Plan Colombia
Plan Colombia: ¿Construcción de paz o sobredosis de guerra?
Por Ricardo Vargas Meza
Otros aspectos del Plan
Equilibrio de los Montos
Mesa de Donantes
Papel Donantes en el Plan
Conclusión
Notas
IntroducciónUna lectura juiciosa y desprevenida del Plan Colombia nos pone de presente algunos pequeños vacíos cuyos elaboradores deberían considerar, teniendo en cuenta que hoy representa la imagen oficial del país ante la comunidad internacional. Veamos algunos:
El Plan Colombia carece de una estrategia antidrogas, no siendo otra cosa - frente al problema de los psicoactivos ilegales - que la repetición de esfuerzos cuyos resultados han tenido 25 años de fracasos. Un cuarto de siglo donde a la par de la aplicación de una política de "cero tolerancia" el negocio de las drogas ha experimentado su mayor crecimiento y auge, es decir donde las políticas para combatirlo han contribuido a hacer más rentable el jugoso circuito ilegal.
Basta considerar el hecho de que hoy en día un kilo de cocaína se consiga en un puerto de salida en Colombia a U.S.2.000 dólares y vendido al menudeo en las calles de Frankfurt ese mismo kilo se convierta en U.S.150.000 dólares. Así pues, el narcotráfico está disfrutando uno de sus mejores momentos y se apresta, gracias al Plan Colombia, a seguir gozando de otro período económicamente interesante.
En la fase inicial de la administración Pastrana, se produjeron algunos intentos por desarrollar una estrategia antidrogas con alguna coherencia. En efecto, recién posesionado el actual presidente se retomaron críticamente algunos elementos de irracionalidad y fracaso que caracterizaron la política sobre drogas de la administración Samper y entre otros, se hicieron algunos ejercicios no culminados, con un peso fuerte hacia la creación de una política de desarrollo alternativo.
Sin embargo, en la rápida evolución que tuvo el tratamiento del tema, se culminó en una entrega total y excluyente de su manejo hegemóníco por parte de Washington, se sacrificó así nuevamente la autonomía del país, borrándose todo ese esfuerzo y la estrategia no resultó siendo otra cosa que una peligrosa colcha de retazos que contiene un uso irracional y desenfocado de la fuerza, adornada con una retórica social y bautizada eufemísticamente como "Plan".
En efecto, los sabios que surcieron la última versión del edredón presidencial culminaron en el siguiente diagnóstico que repite diariamente el General Barry McCafrey:
"Los traficantes dependen de los cultivos de coca y amapola en áreas remotas fuera del control del gobierno, tanto el tráfico como el procesamiento se realizan en el sur del país donde existe una presencia fuerte de las guerrillas. Mientras esa fuente independiente de drogas y de ingresos permanece fuera del control de las Fuerzas Armadas y la Policía, la guerrilla, los grupos de autodefensa al margen de la ley (sic!) y los narcotraficantes se fortalecerán y representarán una amenaza mayor para el Estado".
El trastocamiento de la verdad no puede ser mayor. A la luz de una mínima valoración ética el argumento es infame: En realidad son los cultivadores de coca y amapola los que dependen de los narcotraficantes. Basta con observar lo que sucedió en zonas como el Alto Huallaga en el Perú en 1994 o lo que sucede hoy en algunas regiones cultivadoras colombianas cuando el capital del narcotráfico no llega a comprar la materia prima (látex o pasta básica de coca): hambruna, miseria y desplazamiento forzado por razones de sobrevivencia de los campesinos.
Se institucionalizó una vez más el viejo esquema de acomodar los hechos para la justificación de la política. Lamentablemente esto quiere decir que en el caso colombiano se cohonesta con uno de los argumentos más perversos en que se mueve la actual política antidrogas de Estados Unidos: el narcotráfico existe porque hay cultivos ilícitos. La consiguiente oferta de ayuda socava la autonomía del país para definir los términos de la cooperación internacional, degenerándose así el concepto de corresponsabilidad al ser entendido como el aval para una "patente de corzo" en la injerencia externa de orden militar. Intereses internos que coinciden en una salida de fuerza frente al conflicto, ven en la injerencia norteamericana la oportunidad de contrabalancear el relativo desequilibrio confrontacional roto por el incremento del poder de daño de la insurgencia.
