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Frente a los "operativos" en los cuales fueron eliminados nueve opositores al régimen los días 23 y 24 de agosto de 1984, varios Obispos de la Iglesia Católica se encargaron de defender la verdad, cuestionar los aspectos oscuros y no vacilaron en calificar estas muertes como verdaderos asesinatos, cuya investigación exigen para el castigo de los culpables.
De los nueve casos acaecidos en esos días, ellos se refieren a los que por haber ocurrido en sus diócesis les tocó conocer de cerca y tener certeza de sus afirmaciones.
Respecto a los primeros casos, la versión oficial y la de los testigos presenciales de los hechos eran tan contrapuestas que el Obispo Auxiliar de Concepción y Arauco, Alejandro Goic se sintió obligado a referirse a los hechos. Al clausurar la Semana Social sobre el documento "Evangelio, ética y política", habla de la gravedad de la situación al "no creernos unos a otros", y agregó más directamente: "...en estos mismos días, la violencia brota sin respuesta: ¿quiénes están realmente detrás? La muerte de tres personas hace que existan dos verdades, una versión oficial y la otra que la contradice, de testigos presenciales. ¿Dónde está la verdad?, ¿Quién le cree a quién?. Y la mentira se reviste muchas veces con las características de insulto, la desconfianza, el temor, el miedo, el engaño sistemático. ¿Podremos seguir viviendo así?, ¿podremos construir así un pueblo de hermanos?" (publicado en El Sur de Concepción del 25 de agosto de 1984).
Tan fuerte y clara era la convicción de la Jerarquía de Concepción y Arauco sobre la verdad de los hechos, que el propio Arzobispo José Manuel Santos Ascarza solicita en escrito presentado el 28 de agosto a la Corte de Apelaciones respectiva, la designación de un Ministro en Visita para que investigue los hechos. En él, después de referirse en forma pormenorizada a los hechos que resultaron en la muerte de las tres personas antes mencionadas y de las numerosas detenciones y allanamientos que las acompañaron termina expresando: 'Todo lo anterior configura una serie de incertidumbres y hechos graves que causan alarma pública y hacen temer por la seguridad de todas las personas. Ud habrá tomado conocimiento a través de los diversos medios de comunicación como, en los hechos descritos, han sido entregados dos versiones totalmente distintas y por lo mismo preocupantes: una, la oficial que habla de muertes en enfrentamientos y otro, la de testigos presenciales, que habla de homicidios. Tal situación por la gravedad que ella encierra debe ser profundamente investigada de tal suerte que, esclarecidos los hechos y establecida la verdad pueda volver la tranquilidad a todos los sectores y se evite continuar con esta espiral de odio, violencia y duda".
A la pregunta de un periodista. ¿Cree Ud. que hay muchos elementos para dudar de la versión de los organismos de seguridad?, el Obispo responde sin vacilar: "Basta ver lo que dicen los testigos. El chofer dice que la micro no había sido tomada como lo asegura la versión oficial y que las personas bajaron con los brazos en alto. A un periodista le quitaron un rollo de su máquina fotográfica". (La Segunda, 28 de agosto de 1984).
Al ser rechazada la petición de un Ministro en Visita, presentada por el Prelado a la Corte de Apelaciones de Concepción, recurre de inmediato a la Corte Suprema, viajando personalmente a Santiago, señalando en el escrito respectivo lo grave que resulta la fundamentación de la negativa que expresa "que los hechos denunciados no son materia de los Tribunales ordinarios".
En la versión de El Mercurio del 29 de agosto de 1984 se dice: "El prelado explicó que el que la Corte resolviera que el caso debiera ser entregado a los tribunales extraordinarios, que son los de las FF.AA., era "suponer que los autores del crimen son militares, lo cual es grave y desconcertante".
"Afirmó que la resolución lo "maravillaba", porque él creía en la competencia de los tribunales ordinarios para analizar un crimen o un riesgo de crimen. Aclaró que la incompetencia sólo podría darse si se supiera que en los hechos hay miembros de las Fuerzas Armadas. "Evidentemente ahí sería de competencia militar, pero es lo que hay que averiguar, explicó".
Más adelante El Mercurio consigna que el Arzobispo Santos dijo "que existían dos versiones: una. de testigos presenciales, y otra, oficial". Aquí hay cosas que chocan completamente", añadió.
Similar versión aparece en La Tercera de la Hora del mismo día 29 de agosto de 1984.
