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Para la inmensa mayoría de los chilenos no cabe duda alguna que la forma de gobierno imperante en nuestro país corresponde a lo que internacionalmente se define como Terrorismo de Estado. Afirmamos esto de manera responsable y categórica y como una constatación inequívoca surgida desde nuestra propia experiencia.
El Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), en su empeño cotidiano por obtener Justicia, por impedir la destrucción física y mental del individuo, la familia y la sociedad, ha venido desarrollando un largo proceso de búsqueda. Este trabajo nos ha permitido identificar el origen de la violencia-terrorismo, las técnicas con que se aplica y los efectos que produce. Asimismo hemos llegado a conocer y entender la respuesta que, de una manera obligada y progresiva, se va generando tanto a nivel individual como colectivo.
Es así como a través de la investigación rigurosa y del aporte de las diferentes disciplinas que comparten el estudio y la explicación de los fenómenos humanos (profundización del concepto de persona e inviolabilidad de la dignidad del Hombre), hemos concluido:
-- Que el causante de la violencia siempre es un ser humano que forma parte de un sistema, sistema caracterizado fundamentalmente por el sometimiento de una clase sobre otra.
-- Que los gobiernos dictatoriales defienden siempre intereses que no pueden sustentarse de existir un sistema democrático y de imperar un Estado de Derecho.
-- Que la acción de violencia sin límites es siempre fría y racionalmente planificada para alcanzar los objetivos buscados por los grupos o individuos que detentan el poder.
-- Que estas acciones violentas comprenden, entre otras, las ejecuciones sumarias, la tortura individual en recinto secreto, la tortura masiva practicada a la vista de todos para paralizar mediante el terror, la persecución y expulsión del país, el acoso y hostigamiento permanentes que obliga al exilio como única forma de sobrevida, los desaparecimientos forzosos de personas, la ejecución en el curso de falsos enfrentamientos, el asesinato cuidadosamente ejecutado para escapar a cualquier investigación o los asesinatos ampliamente difundidos por la prensa oficialista como enmones sin carácter político.
-- Y por último, que todo lo anterior va siempre precedido y acompañado de grados variables de marginalidad social, cultural, jurídica y política de la inmensa mayoría de la población.
Esta lógica de violencia aplicada por la dictadura y constatada por nosotros a partir del cuerpo mismo del torturado, de la privación absoluta de justicia, de la manipulación del miedo, de la grave distorsión del mundo valórico, todo ello nos obligó a extender el campo del conocimiento para no sólo revelar la realidad que vive Chile, sino también para cuestionarla y para reaccionar frente a ella.
Es necesario entender el por qué del "funcionario" del poder dictatorial, su modo de pensar, de actuar y planificar, la internalización de ciertos valores que lo lleva, en nombre de la defensa de la civilización cristiana-occidental, a la violencia, ya sea contra el "enemigo interno" durante el período preconstitucional, ya sea contra el "terrorista" luego de entraren vigencia la Constitución de 1980.
Pero, también, hay que conocer y entender al hombre que enfrenta la dictadura: su origen, su vida, su sistema de valores, su práctica y su acción, el por qué está dispuesto a luchar. Entender los sentimientos de aquellos que están decididos a no aceptar el crimen, la cárcel, la pena de muerte, así como tampoco el hambre, la miseria, la superexplotación de los hombres oprimidos.
La violencia no resulta, por tanto, un concepto unívoco o lineal, pues los mecanismos que están en el origen de esta "fuerza intensa e impetuosa" son variados y múltiples.
Los fundamentos del poder absoluto de la tortura, de la persecución y la muerte como herramientas necesarias para mantener la hegemonía de una clase dominante son diametralmente opuestos a los fundamentos en que se sustenta la respuesta del hombre que busca la libertad, de aquel que está dispuesto a hacer real y concreto el concepto de persona y el derecho inalienable a la vida, en un plano de absoluta igualdad entre los hombres.
Al buscar las causas del Golpe de Estado y de la instalación de la Dictadura (que implanta desde un primer momento las prácticas del terrorismo) aparece pronto, ante nuestros ojos, la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional en toda su amplitud y desarrollo.