Sin embargo el argumento reseñado en el Plan sobre la focalización de la guerra en las áreas de cultivos ilícitos sigue renqueando, siendo necesario establecer algunas comparaciones: si un kilo de base de coca se cotiza hoy en U.S. 1.000 dólares y se vende al menudeo el kilo de cocaína en U.S. 150.000 quiere decir que el aspecto nodal del negocio radica en la capacidad del crimen organizado de introducir estas sustancias en el interior de los mercados europeos y de E.U. Mientras tanto, el campesino participa - sin restar los costos de producción - del 0.67% de ese precio de venta. En contraste y para dar un solo indicador, en el paquete de "ayuda" propuesto por la administración Clinton al Congreso, el 82% de los costos de la guerra se dirigen a garantizar acciones integrales de fuerza focalizadas en las regiones dependientes de los cultivos ilícitos.
Seguramente que la objeción a este argumento no se hará esperar : el problema es una insurgencia que se está beneficiando del capital del narcotráfico. Está fuera de lugar la discusión sobre la participación de la guerrilla de este tipo de economía. Sin embargo en relación con el monto, aceptemos el argumento del general McCafrey en el sentido de que viene siendo del orden de los U.S. $500 millones de dólares anuales para financiarse.
Veamos: en términos muy conservadores aceptemos que la capacidad de exportación anual de Colombia está en el orden de las 500 toneladas de cocaína y que la capacidad de interdicción es del 20% lo cual deja una exportación neta de 400 toneladas. Esta se distribuye en los dos grandes mercados mundiales en promedios del 50%:
Cuadro No.1
Precios y Participación de Colombia en el mercado de la cocaína
Mercado Precio de venta HCL al detal Participación de HCL col. (ton.) Total U.S. dólar E.U. U.S. 100 200 U.S. 20.000 Millones Europa U.S. 150 200 U.S. 30.000 Millones
TOTAL - 400 U.S. 50.000 Fuentes: ONDCP National Drug Control Strategy y Policía Federal Alemana
Es decir que tan sólo el narcotráfico colombiano y en relación con la cocaína, una vez realizada esta en las calles, puede mover un comercio U.S. 50.000 millones de dólares.
Se trata de una cifra que se realiza en las calles de los mercados de Europa y E.U. y por tanto su lavado e inserción económica se da en el interior de esos mercados, aportando a a su vez a la movilización de mercados ilegales de dimensiones globales como el contrabando en general y de modo particular el comercio de armas, casinos, redes internacionales de prostitución, y obviamente incrementando el dinero sucio de muchas actividades que finalmente se lava en los paraísos fiscales que son hoy un lugar común. Se calcula una capacidad de retorno a Colombia de U.S. 2.500 millones|1|
Con base en la cifra de U.S. 50.000 millones, la insurgencia estaría participando en el orden del 1% del volumen de capital (tan sólo de la cocaína) que mueven los narcotraficantes en el nivel mundial. La conclusión es simple: El 82% de la ayuda militar de Estado Unidos va dirigido a golpear a los cultivadores que participan del 0.67% del precio de venta en las calles de Frankfurt y a una insurgencia que se benefica del 1% del jugoso volumen aprovechado por las organizaciones del narcotráfico.
¿Qué sucede entonces - preguntamos - con el crimen organizado que se beneficia del 99% del capital exportador de cocaína ? Desde la perspectiva del Plan Colombia para este sector no hay estrategia, ni medidas definidas con claridad ya que no es propiamente con helicópteros, ni aviones de combate, ni lanchas, ni batallones antinarcóticos con lo que se garantizará el combate al crimen organizado. Obviamente la lucha antidrogas en este nivel exige mayores esfuerzos de inteligencia dirigidos a romper estructuras tan sólidas y de tanto poder económico en el nivel mundial. Sin embargo, el problema ha sido caricaturizado con esa corrompida inversión de los términos de la ecuación como que "los traficantes dependen de los cultivos de coca y amapola en áreas remotas fuera del control del gobierno…"
Las referencias a la política antinarcóticos dirigidas contra el crimen organizado son difusas, pobres e insistimos en ello NO CONFIGURAN NINGUNA ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA ECONOMÍA ILEGAL DE LAS DROGAS. Esto se resalta aún más si se compara con las pretensiones de precisión y focalización del "Plan" en relación con las "fases" de implementación dirigidas contra los cultivos ilícitos:
Fase1 : esfuerzo judicial, policial, social y militar de rango bajo dirigido contra el Putumayo y al Sur, planeado por un año.