En el escrito presentado a la Corte Suprema con fecha 3 de septiembre del 84 vuelve a plantear la versión oficial que "informa de las muertes ya referidas y se las justifica como resultado de enfrentamientos". Al respecto expresa que'. "La opinión pública local y los innumerables testigos presenciales de los hechos, especialmente de las muertes ya descritas, han sido insistentes en declarar que no hubo enfrentamientos. Especialmente en los casos de Herrera Riveros y Lagos Rodríguez, donde desde el primer momento se ha hablado de ejecuciones, toda vez que ambos descendieron del vehículo en que huían con los brazos en alto en señal de rendición". (Párrafo 3 del escrito).
En el párrafo 4 agrega que "la información entregada a personeros de la Iglesia por el Instituto Médico Legal habla de que en el caso de Herrera Riveros su muerte fue causada por una herida cráneo frontal con arma apoyada. Esta persona fue detenida con vida y llevada al Hospital en un vehículo conducido por civiles".
En el párrafo 6 se reitera. "Por los numerosos y serios testimonios recibidos por personeros de la Iglesia, por los abogados del Departamento Pastoral de Derechos Humanos dependiente del Arzobispado de Concepción y por lo informado por la prensa, nos vemos enfrentados a dos versiones'. Una, la oficial, que habla de detenciones de terroristas y de muertes en enfrentamientos y, la otra, que habla directamente de ejecuciones de seres humanos a plena luz del día y ante testigos".
El propio Monseñor Santos se entrevista con el Presidente de la Corte Suprema, lo que merece grandes titulares en los diarios. El Sur de Concepción titula "Arzobispo Santos pidió Ministro en Visita" y luego se refiere a la entrevista de 50 minutos que tuvo con Rafael Retamal, presidente de la Corte Suprema en Santiago, en la cual fe explicó los antecedentes en su poder que refuerzan la petición del Ministro en Visita (El Sur de Concepción, 04.09.84).
En esos mismos días la Directiva de la Unión Nacional de Concepción estudia una acusación canónica en contra del Arzobispo para enviar a la Santa Sede, y el Intendente de Concepción expresa duros conceptos a su respecto sobre todo por "el hecho... de que atribuya a los militares la comisión de un crimen...".
Al mismo tiempo empieza a producirse un fuerte respaldo a la gestión del Arzobispo Santos de parte de sectores profesionales que publican una carta de adhesión firmada por 635 profesionales (publicada en El Sur de Concepción del 4 de septiembre del 84). Mientras el Obispo Auxiliar de
Concepción, Vicarios y Decanos, emiten una declaración pública en su apoyo e invitan a una Eucaristía al Templo Catedral para "agradecer al Señor el servicio pastoral de nuestro arzobispo don José Manuel, y expresarle nuestra total adhesión y orar junto a él para que, como Iglesia, podamos jugarnos con eterna fidelidad por la defensa de la vida de todos los chilenos y por la construcción de una patria como Dios la quiere: en verdad, en justicia y en libertad para todos".
En entrevista a la Revista Hoy (Nº 372) Monseñor Santos explícita mejor su pensamiento y fundamentación cuando el periodista le pregunta por la posible interpretación que se pueda dar a sus intervenciones como "defensa de terroristas". Dice: "Primero, nadie ha probado que sean terroristas. Incluso si así fuera toda persona, en cualquier parte del mundo, tiene derecho a la defensa. Eso no se le puede negar y en este caso se hizo".
El 7 de septiembre el Arzobispo responde al Intendente, Brigadier General Eduardo Ibáñez Tillería, y lo emplaza a contestar una serie de interrogantes que para cualquier persona imparcial deja clara la realidad de los hechos: las autoridades y fuerzas del orden y seguridad se concertaron para entregar una falsa información de los hechos, y para ocultar la fría decisión de asesinar que de antemano tenían los efectivos de seguridad respecto a las tres personas a que el Obispo se refiere y para cuyas muertes está pidiendo una investigación seria y acuciosa.
El periodista Juan Jorge Faúndez de la Revista Cauce, publica bajo el titular, "El yo acuso de Monseñor Santos", un resumen de los hechos y de las opiniones del prelado en contraposición a la versión oficial. El periodista afirma que fue categórico para afirmar. "Yo estoy haciendo una acusación", y que no vaciló en calificar los hechos como "un crimen...", "yo pido la investigación". En el escrito no se personifica a ningún autor de delito. Entonces quiere decir que ellos (se refiere a la Corte de Apelaciones de Concepción resuelve que el asunto no era de la competencia de los tribunales ordinarios), suponen o saben más que nosotros. Que la corte resuelva esto es suponer que los autores del crimen son militares".
