Augusto Pinochet asumió el poder el Chile en 1973, al derrocar
a través de un violento golpe de estado al presidente democrático Allende. Así comenzó
un período de represión brutal a manos de las fuerzas armadas comandadas por Pinochet. Miles de personas
fueron asesinadas o "desaparecidas", llevadas a centros de concentración y vilmente torturada; cientos de miles
fueron privadas de libertad o se vieron obligadas a exiliarse.
Pinochet exportó la represión a otros
países a través de la "Operación Condor" - un plan de cooperación entre agencias de
inteligencia de diversas dictaduras militares. De esta manera, ciudadanos chilenos exiliados en Argentina,
Paraguay y
otros países - también encontraron su muerte en las manos de sus cómplices.
Aunque la impunidad,
consagrada en la ley de amnistía y la denominación del ex-dictador Pinochet como senador vitalicio, reina
en Chile - la lucha contra ésta continua. Frente a la imposibilidad de que Pinochet sea juzgado en Chile
mismo por los crímenes contra la humanidad que ha cometido, se buscaron alternativas en otros lugares. Los
tribunales españoles fueron los primeros en aceptar sus obligaciones bajo el derecho internacional y nacional
y
comenzar investigaciones sobre la responsabilidad de Pinochet y otros militares chilenos y argentinos por crímenes contra la humanidad. Este proceso llevó a
la detención de Pinochet en Londres, y luego de más de un año de maniobras jurídicas y
políticas, a su devolución a Chile, por considerarle demasiado senil para poder someterlo a un
juicio. Actualmente
las cortes chilenas están determinando si puede y debe ser juzgado allí por los crímenes cometidos.
En estas páginas les brindamos parte de la información jurídica sobre el
desarrollo del
juicios y sus bases, al igual que oportunidades de acción, información general y enlaces
