Plan Colombia
El Plan Colombia: el escalamiento del conflicto social y armado
Por Piedad Córdoba Ruiz
Senadora de la República, Presidenta del Comité de los Derechos Humanos del Senado, Codirectora del Partido Liberal
Contexto
El Plan Colombia, sin legitimidad y viola la Constitución
Costos por programas y fuentes de financiamiento del Plan Colombia
La narcotización de la paz
Efectos "colaterales": Derechos Humanos y medio ambiente
Derechos Humanos y violencia sociopolítica en Colombia
Vías alternas al conflicto
Contexto El conflicto colombiano es crónico, cruento y complejo. Una sociedad construida sobre la exclusión, la corrupción, la violación de los derechos humanos y la opresión, desde tiempo atrás viene generando odios, poca legitimidad de las instituciones y violencia. La confrontación armada es una de las expresiones del conflicto social y político. El fenómeno del narcotráfico, protuberante desde los años setenta del siglo XX, es resultado de los problemas estructurales del país pero también ha potenciado las patologías que caracterizan a la sociedad colombiana. El 2000 se inicia bajo una grave situación de penuria para el pueblo colombiano. Durante 1999 el ingreso per cápita fue inferior en 7% respecto a 1998. La producción nacional cayó 5,1% mientras la población creció 1,9%. Esta recesión económica, la más aguda del siglo XX en Colombia, se suma a los crónicos problemas de desintegración social, desempleo y pobreza. La crisis golpea con intensidad a las familias de los estratos de ingreso medio y bajo, a la vez la concentración de la riqueza se agudiza, favorece solo al 3% de los hogares. Dos de cada tres colombianos son excluidos, sin garantía de sus derechos sociales, el 70% de la fuerza laboral se encuentra desempleada (18,1%) o en empleos precarios (28% subempleo y 54% informalidad), la tasa de homicidios sigue siendo la más alta en el mundo (30.000 asesinatos al año) y el número de desplazados por la violencia se acerca a dos millones de personas. Las instituciones sociales, tanto las asistenciales como las de políticas públicas, se resquebrajan producto del desfinanciamiento, la ineficiencia, la corrupción y el abandono de las responsabilidades constitucionales del Estado. Mientras se agudizan los problemas del país, miles de familias de ingresos medio y alto -en otra lucha por la sobrevivencia y la tranquilidad- optan por irse del país. Según los informes migratorios del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- durante 1999 emigraron 200.000 legalmente colombianos. Los conflictos ambientales y el deterioro de la biodiversidad han agravado la situación cotidiana de un importante grupo de colombianos. La naturaleza maltratada también infringió dolor durante 1999. El terremoto del Eje Cafetero, el 25 de enero, ocasionó 1.300 muertes, 200 mil damnificados y pérdidas por $2billones. La ola invernal, potenciada por la continua degradación ambiental, a lo largo del año afectó 25 departamentos y a 300 municipios dejando 180 muertos y 833.000 personas afectadas. Los pobres viven en zonas geológicamente inestables. Las principales víctimas, tanto del régimen social y económico como las ocasionadas por los desastres naturales, son población que vive bajo condiciones de vulnerabilidad y exclusión. El deterioro en el nivel y calidad de vida de los colombianos viene generando tanto conflictos laborales, continuas explosiones sociales, paros cívicos, bloqueo de vías, toma de instituciones, expresiones de protesta organizada en el ámbito nacional, como también la misma extensión de la guerra civil, reflejo de la crisis. Estos conflictos son reprimidos con fuerza y judicializados, sin que encuentren espacios democráticos y pacíficos para su solución. El Plan Colombia, en su redacción original, lejos de sus promesas de paz, prosperidad y fortalecimiento del Estado, traerá para los colombianos todo lo contrario, agudizando los conflictos social, político, ambiental y armado.