Resulta claro que ya no es posible confundirse respecto del verdadero origen de la violencia y del terror en los países subdesarrollados de nuestra América. No es posible tampoco creer que la aplicación de prácticas de violencia es cuestión de "psicópatas", porque, si bien, algunos dictadores pueden presentar ciertos rasgos de esta índole (actitudes y conductas fanáticas, proyecciones delirantes, interpretaciones místicas de hechos temporales) la instauración del Terrorismo de Estado obedece a una planificación, a una estrategia elaborada en las entrañas mismas de los Estados Unidos de Norteamérica e implementada por las Fuerzas Armadas criollas y la burguesía y el gran capital nacional y transnacional.
De este modo, y con un fin concreto, se establece la violencia y se levanta el terror como una institución del actual régimen chileno. El terror deviene una conducta incorporada al Aparato del Estado, y destinada a garantizar la estabilidad y permanencia de la dictadura.
Por lo demás, la historia oficial de la humanidad ha constatado que la violencia y el terror son recursos permanentes de las clases dominantes para someter a los más desposeídos, logrando a través de la superexplotación la consolidación de la sociedad capitalista de clases.
Es evidente que la aplicación de la violencia y el terror había sido planificada aún antes del Gobierno de la Unidad Popular. En 1975 se conoció en detalle el informe de la "Comisión Church" para el Senado Norteamericano, el cual relata en los más ínfimos detalles todas las acciones destinadas a impedir, primero la asunción al poder de Salvador Allende, y luego su derrocamiento así como los recursos entregados a la derecha y a los partidos opositores para la propaganda, la compra de material subversivo, la organización de bandas paramilitares. Este informe da cuenta también de las acciones de violencia y terror planificadas para la desestabilización del Gobierno Popular y de la forma en que se manipuló el miedo para despertar la violencia de una derecha económica amenazada en sus intereses. "No tuve problemas en salir a la calle, construir barricadas, quemar neumáticos durante el Gobierno de la U.P.", han declarado líderes que hoy se autoproclaman "democráticos", como si la violencia de su clase fuera legítima.
Al estudiar los métodos usados en la Guerra Total contra la Subversión y el Enemigo Interno, quedó al descubierto toda la planificación y aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional. El nuevo Estado de la Contrainsurgencia fue revelado hasta los más mínimos detalles. Los profesionales de la guerra psicológica y militar se mostraron y se muestran al desnudo para quien los quiera ver. Quedó claro, igualmente, que la aplicación en Chile de los métodos de la guerra antisubversiva era la síntesis de las prácticas aplicadas por los países imperialistas en sus procesos históricos de sometimiento de los pueblos.
Pero, en el caso de Chile la aplicación de la violencia y el terrorismo por parte del gobierno dictatorial no sólo fue local, sino que rápidamente traspasó las fronteras para transformarse en terrorismo internacional: los asesinatos de Orlando Letelier en Estados Unidos y del General
Prats en Argentina, el atentado a Bernardo Leighton y su mujer en Italia, además de varios intentos de asesinatos como el de Pascal Allende en Costa Rica.
En la actualidad son numerosos los antecedentes de aplicaciones cotidianas de la violencia y del Terrorismo de Estado. El libro póstumo del General Prats, antecesor de Pinochet como Comandante en Jefe del Ejército, explica no sólo las causas que llevaron al derrocamiento del régimen de la Unidad Popular, sino que además muestra la intervención de individuos pseudo democráticos que suplican a las fuerzas armadas su intervención. Queda al descubierto la mentira y la traición, así como la complicidad de quienes, sobrepasados los mecanismos democráticos, simplemente callaron y dejaron hacer.
Durante los primeros años de la dictadura la aplicación de la violencia y del terror no estaban netamente estatuidos. Los chilenos pierden sus derechos civiles y políticos, los registros electorales fueron quemados.
El régimen necesitaba, además, clasificar a la población, dividir a los chilenos, marcar la frontera entre los ciudadanos catalogados en primera, segunda y tercera clase, según su grado de adhesión al poder dictatorial. Era necesario perseguir, eliminar y destruir a "marxistas", "rojos", "subversivos", "dementes'', "enemigos internos", para así salvar la tranquilidad y el orden.