Luego que el reportaje repite la versión oficial ya conocida por nosotros, consigna la realidad de los hechos resumida por el sacerdote y periodista, Vicario Episcopal del Arzobispado de Concepción, jefe de prensa del Departamento de Comunicación del Arzobispado y Vice-Presidente del Consejo Regional Concepción del Colegio de Periodistas, Enrique Moreno (ver La verdad de los hechos cap 10)
En la mayor parte de los documentos aquí citados que se refieren a los tres muertos en Hualpencillo y Concepción los hechos se explican más extensamente respecto a Lagos Rodríguez y Herrera Riveros; sin embargo, es claro el carácter criminal de la muerte de Humberto Luciano Aedo Arias cuyas versiones contrapuestas aparecen en el documento anteriormente citado: "El yo acuso de Monseñor Santos". La versión oficial habla de un encuentro casual de los servicios de seguridad con una persona, que es conminada a detenerse, que ataca con un revólver, y que al repeler el ataque, seguridad, lo mata.
La verdad, según numerosos testigos, es que hubo un operativo durante la mañana, se cerca el sector al menos por 10 vehículos "...De repente aparece un señor por la calle y se le dispara por la espalda. Luego es rematado en el suelo. Es golpeado incluso en el suelo"...
La viuda de Aedo afirma. "Fue un homicidio". Sus hermanos manifestaron "Nos ha sorprendido la muerte de nuestro hermano. Hay versiones de testigos que no hubo en f remamiento y que fue un vil asesinato".
Por último, el Obispo de Valdivia, Alejandro Jiménez, al referirse a los "enfrentamientos", incluye los de Valdivia, --su diócesis-- y los dos muertos en Santiago. Según versión de El Mercurio de Santiago el prelado señala que a pocos días de la Jornada por la Vida (9 de agosto del 84), "a lo largo de Chile se ha extendido una sombra de muertes violentas que nos asombran y confunden". Considera que como Obispo no puede callar ante tales hechos ya que "sólo Dios es el dueño de la Vida. Ningún hombre ni grupo humano puede disponer de la vida propia ni ajena. Ni para amenazarla ni para quitarla".
Ofrece los servicios legales a quién quiera los necesite, y que él asume la responsabilidad de las acciones de sus funcionarios.
Aunque su lenguaje no es tan claro, decidido y directo como el de Monseñor Santos, es indudable que sus palabras están motivadas por la íntima convicción de que estas muertes --las 9 que se dieron entre los días 22 y 24 de agosto de 1984-- fueron crímenes contra la Vida, contra todo derecho y que requerían acciones legales para su esclarecimiento.
Por último también Monseñor Sergio Contreras, Obispo de Temuco y Secretario de la Conferencia Episcopal, se refiere a los "enfrentamientos y muertes", en su nombre y el de todos los Obispos. En versión de Las Ultimas Noticias del día 1 de septiembre de 1984, dice".
"Creo que el país, para su tranquilidad y su paz, necesita mucha mayor claridad, y estas cosas debieran ser expuestas a consideración de los tribunales competentes para que realmente aclaren esto. No se puede estar aceptando que fácilmente se mate gente", dijo ayer el obispo de Temuco y secretario de la Conferencia Episcopal, monseñor Sergio Contreras Navia, al referirse a los enfrentamientos, detenciones y muertes ocurridos en los últimos días en diversos puntos del país.
Monseñor Contreras subrayó la necesidad de que se esclarezcan esos hechos y dijo que "el sentimiento propio del país es que se trabaje arduamente por el bien común, y es una tarea que urge muchísimo a los gobernantes, que tienen una inmensa responsabilidad en el sentido de aclarar estas situaciones".
Indicó que todos los obispos "comparten una enorme preocupación por lo que ha ocurrido en estos últimos días; sobre todo en los enfrentamientos, que no se termina por aclarar hasta dónde lo son, ya que las circunstancias en que ocurrieron dejan bastante lugar a dudas. Estamos sumamente preocupados, porque son nueve muertos más, a lo cual Chile, históricamente, no está habituado. No es nuestra idiosincrasia, y si así fuera, significaría que se ha torcido profundamente el alma de nuestro pueblo, lo que es una cosa sumamente grave", agregó.
El obispo manifestó que los chilenos tienen un anhelo muy profundo de que se restaure la paz a la que estaban habituados. Somos muy buenos para pelear de palabra, discutiendo nuestros puntos de vista, lo que era tan característico de nuestra democracia. Habían diversas posiciones, se discutían, y seguíamos adelante. Es necesario que volvamos a eso, que es parte de nuestra alma".