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El Plan Colombia, sin legitimidad y viola la Constitución El Plan Colombia presentado al gobierno norteamericano es totalmente desconocido en el país. Era un secreto que el Presidente de la República y su embajador en Washington guardaban con recelo. La Constitución de 1991 estableció que cada gobierno debe elaborar el Plan Nacional de Desarrollo con participación activa de las autoridades de planeación, de las entidades territoriales y del Consejo Superior de la Judicatura y someter el proyecto al concepto del Consejo Nacional de Planeación; oída la opinión del Consejo procederá a efectuar las enmiendas que considere pertinentes y presentarlo a consideración del Congreso, dentro de los seis meses siguientes a la iniciación del período presidencial respectivo (artículo 341). En la parte general del Plan se señalan los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El Plan de Inversiones públicas contiene los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución (artículo 339). El inciso tercero del artículo 341 de la Constitución Política de 1991 establece que el Plan Nacional de Inversiones se expedirá mediante una ley que tendrá prelación sobre las demás leyes y que sus mandatos constituirán mecanismos idóneos para su ejecución y suplirán los mandatos legales existentes sin necesidad de la expedición de leyes posteriores. La Ley 508 del 29 de julio de 1999 formalizó, según el mandato constitucional, el Plan Nacional de Desarrollo "Cambio para Construir la Paz" 1999-2002, de la administración Pastrana. El objetivo fundamental del Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Gobierno Pastrana es la búsqueda y conservación de la paz, con el fin de ubicar al país en una senda de crecimiento sostenible con cohesión social. Con este objetivo se busca:
- Promover la generación de riqueza, reducir significativamente las tasas de desempleo, disminuir la pobreza y proteger un adecuado aprovechamiento del medio ambiente.
- Ofrecer incentivos para la promoción social y económica de la población, en igualdad de condiciones para la expansión de las oportunidades sociales.
- Contribuir a la generación de una cultura de paz.
El valor proyectado de estos programas en el Plan Nacional de Inversiones Públicas 1999-2002 es de U.S.$32.780 millones. Las fuentes de estos recursos son: ingresos corrientes de la nación 48,6%, recursos administrados por las entidades públicas 27,6%, endeudamiento 18,7%, privatizaciones y otros 5,1%. De los U.S. $23.300 millones que suma el Presupuesto General de la Nación para el año 2.000, el gobierno solo dispone 50,4% de lo requerido, correspondiente a ingresos corrientes, para financiarlo. El déficit es cubierto mediante crédito externo, recorte de gasto social, aumento de impuestos y privatización de activos públicos. Por lo anterior, el conocimiento sobre las gestiones de búsqueda de financiamiento en el exterior para el Plan Colombia, por parte del gobierno, ha causado desconcierto en la opinión nacional. La administración Pastrana, violando la Constitución Política, ha desconocido el Plan de Desarrollo aprobado por el Congreso de la República y lo ha suplantado por el Plan Colombia. El plan se denomina "Plan Colombia, un plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado". El documento solo se conoce en su versión inglesa. Se redactó con participación de asesores del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Diez estrategias hacen parte del Plan: paz, economía, fiscal y financiera, judicial y derechos humanos, control de narcóticos, desarrollo alternativo, participación social, desarrollo humano y cooperación internacional. El Plan tiene un costo de U.S $7. 558 millones y el principal programa es la "defensa nacional: seguridad y justicia", que concentra el 64% de los recursos. El Plan Colombia parte de un supuesto discutible: establecer las causas de la crisis de gobernabilidad y legitimidad del Estado colombiano en el narcotráfico y el conflicto armado. El eje básico del Plan se sustenta en un incremento de la dependencia económica, militar y política y a la postre en un mayor involucramiento de los Estados Unidos en el conflicto interno de Colombia. En el campo de las relaciones bilaterales, la cooperación militar y de policía, además de dejar abierta la posibilidad de una intervención militar multilateral, el gobierno considera de enorme beneficios el apoyo bilateral en el control de fronteras, equipos y soporte tecnológico. Según el gobierno Pastrana, la estrategia de defensa nacional implica la reestructuración y modernización de las fuerzas armadas y la policía, para restablecer el orden, garantizar la seguridad en todo el territorio colombiano, combatir el crimen organizado y los grupos armados y promover el derecho internacional humanitario. No obstante, la concepción del Plan Colombia sobre la paz, como se señaló anteriormente, simplifica el conflicto social y político a un conflicto armado entre grupos al margen de la ley y vinculados al tráfico de drogas. Mientras en el país se adelantan las negociaciones sobre la paz, el Plan Colombia busca el escalamiento e internacionalización de la guerra.