Durante esos primeros tiempos los conceptos de Estado de Guerra y de Enemigo permitían justificar la violación de todos los derechos y entre ellos el más fundamental: el derecho a la vida. Pero con el correr de los años el Gobierno, por los obstáculos internos y sobre todo por los internacionales, debió cambiar parcialmente el concepto de guerra permanente por el de lucha contra el terrorismo y definitivamente el concepto de enemigo por el de terrorista. El uso de estos conceptos le permitió a la dictadura alcanzar "un doble objetivo contradictorio": por una parte sanear y legitimar su imagen interna e internacional, y por otra, asegurar los mecanismos legales por los cuales queda con las manos libres para ejercer en ciertos casos la facultad última de disponer de la vida de sus opositores. Ahora es contra el terrorista ante el cual todo es posible y permitido" (1)
Más grave aún, es el propio gobierno dictatorial quien define quien es o no es terrorista. El "terrorista", así definido, no tiene acceso a los derechos humanos, a ninguno de ellos y por supuesto al más preciado, el DERECHO A LA VIDA. Pero tampoco tiene derecho a la verdad: los tribunales cómplices de la dictadura no han tenido ninguna voluntad de investigar, ya sea para otorgar justicia a los así calificados "terroristas" y a los prisioneros políticos, ya sea para investigar los crímenes de la dictadura. Es más, si algún juez osa cumplir con sus deberes, resulta amonestado y sancionado. Es por esto y mucho más, que las N.U. a lo largo de todos los años de dictadura ha condenado al régimen chileno por el atropello permanente a los derechos humanos y por la "ausencia real de justicia".
De modo que el gobierno no sólo ha dictado una Constitución que por su gestación, contenido e implementación es contraria al marco jurídico, legal y político de las Declaraciones, Cartas y Protocolos internacionales que rigen los Derechos Humanos, sino que también ha transformado al tercer poder del estado (los Tribunales de Justicia) en una estructura que, además de no cumplir sus funciones, es por su generación y composición, esencialmente antidemocrática y condicionada a la voluntad del régimen dictatorial.
Por este doloroso camino los chilenos han perdido en todos sus ámbitos el derecho a ser Persona, "concepto elaborado y aceptado por los hombres civilizados luego de un largo proceso de conciencia colectiva que se identifica con la historia misma y representa, por tanto, el progreso moral que ha ido alcanzando la humanidad durante siglos".
Pero los chilenos opositores no sólo han perdido sus derechos, sino que han sido rebajados en la escala humana para ser transformados en "humanoides", ante cuya muerte no cabe condolerse, sino al contrario, cabe felicitarse, pues su fin, su exterminio, su eliminación definitiva garantiza que "Chile pueda seguir creciendo en orden y paz".
A pesar del dolor, de las muertes, de los desaparecimientos, de los exiliados, de los presos políticos, del hambre y la miseria, la Dictadura, los omnipotentes, los señores de la tranquilidad y la calma están inexorablemente atrapados.
Deshagamos camino. El sistema jurídico de la dictadura, tanto civil como militar, la constitución de 1980, ha sido cuestionado por prestigiosos juristas nacionales y lo que es más grave aún, absolutamente descalificados por todos los organismos internacionales, tanto latinoamericanos como universales: Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas, Comisión Internacional de Juristas, etc., además de la gran mayoría de organizaciones no gubernamentales que se ocupan del tema de los Derechos Humanos.
La Constitución es por su misma esencia, antidemocrática. Sus artículos octavo y noveno (2) retrotraen el avance de los pueblos a la época excluyente y criminal del Nazismo. Por lo demás, ambos artículos considerados en razón y derecho, a partir del mismo 11 de septiembre de 1973 resultan aplicables a la propia Dictadura y sus cómplices. En efecto, si se analizan dichos artículos no sólo desde el punto de vista jurídico, sino también desde una perspectiva psico social representan, para decirlo en jerga psicopatológica, un verdadero mecanismo de proyección. Pues, nadie en el curso de la historia había desintegrado tanto a la familia chilena, asesinando a uno o más de sus miembros (hijos, padres o hermanos, desaparecidos; familias despedazadas por el exilio, la prisión, el hambre, la falta de educación, de salud, de vivienda).
