunas diligencias relacionadas con el inmueble que tenía allí y con la esperanza de encontrar condiciones favorables para volver, fue entonces cuando sus enemigos cumplieron con las amenazas que le habían hecho, desapareciéndolo.
La noche antes de la desaparición, los dirigentes comunistas y dos familiares de Miguel Ángel habían viajado a la población a realizar diligencias relacionadas con unos inmuebles. En la noche, Miguel Ángel y sus familiares se alojaron en las residencias El Rosario, mientras Faustino se fue para un apartamento que allí tenía en una casa, también de su propiedad, que había dejado arrendada después de tener que desplazarse por amenazas del MAS.
Miguel Ángel y Faustino se dirigieron, en horas de la mañana, a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos para legalizar la escritura de una casa de propiedad del Partido Comunista. A las 11:30 a.m. Miguel Ángel fue a recoger la escritura, conversó con el Registrador, quien le entregó el documento y, en el momento de salir de la oficina, fue introducido en un vehículo Renault 12 blanco, seguido por una motocicleta roja que, era conducida por el detective del DAS rural Jorge Luis Barrero, quien había seguido a Miguel Ángel y dio aviso a los hombres que lo introdujeron en el vehículo. El mencionado vehículo había sido visto en varias oportunidades entrando a las instalaciones de la Policía local.
Hacía las 7 p.m., cuatro encapuchados y el mencionado agente del DAS irrumpieron violentamente en a casa de propiedad de Faustino, destrozando una puerta; al no encontrarlo allí se dirigieron al apartamento donde éste se alojaba. De allí sacaron un costal, donde se presume llevaban a Faustino, el costal fue tirado a un lote vecino, donde funcionaba un taller de latonería de propiedad de Gustavo Guzmán y luego subido a un carro.
Algunos pobladores señalaron que Miguel Ángel y Faustino fueron torturados y luego asesinados y sus cuerpos tirados al río Magdalena. Sus cuerpos nunca fueron encontrados, pese a que tres días después algunos familiares y amigos se desplazaron a Puerto Boyacá e iniciaron las gestiones pertinentes, como averiguar con las autoridades militares y eclesiásticas, sin ningún resultado.
El 15 de septiembre de 1984, una delegación de miembros de órgano sociales y políticas se desplazó desde Bogotá con el fin de presionan autoridades para que aparecieran con vida los dos desaparecidos. La delegación, de aproximadamente 150 personas que se movilizaban en tres buses, fue acompañada por delegados de la Procuraduría General de la Nación. En el sitio donde se divide la carretera para Puerto Triunfo y Puerto Boyacá fueron detenidos en un retén móvil del Ejército, que les decomisó unas pancartas que llevaban. La intervención de los delegados del gobierno posibilitó que la delegación continuara su recorrido. A las 10:30 a.m., cuando los buses llegaron a Puerto Boyacá, sonó la sirena del cuerpo de bomberos, y al llegar al parque central se encontraron rodeados por varios vehículos ocupados por hombres que portaban armas de corto y largo alcance, entre ellos Pablo Emilio Guarín Vera, quien con megáfono en mano arengaba a los demás incitándolos a repeler violentamente a los delegados gritando que éstos venían a saquear el comercio, la banca y a asesinar a los dirigentes de los partidos tradicionales. La delegación se vio obligada a devolverse ante la amenaza de los paramilitares de dispararles y quemar los buses con las personas adentro, sin que la primera autoridad del municipio, el alcalde militar Capitán Carlos Orlando Meza Gómez, hiciera nada por impedir la acción de los paramilitares. Fueron seguidos por los vehículos ocupados por los hombres comandados por Pablo Emilio Guarín Vera, hasta llegar a las instalaciones del Batallón Bárbula, a donde ingresaron los paramilitares "raudos, triunfantes, eufóricos como al llegar de un combate victorioso". Uno de los vehículos de los paramilitares siguió los buses hasta Puerto Salgar (Cundinamarca).
Tres funcionarios de la Procuraduría que fueran delegados para adelantar la investigación, fueron amenazados el 19 de septiembre de 1984.
Posterior a la desaparición, los familiares de Faustino y Miguel Ángel fueron permanentemente hostigados. El 19 de abril de 1986, una nieta de Faustino fue interceptada por dos soldados, luego de salir del almacén de Colsubsidio (calle 26, en Bogotá), obligada a subir a un campero y trasladada por diferentes sitios de la ciudad; en horas de la noche la llevaron a una casa en construcción, allí la empujaban contra la pared, mientras la interrogaban, también le decomisaron materiales de la Unión Patriótica, le hurtaron dinero, la acusaron de guerrillera y al momento de dejarla en libertad la amenazaron diciéndole "haga bulla y verá que la jodemos de verdad". En octubre de 1992, una hija de Faustino fue detenida con dos de sus hijos por miembros de la SIJIN, permaneciendo allí por cuatro días. Así mismo el 23 de octubre de 1996 otro nieto de Faustino fue asesinado, al parecer, por miembros de un organismo del Estado en Bogotá.
Por la desaparición de Miguel Ángel y Faustino, se adelantó investigación penal, bajo el radicado NΊ 6021, a la cual fue vinculado Jorge Luis Barrero, quien fue procesado y sentenciado, el 29 de mayo de 1986 como reo ausente, por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Tunja a 5 años de prisión, por "secuestro simple". Fue capturado el 17 de julio de 1987 y recluido en la penitenciaría El Barne. El 27 de febrero de 1990, fue puesto en libertad "por pena cumplida".