- Mejorar la eficiencia y la equidad en la asignación de los recursos públicos, teniendo en cuenta criterios de ingreso y de redistribución regional y de genero.1
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Costos por programas y fuentes de financiamiento del Plan Colombia
(millones de U.S.$)
El Plan parte de una hipótesis falsa: el conflicto armado es principalmente rural y obedece a ideologías caducas que reciben el apoyo de menos del 4% de la población. Por ello acarician la idea de que una guerra, con el apoyo de los países ricos, sería favorable al gobierno Colombiano y los intereses de las elites nacionales. En concreto, se trataría de eliminar, según la afirmación del Plan Colombia, mediante la guerra, a dos millones de colombianos que son contrarios al actual régimen político y económico. En las zonas rurales de Colombia se encuentra el 30% de la población colombiana, cerca de 13 millones de personas, con niveles de pobreza del 80% y un rezago en el nivel de vida de 30 años respecto a las actuales condiciones urbanas. Otra afirmación falsa en el Plan Colombia señala que los recursos financieros orientados hacia las fuerzas armadas y la justicia vienen siendo decrecientes, de allí su debilidad para enfrentar los diversos conflictos y controlar el territorio. Según la Comisión de Racionalización del Gasto y de las Finanzas Públicas, el gasto en defensa creció durante la última década del siglo XX a un ritmo dos veces superior al del Producto Interno Bruto. Entre 1980 y 1995 el gasto en defensa se incrementó del 2,2% al 4,5% con relación al PIB. Periodo en el cual la tasa de homicidios por cien mil habitantes aumentó de 30 a 75. En la historia colombiana los índices de violencia aumentan al ritmo del gasto en defensa. A partir de los diferentes escenarios de guerra que Colombia ha enfrentado se aprecia la constatación práctica de que no es posible una solución militar sino la negociación política y la transformación de las actuales estructuras políticas y económicas que generan exclusión y pobreza. Además del escalamiento de la guerra interna, la otra estrategia de paz del Plan Colombia corresponde a una militarización de la vida civil con ideas de seguridad, orden y fortalecimiento del Estado. Los derechos humanos, en esta estrategia, se reducen al tema del derecho internacional humanitario dejando de lado los derechos civiles, políticos y los sociales, económicos y culturales. El apoyo a las movilizaciones de la sociedad civil por la paz se estiman en U.S.$54 millones, esto es, campañas que niegan los orígenes del conflicto y se fundamentan en un claro voluntarismo de la paz sin afectar intereses estructurales. A la par, junto a las campañas por la paz, se busca deslegitimar toda manifestación de los movimientos populares y de los trabajadores que resisten a los embates del modelo de desarrollo caracterizado por la exclusión y el empobrecimiento de las mayorías. Las fuentes de financiamiento del Plan Colombia son: 48.5% recursos del Estado colombiano, 4.9% crédito (bonos de paz) y 46.6% comunidad internacional. De los U.S.$1.574 millones aportados por el gobierno de los Estados Unidos, se prevé la destinación de U.S.$1.036 millones para el exacerbamiento de la guerra (fortalecimiento de "batallones antinarcoticos" y compra de helicópteros Black Hawk) y U.S.$93 millones al "fortalecimiento de la justicia", encaminado a "investigar, procesar y condenar a los narcotraficantes y otros delincuentes", propendiendo por una transición a un sistema acusatorio, extraño a la tradición jurídica colombiana. Además del aporte de los Estados Unidos al Fondo de Inversiones para la Paz -FIP, creado mediante la Ley 487/98, se aspira la consecución de U.S.$1.250 millones más con la Unión Europea, otros U.S.$ 750 millones provendrían de créditos reembolsables de las entidades multilaterales de crédito (BID y BIRF). El aporte del gobierno colombiano sería del orden de los U.S.$4.000 millones. Con un déficit fiscal cercano al 6% del PIB, no es fácil para el gobierno colombiano reunir esta contrapartida para el financiamiento del Plan, máxime cuando la política fiscal se encuentra controlada por los acuerdos con el FMI. Después de año y medio de creado el FIP, los únicos recursos con que cuenta el gobierno suman U.S$120 millones, recaudados a través de la suscripción forzosa de los bonos para la paz. En consecuencia, los U.S.$ 4.000 millones comprometidos por parte de la administración Pastrana implicarán para la sociedad colombiana mayor endeudamiento público y un severo recorte en los gastos sociales, en los recursos de inversión y en las transferencias a las entidades territoriales. En resumen, el Plan Colombia posee un ingrediente fundamental: la inversión en instrumental de guerra, logística e inteligencia, todo ello acompañado de una cada vez más creciente injerencia de fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El grado de injerencia e involucramiento en el conflicto interno es tan profundo que este nuevo Plan se ha negociado a espaldas del Congreso de la República de Colombia y se consolidó con violación de claras obligaciones constitucionales del presidente; no solo en lo que respecta al Plan Nacional de Desarrollo y al desvío de los fondos de inversiones previamente aprobados, también en lo que respecta a la solicitud del permiso del congreso para legalizar la presencia y participación de tropas extranjeras en el conflicto interno.