Fase 2 : Idem, apuntando al sureste y a las partes centrales del país, planeado entre (sic!) 2 y 3 años.
Fase 3 : extender los esfuerzos integrados a lo largo del país entre 3 y 6 años.
No vamos a extendernos tampoco en explicar el efecto de la concentración de las acciones en los cultivos ilícitos. Señalemos tan sólo lo siguiente: En ninguna parte del mundo ni en ningún momento en la historia de la aplicación de la política de "cero tolerancia" se ha logrado disminuir los volúmenes globales de oferta de materia prima para producir las drogas de origen natural. En el mejor de los casos de aplicación "exitosa" de la política la erradicación en un país siempre ha generado un efecto de desplazamiento planetario ( de Turquía a México en relación con la amapola hacia 1973 para dar un solo ejemplo) y en al caso de la amazonia se disponen de 650 millones de hectáreas para desplazar los cultivos de coca.
El traslado del mayor volumen de aporte a la producción de pasta básica de coca de Perú y Bolivia hacia Colombia a partir de la década de los 90, no obedeció a ninguna aplicación "exitosa" de la política sino a una modificación sustancial de la estructura del crimen organizado con el afianzamiento de la atomización y descentralización de los denominados carteles de las drogas. Con este proceso se estimuló una demanda de materia prima en Colombia, generando a su vez lo que algunos analistas denominaron "democratización" en la participación del crimen organizado.
Vale señalar que en esta presencia de "vasos comunicantes" en el circuito ilegal de las drogas, el sólo anuncio de las fumigaciones de coca en el Putumayo está generando desde ya un proceso de incremento de los precios de la pasta básica de coca en el Perú que coloca en peligro la competitividad de los productos considerados como alternativos a los cultivos ilícitos y por consiguiente empieza a estimular un nuevo auge de áreas que van a sustituir la eventual pérdida de la oferta colombiana. Aquí también se confirma que la política de fuerza va en contravía a las pretensiones del desarrollo alternativo.
Todo lo anterior a la luz de la estrategia de la contención de la oferta no es otra cosa que la repetición de un fracaso secular, el cual no es admitido por los promotores de la "cero tolerancia" quienes articulados con los intereses electorales en el interior de Estados Unidos insisten en que se aprueben sumas extraordinarias como resultado del incremento de la participación de las fuerzas armadas para combatir en su fuente a los psicoactivos ilegales.
A manera de síntesis sobre esta primera parte señalemos los principales efectos sociales y ambientales de la aplicación del "Plan" Colombia bajo la nueva concepción "integral":
1. La fumigación indiscriminada prevista, generará una nueva dinámica de traslado de los cultivos ilícitos y de la producción de materia prima. Con ello se intervendrá más bosque natural, se incrementará la contaminación de fuentes de agua extendiendo los impactos ambientales por la instalación, cosecha y procesamiento de la hoja de coca.
De este modo se modificará el mapa de los cultivos ilícitos de grandes concentraciones a nichos pequeños selva adentro, los cuales se constituirán - una vez normalizados los circuitos de comercialización - en puntos de llegada de los migrantes forzosos en búsqueda de subsistencia económica.
2. Generará procesos de desplazamiento forzoso que afectarán las débiles estructuras sociales existentes en las zonas de colonización, afectando gravemente el fortalecimiento del actor más importante en la puesta en marcha de los programas de desarrollo alternativo.
3. Continuará destruyendo la economía legal de las zonas de colonización, la cual es hasta ahora insostenible sin la ayuda de la coca dado el bajo potencial productivo, el débil apoyo gubernamental y el mismo desestímulo provocado por la irracionalidad en la fumigación de cultivos ilícitos llegándose a fumigar escuelas, viviendas, fuentes de agua, etc.
4. Incrementará el índice de desempleo por el desplazamiento de la economía informal que gira alrededor del comercio de la pasta básica de coca y que en algunos lugares donde se ha fumigado ha alcanzado a significar hasta un 80% de la población desplazada.