Otro agente del Estado que estuvo relacionado con la desaparición, fue el Teniente Alvaro Becerra Alvarez, Comandante de Policía de Puerto Boyacá, quien presionó a algunos testigos que declararon en el proceso, para que cambiaran el testimonio sobre el color del carro en que se llevaron a Miguel Ángel, "yo le aseguré al Teniente que el Renault era blanco y él me insistía que debía ser azul o verde". El oficial fue llamado a declarar durante el proceso por el Juzgado Sexto de Instrucción Criminal de Tunja pero nunca se presentó, pues poco después del hecho fue trasladado a Bogotá, luego aTibú (Norte de Santander). Por los mismos días en que el oficial estuvo presionando a los testigos, también éstos recibieron llamadas telefónicas en las que les decían "que se estaban metiendo en problemas y que la vida era muy buena".
El 15 de octubre de 1984, el campesino Alirio Bedoya Carvajal, de 34 años de edad, fue encontrado asesinado en la carretera que conduce a Bogotá. Junto al cuerpo los victimarios dejaron un aviso que decía: "Por decir que pertenece al MAS y aún faltan otros que andan chantajeando, atentamente, los que delinquen en el Magdalena Medio".
El 16 de octubre de 1984, el juzgado Segundo de Instrucción criminal inició la investigación previa N° 586. El 18 de diciembre de 1991, el Juzgado 23 de Instrucción Criminal avocó el conocimiento de la investigación y con providencia del 13 de abril de 1992, profirió auto inhibitorio y dispuso su archivo definitivo.
El 23 de enero de 1985, Samuel María Mogollón, fue asesinado por varios hombres armados, en el casco urbano de la localidad.
El 29 de enero de 1985, el campesino Héctor Fabio Ramírez, fue asesinado por miembros de un grupo armado, al parecer paramilitares, quienes incursionaron en la vereda Dos Quebradas.
El 7 de febrero de 1985, el campesino Oliverio Garzón, fue asesinado por miembros de un grupo armado, al parecer paramilitares, en zona rural de la localidad.
El 21 de febrero de 1985, el campesino Félix Alirio Peñaloza, fue asesinado en la vereda Pozo Dos, por miembros de un grupo armado, al parecer paramilitares.
El 22 de febrero de 1985, Jaime Rodríguez Ospina, fue asesinado por varios hombres armados, en el casco urbano de la localidad.
El 23 de abril de 1985, María Dilia Martínez, fue asesinada por varios hombres armados, en el casco urbano de la localidad.
El 25 de abril de 1985, los campesinos Bernabé Beltran, Ramón Arevalo, Rafael Enriquez Sánchez y Guillermo Díaz, fueron desaparecidos por el MAS. Los paramilitares llegaron a la vereda Dos Quebradas, sacaron de sus casas a los cuatro campesinos, los reunieron en otra casa vecina de donde se los llevaron en un helicóptero militar y desde entonces se encuentran desaparecidos.
El 29 de abril de 1985, el campesino Conrado Cardona Uribe, fue asesinado por un grupo armado, al parecer de paramilitares, en la inspección de policía Marfil.
El 20 de mayo de 1985, el campesino Pompilio Martinez Torres, fue asesinado por varios hombres armados, al parecer de paramilitares, en la vereda Dos Quebradas.
El 29 de mayo de 1985, el campesino Félix Ernesto García, fue asesinado por un grupo armado, al parecer de paramilitares, en la inspección de policía Marfil.
El 29 de mayo de 1985 los campesinos Luis Eduardo Manco, Uno Antonio Cruz y Jesús María Manco, fueron asesinados por un grupo de hombres armados que incursionó en la vereda Dos Quebradas. Se presume que se trataba de paramilitares, pues eran los únicos grupos armados que operaban en la zona.
El 11 de junio de 1985, los trabajadores agrícolas José Ángel García Zuluaga, de 36 años de edad y Aníbal Emitola, de 26 años, fueron asesinados por paramilitares, en la vereda Quince Letras.
El 12 de junio de 1985, el campesino Ramón Velasco, fue asesinado por un grupo armado, al parecer de paramilitares, en la vereda El Trique.
El 1 de julio de 1985, los campesinos Luis Enrique Rodríguez y Juan Céspedes, fueron desaparecidos, luego de ser retenidos por siete miembros del MAS, quienes los sacaron de sus casas, ubicadas en la inspección de policía de Puerto Gutiérrez. Con anterioridad habían sido amenazados por le hacendado Ernesto Gamboa con "echarles el MAS".
El 2 de julio de 1985, el campesino Jairo López Echeverry, fue asesinado por un grupo de hombres fuertemente armados, en zona rural de la localidad.
El 9 de octubre de 1985, los campesinos Juan Cristóbal Henao, Antonio Hernández López y Luis Alberto Herrera, fueron asesinados por paramilitares. Los cadáveres fueron encontrados amordazados y maniatados.
El 11 de octubre de 1985, el Juzgado 19 de Instrucción Criminal inició la investigación previa NΊ529. El 18 de noviembre de 1991, el Juzgado 23 de Instrucción Criminal, avocó el conocimiento de la investigación y mediante providencia del 28 de noviembre de 1991, profirió auto inhibitorio y ordenó el archivo del expediente.
El 22 de febrero de 1986, Horacio Barragan Ríos, fue asesinado por varios hombres armados, en el casco urbano de la localidad.