Programas Estado % Crédito % Ayuda % Total % Política Económica Democratización y Desarrollo Social
Proceso de Paz
Defensa nacional: Seguridad y justicia
Total
Participación %
225.92
690.66
6.00
2,741.00
3,663,60
48.5
6.2
18.8
0.2
74.8
100.
8.13
72.16
0.00
289.0
369.28
4.9
2.2
19.5
0.00
78.3
100.
822.70
874.49
48.04
1,780.00
3,525.22
46.6
23.3
24.8
1.4
50.5
100.
1,056.75
1,637.31
54.04
4,810.00
7,558.10
100.0
14.0
21.7
0.7
63.6
100.
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La narcotización de la paz De acuerdo con la afirmación hecha por el Presidente Clinton en su presentación al Congreso de la "Propuesta de ayuda de los Estados Unidos para el Plan Colombia", el 11 de enero de 2000, "Colombia y su gobierno elegido democráticamente se enfrentan con una crisis urgente que tiene dimensiones narcóticas, militares y económicas". (...) "El comercio de narcóticos y el conflicto civil de Colombia están cada vez más entrelazados. Los reveldes marxistas y los paramilitares de derecha financian sus actividades con los centenares de millones de dólares de narco lucro cada año. Debido a la fuerte presencia insurgente y paramilitar, las fuerzas de seguridad colombianas no son capaces de realizar operaciones anti-narcoticas efectivas en las mayores regiones de cultivo en el sur de Colombia. Esta región, particularmente los departamentos de Putumayo y Caqueta, esta aislada y dominada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC ". Según el Director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, General Barry McCaffrey, "La propuesta de la administración para un aumento de financiación para apoyar a Colombia es una de las más importantes iniciativas anti-narcoticos que jamás haya sido propuesta por nuestro gobierno. La producción de cocaína y heroína que rápidamente aumenta en Colombia genera una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y al bienestar de nuestros ciudadanos. Un 80% de la cocaína que esta entrando a los Estados Unidos se origina en o pasa por Colombia. Cantidades crecientes de heroína colombiana de alta pureza están siendo transportadas hasta las calles de los Estados Unidos. El narcotráfico, y la violencia y la corrupción que esta genera, también socava la democracia colombiana y la estabilidad regional". La contribución de los Estados Unidos tiene cinco componentes: ofensiva en las áreas cultivadoras de coca en el Sur de Colombia (entrenamiento y equipamiento de batallones antinarcóticos especiales y apoyo en inteligencia militar); una interdicción más agresiva en la región andina; fortalecimiento de la Policía Nacional de Colombia en las labores de erradicación de coca y amapola (aviones de fumigación, operaciones en los centros de cultivo e inteligencia sobre narcotraficantes); desarrollo económico alternativo; y, fortalecimiento del gobierno. Los cinco componentes tienen una finalidad principal: "Guerra contra la Droga". EL Plan Colombia tiene tres consecuencias directas: i) la narcotización del proceso de paz, ii) según la propuesta del Presidente Clinton, pretende combatir, primero, a la insurgencia, y, segundo, al campesinado cocalero cuyos "impuestos" la alimentan; iii) el escalamiento del conflicto social y armado en Colombia, iniciando las operaciones de guerra, primero en el sur como plan piloto, para continuar, a partir de la experiencia ganada, en el resto del país. Se llega de este modo, a la ecuación mortal: "los Estados Unidos dan la tecnología militar y las armas y los colombianos proveen los muertos". En el escalamiento de la guerra no se busca atacar ni a los paramilitares (comprobados traficantes de drogas y permanentes violadores de los derechos humanos) ni a la elite que domina el tráfico de cocaína y heroína. De acuerdo con la argumentación de Christine Lauber (Nueva York, noviembre de 1999), la ayuda militar de los Estados Unidos se transformó de un apoyo a la Policia Nacional, que estaba encargada de operaciones contra-narcóticos, a una ayuda a operaciones de contrainsurgencia, gracias a la teoría de la "narco-guerrilla", análisis muy imperfecto que se ha convertido en la doctrina para aquellos que en Washington buscan derrotar la insurgencia armada en Colombia. De otra parte, aunque los grupos