5. Profundizará la polarización social en contra el Estado, dada la ineficiencia de este para reconocer, proteger y fortalecer a la población civil involucrada en la economía ilegal, lo cual facilitará el afianzamiento y legitimación de la guerrilla en el sur de Colombia.
Todo este costo sin que consiga, como se ha demostrado en el caso colombiano, efectividad real en la disminución de áreas de marihuana, coca o amapola. Las recientes cifras mostradas por la CIA de 120.000 hectáreas de coca no pueden ser de ninguna manera un argumento para arreciar aún más las acciones de fuerza sino todo lo contrario: son un argumento contundente para evidenciar que el país que más ha fumigado en el mundo es el país que muestra mas tendencia al crecimiento de los cultivos ilícitos.
El Plan Colombia : una tuerca de una máquina fabulosa de guerraEn realidad el "Plan" Colombia puede caracterizarse como una pieza más en el actual proceso de diseño de una estructura interdictiva que hace parte de las redefiniciones hemisféricas en materia de seguridad, en lo cual participan varias agencias de Washington con una fuerte participación del Comando Sur. En una reciente audiencia en el Congreso de los E.U. a raíz de las discusiones alrededor del paquete presentado por el presidente Clinton al Congreso para Colombia, se desvelan algunas de la acciones desarrolladas en esa dirección. En efecto, el general Charles Wilhelm, Jefe del Comando Sur de los E.U. explicó así la estrategia:
"El Comando Sur , como parte del equipo de agencias (que participan en tareas antidrogas), ha desarrollado un Plan Regional Antidrogas que contempla tres fases, el cual apoya las metas, objetivos y propósitos de la Directiva Presidencial (de los E.U.) (PDD-14) y las metas 4 y 5 de la Estrategia Nacional de Control de Drogas (ENCD). Esta directiva identifica con claridad la importancia de una efectiva interdicción y la necesidad de romper las drogas desde su fuente. La ENCD identifica dos hitos sobresalientes para el Comando Sur y las agencias involucradas:
1. Una reducción del 10% en las zonas de tránsito y un 15% en las áreas fuente para el 2.002
2. Una reducción del 20% en las zonas de tránsito y un 30% en las áreas fuente para el 2.007"|2|
A continuación el general Wilhelm explicó el asunto colombiano en el marco de esta estrategia: "La carga de la prueba recae en primer lugar sobre el gobierno colombiano y NUESTRO TRABAJO SERÁ PREPARARLES PARA LLEVAR A CABO LAS OPERACIONES ANTIDROGAS EN EL CONTEXTO REGIONAL"|3|
Este PLAN contempla el desarrollo de un proceso de involucramiento de los países vecinos a Colombia: Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela a fin de dar entrenamiento a las fuerzas antidrogas buscando comprometer a las fuerzas armadas en el desarrollo de tareas contra la producción y transporte de drogas ilícitas desde estos países hacia E.U.
De este modo países como Colombia son simplemente parte del engranaje antidrogas definido, diseñado y preparado por Washington, en los cuales se busca garantizar el cumplimiento de las fases elaboradas en el marco de toda la estrategia. Dice textualmente el general Wilhelm:
"Esto requiere que los E.U. ayuden a organizar, entrenar y donde sea necesario equipar a las naciones socias (Partner Nations) a fin de que sean capaces de desarrollar operaciones aéreas, fluviales y en tierra contra los narcotraficantes."|4|
La fase II está conformada por operaciones donde participarán TODAS las naciones socias desarrollando acciones ofensivas contra TODOS los niveles del circuito de drogas|5| AISLANDO las áreas de producción de drogas de sus mercados y garantizando la presencia de la policía en el interior de las zonas de producción.
Finalmente la Fase III corresponde a la consolidación del proceso en lo cual se evitarán los intentos de manipulación de los narcotraficantes a los ejércitos de las naciones socias.
El papel de las FOL (Forward Operating Locations)La conformación de una estructura de seguridad aérea capaz de cubrir la región andino amazónica, el caribe y centroamérica se constituye en un ejercicio de seguridad justificado en la amenaza de las drogas. Para ello el Comando Sur ha establecido dos categorías en relación con la producción y comercio de drogas ilícitas (véase cuadro No.2).