El 5 de marzo de 1986, Flaminio González Alba, fue asesinado por varios hombres armados, en el casco urbano de la localidad.
El 25 de marzo de 1986, Francisco Javier Duque Suarez, fue asesinado por varios hombres armados, en el casco urbano de la localidad.
El 29 de junio de 1986, la exconcejal Comunista y presidenta de la Unión de Mujeres Demócratas, Alicia Rojas, de 50 años de edad, fue asesinada por paramilitares del MAS.
El 4 de julio de 1986, el Juzgado 19 de Instrucción Criminal inició la investigación previa N° 528. El 18 de noviembre de 1991, el Juzgado 23 de Instrucción Criminal avocó el conocimiento de la investigación y mediante providencia del 28 de noviembre de 1991, profirió auto inhibitorio y ordenó el archivo.
El 11 de julio de 1986, el campesino Isidro Bustos, fue asesinado por un grupo armado, al parecer de paramilitares, en la vereda Las Pavitas.
El 16 de agosto de 1986, el campesino Miguel Alfonso, fue asesinado por un grupo armado, al parecer de paramititares, en la inspección de policía Marfil.
El 5 de septiembre de 1986, la campesina María Solenis Prada, fue asesinada por un grupo armado, al parecer de paramilitares, en la vereda El Delirio.
El 16 de septiembre de 1986, el cadáver de Un Hombre no identificado, fue hallado baleado en la carretera que conduce a la vereda El Trique.
El 21 de septiembre de 1986, Alirio de Jesús Romero, fue asesinado por varios hombres armados, en el casco urbano de la localidad.
El 23 de septiembre de 1986, el campesino Rogelio Herrera, fue asesinado por un grupo armado, al parecer de paramilitares, en la vereda El Okal.
El 23 de septiembre de 1986, el campesino Jairo Serna, fue asesinado por un grupo armado, al parecer de paramilitares, en la inspección de policía Marfil.
El 5 de octubre de 1986, Henry de Jesús Calderón, fue asesinado por varios hombres armados, en el casco urbano de la localidad.
El 19 de octubre de 1986, José Rodrigo Sánchez, fue asesinado por varios hombres armados, en el casco urbano de la localidad.
El 8 de diciembre de 1986, Julio Cesar Uribe Rúa, Presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Madera y la Construcción -SUTIMAC de Puerto Nare, militante de la Unión Patriótica y concejal de Puerto Nare, fue asesinado cuando se movilizaba en un bus intermunicipal entre Medellín y Puerto Nare. Al hacer escala en Puerto Boyacá, dos hombres abordaron el autobús y le dispararon a quemarropa, luego se bajaron tranquilamente sin que nadie los detuviera, a pesar de que muy cerca de allí se encontraban varios soldados.
Hacía una semana, Julio Cesarse encontraba en Medellín, participando en un seminario sindical. Como expresión de repudio por el crimen, los trabajadores de la cementera realizaron un paro de 24 horas.
El 9 de diciembre de 1986, José Orlando Alzate, fue asesinado por varios hombres armados, en el casco urbano de la localidad.
El 16 de diciembre de 1986, el campesino Martín Oviedo Roa, fue asesinado por un grupo armado, al parecer paramilitares, en la vereda Puerto Pinzón.
4.6. Un modelo para exportar
A partir de 1987, el número "de víctimas de crímenes de lesa humanidad empezó a disminuir considerablemente, ya que para entonces el proceso de "pacificación" en Puerto Boyacá estaba prácticamente listo. Pues quienes no fueron asesinados, tuvieron que abandonar la región o acomodarse al nuevo modelo de sociedad impuesto a sangre y fuego.
Entre 1987 y 1989, los grupos paramilitares que habían surgido en el Magdalena Medio, principalmente en Puerto Boyacá, se entrenaron militarmente y extendieron sus acciones criminales a otros lugares del país. Todo esto con el auspicio de los mandos militares. Alonso de Jesús Baquero Agudelo en declaración ante la Fiscalía aseguró: "una mañana llegó el General Yanine Díaz... con todo el personal que había ahí en la Escuela, y otro personal que ellos llevaron, entonces Yanine Díaz comenzó la charla de que las autodefensas no podían seguir a la defensiva y que había que pasar a la ofensiva y para esto había que crear un grupo capacitado militarmente para que fuera al frente del combate y que para eso nosotros contaríamos con el apoyo del Ejército, y si era posible de traer instructores extranjeros para preparar el personal mejor."
Entre 1987 y 1988, estuvo en Colombia el mercenario ‘sraelíYair Klein, quien fue contactado por el Mayor (R) Luis Antonio Meneses Báez para que entrenara militarmente a los grupos paramilitares del Magdalena Medio. Los campos de entrenamiento funcionaron en 6 fincas de la región, cada curso tuvo una duración de 3 y 4 meses y cada contingente entre 50 y 80 hombres. En los cursos se utilizaban armas de gran poder como ametralladoras UZI y mini UZI y fusiles AR-15. En el primer curso los 50 participantes estaban repartidos así: 20 del Magdalena Medio escogidos por Henry de Jesús Pérez Duran, 20 de Pacho (Cundinamarca) escogidos por Gonzalo Rodríguez Gacha, 5 de los Llanos, propuestos por Víctor Carranza y 5 de Medellín enviados por Pablo Escobar y Fabio Ochoa.
