IU condena la visita de Álvaro Uribe Vélez,
promotor de
las "Convivir",
instrumento legal del paramilitarismo en
Colombia
Álvaro Uribe Vélez, Gobernador del Departamento de Antioquia (Colombia), y promotor
de las Asociaciones Comunitarias "Convivir", creadas por decreto 356/1994 y cuyos
miembros tienen garantizado el secreto por parte de la Superintendencia de Vigilancia
y Seguridad Privada, lo cual permite el encubrimiento y ocultación por parte del Estado
colombiano de asesinos y criminales, paramilitares o miembros de las fuerzas de
Seguridad procesados por los Tribunales de Justicia.
Estas "presuntas" cooperativas, son utilizadas por los terratenientes y los
narcotraficantes para esconder las Brigadas de matones y asesinos que actuan al
margen del Estado, y que son responsables del 80% de los campesinos desplazados
en Colombia, y de la "contrareforma agraria" por la cual se despoja a los campesinos
pobres y a los indígenas de las tierras que finalmente son adquiridas por
narcotraficantes y esmeralderos que en cualquier país civilizado estarían en prisiones
por mafiosos.
La semana pasada 15 Organizaciones No Gubernamentales consideraron que las
Convivir vulneran el derecho a la vida, a la libertad y a la libertad de movimientos. El
principal motivo para iniciar esta acción ante la Corte constitucional son los atropellos
cometidos por mienbros de estos auténticos cuerpos de asesinos, encubiertos como
"servicios especiales de seguridad". Las ONGs sostienen, por ejemplo, que el grupo
paramilitar que operaba en la finca Riverlandia (Departamento del César) fue
legalizado como una "convivir", cuya domicilio legal es la propia finca.
Otra denuncias hablan de la leva forzosa de campesinos para integrar los grupos
paramilitares, como ha ocurrido con dirigentes cívicos de la comunidad de Paz San
José de Apartadó (Antioquia). Por otra parte, el Secretario de la Comisión de Justicia
y Paz de Colombia, el sacerdote jesuita Javier Giraldo, ha denunciado en un
documento entregado a la Presidencia y a la Fiscalía de Colombia, que en los últimos
cuatro meses 128 campesinos fueron asesinados por grupos paramilitares en los
Estados de Chocó y Antioquia, entre estos había ancianos, adolescentes y mujeres
embarazadas. Justicia y Paz culpa a agentes del Estado de haber cometido asesinatos
y torturas, o lo que es lo mismo, crímenes contra la humanidad. Todos los casos están
detallados uno por uno en el documento mencionado.
También durante la última semana, la diplomática española Almudena Mazarrasa,
directora de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU para
Colombia, de reciente creación, tomó la decisión de solicitar al Gobierno la
investigación judicial de las acciones de estas presuntas cooperativas de asesinos la
derogación del decreto ley que permite su funcionamiento y la publicidad de las
identidades de todos los miembros de estos cuerpos de paramilitares. Sin embargo,
el Gobierno colombiano no ha prestado la debida colaboración a esta alta funcionario
de la ONU, y ha negado la disolución de las Convivir.
También, Almudena Mazarrasa mantuvo una reunión en el edificio World Trade Center
de Bogotá con Álvaro Uribe Vélez, Gobernador de Antioquia. Dicha reunión, que tuvo
caracter confidencial, solo sirvió para que Uribe Vélez mantuviera su conocida postura
en defensa de estas presuntas cooperativas de asesinos.
Numerosas asociaciones de derechos humanos españoles y otros organismos, hemos
recibido con fecha 24 de Julio una invitación oficial del Embajador de la República de
Colombia en España, Rodrigo Marín Bernal, para asistir el día 1 de agosto de 1997 a
las 19,00 horas a un "amplio diálogo" con el señor Gobernador del Departamento de
Antioquia en la Casa de América de Madrid.
Izquierda rechaza públicamente esta invitación y hace un llamamiento a las
organizaciones de Derechos Humanos y otras instituciones para que expresen
públicamente el repudio a la visita de este personaje a España. Para IU, resulta
lamentable e hipócrita que quien es conocido en Colombia como el "Rey de los
Paramilitares", no puede pretender la legitimación de su poder criminal por parte de la
sociedad civil y política española y menos pretender la legitimación en España por
parte de los defensores de los Derechos Humanos cuando el los viola permanente en
Colombia.
Es importante destacar el caracter de planificación sistemática que tienen estas
presuntas cooperativas, cuyos delitos pueden ser calificados como Genocidio con el
agravante de violación sistemática y planificada. Este tipo de delito está incluido tanto
en el Derecho Humanitario como en el Derecho Internacional de Derechos Humanos
y son responsables no solo quienes han dado la orden y actuado para matar o torturar,
sino también los que lo han financiado y promovido, o teniendo los medios y la
autoridad necesaria, no han hecho nada para impedirlo. Son delitos imprescriptibles
y no amnistiables y pueden ser perseguidos en cualquier lugar del mundo. Esto debería
tenerlo claro el Sr. Álvaro Uribe Vélez.
Secretaría de Derechos Humanos y Libertades de I.U. Federal
Madrid, 29/Jul/97
Editado electrónicamente por el Equipo Nizkor el 29 de julio de 1997, en Madrid.
Derechos Humanos en Colombia