Cuadro No.2
FOL en la Región Andina, Centroamérica y el Caribe
Zonas Corredores y porcentaje (%) del volumen de drogas movilizado FOL Papel 1.Fuente 1. Colombia : 84 2. Perú/Ecu : 6
3. Bolivia : 10
Manta Es la única FOL con capacidad de covertura sobre los países andinos. Base del Sistema de Alarma Aerotransportado. Hoy operan aviones de talla media (P-3 y C-130) se adaptará para operar KC-135 y E-3 2. Tránsito 1. Caribe : 39 2. Centroamérica
(CA) y México: 61
1. Aruba y Curazao 2. Liberia (C.Rica)*
Soto Cano* (Honduras)
1. Monitorea todo el norte de las Zonas Fuente incluyendo la Península de la Guajira y Venezuela. Negociada con el gobierno de Holanda 2. Control del Pacífico que bordea a CA y toda la región.
(*)En proceso de negociación
Fuente: US Southcom Forward Operating Locations
El objetivo central es configurar un proceso piloto a partir de la experiencia de Colombia en lo cual el apoyo al Plan Colombia por parte del Comando Sur crea las condiciones para el ingreso definitivo de las fuerzas armadas colombianas en la estructura de seguridad redefinida por Washington en nombre del combate a las drogas.
Los recursos más seguros en el Plan son los ofrecidos por Washington. Y a juzgar por los porcentajes de la ayuda presentada por la Administración Clinton al Congreso de E.U. en relación con los nuevos recursos antidrogas (U.S. 1274 millones que se añaden a los U.S. 300 millones ya existentes) es evidente que la participación de E.U contrabalancea el peso específico de la dimensión interdicitiva y represiva. Así mismo el hito que marca la iniciativa de E.U. expresa la fuerte subestimación de los aspectos centrales en el conflicto colombiano como son el fortalecimiento de la justicia, defensa de los ddhh, ampliación de la democracia, la gobernabilidad y la lucha contra la corrupción y el logro del buen gobierno.
Cuadro No.3
Distribución de la solicitud presupuestal adicional 2.000-2.001 presentada por el presidente Clinton al Congreso de E.U.
Rubro U.S. millones % sobre el total 1. Batallón Antinarcóticos y helicópteros 600 47.09 2. Interdicción marítima y aérea (acciones para el control fluvial) 340 26.70 3. Policía Nacional para la lucha antinarcóticos 96 7.53 4. Desarrollo Alternativo 145 11.38 5. DDHH; fortalecimiento de la justicia y de la democracia 93 7.30 TOTAL 1.274 100 Este presupuesto es consistente con los criterios planteados en el Plan Colombia que apuntan, más que un control del narcotráfico, a incidir en el conflicto armado interno.
¿Es el problema el equilibrio de los montos?El fuerte espacio ganado por las posiciones fundamentalistas en materia de lucha antidrogas en el Congreso, la antesala de la contienda electoral que contribuyó a la iniciativa Clinton con lo cual se buscó neutralizar la arremetida republicana frente al comportamiento de la actual administración en relación con el tema de las drogas, han creado en general, condiciones que limitan el debate frente a la política misma. Las máximas aspiraciones de los grupos de presión se ven constreñidas a balancear algunos rubros de la iniciativa.
En ese sentido es altamente probable que en el transcurso del debate en Capitol Hill esta distribución se modifique en algunos aspectos: mayor participación en la ayuda prevista para la policía o leves incrementos en la ayuda para ddhh. Igualmente se preveen condicionamientos como la enmienda Leahy para derechos humanos.
Sin embargo el problema del Plan Colombia o de la iniciativa Clinton no radica tanto en la actual distribución presupuestal cuya virtud radica en mostrar de lejos el carácter represivo y de militarización creciente de la lucha antidrogas, sino justamente en la política subyacente al mismo.
En efecto, aún con incrementos en rubros como ddhh, desarrollo alternativo,etc. no dejan de ser problemáticas que en virtud de la misma política antidrogas resultarán agravados o sin una viabilidad real.