Klein aseguró que antes de iniciar los cursos él se reunió con un Mayor y un Capitán del Ejército, quienes le explicaron de qué trataba su misión. Klein llegó a Puerto Boyacá con cuatro mercenarios más: Auraham Tzadaka, Amatzia Sheuli, Terry Meinyk y Yaakov Brine. Así mismo asegura que la cancelación de sus servicios estuvo a cargo de Henry de Jesús Pérez, en representación de ACDEGAM y que algunos de los folletos usados en los cursos fueron elaborados por la Sociedad Colombiana de Defensa de la Tradición Familia y Propiedad -TFP-.
Después de los israelitas estuvieron mercenarios australianos e ingleses. Eran un grupo de once, la mayoría de ellos ingleses, entre quienes figuran Peter Me Aléese, Dave Tomkins, Alex Lennox y Geffrey Adams. El grupo era comandado por el ex-militar australiano Terry Tagney. Estuvieron en el país, entre abril y octubre de 1988, entrenaron a un grupos de 50 paramilitares. Este curso fue financiado por Gonzalo Rodríguez Gacha; una parte se adelantó en la finca "La Isla de la Fantasía" de propiedad del narcotraficante, ubicada la Ciénaga de Palagua en Puerto Boyacá, y la segunda parte en el campamento paramilitar conocido como La Azulita, en Puerto Asís (Putumayo), cerca a la frontera con Ecuador.
Los paramilitares que fueron entrenados en los diferentes cursos dictados por "expertos" extranjeros, participarían en acciones criminales en otras regiones del país, como la masacre de más de 40 campesinos en las fincas Honduras y la Negra, ocurrida el 4 de marzo de 1988 en el Urabá Antioqueño, la masacre de 28 personas en Mejor Esquina (Córdoba), el 3 de abril de 1988, la de Punta Coquitos (Córdoba), en la que desaparecieron 26 personas, el 11 de abril de 1988 y la masacre de Segovia (Antioquia), en que fueron asesinadas 46 personas, el 11 de noviembre de 1988.
El control de la zona ya era absoluto por parte de los paramilitares, por lo que varios de los crímenes que se presentaron entre 1987 y 1989, fueron contra personas de otros lugares, que por diferentes circunstancias llegaron o pasaron por Puerto Boyacá; así mismo, varios crímenes fueron perpetrados sin que nadie se atreviera a decir por quiénes, pues tanto las autoridades civiles como los funcionarios judiciales estaban bajo el control de los paramilitares. Veamos los casos:
El 16 de enero de 1987, Franklin Casallas Ramos, fue asesinado por varios hombres armados, en el casco urbano de la localidad.
El 20 de enero de 1987, el campesino Nexsar De Jesús Pulgarin Jiménez, fue asesinado por un grupo armado, que incursionó en la inspección de policía Puerto Serviez.
El 25 de enero de 1987, el cadáver de Un Hombre que no fue identificado, fue hallado en la vereda Pozo Dos, presentaba varios impactos de arma de fuego.
El 4 de febrero de 1987, Gonzalo Madrigal fue desaparecido por miembros del grupo paramilitar MAS. La víctima había viajado desde Puerto Nare (Antioquia) en una motocicleta, con el objeto de indagar por la suerte de su cuñado Carlos Darío Zea, dirigente sindical que había sido detenido y llevado a las instalaciones del Batallón Bartula. La moto donde se movilizaba fue abandonada en una calle de la localidad.
El 1 de marzo de 1987, Luis Alberto Tovar Tovar, fue asesinado por un grupo de hombres armados, al parecer pertenecientes a grupos paramilitares.
El 30 de marzo de 1987, el trabajador de la Compañía de Cementos Nare, Lucio Serrano Luna, fue desaparecido por miembros del grupo paramilitar MAS.
El 5 de abril de 1987, Luis Arturo Sepulveda, fue asesinado por varios hombres armados, en zona urbana de la localidad.
El 7 de mayo de 1987, el campesino Alirio Rojas Guzman, fue asesinado por varios hombres armados, al parecer paramilitares, en la vereda Pozo Dos
El 23 de agosto de 1987, el campesino Víctor Hugo Ariza Cancelado, fue asesinado por un grupo armado en la inspección de policía Centro Calderón.
El 24 de agosto de 1987, el cuerpo de Un Campesino, que no fue identificado, fue hallado en el sitio "Pozo Caipal 10" de la inspección de policía Puerto Palagua, presentaba varios impactos de arma de fuego.
El 27 de septiembre de 1987, el campesino Josué Ramírez Lopera fue asesinado por hombres armados "no identificados" en la vereda Agualinda. La investigación por este crimen fue adelantada por el Juzgado 19 de Instrucción Criminal, sin que existiera ningún sindicado.
El 11 de octubre de 1987, los cadáveres de Dos Personas no identificadas, fueron hallados en las afueras de la localidad, presentaban varios impactos de arma de fuego.
El 16 de octubre de 1987, el campesino Guillermo Cifuentes, fue asesinado por un grupo fuertemente armado en la vereda Las Pavas.
El 12 de noviembre de 1987, Carlos Arturo Henao Díaz, fue asesinado por varios hombres armados, en zona urbana de la localidad.
El 14 de noviembre de 1987, el campesino Pedro Antonio V1ana, fue asesinado por un grupo armado, en la inspección de policía Puerto Serviez.
El 23 de noviembre de 1987, Cesar Carlos Barrero Cuervo, fue asesinado por varios hombres armados en zona urbana de la localidad.
