may11
'Falsos positivos' 2010:
Clamor por la verdad y la justicia
RESUMEN EJECUTIVO Los casos de ejecuciones extrajudiciales aún se presentan en el país. En 2010 se evidencia un incremento preocupante del 58,3% en los casos y de 69,5% en las víctimas comparándolo con las violaciones ocurridas en 2009. Ello hace pensar que las medidas tomadas por el gobierno nacional en 2008 deben ser complementadas para garantizar un mayor control de este tipo de infracciones por parte de miembros de la Fuerza Pública y poder así dar efectivas garantías de no repetición de las mismas.
El acumulado de casos y víctimas registrados por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/ PPP entre 2001 y 2010 es de 562 casos y 1119 víctimas. Estas víctimas han padecido distinto tipo de violaciones: 887 víctimas responden a ejecuciones extrajudiciales, 87 a torturas, 36 a heridos, 41 a amenazas individuales, 63 a desapariciones forzadas e involuntarias y 214 a detenciones arbitrarias.
El panorama de las investigaciones judiciales es preocupante por los tiempos en los que se han ido desarrollando, el estado actual de los procesos y los pocos resultados que han ido arrojando con relación al número total de casos reportados hasta la actualidad. A esto se suma el retroceso significativo en 2010 de la colaboración de la Justicia Penal Militar con la Justicia Ordinaria, el vencimiento de términos, la existencia de casos de Militares condenados por graves infracciones al DIH que aún continúan en servicio, y la ausencia de medidas para proteger a familiares de víctimas, testigos, fiscales y jueces.
RECOMENDACIONES Al Gobierno Nacional:
Adoptar todas las medidas necesarias que reconozcan la legitimidad de las víctimas y sus familias en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. Adoptar todas las medidas necesarias de protección de víctimas, testigos, abogados defensores de las víctimas y defensores de derechos humanos en general, fiscales, jueces, y sus familias, que están relacionados con casos de ejecuciones extrajudiciales, para avanzar en la búsqueda de la verdad y el conocimiento de la magnitud del fenómeno. Garantizar el cambio de jurisdicción de los procesos sobre ejecuciones extrajudiciales, transfiriendo los casos desde la justicia penal militar a la justicia ordinaria, incluyendo la revisión de todas las actuaciones judiciales hechas en la justicia penal militar. Acoger las múltiples recomendaciones hechas por organizaciones nacionales e internacionales y tomar las medidas adecuadas para mejorar la situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en Colombia. Garantizar la judicialización de las denuncias por ejecuciones extrajudiciales y los demás tipos de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que se presentan en el país. A la Comunidad Internacional:
Mantener el apoyo a las prácticas y políticas que favorezcan la vigencia de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en Colombia. A las ONG Nacionales:
Continuar y fortalecer el proceso de documentación de los casos de las diferentes modalidades de violación de Derechos Humanos que se presentan en el país. Continuar y reforzar el acompañamiento a los sectores sociales prestando asesoría jurídica a las víctimas y familiares de estas para que los diferentes hechos que atentan contra la vida e integridad de estos no quede en la impunidad. ‘FALSOS POSITIVOS’ 2010: CLAMOR POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA Hoy, a comienzos de 2011, los diferentes informes de Derechos Humanos sobre Colombia hacen énfasis en la disminución de casos de ejecuciones extrajudiciales. No obstante, este tipo de violaciones a los Derechos Humanos continúan presentándose en el país por más que la magnitud de casos no sea tan significativa como lo fue en los años más críticos de los ‘falsos positivos’ (2006 – 2008). Los casos registrados por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP en 2010 |1| evidencian que aún este tipo de infracciones al DIH se presentan en el país. Comparándolos con las violaciones ocurridas en 2009, hay un incremento preocupante ya que se pasa de 7 casos y 16 víctimas a 12 casos y 23 víctimas, es decir que se presentó un incremento del 58,3% en los casos y de 69,5% en las víctimas. No obstante las medidas tomadas por el Ministerio de Defensa en noviembre de 2008 cuando estalló la crisis de Soacha, el control de estos abusos no parece haber sido total. Ello hace pensar que estas medidas deben ser complementadas para garantizar un mayor control de este tipo de infracciones por parte de miembros de la Fuerza Pública y poder así dar efectivas garantías de no repetición de las mismas.