Nunca antes se había practicado la violencia, la tortura, el terrorismo, como bajo el gobierno militar. Ningún gobierno había osado tener jamás una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico de carácter tan totalitario como la que se vive y se aplica día a día en Chile. En el progresivo desarrollo económico y social de la nación nunca antes había existido una diferencia tan marcada entre los ricos y pobres, entre la burguesía y el pueblo, entre el civil y el militar, acentuando así aún más la diferencia entre las clases sociales: la lucha por la sobrevivencia y por la igualdad es una consecuencia natural y esperable de dicha situación.
Asimismo, la dictadura trasgrede flagrantemente las disposiciones del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos que establecen la obligación que tiene cada Estado ante la comunidad internacional no por los actos externos cometidos como Nación, sino por actos internos que pueden cometer contra sus propios ciudadanos. Es precisamente apersona particular la que deviene protagonista, es decir, "cada individuo particular ha pasado a ser sujeto propio de la Comunidad Internacional". De modo que los chilenos, al igual que los demás pueblos de la tierra son, a través de la consagración de sus derechos fundamentales, ciudadanos del mundo . Evidentemente no pueden entender estos conceptos quienes tienen una visión tan totalitaria y excluyente de la sociedad.
Mas grave aún, la Dictadura no reconoce que el derecho internacional a partir de 1946, con la Carta de las Naciones Unidas, estableció "la responsabilidad de controlar la actuación de los gobiernos hacia sus ciudadanos".
Es por ello que cada año, desde 1974, el gobierno chileno ha sido condenado por la violación constante de los Derechos Humanos.
Por otro lado, en lo que se refiere al pensamiento jurídico-político de orden universal, tampoco la dictadura ha comprendido nada. En una charla dictada en el Departamento de Derechos Humanos de la Federación de Colegios Profesionales el jurista Hernán Montealegre, ampliamente conocido por sus investigaciones en el campo de los Derechos Humanos, puntualizó algunos conceptos indispensables de conocer: "...solamente un estado, un gobierno, un agente de gobierno puede violar los Derechos Humanos. Así lo ha establecido el sistema jurídico internacional imperante... No existe, por tanto, violación de Derechos Humanos por parte de un particular, por una razón muy sencilla: los particulares están controlados por su propio Estado. El que no está controlado es el Estado".
De modo que la tarea fundamental de un Estado, además de respetar los Derechos Humanos de cada uno de sus ciudadanos es combatir el así llamado "terrorismo", lo que bajo ningún punto de vista puede en un Estado civilizado expresarse como "estar en primera fila para desbaratar la acción desquiciada de elementos subversivos" (3) o desdar tranquilidad y orden a través de la eliminación de elementos marxistas puesto que nosotros tenemos la verdad científica" (4).
Mantener el orden, la tranquilidad y la paz a través y por medio de la represión y la muerte es absolutamente ilegitimo. La persona humana, por el sólo hecho de serlo, porta en sí misma la dignidad de hombre y su derecho inviolable a la vida, el cual constituye un límite infranqueable para la soberanía del estado y para su poder represivo" (5).
Una Nación sólo combatirá el terrorismo si sus dirigentes tienen clara conciencia de la igualdad de todos los hombres en todos los planos y trabaja arduamente no sólo para alcanzar esa igualdad en el plano material, sino para otorgar a cada individuo la posibilidad de desarrollar las capacidades propias a la especie humana. Estas capacidades de ningún modo son privativas de una determinada ideología o de una determinada concepción del mundo, sino que inexcusablemente deben ser materia de permanente discusión entre todos quienes conforman la comunidad social.
Nada de esto ha sido respetado en Chile. Desde los primeros minutos que siguieron al golpe militar, la violencia se desató sin límites: bombardeos, asesinatos, tortura, persecución, exilio, cárceles, campos de concentración^ vejación, humillación, hambre, miseria, todos los derechos de todos los hombres fueron cancelados creyendo que así salvaguardaban el derecho de algunos pocos.