Monseñor Contreras se mostró especialmente preocupado por la situación de un matrimonio presuntamente terrorista detenido el viernes de la semana pasada en un allanamiento a una vivienda del sector Padre Las Casas, en esta ciudad, el que permaneció seis días detenido por los servicios de seguridad sin que se conociera su lugar de detención, como tampoco el paradero de su pequeña hija de nueve meses de edad.
"Con este sistema en que nadie se responsabiliza de estas desapariciones, aunque sean momentáneas, se corre el riesgo de una máxima inseguridad para la gente. Si esto ocurre en la forma 'normal' con que se está operando en estas situaciones, ¿qué pasa si empiezan a hacer lo mismo otros grupos por su cuenta?, ¿adonde vamos a ir a parar si no hay posibilidad de que se sepa de inmediato dónde está alguien detenido y quien lo tiene?, expresó.
Enfatizó que "es elemental que se terminen todas esas desapariciones o raptos, como algunos les llaman".
Con respecto al llamado a una nueva protesta, que contribuiría a crear un ambiente de violencia, el obispo manifestó que "ojalá no se tuvieran que estar haciendo esas acciones pero, por otro lado, si definitivamente se dice que no hay posibilidades para una participación democrática, creo que la gente tiene que expresar de alguna manera lo que está sintiendo y lo que está viviendo".
Por último, dijo que los obispos han sostenido que en estas condiciones las protestas son legítimas, siempre que se hagan por medios pacíficos".
El epílogo de todo esto fue que Monseñor Santos suspendió el TEDEUM tradicional de la Iglesia Católica del 18 de septiembre de ese año y que su ejemplo fue seguido por varios otros Obispos, cambiándolo por una Eucaristía en que no hay lugar especial para las autoridades y no tiene, por tanto, un carácter de celebración "oficial".
Pero el final lo puso el Ministro Alfonso Márquez de la Plata, entonces en la Secretaría del Ministerio del Interior, en versión del diario* El Sur, 11 de septiembre de 1984, dice:
"Encuentro que es una decisión muy lamentable de monseñor Santos. El habrá tenido sus razones, pero no me parece que precisamente quienes deben dar el ejemplo de tratar de unir a todos los chilenos puedan haber adoptado esa actitud. Yo, por lo menos, no la comparto".
Además, el Ministro Secretario General de Gobierno fue requerido por El Sur en cuanto a la actitud que estima sería correspondiente en los diversos sectores del país para lograr la reconciliación. Su respuesta fue.
"Creo que personas como la jerarquía eclesiástica, que tienen tanta autoridad moral en el país, indudablemente deben colaborara que todos los chilenos repudien las acciones terroristas y violentistas, que son precisamente los problemas que estamos viviendo".
Por último, en cuanto a si se espera un esclarecimiento de lo sucedido en Concepción y que originó las interrogantes formuladas por monseñor Santos, el ministro Alfonso Márquez de la Plata dijo:
"Entiendo que está en manos de la justicia y ahí se sabrá", debido a que "es lo normal en este tipo de situaciones".
En la "Justicia" quedaron sepultados los antecedentes y hasta ahora nada se sabe de los adelantos de la investigación.
A cuatro años de todo ello, muchos otros hechos de sangre han ocurrido sin que se logre avances en su investigación o se llegue a encargar reos a quienes los antecedentes sindican como culpables. El mismo cuadro se ha repetido innumerables veces. Grandes titulares en la prensa anuncian los hechos, asignando a los muertos la calidad de "terroristas" y autores de grandes crímenes. Ante las protestas, dudas y recursos legales se responde que todo está en manos de la Justicia, para luego ir quedando sepultados en el olvido.
El Periódico Fortín Mapocho del 17 de junio informa. "En cinco presuntos enfrentamientos fueron acribillados a balazos tres mujeres y nueve hombres". ''En menos de 24 horas, agentes de la CNI, con apoyo de militares, carabineros e investigaciones, reconocieron haber "exterminado" a miembros de dos células del FPMR, con 12 víctimas fatales". "El más grave de los "exterminios" fue en calle Pedro Donoso donde perecieron siete personas".
El mismo día 17 los medios de comunicación informan de otros muertos al "resistir" a las fuerzas de seguridad y que según los testigos fueron acribillados en la calle.
El 21 de ¿unió la historia se repite casi idéntica: las versiones oficiales son totalmente contradictorias con las relatadas por numerosos testigos presenciales o vecinos, además de las comprobaciones iniciales que personas imparciales pueden hacer en el terreno y lo que revelan las autopsias.
Esta vez, sin embargo, el repudio fue altamente generalizado, y salvo las versiones oficiales todos los medios de comunicación hablaban de "presuntos enfrentamientos", exigiendo Ministro en Visita e investigación a fondo de los hechos.