paramilitares son considerados como grupos terroristas por el Departamento de Estado, no están incluidos formalmente en la lista de grupos terroristas internacionales del gobierno estadounidense. Esto a pesar que el Proyecto de ley "Alianza" de 1999, reconoce los vínculos que unidades del ejercito colombiano tienen con "fuerzas irregulares" (léase escuadrones de la muerte para militares) y al mismo tiempo ignora el hecho de que las estructuras paramilitares fueron montadas por la fuerza pública colombiana, con el entrenamiento y asistencia de agentes y personal militar norteamericano para llevar a cabo el "trabajo sucio" del Estado. En resumen, el dinero de la ayuda norteamericana ira a apoyar unas fuerzas militares con una terrible historia en derechos humanos y con vínculos evidentes con los grupos paramilitares.2 Es claro que el paramilitarismo es considerado en el Plan Colombia como un ejercito ilegal que defiende al Estado y que es funcional a la defensa de los grandes proyectos macroeconómicos de explotación de los recursos naturales del país y al desplazamiento de población civil afectada, en los cuales se encuentran importantes intereses de multinacionales norteamericanas. Estos macroproyectos se centran en las zonas norte y costeras de Colombia, por tanto, no es prioridad en los centros de operación de la "Guerra contra la Droga". De otra parte, el Plan Colombia ataca a los pobres campesinos que sobreviven de los cultivos ilícitos y no a los barones de la droga. De acuerdo con un cuidadoso estudio de la industria de la cocaína hecho por el ex analista de la CIA, Sidney Zabludoff, el vértice de la industria comprende a unos quinientos empresarios que manejan la mayor parte de la cocaína que llega a los mercados de EE.UU. y Europa. Por debajo de esta cúspide, aproximadamente 6.000 personas organizan los negocios cotidianos de transporte, distribución al extranjero, lavado de dinero y seguridad. Esto sugiere que el negocio de la cocaína esta dominado por una elite y una sub-elite de aproximadamente de 6.500 a 7.000 personas. Este grupo constituye una conexión vital entre los cientos de miles de campesinos andinos y procesadores pequeños, por un lado, y los distribuidores, millones de vendedores callejeros y consumidores de cocaína en los países industrializados, por otro3. Los miembros de estas elites y sub-elites que dominan el negocio de las drogas ilícitas habitan en las principales ciudades de Colombia y en el exterior, en consecuencia no se verán afectadas por la "Guerra de la Droga" que el gobierno de los Estados Unidos y el Ejercito de Colombia desatarán contra la insurgencia y los campesinos, en el sur del país. El problema principal, entonces, es que con la narcotización de la paz se producirá un escalamiento del conflicto, afectando las posibilidades de una solución negociada para terminar la guerra civil en Colombia.
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Efectos "colaterales": Derechos Humanos y medio ambiente El escalamiento del conflicto social y armado en Colombia, consecuencia directa de la ejecución del Plan Colombia, no solo afectará a la insurgencia y al campesinado cocalero del Putumayo y Caquetá. La "Guerra contra la Droga" tendrá, como de manera eufemística se llama en los conflictos modernos, efectos "colaterales" de gran magnitud en los ámbitos de los derechos humanos, el empobrecimiento del país y el deterioro del medio ambiente. La violación de los derechos humanos durante los últimos gobiernos colombianos es continua y creciente. Así lo manifestó el ciudadano Defensor del Pueblo de Colombia el pasado 21 de abril de 1999 ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: "Con dolor debo manifestar que las violaciones a los derechos humanos además de persistentes, tienen el carácter de graves y masivas a causa de la injusticia social, condiciones de pobreza que involucran más del 50% de mis compatriotas, la violencia política y el conflicto armado. Puedo afirmar que en mi país no existe una política estatal para violar los derechos humanos, pero también puedo afirmar que no existe una política estatal para evitar su violación"4. Las cifras de violación de derechos humanos no pueden ser más elocuentes en Colombia.