El departamento con mayor número de casos en 2010 fue Meta con 3. Los demás casos se registraron en Antioquia, Atlántico, Chocó, Guaviare, Huila, Norte de Santander y Valle del Cauca con 1 caso por departamento. Los presuntos responsables son miembros de la Fuerza Pública (Ver Anexo 1). También se presentó un caso fronterizo en Venezuela y otro en Ecuador, donde la responsabilidad es compartida por un agente extranjero (Guardia Nacional de Venezuela o Ejército del Ecuador respectivamente).
A ello se suman los nuevos registros y/o actualización de casos ocurridos entre 2001 y 2009, que alcanzan a 61 casos y 84 víctimas. así que el acumulado de casos y víctimas registrados en nuestro Banco de Datos entre 2001 y 2010 es de 562 casos y 1119 víctimas (Ver Tabla y Mapa 1). Estas víctimas han padecido distinto tipo de violaciones: 887 víctimas responden a ejecuciones extrajudiciales, 87 a torturas, 36 a heridos, 41 a amenazas individuales, 63 a desapariciones forzadas e involuntarias y 214 a detenciones arbitrarias.
Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPPLa labor de denuncia por parte de familiares de las víctimas y diferentes organizaciones sociales es un esfuerzo importante para avanzar en la búsqueda de la verdad y conocer la magnitud de estas violaciones a los derechos humanos. A esto se le adicionan los esfuerzos por parte de Gobierno de tratar de acelerar las investigaciones como una de las medidas tomadas para conocer la verdad judicial, lo cual ha sido importante pero no suficiente.
El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP ha identificado una serie de cambios o nuevas modalidades que ha tenido este tipo de violaciones. Por un lado, se ha encontrado que en algunos casos, los presuntos responsables ya no presentan a las víctimas como miembros de grupos guerrilleros sino como personas asociadas a la delincuencia común; por otro lado, están algunos hechos donde se presentan como errores de operación por parte de la Fuerza Pública. Muestra de esto son los casos a continuación:
- El 14 de abril/10 fue ejecutado Freddy Rentería en Quibdó por miembros de la Policía, quienes acudieron al llamado de un rapimotero que fue robado, disparando indiscriminadamente contra un grupo de jóvenes entre quienes se encontraba Fredy quien había llegado de Bogotá. Los policías alegaron falsamente que los jóvenes estaban armados y se habían enfrentado con ellos, lo cual fue negado por todos los testigos
|2| .
- El 27 de julio/10, Tropas del Ejército Nacional adscritas al Batallón 86 de la Brigada Móvil 12 ejecutaron a Inocencio de 15 años de edad, quien se encontraba con otro menor de edad no identificado en labores de cacería, cerca de su casa en la vereda La Siberia. Según la denuncia emitida por la Corporación Orlando Fals Borda: “En las horas de la tarde se realizaron las respectivas denuncias ante las autoridades y en respuesta a este lamentable hecho el Coronel Riaño, Comandante del Comando Especifico de Oriente reconoció que el asesinato del menor Oscar Inocencio Oviedo Rojas, fue un lamentable error, informando textualmente que: “…lamentablemente en Siberia en el municipio de Vista Hermosa resultó muerto el civil menor de edad (15 años) que entró en el área de emboscada tropas Brigada Móvil 12. Vistiendo jean, camiseta verde, portando escopeta recibió un disparo a la altura del pecho. Iba con otro joven que igualmente portaba escopeta y explicó que eran cazadores. En este momento la policía judicial se dirige al levantamiento (información recibida a través del mensaje de texto a las 4:54p.m.)”.