El 17 de diciembre de 1987, el campesino Edgar Ardila Camargo, fue asesinado por un grupo armado "no identificado", en la vereda Muelle Velásquez.
La investigación por este crimen fue adelantada por el Juzgado 19 de Instrucción Criminal, sin que existiera ningún sindicado.
El 22 de diciembre de 1987, José Enrique Aldana, fue asesinado por varios hombres armados, en zona urbana de la localidad.
El 14 de febrero de 1988, fue asesinado Luis Orlando Mahecha, en el casco urbano de la localidad, por varios hombres armados, al parecer paramilitares.
El 27 de marzo de 1988, Hernán Alberto Chacón, fue asesinado en el casco urbano de la localidad, por varios hombres armados, al parecer paramilitares.
El 1 de abril de 1988, Hugo Rafael Gómez Gómez, fue asesinado en el casco urbano de la localidad, por varios hombres armados, al parecer paramilitares.
El 24 de abril de 1988, Nicasio Ramírez, fue asesinado en el casco urbano de la localidad, por varios hombres armados, al parecer paramilitares.
El 12 de junio de 1988, Luis Alberto Carrasquilla, fue asesinado en el casco urbano de la localidad, por varios hombres armados, al parecer paramilitares.
El 9 de julio de 1988, Leonardo López Molina, fue asesinado en el casco urbano de la localidad, por varios hombres armados, al parecer paramilitares.
El 1 de septiembre de 1988, Miguel Olarte, fue asesinado en el casco urbano de la localidad, por varios hombres armados, al parecer paramilitares.
El 30 de septiembre de 1988, Germán Agosta Parra, fue asesinado en el casco urbano de la localidad, por varios hombres armados, al parecer paramilitares.
El 13 de noviembre de 1988, Alberto Martínez, fue asesinado por varios hombres armados, en zona urbana de la localidad.
El 21 de noviembre de 1988, Emiliano Antonio Buitrago, fue asesinado por varios hombres armados, en zona urbana de la localidad.
El 19 de diciembre de 1988, el campesino Francisco Javier Ocampo, fue asesinado por un grupo de hombres armados, al parecer paramilitares, en la carretera que conduce a la inspección de policía Puerto Serviez.
El 1 de enero de 1989, el campesino Juan Dorocuara Bateza, fue asesinado por un grupo de hombres armados, al parecer paramilitares, en la inspección de policía Puerto Calderón.
El 30 de enero de 1989, el campesino Gilberto Gomez Taborda, fue asesinado por un grupo armado, en la inspección de policía Kilómetro 25.
El 5 de marzo de 1989, Jairo Bedoya Carvajal, fue asesinado por varios hombres armados, en el casco urbano de la localidad.
El 22 de mayo de 1989, la campesina Myriam Guevara Vargas, fue asesinada por un grupo armado, en la vereda El Ermitaño.
El 26 de julio de 1989, el campesino Horacio Mendoza Osorio, fue asesinado por un grupo de hombres armados, al parecer paramilitares, en la vereda El Ermitaño.
El 30 de julio de 1989, Carlos Alberto Mahecha Mendoza, fue asesinado por varios hombres armados, ene el casco urbano de la localidad.
El 12 de agosto de 1989, Benjamín Alvarez, fue asesinado por varios hombres armados, en zona urbana de la localidad.
El 11 de septiembre de 1989, el campesino Francisco Faraón Cárdenas, fue asesinado por un grupo de hombres armados, al parecer paramilitares, en la vereda El Ermitaño.
El 7 de noviembre de 1989, Reinel Mejia, fue asesinado por varios hombres armados, en zona urbana de la localidad.
El 11 de noviembre de 1989, los campesinos Luis Javier Buitrago y Alvaro Buitrago Neira, fueron asesinados por un grupo de hombres armados, al parecer paramilitares, en la vereda El Ermitaño.
El 12 de diciembre de 1989, José Henry Torres Machado, propietario de Foto Henry, fue asesinado por orden del jefe paramilitar Henry de Jesús Pérez Duran.
4.7. La década de los noventa
Para la década dé 1990, Puerto Boyacá estaba controlada absolutamente por los paramilitares, por lo que la represión no era necesaria, pues ya no había oposición: se había consolidado la "Capital Antisubversiva de Colombia'. A principios de la década se presentaron divisiones al interior de los grupos paramilitares, que sumadas a la ruptura que se había dado con los miembros del cartel de Medellín, llevaron a la tumba a los máximos jefes paramilitares que tuvo Puerto Boyacá. En 1991 fueron asesinados Gonzalo de Jesús Pérez, sus hijos Henry de Jesús, Marcelo y Heriberto; en 1992 fue encontrado asesinado Luis Antonio Meneses Báez y en el mismo año fue asesinado Luis Enrique Tobón Echeverry y desaparecido el alcalde Gustavo Londoño Castillo; en 1993 Luis Eduardo Ramírez y en 1994 Rafael Pérez Loaiza.
Los crímenes de lesa humanidad que se dieron en esta década, aunque son pocos los que se conocen permiten evidenciar cómo las autoridades civiles y militares estaban al servicio del paramilitarismo, veamos:
El 1 de noviembre de 1990, fue víctima de desaparición forzado Un Poblador de la localidad, luego de que fuera detenido por el agente de la policía Ruperto Gallego Muñoz.