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Derechos Humanos y violencia sociopolítica en Colombia 1990-1998
Año Homici-
dios Políticos, ejec. Extrajud.Desapa-
ricionesHomicid. person. Margi-
nados socialesMuertes acciones bélicas Total victimas violencia socio-
políticaHomicidio violencia común Total de homicidios % viol. Socio-
política/ total
homicid.% violenc. Común/ total hom. 1990
2007
217
267
1229
3720
20547
24267
15,3
84,7
1991
1829
180
389
1364
3762
24378
28140
13,4
86,6
1992
2178
191
505
1602
4476
23748
28224
15,9
84,1
1993
2190
144
161
1097
3592
24434
28026
12,8
87,2
1994
1668
147
277
1009
3101
23706
26807
11,6
88,4
1995
1831
85
371
1049
3336
22062
25398
13,1
86,9
1996
1701
185
213
1174
3273
24155
27428
11,9
88,1
1997
1911
180
103
1296
3490
24306
27796
12,6
87,4
1998
1388
240
157
1495
3280
26.062
29.342
11,2
88,8
FUENTE: Cálculos del autor con base en: CINEP & Justicia y Paz, Banco de datos de Derechos Humanos y Violencia Política; Revista Utopías, Año VI, Nº 58, 1998; Dijin; y, Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Dentro de este marco violatorio de los derechos humanos, el Estado no puedo considerarse como una víctima más. Si bien existen grupos de justicia privada, escuadrones de la muerte, autodefensas, ejércitos privados y bandas de sicarios que explican una parte importante de la violencia en Colombia, estos no ocultan la estrategia paramilitar de las fuerzas armadas de Colombia y las operaciones encubiertas de los servicios de inteligencia del Estado. Al finalizar los años 80 del siglo XX en Colombia, existían unos 180 grupos paramilitares; actualmente se conocen mas de 250 siglas paramilitares. La mayoría de éstas son organizaciones armadas creadas por el ejército, cuando no son grupos especiales de las fuerzas militares que operan clandestinamente. Estos grupos son responsables, en un altísimo porcentaje, de los miles de asesinatos, desplazamientos forzosos y desapariciones registrados en las últimas décadas de la guerra sucia5. El ex embajador de los Estados Unidos en Colombia, M. Frechette, denunció en su momento la existencia de escuadrones de la muerte al interior de las fuerzas armadas de Colombia. Con posterioridad el gobierno debió acabar con la Brigada XX de inteligencia militar ante la evidencia pública de su involucramiento en la violación de derechos humanos. Frente a esta situación, es de esperar que los recursos de ayuda norteamericana incrementaran la violación de derechos humanos en Colombia. Más aún, el gobierno del presidente Pastrana recientemente ha objetado el proyecto de Ley Nº 20/98 Senado, Nº 142/98 Cámara "Por medio de la cual se tipifica el Genocidio, la desaparición forzada y la tortura y se dictan otras disposiciones". El gobierno Pastrana consideró que "no se debe incluir el genocidio cometido contra grupos políticos, pues la esencia del delito del genocidio es pretender sancionar los actos que pretenden la eliminación de un grupo en cuanto tal, y el genocidio político no afecta una identidad permanente sino una entidad transitoria; y dichas conductas están sancionadas en nuestro código penal por el delito de homicidio agravado". Según el gobierno al incluir en el genocidio los grupos políticos "podrían en la práctica impedir el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de la fuerza pública". Dentro de estas funciones se encuentra "la realización de tareas tendientes a combatir los grupos armados al margen de la ley, lo cual determina el empleo de las armas y como consecuencia la muerte o heridas de miembros de dichos grupos delictivos". Es importante recordar, que entre 1985 y mediados de los años 90 se llevó a cabo un genocidio político que tuvo como víctimas a 3000 militantes de la Unión Patriótica. Durante este periodo también se eliminaron a 1500 miembros de la Central Unitaria de Trabajadores. En 1998 el número de homicidios políticos fue de 1388 y el de desapariciones forzadas de 240. Colombia tiene una larga historia de imposición arbitraria del cumplimiento de la ley y de abuso de los sistemas legal, represivo y judicial por parte de aquellos que están en el poder, quienes lo aprovechan en beneficio personal. El Plan Colombia, no transforma esta situación sino la agudiza. De ser aprobada la ayuda a Colombia viviremos un recrudecimiento de la violencia en los campos, con asesinatos por doquier e incremento de desplazados y violación de los derechos humanos. La agudización del conflicto en Colombia será de tal magnitud que en el paquete de ayuda presentada al Congreso de los Estados Unidos presentado por el presidente Bill Clinton, al comentar la apropiación de US$ 600 millones destinados a consolidar la ofensiva en las áreas cultivadoras de coca en el sur de Colombia, puede leerse la siguiente consideración: "se requiere asignar recursos para responder a la enorme concentración