Aún si se triplicase el fondo para el desarrollo alternativo, para dar un solo ejemplo, el énfasis de guerra del mismo plan hace contraproducentes e inútiles los montos que se adjudiquen en esta materia: los niveles de desplazamiento forzoso de cara a una institucionalidad política incapaz de atender fenómenos de avalancha demográfica como el que se prevee para el sur de Colombia; la destrucción del débil tejido social de estas regiones; la polarización en relación con el conflicto armado; la ruptura del margen de resistencia para el desarrollo de conversaciones en medio de la guerra; el secular carácter indiscriminado y violento de las fumigaciones aéreas, son consecuencias que se pueden prever en la implementación del mismo Plan. Desde el punto de vista ético, resulta perverso e inmoral que un plan prevea desplazamientos provocados por la aplicación del mismo y se recurra al fetiche de los subsidios de emergencia, cuando lo que se provoca es un daño mayor al mal que se pretende curar.|6|
En ese sentido el actual momento no significa propiamente un avance en la solución al problema de drogas. Paradójicamente las sumas extraordinarias que se discuten se constituyen en el mecanismo perverso que agravará - sin resolverlo - el problema de drogas.
La Mesa de DonantesPuesto este contexto, resulta no menos interesante conocer la actitud de los gobiernos europeos frente al plan Colombia. Mientras en Washington el gobierno colombiano pone un casco de guerra para "pedir la ayuda" en Europa, se recurre a un sombrero de ciudadano del tercer mundo.
¿Bajo qué consideraciones Europa evalúa las bondades o perversiones del Plan Colombia? Difícil prever consideraciones racionales que sean consistentes con lo que está desarrollando en materia de replanteamientos sobre políticas antidrogas en algunos países del viejo continente. La muestra típica acá es el caso de Holanda: mientras internamente desarrolla una política de reducción de daños que toma como punto de partida la diferencia entre drogas duras (cocaína y heroína) frente a las blandas (hashish, cannabis) con resultados interesantes en índices de consumo y adicción, externamente el gobierno holandés no ha dudado en dar el aval para que E.U. instaure en Aruba una base de las FOL arriba descritas.
En general resulta difícil que países que avanzan en experiencias piloto exitosas para la reducción de daños se conviertan hoy en los „contrapesos" al fundamentalismo prohibicionista norteamericano. Aquí predominan las escisiones en donde prevalecen intereses políticos internos o de seguridad por encima de los cuestionamientos racionales a una política fracasada.
Esta esquizofrenia incluye a UNDCP la cual, mientras por un lado establece simbólicamente un programa de desarrollo alternativo en la zona de distensión en Colombia contribuyendo a su legitimación, por el otro, hace parte, financia y da el aval al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en el diseño de métodos biológicos de erradicación a través de la manipulación genética del hongo fusaryum. Sin embargo en el debate público el caso colombiano puede llegar a constituirse en el mejor referente para que caigan algunas máscaras que ocultan la doble moral y la manipulación política subyacente al tema de las drogas.
¿Qué se juega en la Mesa de Donantes del Plan Colombia?1. Que los países de Europa se conviertan en los donantes para la zanahoria frente al descomunal garrote norteamericano.
2. Que en la opinión pública de los países donantes se sepa que los fondos de los impuestos y contribuciones que pagan sus ciudadanos se utilicen para avalar una política violadora de derechos humanos, generadora de desplazamientos forzosos, desconocedora de los derechos económicos y sociales, militarizada e inmoral por el costo en vidas y derechos de los colonos, campesinos e indígenas de un país del tercer mundo.
3. Que mientras algunos de ellos dan el aval al proceso de paz en Colombia, reciben a los protagonistas del conflicto y se han comprometido a fortalecerlo, por el otro dan el aval a un Plan el cual, así no se apoyen los rubros para las armas, es un Plan para la Guerra.
O si no que se muestre al mundo por primera vez en la historia, que es posible hacer desarrollo alternativo en medio de la guerra, de los desplazamientos y de las violaciones a los derechos humanos y socioeconómicos de los pequeños productores, principales sacrificados en la implementación de la tierra arrasada de la actual política antidrogas. Como diría el jugador de cartas a su competidor con una aparente mejor mano: "Pago por ver!"
