EQUIPO NIZKOR |
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05jun05
La manta que los cobija.
El campo está botando gente hacia las ciudades desde los años veintes por diversas causas: concentración de la propiedad, inexistencia de servicios públicos, pero sobre todo por violencia. Dos grandes orgías de sangre han firmado este camino. Durante los gobiernos de Ospina Pérez y Laureano Gómez, la extrema derecha arremetió contra el liberalismo, llevando al matadero a miles de campesinos. Desde los años 80, aunque el argumento fuera otro, las victimas han sido las mismas.
No se puede hacer un corte entre estos periodos y lavarse las manos. Una de las consecuencias de esa violencia ha sido el destierro de la gente: tres millones de colombianos han huido de sus regiones para salvar la vida. Mientras tanto, la tierra cae en otras manos y las ciudades se abarrotan. La cosa no para en ese paradero. Los barrios pobres se han convertido en zonas donde la violencia se prolonga y acentúa. Es el caso de Ciudad Bolívar y Cazuca en Bogotá. Viven allí cerca de un millón de personas de las cuales un 30% son desplazadas. Anota la Defensoria del Pueblo que desde el 2001 al 2003 hubo presencia de las FARC. El mismo presidente Uribe dijo hace poco que cuando era candidato no había tenido garantías para hacer proselitismo porque la ciudad estaba dominada por las milicias Antonio Nariño. Quizás tenga razón, falta ver.
Lo cierto es que según la Defensoría a partir de la “implantación del paramilitarismo (en Ciudad Bolívar y Cazuca) se incrementaron las muertes violentas”. Segun la Secretaria de gobierno de Bogota, entre 2004 y 2005 se registraron 150 asesinatos de jóvenes menores de 26 años. Según Medicina Legal, en lo que va corrido del 2005, ha habido 52 crímenes, 13 por mes. Conclusión somera, sacadas las milicias de las FARC, entraron a operar los paramilitares, mas exactamente el Bloque Centauros. De esto el presidente no dijo ni mú. Ni lo dirá.
Los paramilitares andan como pedro por su casa. Extorsionan y asesinan a su amaño. Reclutan a dos manos y manejan sus negocios institucionales y personales desde esos barrios que son, digamos, su sede blindada. El desempleo campea y el terror hace lo suyo: pagan 600.000 mensuales más armas de dotación y sobre todo impunidad garantizada. A los puros mercenarios les abonan 400.000 por cabeza abatida. La policía aduce que 82 de los 150 homicidios relacionados en 2004 no tienen motivos establecidos y 33 los clasifica como ajuste de cuentas. Ni una silaba ni una indicación sobre la paramilitarizacion del sector. No es extraño, pues, que el Director del Programa de Reinserción declare: “aquí no se esta dando un proceso de paramilitarismo, así lo confirman todas las informaciones de inteligencia y de las autoridades de policía.”
En general los medios han sido sospechosamente reservados con el tema. Pocos reportajes, pocas crónicas y muy poco interés sobre un fenómeno que cobra en una sola noche 16 victimas (17 de febrero de 2005). Y todo pasa de agache. A los campesinos los continúan persiguiendo y asesinando, como en los 50, aun después de huir de la muerte.
El pasado martes el proyecto de Justicia y Vida convocó a una rueda de prensa, en la que se presentó un informe sobre lo que está sucediendo en Cazuca y Ciudad Bolívar. A pesar del horror que se documenta, poco eco tuvo el evento. Como comentó una mujer al mirar aterrorizada cinco cadáveres que aparecieron en la puerta del comedor donde trabaja: “nos quieren insensibilizar ante la muerte”.
[Fuente: Por Alfredo Molano Bravo, El Espectador, Bogotá, 05jun05]
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