La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos adelantó investigación disciplinaria bajo el radicado NΊ 008-111880-1991, en contra de Gallego Muñoz, y el 4 de octubre de 1993 solicitó su destitución.
El 20 de mayo de 1992, el campesino José Daniel Hincapié Marín, fue asesinado por varios hombres armados, en la hacienda Campo Alegre, ubicada en la vereda El Chaparro. Es de presumir que se trataba de paramilitares, pues en la zona no tenían presencia otros grupos armados.
La investigación por este crimen fue adelantada por la Unidad Seccional de Fiscalías de Puerto Boyacá, sin que existiera ningún sindicado, por lo que el 25 de marzo de 1993 fue archivada.
El 11 de julio de 1995. el transportador Hernán de Jesús Durango, fue asesinado por un hombre armado, durante una protesta contra el alcalde de la población, Luis Eduardo Alvarez, la cual era liderada por la víctima. Los transportadores habían denunciado días antes el constante
acoso del mandatario local, y el peligro que corrían sus vidas, ya que el alcalde Alvarez era una persona muy cercana a los jefes de las autodefensas en Puerto Boyacá.
La Fiscalía 35 Seccional de Puerto Boyacá adelantó la investigación por el asesinato de Hernán de Jesús, a la cual fue vinculado Héctor Hernando Pérez Duran (hermano de Henry de Jesús Pérez Duran), a quien se le decretó detención preventiva el 19 de julio de 1995. Sin embargo, el 21 de mayo de 1996 la Fiscalía Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior de Tunja precluyó en favor del sindicado la investigación por homicidio.
En el año 1992, de acuerdo con información dada por la alcaldía municipal de Puerto Boyacá, (52) hubo un incremento en el número de homicidios, muchos de los cuales pueden estar relacionadas con las amenazas hechas por los paramilitares que trabajaron con Luis Antonio Meneses Báez, ya que según un informe de prensa de la época: "Desde el asesinato de Ariel Otero (enero 1992) fue mucha la sangre que corrió... Sus antiguos compañeros de combate lo acusaron de traidor y ratero y anunciaron que exterminarían a los demás socios de Otero, incluyendo a la viuda de Henry Pérez, quien también recibió la protección del cartel de Cali" (53). Las víctimas de homicidio fueron Jorge Eliecer Rico Ardila, el 30 de enero; Bertulfo Trejos, el 2 de febrero; María Mesa, el 13 de febrero; Julio Cesar Castillo, el 1 de marzo; José Manuel Rojas Rivera, el 14 de marzo; Ireno de Jesús Obregon, el 24 de marzo; Luis Hernando León, el 29 de marzo; José Gerardo Guerra, el 19 de abril; Jorge Antonio Anzola, el 1 de mayo; Luis Emiro Rueda Serna, el 21 de mayo: Arcesio Valdes Martínez, el 17 de junio; Mauricio Barrios, el 18 de junio; Pedro Antonio Sánchez Marín, el 20 de junio; José Faiser Gómez Alvarez, el 1 de julio; Jorge Ivan Osorio Grajales, el 4 de julio; Edilan de Jesús Agudelo Garzón, el 24 de agosto; Bernardo Álzate Useche, el 20 de septiembre; Fabián Chinchilla Gómez, el 24 de septiembre; Cesar Augusto Pico Figueroa, el 1 de octubre; Francisco Luis Giraldo, el 9 de noviembre.
5. ImpunidadEn la década de los 70s, caracterizada por las torturas, la intervención de la justicia penal para investigar o sancionar a los responsables no existió. La Procuraduría tampoco investigó disciplinariamente a los responsables de estos hechos (54), pese a que en varios casos las mismas víctimas denunciaron las torturas ante el Procurador General de la Nación, a través de organizaciones de Derechos Humanos. (55)
Para la década de los 80s, en que los crímenes se incrementaron y se pasó de las torturas a los asesinatos selectivos, las masacres y las desapariciones, la impunidad continuó siendo absoluta. Como se vio en el numeral anterior, en muchos de estos crímenes, los nombres de los responsables fueron conocidos públicamente, por denuncias de los pobladores e inclusive por las confesiones de los mismos miembros de las estructuras paramilitares; sin embargo, los sindicados nunca pagaron por estos crímenes.
En muchos de los crímenes, que se presentaron en la década de los 80s, de los cuales se sindica a miembros de los grupos paramilitares, las investigaciones pasaron por varios juzgados de instrucción criminal y hasta por dependencias de la Fiscalía, pero en ningún despacho llegaron a la individualización de los responsables, por lo que las investigaciones previas fueron archivadas empezando la década de los 90s.
En los pocos casos donde existieron sindicados los mandos militares que organizaron y armaron los grupos paramilitares y actuaron conjuntamente con ellos no fueron vinculados a las investigaciones, la estructura militar no fue tocada para nada.
Los procesos penales, donde fueron vinculados reconocidos paramilitares, no llegaron a condenas. Como el caso de los paramilitares Gonzalo de Jesús Pérez, Henry de Jesús Pérez Duran, Luis Enrique Tobón Echeverry, Pablo Emilio GuarínVera, Abel Fernández Contreras, Moisés Muñoz Mantilla y Lisímaco Riaño, que fueron vinculados al proceso por el asesinato del Concejal por el Nuevo Liberalismo y exalcalde de la localidad Martín Torres Sierra, pero no se les dictó medida de aseguramiento y la Fiscalía precluyó luego la investigación en su favor. Así como el de Hernán de Jesús Durango, al que fue vinculado otro miembros de la familia Pérez Duran, pero igual la investigación precluyó en su favor.
