EQUIPO NIZKOR |
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04jul05
Denuncian la actuación de la justicia chilena en la investigación de atentado incendiario y asesinato del Lonki Basilio Coñoenao.
La comunidad mapuche Juan Paillalef ubicada en el sector Curaco, Comuna de Cunco, IX Región, Temuco, Chile, informa a la opinión publica lo siguiente.
El 26 de junio pasado se cumplió un año del atentado incendario en contra de la casa familiar de nuestro Lonko Juana Calfunao Paillalef, en donde se encontró el cuerpo calcinado del peñi Basilio Coñoenao, Lonko de la comunidad vecina a Juan Pichunlaf. Queremos manifestar nuestro mas absoluto repudio hacia el actuar del Estado chileno y de su poder judicial, dejando a la vista sus políticas de ojos ciegos y dejando la clara evidencia que su deber es nada más que mantener a nuestro pueblo detenido en las cárceles del Estado.
Las investigaciones realizadas por el fiscal Cristian Crisosto Rifo apuntan directamente en contra del único sobreviviente del atentado, el peñi Pascual Namoncura Callulao, quien durante toda la investigación ha sido víctima de persecución y apresamientos ilegales por parte del juzgado de policía local de Cunco y carabineros de Los Laureles. Las irregularidades en la investigación comenzaron desde el mismo día del atentado, ya que el fiscal Cristian Crisosto se hace presente seis días después del hecho. Se puede agregar que en el lugar se encontraron dos bombas lacrimógenas, que son de uso exclusivo de carabineros, lo cual para el fiscal no representa ningún tipo de prueba. A los ocho días de haber ocurrido el atentado, recién se hace presente el cuerpo de bomberos de Temuco para descubrir el origen del incendio, cabe destacar que la Comuna de Cunco se vio afectada por un temporal de lluvias intensas antes, durante y después del incendio y los escombros (posible envidencia) ya habían sido removidos por LABOCAR de carabineros y por el propio fiscal. Nuestra comunidad, a lo largo de su historia, ha sido víctima de amenazas, ataques con armas de fuego y de la quema de nuestras casas. Por este motivo, decidimos en el año 1999 interponer una querella criminal en el segundo juzgado del crimen de Temuco por los cargos de Asociación Ilícita Terrorista y Porte ilegal de armas de fuego, en contra de un grupo paramilitar;este caso, así como las demás constancias hechas en el reten de carabineros de Los Laureles, nunca fue investigado. Para el fiscal Cristian Crisosto Rifo, tampoco representa ningún tipo de prueba.
Acerca de la reforma procesal penal..
La IX Región de Chile fue la primera región en donde se implementó la reforma procesal penal, según el gobierno, con la finalidad de acelerar los procesos judiciales y hacer de la justicia chilena una institución transparente y justa. Hoy, después de cuatro años de vivir bajo este sistema judicial, nos queda a nostros la clara envidencia que esta reforma es una herramienta más del Estado chileno para mantener encarcelados a nuestros peñis y lagmienes que reivindican NUESTROS DERECHOS COLECTIVOS DE PUEBLO NACION y de esta forma proteger y fortalecer su dominio político y económico sobre nuestro territorio ancestral. Esta es la situación que viven nuestros hermanos Lonkos Pascual Pichun y Aniceto Norin, nuestros hermanos y hermanas de la Coordinadora Arauco Malleco, los cuales llevan dos años detenidos sin siquiera comprobar su participación en los hechos. Nuestros hermanos de la comunidad de Ercilla viven la misma situación ya que van a cumplir un año detenidos y a los cuales tampoco se les ha comprobado su participación en los hechos. Esta situación está también vivida por muchos hermanos más, de los cualos algunos hoy tienen que vivir bajo la clandestinidad. No podemos dejar de mencionar que todos nuestros hermanos y hermanas que hoy comparecen ante la justicia son procesados por la ley antiterrorista 18.314, legada de la dictadura de Augusto Pinochet. Ley que ampara testigos sin rostro, intervención telefónica y de correos electrónicos, y que viola garantías procesales fundamentales protegidas por el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos de la Convención Interamericana de los Derechos humanos.
Vale destacar que en los procesos por "Asociación Ilícita Terrorista" los acusados han tenido como querellantes al Estado chileno (Ministerio Público y Ministerio del Interior) , las Municipalidades, las Intendencias, las Gobernaciones, las empresas transnacionales (Forestales Bosques Arauco S.A.; Grupo Angelini y Forestal Mininco S.A.; Grupo Matte), latifundistas particulares, entre otros. En torno a esta presión, ¿Quien garantiza un juicio justo y la aplicación del Estado de derecho en los juicios en contra de nuestras hermanas y hermanos Mapuche?
Acerca de las desigualdades...
Cuando el poder Judicial se aprontaba a enfrentar el cuestionado Juicio Oral en contra de los Lonkos Pascual Pichun, Aniceto Norin y en contra de la organización Coordinadora Arauco Malleco por los cargos de "Asociación Ilícita Terrorista", ocurre un atentado incendario terorista en contra de la casa patronal del empresario Agrónomo Jorge Luchsinger, justo tres días antes de este juicio. Inmediatamente el Gobierno de Chile, la Intendencia de Temuco, la Gobernación regional, la Municipalidad de Vilcun y la SOFO ( agrupación del Agro), se hacen presentes con querellas en contra de los que resulten responsables de este hecho, sin dudar en relacionar este hecho con el denominado conflicto Mapuche.
Nosotros, la Comunidad Juan Paillalef, creemos que existe todo un montaje en torno a este atentado, creemos que ningún hermano o hermana haría una acción de esta naturaleza justo tres días antes de un juicio en donde se decidía la libertad o el encarcelamiento por más de diez años de nuestros hermanos.
Para nosotros es más que dudoso el hecho de que pese al tener un fuerte contingente de protección policial permanente se haya logrado un acto de esta magnitud.
Estas dudas no hacen nada más que fortalecer nuestra teoría de que en torno al denominado "Conflicto Mapuche" existe un comando paramilitar experimentado, que actúa en contra de las comunidades y de los comuneros que reivindican nuestros derechos fundamentales de Pueblo Nación.
En relación a los puntos recién planteados nosotros nos hacemos las siguientes preguntas:
- Sabiendo que el atentado del cual fue víctima el empresario agrónomo Jorge Luchsinger tiene las mismas características que el vivido por nuestra comunidad, salvo que en nuestro caso hubo un muerto, ¿Por qué se nos asigna un fiscal recién egresado y sin experiencia alguna en el tema, y en el caso del Señor Luchsinger se asigna al fiscal jefe de Temuco Alberto Chiffell y con dedicación exclusiva?
- ¿Qué transparencia podrá tener la investigación cuando el Señor Alberto Chiffell se ha visto involucrado en usurpaciones de tierras como particular?
- Por qué el Estado Chileno no se querelló en contra del carabinero que dio muerte al comunero Alex Lemun?
Son muchas más las preguntas que nos quedan dando vueltas y las respuestas son las que nos indican que la lucha no ha terminado. Nosotros, seguiremos reivindicando nuestros derechos colectivos de Pueblo Nación.
Justicia - Territorio - Autonomia - Libre Determinacion
Temuko, 04 de julio de 2005
Comunidad Mapuche Juan Paillalef
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