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24jul07
Los paramilitares suspenden su participación en el proceso de la ley denominada de "Justicia y Paz" a causa de una sentencia de la Corte Suprema.
Señor, Dr. Carlos Holguin Sardi
Ministros del Interior y de Justicia,Señor Dr. Mario Iguaran,
Fiscal General de la NaciónSeñor Dr. Luis Carlos Restrepo R.
Alto Comisionado de PazEl pleno mayoritario del Movimiento Nacional de Desmovilizados, a la cabeza de la dirigencia recluida en los pabellones de Justicia y Paz de las cárceles de Itagüí, La Picota, Urrá y demás centros de reclusión, ha tomado la decisión de suspender indefinidamente la presentación a las diligencias judiciales, enmarcadas en los procedimientos de la ley de Justicia y Paz, por el flagrante incumplimiento del Estado Colombiano, a los compromisos acordados en el marco de la negociación con la organización de Autodefensas Campesinas, y la violación a las garantías del debido proceso.
A la actitud del desentendimiento del Alto Comisionado frente al proceso de paz con las Autodefensas; a las deficiencias enormes de la fase de reinserción, ya denunciada por la Organización de Estados Americanos OEA, como principal factor del creciente fenómeno de rearme; a la consiguiente proliferación de grupos irregulares, subestimada por varios sectores del Gobierno; a la aberrante inseguridad jurídica de los desmovilizados; a las circunstancias de negación de Justicia para los presos políticos de las Autodefensas; al incumplimiento de reinstitucionalización pública en las zonas azotadas por la violencia y ausencia de Estado y la carencia de seguridad en las regiones; se agrega finalmente ahora los efectos de la gravosa sentencia 26.945 proferida por la Honorable Corte Suprema de Justicia el pasado 11 de julio, la cual no sólo desconoció de tajo y sorpresivamente el espíritu que inspiró el marco jurídico del proceso de paz, sino que impuso sobre la marcha de nuestros procesos judiciales, nuevas y onerosas consideraciones. Todo esto ignorado deliberadamente por el Gobierno Nacional.
Los eventos reseñados constituyen, entre otros, motivos suficientes de desconfianza en la Justicia, y razones contundentes para denunciar públicamente que el proceso de paz, después de la desmovilización y entrega de las armas, ha sido burlado tanto en el cumplimiento de los compromisos del Gobierno en la mesa, como en el respeto a las garantías y derechos del debido proceso, de quienes hemos sido judicializados.
Lo menos que podemos exigir, ahora cuando el proceso de paz fue abandonado en la mitad del camino, es que se nos respete la condición de actores del conflicto armado, a la luz de las prescripciones contenidas en los convenios y protocolos de Ginebra. Que se nos brinde seguridad jurídica, a partir de la restitución y reconocimiento de las condiciones, garantías del debido proceso, y que se reconozcan los derechos adquiridos por más de 31.000 desmovilizados, que se acogieron a los beneficios de la ley 782, atraídos por la oferta de paz del Gobierno Nacional.
En el marco de la anunciada celebración oficial de los dos años de la ley de Justicia y Paz, deploramos la congelación indefinida de las diligencias judiciales, el entorpecimiento grave del proceso de construcción de la verdad histórica, la suspensión de la información sobre fosas y desaparecidos, y la parálisis del proceso de entrega de bienes destinados a la reparación de las víctimas.
Urge la convocatoria a un debate nacional incluyente, sobre el origen, naturaleza, actores y reconocimiento de la existencia del conflicto armado, la abolición de la violencia como instrumento de lucha política, y la superación de la guerra, como presupuestos fundamentales para la reconciliación del país.
Cárcel de Itagüí, julio 24 de 2007
Firman: Fredy Rendon Herrera; Edwar Cobos Tellez; Rodrigo Perez Alzate; Carlos Mario Jiménez N.; Salvatore Mancuso G.; Diego Ruiz Arroyave; Francisco J. Zuluaga L.; Arnubio Triana M.; Diego Fernando Murillo; Ramiro Vanoy Murillo; Ivan Roberto Duque G.; Juan Carlos Sierra R.; Guillermo Perez Alzate; Hernan Giraldo Serna; Jorge Ivan Laverde; Rodrigo Tovar Pupo; Jesus Ignacio Roldan; Luis Eduardo Cifuentes; Ramon Isaza Arango; Jhon Fredy Gallo; Jose Baldomero Linares; Diego Martinez G.; Manuel Piraban y Juan Francisco Prada
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