Agrega la denuncia: “En horas de la tarde la Policía Judicial se dirigió al sitio de los hechos para realizar el respectivo levantamiento trasladando el cuerpo a medicina legal”. Contextualiza la denuncia: “Es importante señalar que en días anteriores en el marco de la preparación de la Audiencia Pública “Crisis humanitaria en los Llanos Orientales”, se realizó una jornada de atención a víctimas en este municipio, por parte de la Comisión de Derechos Humanos y DIH del sector del Bajo Ariari –DHBAJOARIARI-, El Colectivo Socio-jurídico Orlando Fals Borda y el Cinep, en el cual participo la madre del menor asesinado por el Ejército, quien denunció el homicidio de su esposo, Inocencio Oviedo Arcia cometido por tropas de la Brigada Móvil 2, en zona rural de Vista Hermosa, el día 30 de octubre del año 2006” |3| .
Encontramos también que el panorama de las investigaciones judiciales es preocupante por los tiempos en los que se han ido desarrollando, el estado actual de los procesos y los pocos resultados que han ido arrojando con relación al número total de casos reportados hasta la actualidad. Incluso si se tiene en cuenta que La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país estima que puede existir más de 3.000 víctimas |4| . Según la Fiscalía General de la Nación |5| , con información de las 29 Direcciones Seccionales de Fiscalías, el estado de las investigaciones por homicidios presuntamente cometidos por agentes del Estado entre enero 1 de 2001 y el 31 de diciembre de 2010 es el siguiente: el número total de procesos o investigaciones son 527, de los cuales el 68% son activos y el 32% restante están inactivos. El mayor número de las investigaciones se encuentran en las seccionales Antioquía 127 procesos y Medellín 103, le sigue la seccional Cúcuta 89 procesos. Estas tres seccionales reúnen el 60,5% del total de procesos. Las direcciones seccionales de Neiva 31 procesos, Sincelejo 29, Santa Rosa de Viterbo 18, Valledupar 17, Florencia 16, Bucaramanga y Villavicencio con 11 cada una, y Armenia con 10 dan cuentan del 21,2% del total de investigaciones.
El 18,3% restante responde a las investigaciones en las direcciones seccionales de Ibagué y Manizales con 8 procesos cada una, Popayán 7, Cali, Cartagena y San Gil con 6 individualmente, Pasto 5, Riohacha 4, Buga, Santa Marta y Bogotá con 3 respectivamente, Montería y Pereira 2 cada una, y Barranquilla y Tunja con 1. Tan sólo 3 de las 29 direcciones seccionales (Cundinamarca, Mocoa y Quibdó) no tienen ningún tipo de investigación activa o inactiva (ver mapa 2 y 3).
El total de víctimas en las investigaciones son 654 de las cuales 638 son hombres y 16 mujeres. El mayor número de víctimas por edades se encuentran en los grupos de 21 a 30 y 31 a 40 años, con el 50,1% del total de víctimas. El grupo de 10 a 20 años las víctimas representan el 9,9%; entre 41 a 50 y más de 50 años el 8.1%. El 31,9% restante son de víctimas a las que no se les determinó en un rango de edad.
Las investigaciones por parte de las direcciones seccionales de la Fiscalía muestran que entre 2001 y 2010 hay 146 miembros de la Fuerza Pública con resolución de acusación, el número de sentencias condenatorias son 54, el de absolutorias y archivadas 13. El número de personas en juicio son 112 y con abstención de medida de aseguramiento 90; el número de decisiones de preclusión son 15 y las personas beneficiadas con dicha medida 36.
De igual forma es alarmante, como lo señaló el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia |6| , el retroceso significativo en 2010 de la colaboración de la Justicia Penal Militar con la Justicia Ordinaria en el traslado de casos de “muertos en combate” con signos de violaciones de los derechos humanos, que no sólo se evidencia por las múltiples trabas en los traslados sino también en los diferentes conflictos entre ambas jurisdicciones.
Así mismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en informe anual de 2010 en el Capítulo IV “Desarrollo de los derechos humanos en la región Colombia” |7| manifestó la preocupación por los casos de ejecuciones extrajudiciales en los que las primeras diligencias son asumidas por la jurisdicción penal militar o en los que se produce afectación de pruebas por su intervención.