Conclusión: Del deseo de ser un Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado el Plan Colombia es en realidad un Plan para la Guerra, la pobreza y el debilitamiento del Estado.Con el Plan Colombia el país entrega la posibilidad de ganar mayor autonomía tan necesaria en las definiciones sobre el manejo de los problemas asociados a los cultivos ilícitos. Así mismo, en las redefiniciones del esquema de seguridad hemisférico asociado a una creciente y envolvente participación de las fuerzas armadas en las tareas antidrogas, Washington está produciendo unilateralmente y desde ya, cambios en la concepción, manejo y estructuras de las fuerzas armadas que debió haber decidido la nación colombiana.
Razones cortoplacistas de búsqueda de mejores condiciones técnicas en la lucha contrainsurgente, que no tocan ni resuelven los problemas de fondo de la debilidad y deslegitimación de las fuerzas armadas, están llevando finalmente a una pérdida de su autonomía al quedar insertas en estrategias y procesos de formación que obedecen a las redefiniciones de Washigton en materia de seguridad, en detrimento de definiciones políticas internas que reafirmen los espacios de autonomía y la inscripción de las fuerzas armadas en la construcción de un proyecto de modernidad.
Estamos hablando de temas centrales en las conversaciones de paz, lo cual incluye la afectación del margen de autonomía para la definición de la estructura económica y social, la cual incluye la revisión del modelo de desarrollo económico, la redefinición del tema de la seguridad y las fuerzas armadas, la sustitución de cultivos y el desarrollo alternativo, entre otros, los cuales están siendo modificados aceleradamente bajo nuevas condiciones que evidencian una creciente injerencia de E.U.
Vale la pena preguntar: solidificadas unas nuevas condiciones bajo la hegemonía de E.U. en temas cruciales para el país, ¿ en que quedarán gran parte de la agenda de conversaciones de paz?
¿ Es entonces el gobierno colombiano un interlocutor válido a la hora de abordar el problema de la seguridad del Estado? ¿Lo es en relación con el problema del narcotráfico? Para qué entonces Audiencias Públicas si el Estado colombiano no está en poder de reformular aquellos aspectos que han quedado hipotecados bajo la hegemonía de los E.U. dentro del Plan Colombia? ¿No afecta todo esto el contenido de la agenda de negociaciones?
Finalmente no es mas realista y serio preguntar : ¿ No debería ser entonces E.U. el interlocutor válido para negociar dentro del conflicto temas como narcotráfico, cultivos ilícitos, fuerzas armadas, y como vamos… Medio Ambiente, etc.?
Nada de esto alimenta un proyecto dirigido a asegurar el orden, la estabilidad y el cumplimiento de la ley, ni garantiza LA SOBERANÍA NACIONAL SOBRE EL TERRITORIO ni protege al Estado ni a la población civil de ningún tipo de amenazas, como se lo propone el Plan Colombia. Todo lo contrario, las posibilidades de construir un orden y estabilidad de la nación colombiana debe empezar por crear las condiciones para que los mismos colombianos participen en un proceso encaminado a fortalecer como mínimo un proyecto de modernidad con democracia, participación y respeto a los derechos fundamentales de la totalidad de los colombianos. Como se puede observar el Plan Colombia camina en contravía a esa posibilidad.
Notas Bibliográficas1. Esta cifra disminuyó notablemente a raíz de la detección de la estructura de lavado con empresas de fachada principalmente del grupo de Cali. Por ello un alto porcentaje de esta suma se lava hoy en Brasil, Chile, Paraguay y en general en el cono sur.
2.Statement of General Charles Wilhelm, U.S. Marine Corps Commander in Chief USA Southern Command before the House Comitee on Government Reform Subcomittee on Criminal Justice Drug Policy and Human Rigths resources 15 febrary 2.000
3.Ibídem
4.Ibídem
5.Preguntamos: ¿Incluirá también el consumo?
6.Resulta pues que la vida, seguridad y derechos socioeconómicos de los campesinos, jornaleros e indígenas colombianos no vale nada comparados con los problemas de salud pública de los adictos norteamericanos. La suerte de los primeros equivale a un rubro miserable medido en dólares. Los segundos y sus familias significan votos y legitimación política para los políticos norteamericanos, así haya que arrasar literalmente con vidas, bosque, medio ambiente o lo que sea. Este es el tipo de relaciones que se legitiman con el Plan Colombia.
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