En cuanto a la Iglesia en esta oportunidad actuó con notoria cautela y moderación a diferencia de los hechos de 1984. El mismo día 17 de junio la prensa consigna la declaración de Mons. Valech, Vicario General de Santiago (y actual Vicario de la Solidaridad). Se refirió a ello como "un hecho muy lamentable y doloroso, y que terminaron con la muerte de 12 personas". Manifestó "su esperanza" de que las investigaciones que se realicen al respecto, lleguen a esclarecer los orígenes y la forma en que murieron estas doce personas". (Fortín Mapocho, 17 junio de 1987). El 25 de junio Mons. Fresno en Conferencia de Prensa se refiere a que t»ene "una profunda inquietud" por la situación que vive Chile. Se refiere a varios aspectos de la situación del país, y en lo que respecto a derechos humanos expresa: "Veo que a pesar del clamor cada vez más generalizado, todavía en materia de Derechos Humanos, en diversas formas aún hay sectores a quienes impacienta la lentitud con que se investigan o juzgan estos actos delictuosos que, conmovieron la conciencia nacional". A continuación hace un llamado a "hacer personal y colectivamente un examen de conciencia". (Fortín, 26 de junio 1987).
Resulta difícil no vincular todas estas declaraciones y condenas con las del presente trabajo: los nueve muertos en falsos enfrentamientos en agosto de 1984.
A cuatro años de estos hechos nada se ha avanzado ni menos se vislumbran posibilidades reales de sanción para los culpables. Lo que sí ha avanzado --y mucho-- es la conciencia ciudadana de los más variados sectores como hemos podido apreciar en los últimos hechos de los 12 muertos en ' presuntos enfrentamientos" entre el 15 y el 16 de junio del presente año. No podemos dejar de recordar la interrogante que se planteaba en 1984 Mons. Alejandro Jiménez y que anteriormente hemos citado: "PODEMOS SEGUIR VIVIENDO ASI?". Es la pregunta que hoy comparten miles y miles de compatriotas, organizaciones sociales, gremiales y de todo tipo, y muy en especial los organismos de derechos humanos. El mismo Mons. Fresno dentro de su ponderado lenguaje y su mensaje por la reconciliación, en su reciente homilía con ocasión del aniversario de la Universidad Católica de Chile expresó categóricamente: "NO VAMOS A ACEPTAR QUE ESTO CONTINUÉ.." Hacemos el más enérgico rechazo y reclamamos en honor a la verdad y al derecho a la vida que todos los chilenos tenemos para que, de una vez por todas, se erradique ese mal que existe hoy en la sociedad". Se refería a los 12 muertos en los presuntos enfrentamientos. "No se puede pensar en instrumentalizar la vida de esta manera" (Fortín Mapocho del 27 de junio de 1987).
No es la primera vez que obispos y prelados de la Iglesia han denunciado el desprecio a la vida como una de las características más anticristianas y antihumanas de este régimen.
Hay que reconocer, sin embargo, que el momento culminante en cuanto a la actitud decidida de la Iglesia para condenar no sólo con palabras sino con hechos la "cultura de la muerte" en sus manifestaciones concretas, fue el año 84 con Mons. Santos pidiendo el nombramiento de un Ministro en Visita, entrevistándose con el presidente de la Corte Suprema y suspendiendo el Tedeum de la Catedral de Concepción para el 18 de septiembre, en señal de repudio a esas prácticas aberrantes. Junto a eso la gran Marcha por !a Vida en que la Iglesia compromete su gran capacidad de convocatoria para dar un cauce a la expresión de los chilenos en repudio de la cultura de la muerte y por el derecho a la Vida.
Con posterioridad, sin embargo, ha ido predominando en la Iglesia Oficial la idea --sobre la que también insistió el Papa en su visita-- de la "reconciliación" entre los chilenos, lo que a menudo se entiende como la "reconciliación entre víctimas y victimarios". Esto porque no se explícita con la misma fuerza y con claridad que la reconciliación sólo puede darse en base al arrepentimiento de los culpables expresado en un cambio radical de actitud y el castigo a los culpables de crímenes y asesinatos, así como de otros actos inhumanos y degradantes como la tortura, la mentira y la manipulación de las conciencias. Es así que todo Chile está en condiciones de hacer suya la pregunta podemos seguir viviendo así? y de exigir y hacer realidad de que las palabras de Mons. Fresno "no vamos a aceptar que esto continúe", se cumplan.
* Resaltado en negrilla en la edición en papel.