A lo anterior se suma, el papel que ha jugado la Defensa Militar Integral (DEMIL) ejerciendo una defensa colectiva del estamento militar en su conjunto contra los operadores judiciales que llevan los casos llegando incluso a vulnerar las garantías procesales de los propios soldados y solicitando la nulidad del convenio entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía en el que la justicia ordinaria investiga los casos en que los civiles resultaron muertos por acción de la Fuerza Pública |8| .
De igual forma es necesario hacer manifiesto la preocupación por el vencimiento de términos, la existencia de casos de Militares condenados por graves infracciones al DIH que aún continúan en servicio , la ausencia de medidas para proteger a familiares de víctimas, testigos, fiscales y jueces; una muestra de esto es el siguiente caso:
- El 30 de junio/10 en Soacha, Cundinamarca, Paramilitares autodenominados Águilas Negras amenazaron mediante un panfleto a tres de las madres de 16 jóvenes, quienes vivían en este municipio y fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, cometidos por tropas del Ejército Nacional. Igualmente amenazaron al personero de Soacha Fernando Escobar y a los miembros de la Fundación Kayros, que representa la parte civil del proceso que se adelanta contra los presuntos responsables .
Lo ocurrido hasta el momento viene demostrando las dificultades y problemas existentes del sistema de justicia para investigar con celeridad y eficacia, la necesidad de conocer la magnitud del problema y dar efectivas garantías de no repetición de este tipo de violaciones a los Derechos Humanos en el país.
ANEXOS ANEXO 1. CASOS 2010
El 18 de enero/10, los campesinos Sabiro Timote Pérez, Orlando Tapia Molano y Francy Tamayo Omitar (dos colombianos y uno ecuatoriano), fueron ejecutados en la frontera colombo ecuatoriana por miembros del Ejército del Ecuador al mando del General Hugo Villegas, mientras se transportaban en una embarcación por el río San Miguel. Los militares presentaron a las víctimas como guerrilleros que estaban uniformados y no atendieron la orden de pare. Un Fiscal ecuatoriano recibió 15 testimonios y niega que estuvieran uniformados y armados. Los militares victimarios han mantenido estrechas relaciones con sus colegas colombianos y afirman que el Presidente Correa es un comunista a quien van a tumbar. El 27 de enero/10, tropas del Ejército ejecutaron, en la inspección de Barranquillita, del municipio de Miraflores, Guaviare, a los campesinos Henry López Romero y José Helí Gamboa Benilla, en presencia de 12 campesinos que trabajaban con ellos en la finca, llevándolos luego en helicóptero a San José del Guaviare donde los presentaron como guerrilleros muertos en combate. El 17 de marzo/10 el Teniente de la Policía Nelson Rodrigo Gómez, de la Estación El Lido de Cali, Valle, ejecutó al joven Rolando Lozano de 18 años a quien presentó como un fletero dado de baja cuando se enfrentó a los uniformados con armas de fuego. Sin embargo ni en el acta de levantamiento ni en el informe policial se mencionó dato alguno concreto sobre el robo de dinero ni sobre la existencia de armas en su poder. La familia negó toda la versión y la misma Fiscalía acusó al Teniente Gómez de haber alterado los datos y amenazado a los testigos. El 25 de marzo/10 miembros del Gaula del Ejército irrumpieron en la inspección de Santa Rita del municipio de Aipe, Huila, disparando indiscriminadamente y ejecutando a tres personas a quienes presentaron como guerrilleros del Frente 66 de las FARC muertos en combate. El Coronel Jorge Alberto Cárdenas de la Brigada 9 alegó que habían recibido una llamada en la que se informaba sobre guerrilleros llegados al caso urbano de Santa Rita, los cuales, al llegar los militares, los habrían recibido a bala, versión que la población rechaza enérgicamente y niega rotundamente que se hubiera presentado combate alguno, aún más, afirman que los civiles impidieron que los militares colocaran armas sobre uno de los cadáveres. El 1° de abril/10 tropas de la Brigada Móvil 25 del Ejército al mando del Coronel Ríos ejecutaron al campesino Carlos Alberto García, de 27 años, en la vereda