de carácter militar y al impacto social que causará esta arremetida". Agrega el presidente de los Estados Unidos que la contribución incluirá "ayuda para dar techo y empleo al pueblo colombiano que será desplazado durante esta ofensiva en el sur de Colombia". El impacto social de esta "Guerra contra la Droga" afectará a 590.000 colombianos que habitan en los departamentos de Putumayo y Caquetá. Con los recursos de emergencia contemplados se "financiaran" la población afectada por solo 90 días. Esta población afectada se unirá a los 2 millones de personas en situación de desplazamiento forzoso que actualmente afrontan un deterioro profundo en sus condiciones de vida familiar, cifra que representa el 6,2% del total de la población del país. Los efectos perversos se manifiestan en: i) violación de derechos humanos; ii) unidades familiares rotas, disgregadas y reducidas, con un altísimo deterioro de las características de las redes personales, familiares y comunitarias; iii) desplazamientos unipersonales, de unidades familiares o de comunidades enteras; iv) reducción substancial de la calidad de vida de los afectados consecuencia de la disminución de ingresos, el hacinamiento, la pérdida del patrimonio familiar, las escasas condiciones de salubridad, ruptura de los niños con el sistema escolar, incremento de la violencia intrafamiliar; v) pérdida de autoestima y confianza en el futuro; vi) pérdida de los lazos de solidaridad y ayuda; vii) desgaste en los sistemas públicos de bienestar; viii) menoscabo progresivo de las relaciones constitutivas del tejido social e incremento de las condiciones de perpetuación del conflicto crónico social. El Estado colombiano no acaba de demostrar la capacidad y/o la voluntad de encontrar soluciones a las causas de fondo, no de atender humanitariamente a los desplazados, ni de mitigar las consecuencias sociales del desplazamiento. Tímidamente, durante el gobierno del presidente Ernesto Samper se crearon algunos mecanismos legales de atención a desplazados (la Ley 387), pero estos no dejan de constituir un marco meramente teórico que tiene poco cumplimiento. Incluso la creación de una "Consejería Presidencial para la Atención a los Desplazados", apenas logró apuntarse contados tantos positivos y desapareció con la administración Pastrana6. El otro impacto previsible será en la destrucción ambiental del país. Por las facciones adelantadas en la erradicación de cultivos ilícitos, el país ha pagado un alto costo con la pérdida de biodiversidad. La fumigación aérea con glifosato en la Sierra Nevada de Santa Marta con el fin de acabar con los narcocultivos generó una acción devastadora en el ambiente y el nacimiento de niños con malformaciones congénitas. Además no solo el glifosato es tóxico sino que se ha comprobado que los otros ingredientes que contienen surfactante son potenciales agentes cancerígenos. Al esparcirse el químico de manera indiscriminada en el aire implica grandes problemas para los seres humanos, agua, plantas y fauna. El actual ministro de Medio Ambiente Juan Mayr, afirmaba en 1995 cuando era director de la Fundación Pro Sierra Nevada de Santa Marta, que "la fumigación es imprecisa si se hace de manera aérea, toda vez que se corre el riesgo que los vientos se lleven el químico a otro lado y de esta manera se terminaría afectando otra zona de bosques o cultivos e incluso la flora y la fauna"7. El embate del glifosato en la Sierra Nevada de Santa Marta implicó la desaparición de 10 de los 35 ríos que bajaban del macizo y surtían de agua a los departamentos del Cesar, Magdalena y La Guajira. Es urgente fortalecer la estrategia de un verdadero Plan Colombia en la erradicación de cultivos mediante la solución a los problemas de pobreza, exclusión y la sustitución y generación de empleo productivo y no mediante - como esta previsto- la utilización de un hongo, que no se sabe que otras consecuencias colaterales implicará, o la continuidad del uso de defoliantes que agravan de por sí el problema ambiental, generado por la siembra de los cultivos psicotrópicos en la sacrificada selva amazónica o en los bosque de niebla que urge recuperar. El gobierno colombiano se comprometió con la Secretaria de Estado Madelaine Albright el 50% del área cultivada, sin importar las graves consecuencias ambientales que se unirán a la devastación que sufre el país. Según un estudio de Julio Carrizosa, en los últimos 50 años se ha perdido más de la mitad de la cobertura boscosa general y casi la totalidad de algunas formaciones como el bosque seco tropical y el bosque subandino. La totalidad de las corrientes de agua andinas están contaminadas. La pesca y la caza han desaparecido en la zona andina y el sistema Magdalena. Cuarenta y cinco por ciento de los suelos se usan para fines diferentes a los de su vocación y 10% presenta erosión severa8.