Pero, igualmente y desde los primeros minutos, hubo hombres que no se confundieron y reconocieron en esa violencia la violencia ancestral, la de siempre, aquella que se despierta desde las entrañas mismas de las clases dominantes cuando el pueblo amenaza, cuando el proyecto capitalista de control social está en peligro. La violencia reapareció en Chile difusa, generalizada, sólo que ahora no usaba el látigo ni la coraza de la invasión, sino algo más expedito: los militares criollos, fáciles piezas de mando por su fatuidad, formación bélica y todo su sofisticado aparato represivo que interroga, tortura y mata.
El hombre fue acorralado, estigmatizado, recibió en su cuerpo, en su familia, amigos y compañeros, todas las agresiones jamás imaginadas por la sociedad chilena hasta antes del golpe militar. Bruscamente sus ideas, su proyecto de vida, sus valores, resultan "malignos". Su modo de concebiré! mundo se transformó súbitamente en algo que debía desaparecer, debía morir.
Sólo vale la verdad oficial. Pero las necesidades humanas nacen exclusivamente de las condiciones de vida y en el largo proceso de la evolución del hombre, éste ha ¡do cambiando las condiciones humanas, las que han ido transformando a su vez los procesos psíquicos superiores.
El mundo valorice ya no se da en pequeños estancos y se vuelve cada vez más universal e inviolable. "Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y conciencia..." (6). Los mandamientos, las leyes, los principios, las declaraciones, las cartas, los protocolos que rigen a las sociedades, han sido discutidos por individuos de todas las razas, creencias y naciones y por ello mismo son, o debieran ser, compartidas y respetadas por todos y cada uno de los hombres que viven en sociedad.
Pero los instrumentos del Derecho Internacional reconocen que la naturaleza del hombre tiene límites éticos superiores y que no pueden soportarse ciertos niveles de violencia sin llegar a la degradación. Es por ello, que el considerando Nº 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas proclama, "...que es esencial que los Derechos Humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea competido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión". Igualmente la Doctrina tradicional de la Iglesia Católica reconoce "...incluso el derecho a la fuerza cuando existe una tiranta prolongada y se han agotado todas las otras formas para salir de ella".
El niño nace con todas las potencialidades humanas y una sociedad sana será aquella que permita el pleno desenvolvimiento de sus capacidades como hombre. Ahora bien, si el hombre es continuamente agredido en sí y en los demás y su mundo está transformado en algo amenazante y perverso, la mera sobrevivencia conlleva una gravísima lesión a su dignidad. El Hombre no tiene, entonces, más que una respuesta: oponer a la violencia la contraviolencia.
La contraviolencia expresada en el derecho a la rebelión, no puede bajo ningún modo, constituirse en actos de violencia gratuita. Los hombres que a lo largo de estos 14 años se han visto competidos a usarla no son intrínsecamente violentos. Muy por el contrario, los valores que ellos defienden no están ligados a la propiedad privada o a lo material que pudiera conferir a algunos hombres un intenso, pero alienado sentimiento de libertad, sino que son valores de igualdad, de plenitud humana, de justicia social.
Así ha sucedido con los pueblos que durante la historia de la humanidad han decidido luchar para vencer la barbarie. Los europeos eligieron combatir para terminar con el nazismo, la muerte, los campos de concentración. El derecho a la rebelión en América Latina y muy especialmente en Chile será ejercido. Nuestra tarea es no dejarnos confundir. Nuestra tarea es reconocer la legitimidad del derecho a la rebelión y trabajar para que esta realidad sea lo más breve y lo menos cruenta posible.
Notas:
1. Ver volumen I de la Colección Patricio Sobarzo, pág. 66.
2. El artículo 8º establece: "todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad del estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República...", en tanto que el artículo 9º de la constitución establece: ''el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos. ."
3. General 1. Duarte Jefe de la Zona Metropolitana. El Mercurio. 17 de junio de 1987.
4. General Paredes. Director de Investigaciones. El Mercurio. 17 de junio de 1987.
5. Jorge Mera "Pena de Muerte y Derechos Humanos". Revista Amnistía Internacional, sección chilena, junio de 1985.
6. Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