El Mocho de Tarazá, Antioquia, y luego lo vistieron con prendas militares y le colocaron un rifle de asalto con munición y una granada, presentándolo como muerto en combate. El hecho se dio en un contexto de numerosas violaciones de derechos humanos de los campesinos por parte del Ejército y de estigmatización del campesinado de la zona. El 14 de abril/10 fue ejecutado Freddy Rentería en Quibdó por miembros de la Policía, quienes acudieron al llamado de un rapimotero que fue robado, disparando indiscriminadamente contra un grupo de jóvenes entre quienes se encontraba Fredy quien había llegado de Bogotá. Los policías alegaron falsamente que los jóvenes estaban armados y se habían enfrentado con ellos, lo cual fue negado por todos los testigos. El 29 de abril de 2010, unidades de la Policía Nacional ejecutaron a Yiny Lizeth Gutiérrez de 17 años de edad, quien fue señalada por la Policía de “cometer horas antes un atraco a mano armada”, en Vistahermosa (Meta). El 7 de julio/10, cuatro ciudadanos colombianos fueron detenidos arbitrariamente por efectivos de la Guardia Nacional de Venezuela, en el municipio fronterizo de Ureña (Venezuela), a quienes según la denuncia acusaron de ser integrantes del grupo paramilitar Los Paisas. Según sus familiares, los miembros de la Guardia les ‘montaron’ armas para hacerlos pasar como antisociales y presuntos responsables del asesinato de otro colombiano identificado como Francisco Antonio Castañeda Molano, de 35 de edad, ocurrido días antes en el municipio. Las capturas ocurrieron cuando las víctimas, oriundas del municipio de Armenia (Quindío) hacían turismo a bordo de dos motocicletas, luego de recorrer varios departamentos colombianos comerciando productos, como celulares genéricos. Sólo Alba Lucía Álzate recobró la libertad, mientras que Jhon Kenny Cabezas Torres, Diego Fernando Cardoso y otro hombre no identificado siguen detenidos. El 27 de julio/10, tropas del Ejército Nacional ejecutaron a Oscar Inocencio Oviedo Rojas, un campesino de 15 años, quien se encontraba con otro menor de edad no identificado en labores de cacería, cerca de su casa ubicada en la vereda La Siberia, Vistahermosa (Meta). Es importante señalar que días antes, en el marco de la preparación de la Audiencia Pública Crisis Humanitaria en los Llanos Orientales, se realizó una jornada de atención a víctimas en dicho municipio, por parte de la Comisión de Derechos Humanos y DIH del Sector del Bajo Ariari –DHBAJOARIARI–, el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda y el Cinep, en la cual participó la madre del menor asesinado por el Ejército Nacional, quien denunció además la ejecución extrajudicial de su esposo, el campesino Inocencio Oviedo Arcia, por tropas de la Brigada Móvil 2, en zona rural de Vistahermosa el día 30 de octubre de 2006, a quien las tropas presentaron ante los medios masivos de información como “guerrillero dado de baja en combate”. El 15 de agosto/10, en El Tarra (Norte de Santander), tropas del Ejército Nacional ejecutaron a Luis Esteban Campo Rolón, un menor de 16 años y causaron heridas a Alexánder Díaz Osorio y Leonardo Carrascal, así como a otra menor de edad no identificada, a cuatro cuadras del parque principal del municipio. Según testigos, de inmediato los soldados arrojaron un arma al lado del cuerpo de Luis Esteban, para luego acusarlo de ser un subversivo, lo que generó indignación entre los miembros de la comunidad, quienes iniciaron una violenta protesta, que terminó con el saqueo y quema de la sede del Banco Agrario y amenaza de ocupación de la Alcaldía. El 10 de septiembre/10, unidades de CTI de la Fiscalía General de la Nación detuvieron arbitrariamente a José Samuel Rojas Mora, un defensor de derechos humanos del Bajo Ariari, durante hechos ocurridos en La Macarena (Meta). José Samuel, es vicepresidente del Comité Regional de Derechos Humanos del Guayabero, presidente del Comité Seccional del Alto Guayabero y miembro del Comité Regional del Bajo Ariari, quien unos meses antes de su detención estuvo viviendo en la vereda Yarumales, Vistahermosa (Meta), de donde se vio obligado a desplazarse, a causa de las amenazas proferidas por el comandante de