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Vías alternas al conflicto El Plan Colombia parte de un supuesto discutible: definir las causas de la crisis de gobernabilidad y legitimidad del Estado colombiano en el narcotráfico y la confrontación de grupos armados al margen de la ley. La iniquidad social y las desigualdades, la pésima distribución del ingreso, los altos niveles de exclusión política y económica, la anacrónica concentración y explotación de la tierra, la mala distribución de la propiedad, los bajos salarios y los altos niveles de pobreza, la violación de los derechos sociales, económicos y culturales que sufren amplios sectores populares, no son tenidos en cuenta ni como causa de los niveles de violencia que padecemos, ni como expectativa de solución como consecuencia de una alta inversión de recursos para lograr legitimidad y gobernabilidad. Colombia ha enfrentado permanentes escenarios de guerra, espaciados por períodos de relativa paz, cuya principal característica antes y ahora ha sido la muerte violenta de millones de colombianos y atropellos contra la sociedad civil, la desintegración de lazos de solidaridad y espacios de organización y la constatación práctica de que no es posible una solución militar. Por ello, cualquier acción gubernamental y no gubernamental, nacional e internacional, frente al problema del conflicto social, económico y político en su expresión armada, debe considerar los posibles escenarios en los cuales se puede llevar a cabo un proceso de negociación política, para trascender las propuestas coyunturales y contribuir a soluciones urgentes y estructurales pero también de largo plazo. En consecuencia, el Plan Colombia debe transformarse en un verdadero programa para la solución de los factores que generan conflicto, descohesión social, exclusión, pobreza, violación de los derechos humanos e ingobernabilidad. Esta consideración implica:
- Un ajuste en la composición de las partidas del Plan Colombia. El énfasis debe ser colocado en los componentes de política económica, apoyo al proceso de paz, democratización y desarrollo social.
- La solidaridad internacional, expresada en múltiples formas, debe ir acompañada de procesos de veeduría ciudadana que permitan hacer un seguimiento no solo a las acciones del Estado en la consecución de la paz, sino también a los recursos internacionales y nacionales que se destinan para la solución de los conflictos social, económico y político en su expresión armada. Por ello, se debe crear una Comisión Binacional de la Sociedad Civil, cuya responsabilidad sea hacer veeduría y monitoreo a los dineros que destina el gobierno norteamericano para Colombia. La Comisión deberá estar conformada por parlamentarios/as, miembros de organizaciones sociales, sindicalistas, lideres comunitarios, empresarios, académicos e intelectuales.
- El apoyo a la adopción de un Plan de Derechos Humanos que garantice de manera real y universal su vigencia y cumplimiento por parte del Estado y La Sociedad Civil.
Notas:
1.- Ley 508 de 1999, Plan Nacional de Desarrollo, Imprenta Nacional de Colombia, p. 7.
2.- Lauber, Christine, (1999), El precio que pagamos por ser una potencia mundial, Suplemento Especial Desde Abajo, Santa fe de Bogotá, pp. 37-40.
3.- Rensselaer W. Lee III y Francisco Thoumi, (1998), Nexo entre las organizaciones criminales y la política en Colombia, Revista Ensayo y Error, año 3, Nº 4, abril de 1998, Santa Fe de Bogotá, p. 207-208.
4.- José Fernando Castro Caycedo, Ciudadano Defensor del Pueblo de Colombia, Intervención en el 55 período de sesiones ordinarias de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Ginebra, Suiza, 21 de abril de 1999.
5.- N.C.O.S.- Sago- terre des hommes, France - Commission of the churches on international afffairs- Internacional of Free Trade-Unions - Commissie Rechtvaardiiigheid en Vrede, (1995.), Tras los pasos perdidos de la guerra sucia, Ediciones NCOS, Bruselas.
6.- Pablo Alcade Subias, 1999, Colombia poblaciones desplazadas por la violencia, en geopolítica del hambre, Icaria Editorial, Barcelona, p.p. 103-112.
7.- El Espectador, lunes 25 de septiembre de 1995, p.8ª.
8.- Julio Carrizosa (1997), Lo económico desde una visión ambiental compleja, en: Revista Ecología Política, Icaria Editorial, Barcelona, pp 44-45.
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