Donde existieron condenas estas no se correspondieron con la magnitud de los crímenes, es el caso de la pena a 5 años de prisión a que fue condenado el miembro del DAS rural Jorge Luis Barrero, a quien se le comprobó la participación en la desaparición forzada de Miguel Ángel Díaz y Faustino López Guerrero, en septiembre de 1984. Además de que la pena fue muy corta, solo estuvo en prisión durante dos años y medio.
Las investigaciones antes que estar encaminadas a establecer la verdad y juzgar a los responsables se encaminan a sindicar a las víctimas, como es el caso de Miguel Ángel Díaz, a quien después de su desaparición el Juzgado Primero Penal del Circuito de Puerto Boyacá le abrió un proceso por secuestro con base en que la descripción de uno de los hombres que participó en su desaparición y la de Faustino López coincidía con la suya en que tenían "chivera y bigote".
En la década de 1990, donde la mayoría de los crímenes fueron contra los jefes paramilitares, tampoco las investigaciones adelantadas por la Fiscalía llevaron a condenas, al fin y al cabo, quienes los perpetraron serían los que asumirían el mando en la región y a quién podría interesarle procesarlos penalmente.
6. Formas de resistencia
En los primeros años de la década de 1980, los pobladores realizaron marchas de protesta por los crímenes, sin embargo, en la medida en que la represión se hizo más fuerte, estas acciones dejaron de ser posibles, pues quienes las lideraron fueron asesinados o tuvieron que abandonar la región.
7. Efectos colectivos
Durante 1979, una de las zonas más golpeadas por la represión militar fue la vereda Caño Grande, en noviembre de 1979, los miembros de la Junta de Acción Comunal expresaban los efectos que esto había ocasionado así: "En estos momentos se encuentra la región intimidada por el Ejército: a los campesinos que cogen de una vez los amarran, los vendan y los golpean, a unos los trasladan al campo de concentración de Campo Seco y cuando los liberan los obligan a presentarse cada ocho días y el mero pasaje vale $640. Hemos tenido que abandonar los hogares, dejando las cosechas en el más absoluto abandono; con los disparos el ganado se ha asustado y ha roto los alambrados, dañando las cosechas de maíz, ajonjolí, yuca, plátano y además de esto se ha presentado como una ruina, viene el Ejército y se nos lleva las gallinas, piscos y marranos y al mismo tiempo los utensilios de cocina y la ropa...". Así mismo expresaban que después de que los militares "habían cogido una lista de las donaciones que daban para el pago del profesor y decían que era para las guerrillas... Es obvio pensar que cualquier presidente de Juntas de Acción Comunal tiene que velar por el pago del profesor... ya que el contrato es por un total de $55.000 en el año y el municipio apenas nos ayuda con $20.000 mensuales, y el resto que son $35.000 los tenemos que pagar entre los padres de familia con ayudas voluntarias y cosechas de maíz y ajonjolí, pero ahora, a causa de la represión de los militares, no nos pueden dar estas ayudas".
Puerto Boyacá pasó de ser un municipio que contaba con organizaciones sindicales fuertes, con un movimiento cívico que movilizaba a diferentes sectores organizados y no organizados de la población, con un respaldo amplió al Partido Comunista, a convertirse en la tristemente célebre "capital antisubversiva de Colombia"; luego de que el Estado Colombiano con sus aparatos militar y paramilitar utilizara los métodos más salvajes para acabar con el "enemigo interno".
8. A manera de conclusión: Puerto Boyacá una experiencia piloto
El modelo de represión que surgió en Puerto Boyacá, empezando la década de 1980, es una experiencia piloto dentro de la implementación de la Doctrina de la Seguridad Nacional, pues allí se dio la convergencia de las diferentes esferas del poder, que de forma abierta y descarada crearon y fortalecieron las estructuras criminales que sembraron el terror inicialmente en el Magdalena Medio, pero que luego se extendieron por toda la geografía nacional. Los grupos que allí surgieron fueron financiados por las multinacionales, los ganaderos y los narcotraficantes; fueron conformados, armados y entrenados por el Ejército, contando con el apoyo de mercenarios extranjeros; tuvieron piso legal hasta 1989; tuvieron el respaldo de la clase política y de los medios masivos de comunicación; así mismo, el Estado no los ha combatido militarmente, aunque pregone todo lo contrario, y sus crímenes permanecen en la impunidad, o sea que el aparato judicial también les ha otorgado su más eficaz aval.
Nota Final1. MEDINA GALLEGO, Carlos. Autodefensas, Paramilitares y Narcotráfico en Colombia. Bogotá: Editorial Documentos Periodísticos, 1990. Pág. 96.
2. Idem. Pág. 114.
3. En Puerto Boyacá crece Movimiento Cívico. En: Revista Alternativa del Pueblo NΊ 31. Bogotá, abril 28 a mayo 11 de 1975. Pág. 10.
4. VILLARRAGA SARMIENTO, Alvaro y PLAZAS NIÑO, Nelson Roberto. Para Reconstruir los Sueños. Santafé de Bogotá: Fondo Editorial para La Paz, julio de 1994. Pág. 15.
5. MEDINA GALLEGO, Carlos. Op. cit. Pág. 147.
6. La Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare y el Proceso de Paz. Santafé de Bogotá: Universidad de Los Andes, 1989. Pág. 50.