la Brigada Móvil No. 16, Mayor Gutiérrez, así como de la tropa. Este militar le manifestó a una delegación humanitaria que visitó la zona en el mes de agosto de 2009, “que su carrera militar no se vería truncada por ningún defensor de derechos humanos”. El 17 de noviembre/10, en Malambo (Atlántico), tropas del Ejército Nacional en compañía de miembros del CTI de la Fiscalía General de la Nación detuvieron arbitrariamente a Manuel María Urueta Cantillo, a quien sindicaron “de ser uno de los guerrilleros implicados en el secuestro y asesinato de los diputados del Valle del Cauca” y trasladaron a Cali (Valle del Cauca) esposado y fuertemente custodiado. Horas después, tropas de la Segunda Brigada informaron a los medios de comunicación que, en un operativo realizado conjuntamente con el CTI de Cali, habían logrado capturar en Malambo a uno de los guerrilleros responsables del secuestro y asesinato de los mencionados políticos. Mientras en Malambo, Manuel ha trabajado como cortador de carnes en dos mataderos y aseador de una panadería y en Santa Marta (Magdalena) fue tirador de bultos, en Cali la Fiscalía lo señaló, junto a otros 11 capturados en diferentes partes del país, de ser un guerrillero que debía responder por los delitos de rebelión, toma de rehenes y homicidio agravado. MAPA 1.
MAPA 2.
MAPA 3.
DIRECTOR GENERAL
Mauricio García Durán, S.J.COORDINADOR DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GENERAL
Alejandro Angulo Novoa, S.J.COORDINACIÓN DEL BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA
Javier Giraldo Moreno, S.J.EQUIPO DE INCIDENCIA EN LO PÚBLICO
Mauricio García Durán, S.J.
Andrés YepesDIAGRAMACIÓN
Margareth A. FigueroaToda la información que soporta el presente informe está tomada del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política.
Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz (CINEP/PPP)
Carrera 5 No. 33 A – 08
Bogotá, Colombia
Teléfono (57–1) 245 61 81
Fax (57–1) 287 90 89
E-Mail: cinep@cinep.org.co
www.cinep.org.coBogotá D.C. – Colombia, Mayo de 2011
Notas
1. Este nuevo reporte de ‘falsos positivos’ presenta la información referente al año 2010 registrada en el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP que se encuentran descritos minuciosamente en el número 41 y 42 de la revista Noche y Niebla. De igual forma, se encuentran los nuevos casos y/o actualizaciones que no habían sido registrados por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP entre 2001 y 2009. La revista se puede consultar [en línea] en: http://www.nocheyniebla.org [Volver]
2. Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política – Cinep (2010, Enero-Junio) Noche y Niebla Nº 41. p.23. [en línea], Disponible en: http://www.nocheyniebla.org/files/u1/41/Niebla41.pdf [Volver]
3. Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política – Cinep (2010, Julio-Diciembre) Noche y Niebla Nº42 p.68 [en línea], Disponible en: http://www.nocheyniebla.org/files/u1/42/04_Casos_NyN_42.pdf [Volver]
4. El Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 2010. [en línea], Disponible en: http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informes.php3?cod=14&cat=11 [Volver]
5. En respuesta parcial (2011, Marzo 25) a un derecho de petición realizado por el CINEP/PPP, donde hacía referencia del traslado de la petición a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Unidad que enviará respuesta de los casos que tiene a cargo y aún está pendiente. [Volver]
6. El Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 2010. [en línea], Disponible en: http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informes.php3?cod=14&cat=11 [Volver]
7. El informe de anual 2010 de Derechos Humanos de la CIDH en su totalidad puede ser consultado [en línea], Disponible en: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2010sp/indice2010.htm [Volver]
8. Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), (2010). “Condicionamientos de la ayuda militar de Estados Unidos a Colombia: Incumplimientos y retrocesos”, [en línea], disponible en: http://www.ddhhcolombia.org.co/files/file/Publicaciones/Condicionamientos%20a%20la%20ayuda%20militar%20FINAL%202%20sept.pdf [Volver]