7. MEDINA GALLEGO. Pág. 231.
8. Declaración del Mayor Oscar de Jesús Echandia Sánchez. En: Informe Confidencial del DAS de febrero de 1990.
9. Declaraciones de Diego Viáfara. En Informe Secreto del DAS del 10 de mayo de 1988. Págs. 11 y 12.
10. En proceso adelantado por la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía bajo el radicado No 101.
11. Idem
12. El enemigo de Escobar. En: Revista Semana No 467. Bogotá, abril 16-23 de 1991. Pág. 19.
13. Informe Confidencial del DAS del 20 de julio de 1988.
14. Puerto Boyacá: Una partida inconclusa. En Informe Especial Revista Opción No 12. Bogotá, julio de 1989. Pág. 8.
15. Declaraciones de Diego Viáfara. En Informe Secreto del DAS del lo de mayo de 1988. Pág. 6.
16. Informe Confidencial del DAS de julio 20 de 1988.
17. ARRIZÓLA, María del Rosario y ARIAS, Eduardo. De "paras" a capataces. En: Revista Cambio 16 No 32. Santafé de Bogotá, enero 17 de 1994. Pág. 26.
18. VALENZUELA RUIZ, Armando. Con las Manos Atadas. Bogotá: Ediciones Morena. Noviembre 27 de 1989. Pág. 92.
19. Declaración de Alonso de Jesús Baquero Agudelo en el proceso adelantado por la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía bajo el radicado NΊ 101.
20. MEDINA GALLEGO, Carlos. Op. cit. Pág. 162.
21. Declaración de Marceliano Panesso Ocampo en el proceso adelantado por la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía bajo el radicado NΊ 101.
22. Declaración de Ricardo Rayo en el proceso adelantado por la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía bajo el radicado NΊ 101.
23. Declaración de Diego Viáfara Salinas ante la prensa norteamericana, trasladada al proceso adelantado por la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía bajo el radicado NΊ 101.
24. Declaración de Alonso de Jesús Raquero Agudelo en el proceso adelantado por la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía bajo el radicado NΊ 101.
25. Proceso 087 de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación.
26. Declaración de Alonso de Jesús Baquero Agudelo en el proceso adelantado por la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía bajo el radicado NΊ 101.
27. AMNISTÍA INTERNACIONAL. Colombia: El panorama de los Derechos Humanos Ώ"Escuadrones de la Muerte" a la defensiva?. 1990. Pág. 20.
28. Diario La Prensa. Bogotá, octubre 15 de 1989.
29. La Oveja Negra. En: Revista Semana No 365. Bogotá, mayo 2 de 1989. Pág. 35.
30. Dirección de Policía Judicial e Investigación Sección Inteligencia -DIJIN-. Interrogatorio de Luis Antonio Meneses. Bogotá, noviembre 1989.
31. El enemigo de Escobar. En: Revista Semana No 467. Bogotá, abril 16-23 de 1991. Pág. 18.
32. Revista Vea, abril 24-30 de 1989.
33. Carta de Betancur al Procurador Jiménez. En: El Espectador, febrero 21 de 1983. Pág. lA.
34. QUINTERO MARIÑO, Roberto y otros. La Realidad del "sí se puede". Bogotá: CSPP, 1984. Pág. 37.
35. Decisión del Comando del Ejército, como Juez de Primera Instancia. Santafé de Bogotá, junio 18 de 1997. Trasladada al proceso No 101 adelantado por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General.
36. TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS. Bogotá, 1989. Pág. 407.
37. Idem. Pág. 507.
38. MEDINA GALLEGO, Carlos. Op. cit. Pág. 126. a idem. Pág. 155.
39. Idem. Pág. 155.
40. Idem. Pág. 156.
41. Idem. Pág. 152.
42. Oficio DRC-387 de la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación. Santafé de Bogotá, julio 11 del 2000.
43. MEDINA GALLEGO, Carlos. Op. cit. Pág. 177.
44. Dirección de Policía Judicial e Investigación Sección Inteligencia -DIJIN-. Interrogatorio Luis Antonio Meneses. Bogotá, noviembre 1989.
45. Declaraciones de Osear de Jesús Echandía Sánchez, en el proceso adelantado por la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía bajo el radicado NΊ 101.
46. Oficio DRC-386 de la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación. Santafé de Bogotá, julio 11 del 2000.
47. JIMÉNEZ GÓMEZ, Carlos. Una Procuraduría de Opinión. Informe al Congreso y al País. Págs. 118-119.
48. AMNISTÍA INTERNACIONAL. Colombia: El panorama de los Derechos Humanos Ώ"Escuadrones de la Muerte" a la defensiva?. 1990. Pág. 18.
49. El Espectador, febrero 21 de 1983. Págs. lA y l0A.
50. Testimonio Clave 120, septiembre del 2000.
51. Oficio DRC-385 de la División de Registro y Control de la procuraduría General de la Nación. Santafé de Bogotá, julio 11 del 2000.
52. Oficio IPMP-239 del Inspector Primero Municipal de Policía. Puerto Boyacá, agosto 10 del 2000.
53. Cita con la muerte. En: Revista Semana No 518. Santafé de Bogotá, abril 714 de 1992.
54. Oficio DRC-387 de la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación. Santafé de Bogotá, julio 11 del 2000.
55. Carta del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, dirigida al Procurador General de la Nación, Guillermo González Charry. Bogotá, noviembre 26 de 1979.
